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Pensión compensatoria



La pensión compensatoria es la que se debe pagar a uno de los cónyuges si, tras la separación o el divorcio, queda en situación de desequilibrio económico en comparación con el otro cónyuge. El Código Civil regula la pensión compensatoria en su artículo 97.

Cuando uno de los cónyuges queda en situación de desequilibrio económico tras el divorcio o la separación, el otro debe pagarle una pensión compensatoria.

Aunque suele ser habitual, no se debe confundir la pensión compensatoria con la denominada pensión de alimentos, que es la que paga el progenitor no custodio para el mantenimiento de su hijo.

Requisitos para el derecho a la pensión compensatoria

Para que exista el derecho a recibir una pensión compensatoria se deben cumplir los siguientes supuestos:

El desequilibrio económico sea ocasionado solamente en uno de los cónyuges.

Se haya producido un empeoramiento claro en la situación económica del cónyuge en comparación con la que tenía durante el matrimonio.

La pensión debe solicitarse propiamente por el cónyuge afectado por el desequilibrio económico, nunca por un juez.

¿Cómo se calcula la pensión compensatoria?

Una vez valorado el desequilibrio económico del cónyuge que ha solicitado la pensión compensatoria por un juez (que se realiza en función de diversos criterios), se tendrá que determinar la cuantía de la pensión compensatoria.

El importe de esta pensión podrá determinarse de mutuo acuerdo entre los cónyuges a través del convenio regulador de divorcio, o bien en caso de no existir acuerdo por un juez en sentencia. En caso de establecerse de común acuerdo entre las partes, podrá modificarse la cuantía de la pensión compensatoria en cualquier otro momento.

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez tendrá que determinar el importe de esta pensión en función de ciertas circunstancias establecidas en el artículo 97 del Código Civil:

Los acuerdos a los que hubieran llegado los cónyuges.

La edad y el estado de salud.

La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

La dedicación pasada y futura a la familia.

La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

La pérdida eventual de un derecho de pensión.

El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

Cualquier otra circunstancia relevante.

Por último, en relación al pago de la pensión compensatoria existen varias opciones:

Un pago único o una cantidad periódica de dinero.

Una cantidad específica o un porcentaje que dependa de los ingresos del cónyuge obligado a pagar.

Temporal (por un tiempo limitado) o vitalicia (por tiempo indefinido).

Extinción de la pensión compensatoria

El derecho a recibir la pensión compensatoria podrá extinguirse si surgiera alguna de las siguientes situaciones:

El cese de la causa que originó el pago de la pensión

Un nuevo matrimonio del cónyuge que recibe la pensión

La convivencia marital del obligado a pagar con otra persona diferente.

Como se puede ver, el fallecimiento del cónyuge obligado a pagar no es una de las causas de extinción de la pensión compensatoria, si bien los herederos de este podrán solicitar al Juez que sea suprimida.



Teletrabajo ESTUDIO Y REGULACIÓN JURÍDICA

​​​​​​​



En este futuro lleno de interrogantes que está dejando la crisis del coronavirus, hay algo que
cada vez está más claro: el teletrabajo funciona.


Antes de esta situación, el 58% de los trabajadores españoles consideraba antes del comienzo
de la crisis que en su puesto disponía de todo lo necesario para poder trabajar desde casa. Y
otro dato: el 68,6% de los empleados quería teletrabajar, pero su empresa no se lo permitía.


El teletrabajo ha llegado para quedarse


Cuando se decretó el estado de alarma, muchas empresas –algunas con más facilidad que
otras- tuvieron que implantar el teletrabajo a marchas forzadas. De pronto, toda España se
encontró ante un experimento que “ha servido para acelerar en 2 meses lo que hubiera
sucedido de forma natural en los próximos 5 años”. Una situación en la que también se ha
puesto a prueba “el grado de avance en las empresas en términos de transformación digital,
destapando las verdaderas carencias de las compañías en este sentido”.

Además, aquellas empresas reticentes al trabajo en remoto han podido comprobar sus
ventajas “en términos de conciliación, tiempos de desplazamiento e incluso en tener una
mayor productividad”.

Antes de la crisis, el 68,6% de los empleados quería teletrabajar pero su empresa no se lo
permitía
SEGÚN EL INFORME DE RANDSTAD ‘FLEXIBILITY AT WORK’

La tecnología, clave en un nuevo panorama laboral

La tecnología es un facilitador para incrementar la productividad y la eficiencia en el entorno
laboral. Ahora más que nunca, “es clave ofrecer las herramientas necesarias a los trabajadores
para que puedan realizar sus tareas de forma digital y preparar a la organización para
aprovechar las tecnologías más innovadoras en analítica de datos, automatización de procesos
o inteligencia artificial y mejorar, en última instancia, la experiencia de sus socios, clientes o
empleados”.

