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Regularización extraordinaria de Inmigrantes 2026

Fri, 27 Mar 2026 12:08:16 GMT

Ya ha sido publicado el segundo borrador del proyecto de Regularización y establece una serie

de novedades

- En primer lugar, se concreta la fecha exacta a acreditar ya NO será desde el 31 de diciembre

de 2025, sino que el interesado debe demostrar que lleva en España desde antes del 1 de

enero de 2026.

- Aquellas personas que se encuentren en situación de estancia o residencia NO podrán

acogerse a la regularización, es decir estudiante que hubieran trabajado, titulares de búsqueda

de empleo, residentes no lucrativos, etc.

- Tampoco podrán acogerse a la regularización aquellas personas que tenga una solicitud en

trámite ya sea de forma inicial, renovación, prórroga o modificación.

- En el caso de aquellas personas que tenga en trámite un permiso por circunstancias

excepcionales (Arraigo) le será concedido, salvo que se trata de un permiso por motivos

humanitarios, sin necesidad de tener que tramitar otra solicitud, salvo que se tengan o no se

hay podido acreditar que se carece de antecedentes penales o policiales. Esta medida se aplica

a las solicitudes presentadas desde el 20 de mayo de 2025 hasta la entrada en vigor de la

reforma del Reglamento. Por tanto, no tendrán que desistir del arraigo, ni acogerse a la

regularización extraordinaria.

- Deberá acreditarse que en el momento de la solicitud se lleve en España cinco meses de

forma ininterrumpida, NO de forma continuada, la diferencia fundamental es que no se podrá

haber salido del territorio, la residencia en cambio permite salidas breves y justificadas.

- Deberán aportarse antecedentes penales, NO siendo necesario hacerlo si se hubiera residido

en España durante los últimos cinco años o si se hubieran aportado en otro trámite iniciado

hace menos de 6 meses.

Además, será necesario estar incluido en alguno de estos tres supuestos:

Haber trabajo o estar trabajando al menos 90 días o tener un contrato de trabajo.

Tener familia en España (hijos o ascendientes).

O bien el supuesto más común, que es encontrarse en situación de vulnerabilidad, es decir

encontrarse de forma irregular.

- Respecto a los solicitantes de Asilo, deberán acreditar que realizaron la solicitud antes del 1

de enero de 2026. Y podrán obtener la residencia sus ascendientes e hijos menores.

El permiso obtenido será por Arraigo de un año, que posteriormente se podrá modificar o

prorrogar.

El trámite se iniciará a partir de abril hasta el 30 de junio, de manera improrrogable.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática por la plataforma Mercurio (siendo

necesario tener firma digital o clave) o bien presencialmente, para ello deberá pedirse cita

previa a través de la plataforma Mercurio (algo que puede resultar complicado para mucha

gente). Habrá oficinas encargadas de la recepción de la documentación en toda España en

horario de tarde (de 16.00 a 19 horas).

Aquellas personas que tengan iniciado un proceso de expulsión o retorno quedará paralizado.

Si te encuentras en situación irregular puedes empezar a recopilar la documentación que

acredite tu estancia en España, empadronarte y pedir asesoramiento profesional ante

cualquier duda.

Desde nuestro despacho de extranjería realizaremos un seguimiento continuo de la normativa:

• Requisitos oficiales

• Plazos reales

• Documentación válida

• Estrategia para presentar solicitudes con garantías

• Posibles motivos de denegación y cómo evitarlos

Está regularización, puede ser la oportunidad legal más importante en años para miles de

personas migrantes en España.

En procesos anteriores de regularización, muchas solicitudes fueron rechazadas por errores en

la documentación o por no cumplir correctamente los requisitos. Por eso, contar con

asesoramiento jurídico especializado será clave para aprovechar esta oportunidad.

Se irá ampliando la información a medida que se tengan más noticias, pues aún no está

aprobado el texto definitivo, pudiendo haber modificaciones.

Hacienda tiene que notificar en el domicilio elegido por el contribuyente

Thu, 31 Jul 2025 16:45:12 GMT

El Tribunal Supremo antepone la elección del interesado...a la elección que posibilita el artículo 110.2 de la LGT

Las notificaciones de Hacienda deben realizarse en el domicilio expresamente designado por el

contribuyente o por su representante legal, especialmente cuando de la notificación depende

el derecho a la defensa del contribuyente, según determina el Tribunal Supremo, en sentencia

de 1 de julio de 2025.

El ponente, dictamina que aunque el artículo 110.2 de la Ley General Tributaria (LGT) permite

a la Administración elegir entre varios lugares para remitir la notificación en procedimientos

iniciados de oficio, esta elección no anula el derecho del contribuyente a designar un domicilio

específico para notificaciones , especialmente si de ello depende su derecho a la defensa.

Como antecedentes de este recurso de unificación de doctrina, la Sala acepta las sentencias de

la Sección Novena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de 13 de mayo de 2022 y

de 27 de mayo de 2024, que en sus fallos dejan sin efecto los actos de comunicación

tributarios por no haberse practicado la notificación en el domicilio de la persona

expresamente indicada por el contribuyente.

Por el contrario, la Sección Quinta de este mismo Tribunal consideraba que la entidad estaba

obligada a recibir las notificaciones por vía electrónica , al haberse incluido en el sistema de

notificación electrónica obligatoria (NEO), lo que supuso la ratificación de una multa tributaria

de 20.000 euros.

La doctrina establecida en la sentencia de 7 de octubre de 2015, que dejaba la elección a

Hacienda, no es aplicable a este caso porque aquella no se refería a una designación expresa y

específica de domicilio por parte del obligado tributario en un procedimiento concreto

vinculado al derecho a la defensa.

La sentencia, validaba la flexibilidad que tiene la Administración para elegir el lugar de

notificación en procedimientos de oficio, pero cuando no hay una designación expresa por

parte del contribuyente en un domicilio específico.

AUTOR

Alejandro Bancalero, abogado titular del despacho Bancalero Abogados con las de 25 años de trayectoria

Notificaciones por vía electrónica

Ley de segunda oportunidad: Beneficios y Requisitos

Thu, 10 Jul 2025 15:34:48 GMT

¿Qué es la ley de segunda oportunidad? Explicada por un Abogado.

La segunda oportunidad se instaura en nuestro ordenamiento jurídico como l a solución a aquellas personas que se ven sobrepasadas por su endeudamiento y no pueden hacerle frente. Es una posibilidad real de dejar atrás todo lo que deben (o una buena parte de ello) y empezar de cero. Y, por eso, los beneficios que se consiguen son importantes.

Beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad

Cancelación de las deudas

Si se cumplen todos las condiciones que marca la ley se producirá la resolución favorable del proceso, que conlleva: La cancelación de la totalidad de las deudas. O bien la cancelación de una parte de ellas, con el establecimiento de un plan de pagos adaptado a las circunstancias del deudor y que le permita solventar las que queden pendientes.

El primer caso lleva aparejado la liquidación del patrimonio (si es que se tiene) mientras que en el segundo se pueden mantener algunos bienes.

Posibilidad de conservar la vivienda.

No siempre la cancelación de las deudas basada en esta normativa va a traer aparejada la pérdida de la vivienda habitual. Si se dan determinadas situaciones esta se podrá conservar. Por ejemplo, cuando el deudor no sea titular de otros bienes y el inmueble tenga un valor de mercado inferior al saldo pendiente de su hipoteca. O cuando se establece un plan de pagos en el que se contemple esta circunstancia.

Nuestros abogados, al ser expertos en Ley de Segunda Oportunidad , te podrán asesorar en este sentido.

Paralización de los procesos de embargo y cese del devengo de intereses

Una vez comenzadas las actuaciones judiciales, los embargos puestos en marcha se paralizan a la espera de la resolución. Y tampoco se podrá iniciar ninguno nuevo.

Así, si tienes embargada parte de la nómina, por ejemplo, volverás a cobrar tu sueldo íntegro.

De la misma manera, los intereses dejarán de devengarse, por lo que el importe de las deudas no seguirá aumentando por la demora en el pago de cuotas.

Prohibición de que los acreedores actúen de manera individual

Ningún acreedor podrá reclamar su deuda de forma independiente o fuera del procedimiento, porque todo el pasivo del deudor se trata como una unidad. Quien quiera llevar a cabo alguna acción de cobro deberá formar parte de la masa de acreedores y formar parte del proceso iniciado.

Salida de las listas de morosos

Otra de las ventajas que contempla la ley es que el éxito del expediente de segunda oportunidad implica la salida de las listas de morosos, lo que significa limpiar el historial crediticio del deudor y facilitar el acceso a nuevas formas de financiación.