Economía ‘gig’, una nueva tendencia

Además de para poder implantar el teletrabajo, la influencia de las nuevas tecnologías será
determinante en la era post Covid-19. Así lo indica el estudio de Randstad, que prevé que la
tecnología modificará el 30% de los empleos tras el confinamiento.

Uno de los impactos de esta creciente digitalización será la aparición y diversificación de
nuevos regímenes de trabajo, más allá de los empleos fijos a tiempo completo. Además, según
el mismo informe, una tendencia que proliferará será la economía ‘gig’, basada en pequeñas
tareas que se pueden llevar a cabo a través de plataformas digitales. “La automatización va a
ver crecer su protagonismo por la importancia de evitar aglomeraciones, lo cual, lejos de
amenazar al empleo, va a generar nuevas oportunidades”.

El teletrabajo o trabajo a distancia carecía de una regulación jurídica-laboral precisa, si bien
con la reforma del mercado laboral realizada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, se regula el
trabajo a distancia en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores 2015.

El teletrabajo puede definirse como una forma de organización y/o ejecución del trabajo
realizado a distancia, en gran parte o principalmente, mediante el uso intensivo de las técnicas
informáticas y/o de telecomunicación. Así pues, el teletrabajo se realiza lejos del lugar donde
el resultado es esperado, es decir, a distancia del empresario o del cliente a quien va
destinado, de manera que quien contrata el trabajo no puede vigilar físicamente la ejecución
del mismo.

El Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo , lo definía en el año 2002, cómo : “forma de
organización y/o de realización del trabajo, con el uso de las tecnologías de la información, en
el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la que un trabajo, que hubiera podido
ser realizado igualmente en los locales del empleador, se efectúa fuera de estos locales de
manera regular”.

II. CLASES

De acuerdo con el lugar de la prestación de servicios, el teletrabajo puede clasificarse del
modo siguiente :

a) Teletrabajo a domicilio: el trabajador trabaja total o principalmente en su domicilio,
normalmente con la obligación de acudir al centro de trabajo con una mínima periodicidad.
b) Oficina satélite: es una unidad separada, geográficamente alejada de la sede principal de la
empresa, pero en permanente conexión con ella.

c) Telecentro, centro vecinal o de recursos compartidos: es un centro dotado de recursos
informáticos y telemáticos suficientes para realizar las funciones requeridas. Pueden acoger a
varios tipos de trabajadores, contratados unos para un cliente determinado, autónomos otros,
etc. Pueden ser propiedad de una sola empresa, de un grupo de empresas o de varias
empresas dedicadas a actividades diversas pero con intereses comunes.

d) Teletrabajo móvil o itinerante: el trabajador se encuentra en constante movimiento y
trabaja desde los distintos lugares en que se encuentra.

e) Teletrabajo transfronterizo: la actividad se realiza en un país distinto de aquél en que se
recibe el servicio.

Según el tipo de conexión existente con el lugar de recepción, el teletrabajo puede ser :

a) Off line o desconectado: Tras recibir unas instrucciones iniciales, el teletrabajador desarrolla
una actividad informática sin enlace informático directo con la empresa, a la que sólo después
hace llegar los datos por diversos medios (transporte convencional, correo, mensajería, etc.).

b) On line o conectado, ya sea permanentemente o sólo en determinados momentos, ya sea
unidireccional o bidireccionalmente.

III. NATURALEZA JURÍDICA

El teletrabajo puede desarrollarse por cuenta propia o por cuenta ajena, interesando al
Derecho del Trabajo esta última modalidad. Aparece regulado el trabajo a distancia en el
artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores 2015, donde la dependencia, que es nota esencial
del contrato de trabajo, aparece difuminada o atenuada, especialmente porque el poder de
dirección empresarial puede no se ejercitarse de un modo continuo, sino aplicarse
principalmente al resultado de la actividad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 ya citado, el trabajo a distancia es una forma de
organización del trabajo caracterizada por que la prestación de la actividad laboral se realiza
de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por
éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa.