Requisitos que hay que cumplir para poder optar a la Ley de la Segunda Oportunidad

Es necesario cumplir los siguientes requisitos:
Ser persona física, por lo que las sociedades y demás entidades quedan excluidas.
Es indiferente si se es titular de un negocio (autónomo) o no (particular).
Tener dos o más acreedores.
Ser insolvente, es decir, no contar con recursos suficientes para hacer frente al pago de las deudas.
Haber actuado de buena fe.
No contar con antecedentes penales por delitos de naturaleza socioeconómica con condena superior a tres años.

¿Qué es un proindiviso y cómo venderlo?

Thu, 10 Jul 2025 15:34:31 GMT

¿Qué es una propiedad proindiviso?

Un proindiviso es una situación jurídica que se produce cuando un bien o un derecho pertenece a varias personas al mismo tiempo, sin que exista una división física o material del mismo.

Por ejemplo, si dos hermanos heredan una casa de sus padres, ambos son copropietarios de la casa en proindiviso, es decir, comparten la propiedad de la casa en una proporción abstracta o ideal, pero no tienen asignada una parte concreta de la misma.

El proindiviso puede originarse por diversos motivos, como la compra conjunta de un bien, la donación o la herencia. Esta situación implica que los copropietarios tienen derechos y obligaciones sobre el bien o el derecho común , como el uso, el disfrute, la conservación, la administración o la defensa en juicio.

Sin embargo, también supone ciertas limitaciones , como la necesidad de contar con el consentimiento de todos los copropietarios para realizar actos de disposición (venta, donación, etc.) o para modificar el bien.

¿Y si el bien no se puede dividir? Proindiviso de bienes indivisibles

En el caso de que el proindiviso sea indivisible, la situación se complica, ya que, si lo dividimos, dejará de ser útil y perderá su valor. En este caso, la única solución para disolver el proindiviso es vender el bien o el derecho, ya sea a un tercero o a uno de los copropietarios. Si tampoco hay acuerdo entre las partes, habrá que recurrir a la justicia para que el juez ordene la subasta judicial.

Aunque el resultado sería el mismo que si se vendiera el bien o el derecho a un tercero, recuerda que en las subastas el precio suele ser mucho menor que el del mercado, por lo que la opción más rentable sería intentar llegar a un acuerdo previo entre todos los copropietarios.

¿Cómo vender un proindiviso?

Para vender un proindiviso, existen varias opciones según el grado de acuerdo entre los copropietarios y la naturaleza del bien. Algunas de las opciones más habituales son:

Vender el bien a un tercero y repartir el precio según la cuota de cada copropietario. Esta opción requiere el consentimiento de todos los copropietarios y suele ser la más sencilla cuando el bien es indivisible, como una casa o un piso.
Que uno de los copropietarios compre la parte de otro u otros copropietarios. Esto implica una compensación económica entre los copropietarios y puede realizarse mediante un acuerdo privado o una escritura pública.
Disolver el proindiviso dividiendo el bien en partes iguales y adjudicando cada parte a cada copropietario. Esta opción solo es posible cuando el bien es divisible, como una finca o un terreno. Si el bien no es divisible, se puede recurrir a la subasta pactada o judicial.
Acudir a una empresa especializada en la compra de proindivisos. Puede ser una alternativa rápida y sin comisiones, pero implica vender el bien por debajo de su valor de mercado.

Si necesita ayuda para gestionar o vender su proindiviso , no dude en ponerse en contacto con nosotros . Contamos con un extraordinario equipo de abogados especialistas en proindivisos.

Bancos bloquearán cuentas y tarjetas por incumplir condiciones

Fri, 16 May 2025 15:09:00 GMT

Las entidades están intensificando la lucha contra el fraude fiscal y la financiación del
terrorismo

La lucha de la Administración contra el fraude fiscal nunca termina y limitar los pagos en
efectivo ya no es suficiente. Una de las medidas más impopulares entre la ciudadanía para el
control de la economía sumergida es el bloqueo de cuentas bancarias, decisión que pueden
tomar las entidades que detecten ciertas anomalías en el comportamiento habitual de sus
clientes y que puede traernos graves consecuencias al entender que se quedarían inutilizadas.

Para bloquear una cuenta bancaria siempre será necesaria una causa justificada, previo aviso
al titular para evitar males mayores. Aunque no suceda con frecuencia, lo cierto es que sí que
puede pasar cuando se dan ciertos supuestos que no son tan excepcionales como podríamos
pensar en un primer momento.

Así, en lo que a la lucha contra el blanqueo de capitales se refiere, el Banco de España se
muestra muy contundente y previene de los casos en los que se podría proceder al bloqueo de
cuentas bancarias.

Obligatorio acreditar la titularidad de la cuenta

De este modo, descubrimos que el banco podría bloquear nuestra cuenta si observase algún
comportamiento inusual que pudiera inducir a un delito. Es más, si se requiere identificar al
titular para la justificación del origen de sus fondos y no es capaz de entregar la
documentación que lo acredita como tal, se procederá al bloqueo inmediato de su cuenta para
evitar fraudes a modo de prevención hasta que se esclarezca el caso.

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Esta práctica se engloba precisamente en el marco de acción contra el fraude fiscal y
financiación del terrorismo que, como su propio nombre indica, tiene como objetivo perseguir
todos aquellos movimientos de dinero que puedan ser considerados ilícitos.

No obstante, este no es el único supuesto en el que el banco podría bloquear nuestra cuenta.
También tiene el poder de hacerlo si ha estado inactiva demasiado tiempo, dado que puede
suponer un perjuicio para el propio cliente. El banco podría entender que continúa en
funcionamiento y cobrar comisiones de mantenimiento, por lo que se hace necesario dar
instrucciones expresas para solicitar la cancelación sino queremos llevarnos una sorpresa.

Problemas con la cuenta tras una herencia

Desde el Banco de España informan que también podría procederse al bloqueo de una cuenta
en caso de que existieran varios titulares que den instrucciones contradictorias a la entidad
(por ejemplo cuando los herederos no se ponen de acuerdo). El banco se verá obligado a
adoptar una posición neutral, por lo que procederá a bloquear la cuenta hasta que exista un
principio de acuerdo entre las partes.

Asimismo, si ocurriese el fallecimiento del titular, podría bloquearse la cuenta para evitar
movimientos no autorizados.

Cabe mencionar que Hacienda dispone además de lo que se conoce como una "lista negra"de
ciudadanos reincidentes que acumulan deudas superiores a los 600.000 euros, pudiendo
bloquear la cuenta a los que solicite un requerimiento.

En resumen

No es que los bancos vayan a empezar a bloquear cuentas bancarias en masa a partir de un
mes o un momento concreto, todos estos supuestos están siempre en mente de la
Administración, pudiendo hacer efectivo el cese cuando consideren necesario.

Si hubiera que bloquear una cuenta bancaria por transacciones sospechosas, inactividad o no
identificación del titular, la entidad siempre deberá comunicar a éste el motivo del bloqueo,
así como proporcionarle la información necesaria para resolver la situación.

Fiscalidad de las criptomonedas

Fri, 16 May 2025 15:04:00 GMT

Llevamos ya varios años en los que la inversión en criptomonedas está en auge, alcanzando
una gran popularidad en nuestro día a día tanto por sus defensores como por sus detractores.
En cambio, un tema más desconocido son las implicaciones fiscales de este tipo de inversiones.

La criptomoneda constituiría un bien inmaterial y computable que a pesar de no ser moneda
de curso legal puede ser intercambiada por bienes y servicios siempre y cuando se acepte por
la otra parte, pudiendo asimismo ser adquirida o trasmitida generalmente a cambio de
moneda de curso legal.

Por tanto, las criptomonedas podrían utilizarse para invertir como si fuera un activo financiero
común o como un medio de pago como si fuera dinero en efectivo.

Las criptomonedas pueden ser adquiridas a cambio de moneda de curso legal en plataformas
denominadas exchanges. Los exchanges (o "brokers") son plataformas que hacen de
intermediarios entre compradores y vendedores de activos y reciben una comisión por ello,
existiendo exchange centralizados y descentralizados.

Las criptomonedas figuran en la blockchain. La blockchain es un registro informático de
carácter alfanumérico, dentro de una cadena de bloques en las que están registradas todas las
transacciones realizadas con una moneda virtual, siendo compartida por una red informática
de carácter internacional a las que se asocian las claves del titular (una clave pública la cual es
controlada por una clave privada) para la gestión de dichas criptomonedas.

Las wallets son los dispositivos o programas que permiten a los inversores acceder a sus
criptomonedas para interactuar con la blockchain (recibir y enviar transacciones, comprar
monedas virtuales, etc.). En las wallets se almacena la clave pública (similar al IBAN) y la clave
privada (similar a la clave PIN), existiendo wallets custodiadas por terceros y wallets auto
custodiadas únicamente por su dueño.

Como todos sabemos, los residentes fiscales en España deben tributar en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por su renta mundial, es decir, por todos los ingresos y ganancias
obtenidas ya sea de fuente española o extranjera.

Criptomoneda un bien inmaterial

En este sentido, la Dirección General de Tributos parte de la base que la criptomoneda puede
ser calificada como un bien inmaterial y toda vez que se transmita ya sea a cambio de otra
moneda virtual (permuta) o de euros dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial que
deberá integrarse, en el período impositivo en el que tenga lugar la alteración patrimonial, en
la base imponible del ahorro, siempre y cuando la citada transacción se realice al margen de
una actividad económica. La mera tenencia de criptomonedas sin operar con ellas (lo que se
conoce como ";holdear") no está sujeta a tributación en el IRPF, pero hay que tenerla en cuenta a efectos del Impuesto de Patrimonio y del Modelo 721.

Por tanto, en caso de tener una ganancia patrimonial derivada de la transmisión de la
criptomoneda, la misma tributaría entre un 19% y un 30%.

Para calcular la ganancia o pérdida patrimonial derivada de la venta de criptomonedas hay que
utilizar el método FIFO ("First in, First out"). Este cálculo consiste en calcular la ganancia o pérdida patrimonial por la diferencia entre el valor de venta y el valor de compra pero
teniendo en cuenta que las primeras inversiones que se han adquirido son las primeras que
han de transmitirse. Los gastos asociados a la compra y a la venta (gastos del bróker) son
deducibles.

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Por otro lado, si un contribuyente realiza minería Proof of Stake o Staking, proceso por el cual
los validadores bloquean sus criptomonedas, el sistema elige al azar a uno de ellos para que
valide las transacciones y la wallet que haya sido elegida recibe una recompensa en forma de
criptomonedas, la administración lo asimila a una cesión de capitales por la que recibes unos
intereses, por lo que la citada recompensa de criptomonedas tributa como rendimiento de
capital mobiliario en la base imponible del ahorro del IRPF. En este caso, para calcular el
rendimiento de capital mobiliario se multiplicará la cantidad de criptomonedas que se reciben
mediante Staking por el valor de mercado en dicho momento.

Por último, existen diferentes plataformas online de formación, juegos, etc., que recompensan
a sus usuarios con criptomonedas si realizan determinados cursos o superan pantallas de
juegos o por simple campaña de marketing. Estas criptomonedas regaladas (conocidas como
Airdrops) tributan como una ganancia patrimonial en el IRPF, siendo el valor de adquisición
cero y el valor de transmisión el valor de la criptomoneda en el momento que se percibe.

¿Puedo crear una empresa siendo un único socio?

Tue, 06 May 2025 19:07:00 GMT

Cada vez son más las personas que, individualmente y sin contar con el apoyo de otros socios,
se animan a crear sociedades unipersonales de forma que es habitual en nuestros despachos la
consulta sobre cómo podemos llegar a constituir dichas sociedades y qué implicaciones
jurídicas tiene el hecho de que sea una única persona quien las constituya.

Empecemos por el principio: La constitución de las sociedades de capital, ya sea por varios
socios o por uno solo, se formaliza a través de escritura pública, donde se deberá reflejar: por
un lado, la identidad del socio, así como su voluntad de constituir una sociedad de capital con
la elección de su tipo, habitualmente sociedad anónima o de responsabilidad limitada.
También debe constar la aportación que el socio realice.

Suma de aportación

Debemos apuntar aquí que la suma de dicha aportación deberá ser igual al capital establecido
en los estatutos. Dicho capital no podrá ser inferior al capital mínimo, siendo éste en las
sociedades de responsabilidad limitada, tras la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de
empresas, de un euro. Y en el caso de las sociedades anónimas de 60.000 euros. Estas
aportaciones podrán ser dinerarias o no dinerarias.

En caso de tratarse de aportaciones dinerarias, en las sociedades limitadas no se exige
acreditar dichas aportaciones mediante certificación del depósito bancario. Ahora bien, si no
se acreditan, o no se entrega el dinero al notario para su depósito, el socio responderá
solidariamente, esto es, del todo y con su propio patrimonio, frente a la sociedad y frente a los
acreedores, de la realidad de la aportación.

Por otro lado, en las sociedades anónimas sí que es necesario dicha acreditación o depósito. En
ambos casos, junto con las aportaciones del socio único se hará constar la numeración de las
acciones o participaciones atribuidas a cambio.

Los estatutos de la sociedad podrán quedar incorporados en el contenido de la escritura o
acompañarse a la misma, como unido, en cuyo caso deberán estar firmados por el socio
fundador y por la persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración y
representación de la sociedad.

Además, en la escritura de las sociedades limitadas deberá determinarse el modo en que
inicialmente se vaya a organizar la administración (si los estatutos prevén diferentes
alternativas) y en la escritura de constitución de las sociedades anónimas deberá expresarse la

cuantía total, aunque sea aproximada, de los gastos de constitución, tanto los ya satisfechos
como los previstos hasta la inscripción.

Siendo requisito común de los distintos tipos de sociedades, indicar en la escritura el CNAE y
en todo caso deberá acompañarse con la certificación negativa de la sección de
denominaciones del Registro Mercantil Central, donde indique que el nombre elegido para la
sociedad no ha sido previamente registrado.

Por último, en cuanto al contenido de la escritura, cabe apuntar que conforme el artículo 28 de
la Ley de Sociedades de Capital (LSC) el socio podrá incluir todos los pactos y condiciones que
considere convenientes establecer siempre que no sean contrarios a la ley ni al tipo social
elegido.

Una vez autorizada la escritura será necesaria su inscripción en el Registro Mercantil para que
la sociedad adquiera la personalidad jurídica propia del tipo social elegido.

El hecho de que una sociedad sea fundada por un único socio repercute en determinados
aspectos del funcionamiento como: la condición de unipersonalidad requiere cierta publicidad.
Así pues, por un lado, se reflejará en la escritura pública y en la inscripción en el Registro
Mercantil.

Por otro lado, deberá hacerse constar, también, en toda la documentación de la sociedad,
correspondencia, notas de pedido, facturas y todos los anuncios que deba publicar. El
incumplimiento de dicha publicidad tendrá repercusiones si la sociedad entra en concurso de
acreedores. Además, debido a la existencia de un solo socio, será éste quien ejerza las
competencias de la Junta General.

Por último, si el socio único contratase con la sociedad, se harán constar dichos contratos por
escrito o en la forma exigida por la Ley, se transcribirán a un libro registro de la sociedad, y se
mencionarán en la memoria anual.

Además, debido al peligro de abusar de la diferencia de patrimonios entre socio y sociedad, el
legislador va más allá estableciendo durante los dos años siguientes a la celebración del
contrato, la responsabilidad del socio único frente a la sociedad de todas aquellas ventajas que
hubiese podido obtener en perjuicio de la sociedad, y como consecuencia de dichos contratos.

En conclusión, un socio único puede crear una sociedad mediante el otorgamiento de escritura
pública, de modo que cualquier persona que quiera crear una sociedad de capital unipersonal

puede dirigirse a cualquier notaría para formalizar dicha escritura con el contenido antes
apuntado y posteriormente se llevará a cabo la inscripción en el Registro Mercantil.

Despiden a una trabajadora el mismo día de su readmisión

Tue, 06 May 2025 18:57:00 GMT

Echan a una trabajadora el mismo día que la readmiten por otro despido:
la empresa tendrá que indemnizarla con 50.000 euros por ser
improcedentes ambos

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha condenado a una autoescuela a readmitir a
una trabajadora que despidió hasta en dos ocasiones tras declararse nulos ambos
procedimientos e indemnizarla con 50.000 euros en concepto de daños económicos, morales y
perjuicios. Al momento del primer finiquito la empresa alegó motivos económicos para
justificar el cese de la mujer, mientras que en el segundo se atribuyeron causas disciplinarias.
Tras presentar los recursos pertinentes, la justicia le ha dado la razón y tendrá que ser
compensada con una importante suma de dinero.