Nuevos perfiles disruptivos

Otra de las tendencias que vaticina el estudio de Randstad es la aparición de nuevos puestos
de trabajo de perfiles disruptivos: por un lado, los trabajos “fronterizos”, que implican
producir, instalar, mantener y desplegar tecnologías nuevas, como aquellos relacionados con
la integración de robots en los procesos productivos. Por otra parte, los llamados trabajos “de
última milla”, cuyas tareas están prácticamente automatizadas, pero aún necesitan la
intervención de un profesional, como los etiquetadores de contenido; y el trabajo “para los
ricos”, es decir, los empleos que nacen por el incremento de ingresos entre los perfiles
tecnológicos y que, aunque son profesiones que ya existían, surgen constantemente nuevas
ocupaciones derivadas de necesidades de la sociedad.


Sin embargo, para que todos estos avances se produzcan, es necesario un cambio en la cultura
empresarial. Y es que, a pesar de la importancia de la tecnología, más del 25% de las grandes
empresas seguirán teniendo dificultades para encontrar determinados perfiles tecnológicos.
En ese sentido, el cambio pasa por una formación en la que los trabajadores “cuenten con
conocimientos y habilidades técnicas suficientes como para poder realizar sus tareas de la
manera más autónoma posible”.


Alejandro Bancalero Blanco
Abogado.-
            
Vishing o Nueva estafa informática






El vishing es un tipo de estafa informática, muy similar al phishing, en el que el
ciberdelincuente, valiéndose de la telefonía o el correo electrónico, se hace pasar por una
fuente fiable y alegando supuestas razones de seguridad, intenta engañar a sus víctimas para
hacerse con sus datos personales. La finalidad que persigue es robarles la identidad, o bien
hacerse con su información bancaria.


Aunque los ciberdelincuentes inventan cada vez más y mejores métodos para llevar a cabo
este tipo de prácticas delictivas, el vishing todavía sigue siendo una de las más comunes. Pese
a que la gente cada vez está más concienciada del peligro de facilitar sus datos bancarios por
teléfono o a través de Internet, el vishing es un delito que sigue afectando a miles de personas
en nuestro país.


Este tipo de estafa opera de la siguiente forma: el usuario recibe un mensaje de texto enviado
supuestamente por una institución financiera, en donde le informa que tiene cargos en una de
sus cuentas, promociones del banco, aviso de que su tarjeta está siendo utilizada
fraudulentamente o simplemente resolver algún problema con la cuenta.


Posteriormente, se recibe una llamada en la que una supuesta operadora con una grabación
idéntica a la de cualquier servicio telefónico de atención al cliente, pide al usuario el número
móvil, email, número de tarjeta bancaria y código de seguridad. Esto se hace con la promesa
de que los datos que proporciones están protegidos y que la información enviada sólo la
conocerá el banco, pero en realidad, se transfiere a una base de datos de los delincuentes que
usarán la información para realizar compras y/o disposición de efectivo en su nombre.


Consejos para no ser víctima de este tipo de fraude


– Nunca entregue información o responda a requerimientos sobre tu tarjeta de crédito. Si
tiene dudas, debe llamar al banco y notificar que te han solicitado información financiera a
nombre de la entidad.

– Jamás debe hacer click en enlaces sospechosos que hayas recibido en tu correo. Cuando
vayas a iniciar la sesión en tu banco fíjate que la barra de direcciones web tenga la dirección
formal del banco y busca la aparición de un “candado” que indica que la conexión con el sitio
es privada.

Alejandro Bancalero

Abogado.-





                  ¿Es posible a fecha actual que un condenado por Violencia de Género,
disponga de un régimen de custodia compartida?







Como especialistas, entre otras cosas, de variedad de casos de divorcio en España, hemos
dicho muchas veces que lo que prima en el sistema es el bienestar de los menores. En esta
línea, la doctrina jurisprudencial ha evolucionado desde una guarda y custodia
mayoritariamente materna, a la custodia compartida que se fija en la mayor parte de los
casos.

El marco legislativo actual entiende que ambos progenitores son aptos y tienen la misma
capacidad y aptitud para asumir la guarda y custodia de los hijos. Eso sí, una de las
excepciones, la encontramos en el apartado 7º del artículo 92 del Código Civil para los
supuestos de violencia de género.

¿Qué interpretación hace el Tribunal Supremo sobre la guarda y custodia compartida en casos
en los que haya una sentencia firme por violencia de género?

Hace pocos años que el Tribunal Supremo empezó a considerar que el sistema “normal” de
custodia de los hijos menores en los casos de crisis entre cónyuges o parejas de hecho es el de
custodia compartida, salvo excepciones como la que nos ocupa en este artículo.

Esto representa un importante cambio en el sistema de custodia. Hasta hace unos años, lo más
común era atribuir la custodia de los hijos menores a uno solo de los cónyuges (normalmente a
la madre). Se establecía un régimen de visitas a favor del otro cónyuge. Esto redundaba en
ocasiones en la pérdida de vinculación entre el padre y sus hijos menores. Actualmente esta
tendencia ha cambiado hacia la custodia compartida.