Los hechos empiezan en 2021

Se sabe que la mujer comenzó a prestar servicios como profesora de formación vial en la
autoescuela desde 2019, donde todo iba normal hasta diciembre de 2021 cuando le
comunicaron que estaba despedida por motivos económicos, aunque la empresa nunca
acreditó los mismos ni respetó los trámites del despido. Cabe mencionar que en este
momento la trabajadora estaba embarazada y acababa de iniciar un proceso de incapacidad
temporal por ansiedad.

Fue entonces cuando decidió presentar una denuncia ante la Policía Nacional por
"hostigamiento y acoso en el trabajo" y porque había descubierto que estaban utilizando su
firma digital para acceder a su historial médico tras el despido, incumpliendo así con los
artículos 14, 15 y 18 de la Constitución Española.

Tan solo unos días después interpuso una demanda de impugnación del despido contra el
presidente de la compañía, solicitando que fuera declarado nulo. Y así fue. La justicia dio la
razón a la trabajadora y declaró nulo el despido por no aclararse las causas del mismo,
desobedeciendo el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores y obligando a la autoescuela a
readmitirla, algo que sucedía el 26 de junio de 2023.

La echan el mismo día

Pero no la recibieron con los brazos abiertos. Ese mismo día volvió a ser despedida
disciplinariamente por "transgresión de la buena fe contractual" a partir de una "denuncia falsa" que la mujer interpuso contra la empresa y su presidente en febrero de 2022 por acoso laboral.

Como era de esperar, la trabajadora impugnó de nuevo el despido, aunque esta vez el Juzgado
de lo Social nº1 de Santiago de Compostela lo desestimó y declaró el despido procedente. Ante

este fallo, interpuso un recurso ante el TSXG solicitando la nulidad al explicar que la denuncia
no era falsa y que se estaba vulnerando su derecho fundamental a la garantía de indemnidad.

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De esta forma, el TSXG estimó el recurso que presentó la mujer y declaró la nulidad del
despido alegando vulneración de sus derechos fundamentales como trabajadora y reincidencia
en la conducta ilícita por parte de la empresa, con el agravante de haber ignorado una
resolución judicial previa.

Despido improcedente, daños y prejuicios

Se reconocieron también daños morales por el sufrimiento causado, pérdida de oportunidades
profesionales, costes judiciales y perjuicio económico acumulado, razones por las que el
juzgado ha fijado una indemnización total de 50.000 euros, distribuidos en:

30.000 euros por despido improcedente.

20.000 euros por daños morales, sufrimiento psicológico y desprecio a las resoluciones
judiciales por parte de la empresa.

"Esta sentencia pone de manifiesto que las empresas no pueden jugar con la estabilidad de sus
empleados, y que los tribunales están dispuestos a proteger a los trabajadores frente a
decisiones arbitrarias o represalias".

Hacienda deberá pagar más intereses tras litigios

Tue, 06 May 2025 18:51:00 GMT

El TEAC fija las fechas para calcular la devolución tributaria de importes retenidos en la causa

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) eleva el importe de intereses de demora
que tiene que pagar la Agencia Tributaria a los contribuyentes, tras un litigio.

El TEAC, en una resolución de este 8 de abril, se pronuncia sobre la fecha que se debe de tener
en cuenta para calcular los intereses de demora cuando Hacienda debe hacer una devolución
tributaria a un contribuyente, pero la frena (y el juez confirma la medida cautelar) porque está
inmerso en un proceso penal por delito fiscal.

El órgano económico-administrativo, en contra de la práctica de la Agencia Tributaria, resuelve
que, una vez el juez de lo penal levanta la medida cautelar de retener la devolución y Hacienda
debe devolver al contribuyente el importe que le corresponde por haber pagado impuestos de
más, los intereses de demora a abonar por el fisco se deben calcular hasta la fecha que el juez
de lo penal admite la medida cautelar de Hacienda de frenar la devolución. El fisco, por el
contrario, consideraba que la fecha hasta determinar el fin del cálculo de los intereses era
cuándo este decidía congelar la devolución en vez de cuando, con posterioridad, el juez
aceptaba la medida cautelar.

No obstante, el TEAC indica que, si así lo decidiera el juez, los intereses de demora podrían ser
aún mayores en función de la fecha que fije para su cálculo.

El TEAC resuelve así el conflicto entre un contribuyente y la Agencia Tributaria por los intereses
de demora que debía pagarle esta última tras resultar absuelto de un proceso penal por delito
fiscal.

Hacienda debía devolver al contribuyente 133.000 euros por el impuesto de Sociedades de
2015. Sin embargo, como el Juzgado de lo Penal mantenía una causa abierta contra él por un
presunto delito fiscal, el 31 de octubre de 2017 decidió retener la devolución tributaria. La
Agencia Tributaria comunicó el acuerdo de congelar la devolución al juez de lo penal, que el 27
de febrero de 2018 (cuatro meses más tarde) la ratificó al adoptarla como medida cautelar.

Finalmente, el Juzgado dictó una sentencia absolutoria contra el contribuyente y, por tanto,tras resolverse firme, dejó sin efecto las medidas cautelares.

La Agencia Tributaria, tras la sentencia, se dispuso a devolver el dinero retenido, pero calculó
los intereses de demora a pagar hasta el 31 de octubre de 2017, cuando la Administración
tributaria tomó la decisión de retener el importe. El contribuyente reclamó la cuantía de los
intereses, y consideró que debían calcularse hasta el 27 de abril de 2020, cuando el fisco
comunica el acuerdo de devolución.

El TEAC no da la razón ni a Hacienda ni al contribuyente. Indica que el cálculo de los intereses
de demora debe hacerse "hasta el día que en se acuerda judicialmente la medida cautelar de retención de la devolución adoptada por el órgano administrativo". Eso sí, toda vez que el órgano judicial no ordene otra cosa respecto a los intereses de demora, abriendo así la puerta
a que los propios tribunales incrementen estas cuantías en sus sentencias.

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Añade que, desde el momento en que se produce la intervención judicial, Hacienda deja de ser
competente de todo lo relacionado con la medida cautelar, perdiendo cualquier competencia
sobre la retención de la devolución, incluso para el cálculo de los intereses.

La compraventa de viviendas dibuja el mejor febrero en 18 años

Tue, 06 May 2025 18:47:00 GMT

La estadística del INE acumula ya ocho meses de alzas consecutivas

No se daban tantas transmisiones en febrero desde las 72.000 de 2007

El avance interanual es del 13,8% mientras que la tasa mensual retrocede un 1,6%

La compraventa de viviendas avanzó en febrero un 13,9% y se quedó a las puertas de reeditar
el hito de las 60.000 operaciones alcanzadas en enero al firmarse en total 59.682, máximos
para un segundo mes del año desde 2007.

Los datos provisionales de febrero publicados este miércoles por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) suponen el octavo mes de subidas interanuales consecutivas y se enmarcan
en un contexto de bajadas de los tipos de interés y de abaratamiento de la financiación.

Nuevos pisos

El aumento interanual de la compraventa de viviendas en febrero fue impulsado
principalmente por el auge de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 21,5%
interanual, hasta las 13.933 operaciones, aunque las realizadas sobre viviendas usadas siguen
siendo las más numerosas (45.749) pese a crecer menos (11,8%).

Salvo Navarra, donde las ventas retrocedieron un 26,7% interanual, todas las comunidades
vendieron en febrero más viviendas que un año atrás. En valores absolutos, la estadística
señala a Andalucía como la región que más compraventas sobre viviendas realizó durante el
segundo mes del año, con 11.690, seguida de Cataluña (9.796), Comunidad Valenciana (9.454)
y Madrid (6.963). Los mayores repuntes, por su parte, se dieron en Asturias (+33,6%), La Rioja
(+24,1%), Andalucía (+24%) y Cantabria y Castilla-La Mancha, ambas con ascensos interanuales del 22,1% mientras que los avances más comedidos se ubicaron en Comunidad Valenciana (+3,6%), Galicia (+3,9%), Canarias (+7,6%) y Madrid (+9,9%).

En tasa intermensual (febrero sobre enero), la compraventa de viviendas disminuyó un 1,6%.

De momento el año cumple el guion esperado por el sector. En los dos primeros meses las
compraventas han aumentado un 12,4% respecto al mismo periodo de 2024, con la nueva
avanzando un 26,1% y la usada, un 8,8%.

No me readmiten tras una excedencia voluntaria: ¿puede ser despido improcedente?

Tue, 22 Apr 2025 21:04:00 GMT

Cuando un trabajador solicita volver a su empresa después de una excedencia voluntaria, la empresa no siempre está obligada a readmitirlo de forma inmediata. La clave está en saber si existe una vacante de igual o similar categoría y, sobre todo, si la empresa reconoce o niega definitivamente el derecho del trabajador a reincorporarse.

La no readmisión tras una excedencia voluntaria no siempre equivale a despido . Sin embargo, en determinados casos, la negativa de la empresa puede considerarse un despido improcedente , especialmente cuando se impide de forma definitiva el reingreso del trabajador o cuando existe una vacante adecuada y la empresa decide no ofrecerla.

En este artículo analizamos cuándo la empresa puede negar el reingreso, cuándo esa negativa puede ser despido y qué puede hacer el trabajador para defender sus derechos.

No me readmiten tras una excedencia voluntaria: ¿puede ser despido improcedente?

Qué es una excedencia voluntaria

La excedencia voluntaria es una situación en la que el trabajador suspende temporalmente su relación laboral con la empresa. Durante ese periodo, el trabajador no presta servicios y la empresa no abona salario.

A diferencia de otras excedencias, como la excedencia por cuidado de hijos o familiares, la excedencia voluntaria no garantiza siempre la reserva del mismo puesto de trabajo .

Esto significa que, al finalizar la excedencia, el trabajador no tiene automáticamente derecho a volver al puesto exacto que ocupaba antes. Lo que conserva es un derecho preferente al reingreso si existe una vacante de igual o similar categoría profesional.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores

El artículo 46.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que el trabajador en excedencia voluntaria conserva únicamente un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría que existan o se produzcan en la empresa.

Por tanto, hay que distinguir dos situaciones:

Si no existe vacante adecuada, la empresa puede negar temporalmente la reincorporación.
Si existe una vacante de igual o similar categoría, el trabajador tiene preferencia para ocuparla.

La empresa no puede ignorar ese derecho preferente ni cubrir puestos equivalentes con otras personas si antes no ha valorado la solicitud de reingreso del trabajador excedente.

¿La empresa puede negarse a readmitir al trabajador?

Sí, pero solo en determinados casos.

La empresa puede contestar que no existe una vacante de igual o similar categoría. En ese supuesto, la relación laboral no se extingue automáticamente. El trabajador queda en una situación de expectativa de reingreso hasta que exista una vacante adecuada.

Ahora bien, la empresa debe actuar correctamente. No basta con dar una respuesta genérica o ambigua. Lo recomendable es que conteste por escrito, indique que no existe vacante y reconozca que el trabajador mantiene su derecho preferente al reingreso.

El problema aparece cuando la empresa no solo dice que no hay vacante, sino que niega de forma definitiva la reincorporación, da por extinguida la relación laboral o actúa como si el trabajador ya no tuviera ningún derecho frente a la empresa.

Cuándo la no readmisión no suele ser despido

La negativa al reingreso no suele considerarse despido cuando la empresa:

Reconoce que el trabajador mantiene su derecho preferente al reingreso.
Comunica que en ese momento no existe vacante adecuada.
No cubre puestos equivalentes con otros trabajadores.
No niega la existencia del vínculo laboral suspendido.
Informa de que tendrá en cuenta la solicitud cuando se produzca una vacante.

En estos casos, lo habitual es que no exista un despido, sino una controversia sobre el derecho al reingreso.

El trabajador podrá reclamar si considera que sí había vacantes o si la empresa ha contratado a otra persona para un puesto similar, pero la acción no siempre será una demanda por despido.

Cuándo la no readmisión puede ser despido improcedente

La negativa de la empresa sí puede considerarse despido cuando supone una ruptura definitiva de la relación laboral.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando:

La empresa niega totalmente el derecho del trabajador a reincorporarse.
La empresa comunica que la relación laboral está extinguida.
Existe una vacante adecuada y la empresa se niega a ofrecérsela al trabajador.
La empresa contrata a otra persona para un puesto igual o similar.
La empresa actúa de forma incompatible con el mantenimiento del vínculo laboral.
Existe una sentencia previa que reconoce el derecho del trabajador y la empresa impide su cumplimiento real.

En estos casos, la actuación empresarial puede equivaler a una extinción unilateral de la relación laboral y, por tanto, ser considerada un despido.

El Tribunal Superior de Justicia de Santander (TSJS) determina que la imposibilidad de reincorporar a un trabajador en excedencia voluntaria por falta de plaza y su creación en un futuro supone el despido improcedente del empleado con su correspondiente indemnización.

El tribunal, en un fallo del 6 de marzo de 2.025, resuelve el caso de un trabajador laboral de una Administración Pública que pidió una excedencia voluntaria de cinco años.

Dos meses antes de finalizar la excedencia, solicitó a la Administración reincorporarse, pero esta lo rechazó ante la falta de plazas laborales, solo quedaba una vacante, pero de categoría de funcionario. Su anterior plaza, de carácter laboral, había sido cubierta por un opositor de modo que se amortizó para pasar a ser funcionarial.

De hecho, cuando se cubrió la plaza, la Administración despidió al trabajador estando en excedencia. Sin embargo, este demandó, y un juzgado obligó a que fuera readmitido. La entidad, por tanto, readmitió al empleado, aunque seguía en excedencia.

El TSJS concluye que, una vez que la Administración decidió readmitir al trabajador, debió contar con al menos una plaza laboral. "No se justifica que la plaza cuya extinción fue declarada improcedente, hubiese sido cubierta con posterioridad", dice el fallo.

El hecho de que una sentencia previa obligara a la readmisión del trabajador y, cuando este la pide, la Administración la deniega por falta de plazas de su categoría "vulnera el principio de tutela judicial efectiva y deja al actor en un limbo", puesto que "se le impide el regreso y con ello la efectividad del cumplimiento".

El tribunal concluye que la negativa del reingreso del trabajador supone un despido improcedente, en el que el empresario podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización. Sin embargo, ante la imposibilidad de la readmisión por falta de vacantes, el TSJS extingue directamente la relación laboral y fija la indemnización por despido
improcedente en 39.953 euros.

Caso reciente: no readmisión tras excedencia voluntaria y despido improcedente

La no readmisión tras una excedencia voluntaria debe analizarse caso por caso. La empresa no siempre está obligada a reincorporar inmediatamente al trabajador, pero tampoco puede ignorar su derecho preferente al reingreso.

Cuando no existe vacante y la empresa reconoce el derecho del trabajador, normalmente no hay despido. Sin embargo, si la empresa niega definitivamente la reincorporación, cubre puestos equivalentes con otras personas o impide la efectividad de una sentencia previa, la negativa puede ser considerada un despido improcedente.

En Bancalero Abogados podemos ayudarte a analizar tu caso, revisar la respuesta de la empresa y valorar si procede reclamar el reingreso, una indemnización o presentar demanda por despido.

Hacienda solo admite el valor extra de una reforma con facturas

Tue, 22 Apr 2025 20:51:00 GMT

El TEAC rechaza la escritura de declaración de obra nueva como prueba

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) señala que los contribuyentes solo
podrán justificar ante Hacienda que la vivienda le ha costado más que el precio inicial de
adquisición por la realización de obras mediante las facturas de dichas obras.

Acreditación

Acreditar al fisco el precio de compra de un inmueble o local es importante entre otros
asuntos puesto que, a la hora de venderlo, el contribuyente tendrá que pagar impuestos por
las ganancias. Por lo que si el coste de adquisición al final fue mayor por las obras realizadas,
podría minorar la factura fiscal tras un venta.

El TEAC, en una resolución del 31 de marzo de 2025, aclara que el contribuyente no puede
acreditar el importe de adquisición a través del valor que se le da al inmueble tras la obra
realizada. Indica que la escritura de obra nueva solo prueba la fecha de la declaración de
ampliación de la obra finalizada, pero no el precio que costó la obra. "A los efectos de
determinar el valor de las obras efectuadas no podemos admitir, sin mayor prueba, el valor
recogido en la escritura de declaración de obra nueva.

Justificar con facturas

Es necesario acreditar el importe realmente invertido, que deberá estar justificado por
facturas o documentos que prueben que se ha realizado dicha obra, que se trata de una
mejora y no de un gasto de reparación o conservación, que el importe asciende al valor
declarado por el interesado, y que ha sido abonado por éste", recuerda el TEAC.

E incide en que, además, las escrituras de declaración de obra no prueban que el dueño del
inmueble es quien ha sufragado los gastos.

Desahuciado un hombre de 40 años que se atrincheró en un bungalow

Thu, 10 Apr 2025 19:38:00 GMT

La afectada ejercitó la vía del desahucio en precario para lograr echarlo

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha desahuciado a un hombre de unos 40 años que se
atrincheró en un bungalow que su madre tiene en un camping y se negaba a abandonarlo.