De todos modos, en este escenario, una condena por un delito de violencia de género que
aparte al padre del entorno familiar y de la comunicación con la madre imposibilita, como es
lógico, el ejercicio de la custodia compartida.

Hace unos años, la Audiencia Provincial de Cantabria dictaba la sentencia número 153/2016
revocando la decisión de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer que había otorgado la
custodia compartida a un hombre condenado por un delito de malos tratos. En estos casos,
cuando el Código Civil impide otorgar la custodia compartida, si existe violencia de género, lo
que hace es evitar que una persona con personalidad agresiva esté con sus hijos de una
manera continuada, lo que podría perjudicar su desarrollo psicológico y emocional. Tanto esta
como otras sentencias, han ido sentando jurisprudencia hasta el momento actual, donde a día
de hoy, es casi imposible que un condenado por violencia de género, consiga la custodia
compartida de sus hijos.


Alejandro Bancalero
Abogado.-

           ¿Puede reclamar una indemnización si el causante del accidente se dio a la fuga?




El hecho de que el conductor del vehículo que ha provocado el accidente de tráfico se dé a la fuga no debe suponernos en ningún caso un obstáculo para denunciarle, independientemente de que tengamos o no la matrícula de su vehículo y otros datos para poder llevar a cabo las diligencias de averiguación oportunas.

Las denuncias a conductores fugados no revisten mayor problema si reclamamos a través de un despacho de abogados especializado. El problema es contra quién se reclama y si es posible hacerlo sin pruebas suficientes (por eso es tan importante contar con asesoramiento y asistencia legal), podemos encontrarnos ante dos tipos de situaciones:

El Consorcio de Compensación de Seguros

Es a quien debemos dirigirnos en el supuesto de no localizar al vehículo contrario. En este caso, quien paga la indemnización por lesiones es el propio Consorcio de Compensación de Seguros, aunque quedan exentos todos los daños materiales.

Lo más recomendable para reclamar ante el Consorcio,  es hacerlo a través de la propia compañía aseguradora o de un abogado especializado, sin perjuicio de que puedas hacerlo por cuenta propia, claro está.

Tratar el siniestro con su  aseguradora

En caso de haber daños materiales derivados del accidente, debes dar parte a su propia aseguradora para reclamar al conductor contrario, salvo en los casos muy graves como muerte, incapacidad permanente o temporal que requiera más de siete días de hospitalización, en cuyo caso indemnizará también por los eventuales perjuicios causados al coche u otros bienes. Eso sí, el Consorcio fija una franquicia de 500 euros.

La aseguradora

A nuestra propia compañía debemos dirigirnos para reclamar los daños materiales derivados del accidente, ya que como hemos visto el Consorcio no se hace responsable de los mismos (salvo alguna excepción).

Por otra parte, debemos acudir a ella cuando, habiendo demostrado que el accidente no es culpa nuestra, además se han recabado pruebas suficientes para responsabilizar a un tercero concreto (por vía policial, gracias a testigos…). Será la aseguradora del conductor fugado quien deba responder por los daños causados por el mismo.

Si el otro vehículo no aparece en el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) porque no tiene seguro, tendremos que acudir al nuevamente al Consorcio, quien debe indemnizar tanto por los daños a las personas como al vehículo. La cobertura vale también para peatones y ciclistas, e incluso si el otro vehículo era robado.

¿Y si  aparece el conductor fugado?

Puede darse el caso de que hayamos presentado toda la documentación ante el Consorcio y ante nuestra aseguradora y finalmente aparezca el conductor responsable del accidente. En este caso, puedes demandarle, existiendo diversas opciones al respecto:

-Si hay daños materiales, puedes demandarle por la vía civil. El plazo para interponer la demanda civil por daños materiales es de un año desde que tuvo lugar el siniestro. En este caso hablamos de cualquier perjuicio económico que sufras como consecuencia del accidente: daños del vehículo, gastos, lucro cesante, daño emergente…

-Si hay daños personales, puedes demandarle por la vía civil o por la vía penal. Esta segunda vía solo es para aquellos casos en los que hay un ilícito penal, es decir, alcoholemia, drogas, conducción temeraria… El plazo para interponer la demanda es de seis meses desde que tuvo lugar el siniestro. Aquí hablamos de cualquier lesión física y/o psicológica derivada del accidente, cuya valoración corresponde a un perito médico especialista en daños corporales.

Alejandro Bancalero

Abogado.-

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