«La madre es una señora de unos ochenta años. Se compró una parcela en un camping de
Zaragoza en el que instaló un bungalow para pasar los fines de semana y los festivos porque
allí vivía su grupo de amigos y su intención era estar allí con ellos, pero el hijo, que no quería ni
trabajar ni pagar alquiler, se lo ocupó sin pagar ningún tipo de contraprestación, pretendiendo
vivir de ella, por lo que la mujer ya no podía disfrutar su casa.

El primer paso que dio la letrada fue avisar al hijo de que debía abandonar la parcela y el
bungalow en un plazo de tres días o de lo contrario se ejercitarían las acciones legales que
consideraran oportunas, indicándole que tuviera dicho mensaje como la comunicación previa y
fehaciente al proceso judicial.

La respuesta de éste fue que él era propietario de la parcela. Tras requerírsele en varias
ocasiones que abandonara voluntariamente el bungalow y éste haber hecho caso omiso,
transcurrido un mes de la ocupación, la madre decidió poner el caso en manos de la Justicia
para poder recuperar su inmueble a través de la vía del desahucio en precario.

Se estaban produciendo unos «daños y perjuicios irreparables» para la propietaria ya que «no
podía acceder a su inmueble ni hacer uso del mismo porque el hijo le había privado
flagrantemente de su posesión». Además, señaló «las molestias y gastos» que esta situación le
estaba ocasionando» a su clienta para conseguir recuperarlo. «No podía ni acercarse a la
vivienda, en vistas de la agresividad que mostraba su hijo hacía ella. De hecho, presentó una
denuncia debido a las vejaciones e insultos que había sufrido por parte de él»

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Zaragoza estimó íntegramente la demanda,
condenando al ocupante «a dejar libre, vacua y expedita» la vivienda, bajo apercibimiento de
lanzamiento si no lo efectuaba en el plazo legal.

Sentencia

El magistrado , concluyó en su sentencia que constaba acreditado que la demandante es
propietaria, por liquidación del régimen matrimonial consorcial con su fallecido esposo, de un
50% de una acción al portador del camping y del usufructo vidual sobre la restante mitad
indivisa, mientras que el demandado es nudo propietario de una tercera parte de la mitad
indivisa de este bien, en el que está ubicado un bungalow susceptible de uso como vivienda y
que, por lo tanto, «el derecho de disfrute de la vivienda corresponde exclusivamente a la
demandante, que alega la ocupación del demandado por mera tolerancia».

El hijo recurrió la sentencia en apelación ante la Audiencia aduciendo que no existía situación
de precario, que ocupaba la finca fruto de un acuerdo entre las partes, al ser hijo de la
demandante, «dada su situación de salud actual y no disponer de otro lugar en el que vivir».

Aducía incluso que fue su madre quien le ofreció ocupar dicha vivienda en lugar del domicilio
familiar y que «siendo nudo propietario de un sexto de la propiedad, no corresponde el
desahucio por precario, y menos habiéndose establecido en dicha vivienda en base a la
autorización de la usufructuaria del bien a cambio de su obligación de alimentos».

Sin embargo, el tribunal desestimó su recurso y ordenó el desahucio.

Respecto a lo alegado por el recurrente de que viene utilizando la casa por autorización de su
madre, tras un pacto entre ambos, el tribunal subraya en la sentencia, que éste no explica en
qué yerra la sentencia de instancia al decir que «nada acredita el demandado ni de un pacto de
pago de alimentos en la modalidad de facilitarle una vivienda».

«En el recurso se limita a reiterar que el acuerdo verbal ‘queda respaldado por el hecho de
haber ayudado la propia demandante a realizar la mudanza a su hijo desde el domicilio
familiar, no cabe la admisión del precario sin valorar la obligación existente entre padres e
hijos de dar alimentos recíprocamente'», por lo que el único indicio acerca de ese supuesto
pacto sería la ayuda prestada por su madre para la mudanza, «de lo que no hay prueba alguna,
lo cual tampoco sería suficiente para entender probado el pacto», razonan los magistrados.

Tampoco entienden qué tiene que ver la obligación de dar alimentos con el desahucio por
precario, que es lo que se juzga, ya que «si el recurrente considera que tiene derecho a
alimentos, puede reclamarlos en el procedimiento correspondiente, que no es éste».

En segundo lugar, el recurrente alegaba que siendo nudo propietario de un sexto de la
propiedad, no correspondía el desahucio por precario. El tribunal replica que «no se aporta
argumento alguno para sostener tal tesis», confirmando que el derecho de disfrute de la
vivienda corresponde exclusivamente a la demandante.

Conclusión que es acorde con lo que fija el artículo 250.1.2º de la LEC, que atribuye
legitimación activa para ejercitar demanda de precario al «dueño, usufructuario o cualquier
otra persona con derecho a poseer dicha finca», recuerdan los magistrados.

Cuando la sentencia se declaró firme, se ejecutó la misma y se pidió día y hora de
lanzamiento y el auxilio de la fuerza pública. Como el demandado no se fue de forma
voluntaria, «tuvo que sacarlo la Policía».

«Los padres no son eternos, el día que les falten, ¿qué será de ellos?. Esperamos que estas
resoluciones sirvan para que muchas familias en una situación similar conozcan este
mecanismo legal, ya que «es una forma de ayudar a los hijos a que se independicen y
aprendan a ganarse la vida, que no sean tan dependientes y cómodos”.

Jurisprudencia

La sentencia de primera de instancia alude que un supuesto análogo se resuelve en sentencia
de 25 de febrero de 2020 de la Audiencia Provincial de Pontevedra; de 12 de junio de 2014 de
la Audiencia de Teruel; de 29 de abril de 2014 de Audiencia de Zaragoza y de 11 de julio de
2013 de la Audiencia de Guipúzcoa que, incluso para el supuesto de la concurrencia de causa
de necesidad en los ocupantes afirma que «la relación de parentesco existente entre las partes
conlleva la obligación de prestarse recíprocamente alimentos (art.143 C.C.), pero ello en modo
alguno determina el derecho del hijo mayor de edad a que se le atribuya el uso de un
inmueble titularidad de su madre».

Declarado nulo un contrato de compraventa

Thu, 10 Apr 2025 19:27:00 GMT

La venta es nula de pleno derecho si el resto de comuneros integrantes de la comunidad
postganancial no prestan su conformidad al acto dispositivo

La vivienda pertenecía a una sociedad de gananciales, disuelta por el fallecimiento de la esposa
del propietario, pero cuya liquidación no consta.

La Audiencia Provincial de Albacete ha declarado la nulidad de un contrato de compraventa de
una vivienda firmado hace 24 años porque el anterior propietario no contó con el
consentimiento de sus hijos para la venta del inmueble.

La Sección Primera de lo Civil ha fallado a favor de los hijos del antiguo propietario de la
vivienda, quien vendió la misma a una vecina del pueblo después de que su esposa falleciera.
Sin embargo, ese acto dispositivo, es decir, la venta realizada, es nula de pleno derecho por
cuanto no se contó con la conformidad de los hijos para ello, quienes también eran comuneros
integrantes de la comunidad postganancial que se creó sobre la vivienda una vez fallecida su
madre.

La sentencia , llega a raíz de que la compradora del inmueble demandara a los hijos de los
titulares registrales del bien, solicitando que se declarase la adquisición del dominio del mismo
por prescripción ordinaria, así como que se efectuaran todos los actos necesarios para la
inscripción de dicha finca a favor de la demandante.

El vendedor era dueño de la mitad proindivisa de la finca

En el presente caso enjuiciado, un matrimonio de Villarrobledo (Albacete) estaba casado en
régimen de gananciales, pero dicha sociedad se disolvió cuando uno de ellos, la mujer, falleció
en 1993.

A partir de ese momento, la sociedad de gananciales pasó a estar en estado de liquidación,
perteneciendo a partir de entonces los bienes de carácter ganancial a la comunidad
postganancial, es decir, a la generada entre el cónyuge superviviente y los herederos de
premuerto (los hijos).

En el año 1995 el cónyuge superviviente otorgó testamento desheredando a sus hijos y a sus
nietas y, un año más tarde, en 1996, firmó un contrato de compraventa de un inmueble
perteneciente a la comunidad postganancial con una vecina del pueblo, con quien mantenía
una relación estrecha y quien sabía —según consta en la sentencia— que la casa objeto de
compraventa pertenecía a la sociedad de gananciales que integraba el matrimonio.

Es más, previamente a que celebrase el citado contrato, la parte compradora había instado
demanda de división de herencia frente a los hijos de los cónyuges, ya que los mismos también
ostentaban derechos sobre la vivienda en cuanto eran herederos de su madre.

Batalla judicial por el inmueble

La demanda de la compradora fue estimada en primera instancia por el Juzgado número 2 de
Villarrobledo, el cual concluyó que la vivienda había sido poseída de manera “pacífica,
interrumpida y a título de dueño”, así como de manera “publica, exclusiva y excluyente” desde
1996 por la demandante, por lo que estaba legitimada, en virtud de prescripción adquisitiva,
para promover acción declarativa de dominio.

El Juzgado consideró acreditado la existencia de justo título de la compradora sobre la
vivienda, ya que no se había desvirtuado la buena fe de la demandante, por lo que la misma
debía de presumirse.

El juzgador, tras destacar la existencia de posibles vicios o defectos en el título de adquirir,
consideró que los mismos no eran motivos que impidiese que prosperase la usucapión y que el
contrato de compraventa fuera título apto para adquirir por usucapión, no siendo obstáculo
que la cosa vendida no perteneciese al vendedor o que éste careciera de disposición sobre
ella.

En consecuencia, declaró el dominio de la compradora sobre la finca, acordando que se llevase
a cabo la inscripción a su favor en el Registro de la propiedad, con la consiguiente cancelación
de la inscripción actual.

No obstante, la Audiencia Provincial (AP) de Albacete no ha compartido el razonamiento
alcanzado en la sentencia de primera instancia. “La sentencia yerra al considerar al vendedor
propietario exclusivo del bien en lugar de copropietario, pues pertenecía a la sociedad de
gananciales que el citado integraba con su esposa, fallecida en 1993. A partir de entonces
surgió una comunidad hereditaria constituida por el vendedor y sus hijos, los codemandados”,

señala la Audiencia Provincial, “el contrato sería nulo porque la vivienda pertenecía a una
sociedad de gananciales, disuelta por el fallecimiento de la esposa, pero cuya liquidación no
consta”, afirman los magistrados.

En consecuencia, la AP de Albacete ha revocado la sentencia dictada por el Juzgado, dictando
otra en su lugar por la que se desestima la demanda interpuesta por la compradora, ya que al
ser nulo de pleno derecho el contrato, el mismo “no era título válido y suficiente para adquirir
la propiedad del inmueble por usucapión ordinaria, al no ser título meramente anulable”.

El contrato es radicalmente nulo

El tribunal provincial de Albacete ha razonado que el antiguo propietario del inmueble, quien
vendió el mismo a la demandante en 1996, realizó dicha venta como si fuera él el propietario
único y exclusivo de la finca, cuando no era así.

Si bien es cierto que en su día, cuando aún vivía su cónyuge, el inmueble formaba parte de la
sociedad ganancial que regía en el matrimonio, tras el fallecimiento de la esposa en 1993 éste
pasó a formar parte del patrimonio postganancial, “correspondiendo por tanto en pro indiviso
a la comunidad de bienes postganancial o postmatrimonial constituida por los herederos del
cónyuge premuerto, sus hijos y el cónyuge supérstite”.

Por tanto, una vez producida la disolución de la sociedad de gananciales, los bienes que hasta
entonces tenían el carácter de gananciales pasaron a integrar una comunidad de bienes de
naturaleza especial (postganancial) hasta que se realizase la correspondiente liquidación; sin
embargo, no consta que esa liquidación se efectuara en momento alguno.

En este sentido, la Audiencia Provincial aclara que, sobre la totalidad de los bienes integrantes
de esa comunidad, “ambos cónyuges o en su caso el supérstite y los herederos del fallecido,
ostentan una titularidad común, que no permite que cada uno pueda disponer aisladamente
de los bienes concretos integrantes de la misma, estando viciado de nulidad radical el acto
dispositivo así realizado”.

Y concretamente el contrato de compraventa es nulo porque “el vendedor no podía obligarse
a transmitir el dominio del inmueble a la compradora, al no haber intervenido y prestado su
consentimiento en el negocio jurídico oneroso realizado con fin transmisivo, todos los
comuneros propietarios del mismo”. Por tanto, al no haberse realizado la venta con
intervención de todos los integrantes de la comunidad postganancial, el contrato de
compraventa del inmueble es nulo de pleno derecho.

Hacienda mandará más de tres millones de avisos a contribuyentes

Thu, 10 Apr 2025 19:21:00 GMT

La Agencia Tributaria lanzará este año más de tres millones de avisos a los contribuyentes para
que no se olviden de declarar las ventas de artículos de segunda mano, las criptomonedas, los
alquileres y las rentas obtenidas en el extranjero.

La directora del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, explicó este miércoles en
la rueda de prensa sobre la Campaña de la Renta que como novedad se remitirán 330.000
avisos a los contribuyentes que realizaran ventas de segunda mano a través de plataformas
digitales (como Wallapop o Vinted), a quienes alquilaron inmuebles por esta vía (como Airbnb)
o arrendaron vehículos.

Prieto señaló que ya han recibido datos de estas plataformas digitales de 330.000
contribuyentes y esta información ya consta en sus datos fiscales. Asimismo, indicó que habrá
ciudadanos que reciban el aviso y no tendrán que declarar nada porque vendieron los
productos de segunda mano a pérdidas (a un precio inferior al que los compraron) u otros a los
que no les aparezca el aviso porque aún no tienen información al respecto y la reciban a lo
largo de la campaña y, por tanto, tengan que declarar.

Cabe recordar que la nueva normativa obliga a profesionales y particulares que vendan
productos de segunda mano por plataformas online a declarar las ganancias siempre que
superen los 2.000 euros anuales o realicen más de 30 operaciones al año. No obstante, si
venden por debajo del precio al que adquirieron los productos no deben declarar nada.
Asimismo, también deberán tributar los ingresos por alquilar inmuebles o vehículos de
segunda mano por internet, independientemente de la cuantía.

Hacienda también mandará 889.000 avisos a los contribuyentes que tengan monedas virtuales
para que las declaren. Deberán incorporarse a la Renta las operaciones de compra, venta,
intercambio y transferencia de monedas virtuales hechas el año pasado, independientemente
de si han obtenido ganancias o pérdidas. No obstante, no tendrán que tributar por aquellas
aquellos que no realizaron ningún movimiento con ellas que les pudiera generar pérdidas o
ganancias, es decir, que solo las mantuvieron.

Por otro lado, también se avisará a 836.000 contribuyentes de que deben tributar las
ganancias obtenidas a través de los alquileres inmuebles. Rosa Prieto señaló que la Agencia
Tributaria obtiene los datos de nuevos alquileres a través de la información que les trasladan
las CCAA de las fianzas depositadas por los caseros. "Avisamos para que no se olviden".

Finalmente, se remitirán 998.000 avisos a los contribuyentes que han obtenido rentas en el
extranjero para que las incluyan en su declaración y tributen por ellas. Hacienda obtiene la
mayor parte de esta información gracias al intercambio internacional de datos.

Cartas a los "olvidadizos"

Por otro lado, la directora General de la Agencia Tributaria, indicó que también se mandarán
cartas informativas a determinados colectivos durante la campaña de la Renta.

Se señaló que, como vienen haciendo en los últimos años, se informará a los nuevos
beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) de que están obligados a presentar la declaración,
también se recordará a aquellos contribuyentes que "olvidan" con frecuencia hacer la Renta
que deben presentarla, y se informará a los mayores de 65 años que viven en municipios que
pueden tener asistencia por videollamada para hacer la declaración. Asimismo, durante el
período voluntario (del 2 de abril al 30 de junio), también se informará a los contribuyentes
que hayan presentado la declaración con errores que deben corregirlos.

Entra en vigor la obligación de buscar acuerdos extrajudiciales

Thu, 10 Apr 2025 19:17:00 GMT

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha advertido de que este
jueves ha entrado en vigor la ley que obliga a los ciudadanos a intentar encontrar acuerdos
extrajudiciales antes de interponer demandas judiciales civiles o mercantiles.

En una nota en su página web, el departamento que dirige Félix Bolaños ha recordado que esta
medida se encuadra en Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y
tiene el objetivo de reducir la carga de trabajo de los tribunales, aportar una vía más rápida
eficiente de resolución de conflictos y pasar de una cultura del litigio a una del diálogo.

La nota del ministerio explica que la obligación de acudir a los Medios Adecuados de Solución
de Controversias (MASC) establece el ofrecimiento a los ciudadanos de mecanismos como "la
mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, la oferta vinculante confidencial,
la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes".

Quedarán fuera de esta obligación casos concretos como la "tutela de derechos
fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre
otros", informa el ministerio.

Un nuevo sistema de costas

La aprobación de la norma implica también la modificación del actual sistema de costas con el
objetivo de fomentar la llegada a acuerdos extrajudiciales contemplando posibles
responsabilidad para las partes que se hayan implicado para conseguir dicho pacto.

"La norma modifica el sistema de costas, ya que los tribunales entrarán a valorar si
efectivamente alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera
consensuada, lo cual tendrá un impacto en el criterio para su imposición", avisa el
departamento.

Perdonada una deuda de 1,6 millones de euros a un matrimonio

Wed, 02 Apr 2025 15:25:00 GMT

La condonación se ha llevado a cabo tras la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad

El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha perdonado una deuda de más de 1,6 millones de
euros a un matrimonio de Lleida que se arruinó tras ser víctima de una estafa. La condonación,
que se ha llevado a cabo tras la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, se otorgó años
después de que la pareja solicitase unos préstamos al banco para intentar salvar su empresa,
del sector editorial, que se vio afectada por la crisis del 2008 y que terminó desencadenando
en sus dueños una situación de insolvencia total.

El caso, giraba entorno a la mercantil propiedad del matrimonio, constituida en 1997 y cuyos
beneficios, ya eclipsados tras una grave enfermedad de ella en el 2005, comenzaron a decaer
aún más con la crisis económica. Crisis que provocó en la pareja una situación insostenible. La
pareja solicitó créditos personales y tarjetas para obtener liquidez y poder sacar adelante el
negocio, pero no fue posible y tuvieron que liquidar la sociedad.

«Hay que tener en cuenta que mi enfermedad supuso un gasto económico enorme, ya que
tuvimos que hacer pólizas de seguro especiales y comprar medicamentos caros que la mutua
no cubría, del mismo modo que tampoco las operaciones o las visitas», lamenta ella. En este
sentido, cuando comenzó la crisis, los bancos dejaron de ofrecerles «facilidades», motivo por
el cual decidieron recurrir a préstamos y créditos para salvar el negocio, lo que no resultó.

Desesperados, siguieron el consejo de un conocido que, en el año 2009, les dijo que invirtieran
el poco dinero que tenían ahorrado en monedas suizas. “Lo que nos aseguraron que era una
inversión segura y con una alta rentabilidad acabó siendo una estafa piramidal, por lo que nos
quedamos sin nada y con el agua al cuello”.

El matrimonio eran deudores de buena fe

Como consecuencia de su delicada situación financiera, el matrimonio no pudo hacer frente al
pago de las cuotas hipotecarias, lo que llevó a la ejecución y subasta de su vivienda. A pesar de
ello, y de que en el año 2010 se vieron en la calle, quedó una deuda pendiente que arrastraron
durante años. «Un asesor nos dijo que teníamos que comer, por lo que la solución era no
deber nada a Hacienda ni a la Seguridad Social y dejar de pagar a los bancos, porque no nos
daban ningún tipo de ayuda. Pero es que no podíamos remontar el vuelo, estábamos
ahogados», rememoran.

Ante esta situación, regresaron a Lleida para vivir con un familiar. «Nuestra situación era muy
precaria. No teníamos vida social y ni salíamos de casa para intentar gastar lo mínimo.
Además, también se nos embargaban las nóminas». Todo eso «pasó factura a nuestra salud, ya
que había mucho estrés y pasamos de comernos el mundo a que éste se nos comiera a
nosotros», señala ella, quien no fue hasta 2015 cuando escuchó hablar por primera vez de la
Ley de Segunda Oportunidad.

Recientemente, el Juzgado Mercantil número 1 de Lleida emitió un auto condonando al
matrimonio una deuda de 1.605.066,16 euros.

Trabajo multará con 225.000 euros a los que cobren paro y hagan esto

Wed, 02 Apr 2025 15:14:00 GMT

Podría suponer además la devolución de la prestación si se trata de una infracción realmente
grave

El desempleo se mantiene como uno de los más pesados lastres de nuestro país, y si le
sumamos los fraudes no hay nada más que hacer. En esta línea, la Inspección de Trabajo ha
endurecido las sanciones contra aquellos que piensan que pueden engañar a la administración
y compatibilizar empleo irregular con prestaciones del SEPE, infracción considerada como muy
grave por la legislación vigente.

Consecuencias legales

Cada vez son más frecuentes los casos en los que una empresa da de alta a un trabajador que
está cobrando el paro sin inscribirlo como es debido en la Seguridad Social. Hacer esto se
considera una falta tan grave que podría llegar a suponer una penalización que va desde los
751 euros hasta 225.018 euros.

De hecho, tal y como se recoge en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden social,
además de la multa se exigirá devolver todas las cuantías percibidas del SEPE durante el
periodo en el que se estuvo cobrando indebidamente.

En el artículo 40 de esta normativa se detalla la cuantía a la que podrían ascender las
sanciones, dependiendo de si la Inspección la considera como grave, muy grave en grado
medio o muy grave en grado máximo según varios factores, como el número de trabajadores
en situación irregular o el tiempo de duración del fraude:

Las infracciones consideradas graves serán como mínimo de 751 euros y como máximo de
7.500 euros.

Las infracciones consideradas como muy graves (en grado medio) oscilarán entre los 30.001
euros y los 120.005 euros.

Las infracciones consideras como muy graves (en grado máximo) podrían ir desde los 120.006
euros hasta los 225.018 euros, siendo esta la cuantía mas elevada.

Para evitar incurrir en un delito, lo mejor es informar directamente al SEPE de cualquier
cambio -es el beneficiario de la prestación el que debe notificar a la administración cuando se
incorpore a un empleo y no al contrario- y comunicar el alta con antelación, tarea que corre de
parte del empresario.

Multas también por rechazar entrevistas de trabajo

El SEPE aclara en su página web que el beneficiario de una prestación por desempleo podría
enfrentar una sanción por infracción grave si no se presenta a las ofertas de empleo que le
lleguen, pudiendo llegar a perderla si lo hace al menos en tres ocasiones.

Ingresos que están exentos de tributación en la Renta

Tue, 25 Mar 2025 16:35:00 GMT

Entre las rentas exentas en este ejercicio están los rendimientos del trabajo por las
prestaciones en forma de renta de personas con discapacidad por aportaciones a los sistemas
de previsión social y a patrimonios protegidos; y prestaciones económicas públicas para
cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada.

También, la renta mínima de inserción y ayudas a víctimas de delitos violentos y de violencia
de género; o las prestaciones y ayudas familiares de cualquiera de las Administraciones ya
sean vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores.

No tributan tampoco las indemnizaciones por daños personales por responsabilidad civil y las
derivadas de contratos de seguro de accidentes, así como las gratificaciones por participación
en misiones internacionales de paz o humanitarias a los miembros de dichas misiones e
indemnizaciones por operaciones internacionales de paz y seguridad; rendimientos del trabajo
por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con el límite de 60.100 euros anuales;
indemnizaciones satisfechas por las Administraciones por daños personales; o las prestaciones
por entierro o sepelio.

La entrega de las acciones o participaciones gratuitas o por precio inferior al de mercado a
trabajadores de una empresa emergente está exenta, con el límite de la parte que no exceda,
para el conjunto de las entregas a cada trabajador, de 50.000 euros anuales.

No es necesario que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores,
siendo suficiente que se efectúe dentro de la política retributiva general de la empresa y
contribuya a la participación de los trabajadores en esta última.Los beneficiarios de la entrega
de acciones o participaciones deben ser los trabajadores en activo de la sociedad.

El trabajador, junto con el cónyuge o familiares hasta segundo grado no debe tener
participación directa o indirecta, en la sociedad en la que prestan sus servicios o en cualquier
otra del grupo, superior al 5%. Los títulos deben mantenerse tres años.

Indemnizaciones por despido

Esta exención está condicionada a la desvinculación del trabajador con la empresa, si en los
tres años siguientes al despido o cese el trabajador no vuelve a prestar servicios a la misma
empresa o a otra vinculada a aquella, siempre que en el caso en que la vinculación se defina en
función de la relación de los socios o partícipes con la entidad, la participación sea igual o
superior al 25%.

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador están exentas en la cuantía establecida
con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en
su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse
como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.

En los supuestos de despidos colectivos siempre que se deban a causas económicas, técnicas,
organizativas, de producción o por fuerza mayor, y en casos de extinción del contrato por
causas objetivas, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites
establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.

La indemnización en general es de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12
mensualidades. Y en el caso del despido improcedente la indemnización será de 33 días de
salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

Si el contrato es anterior al 12 de febrero de 2012, se aplican 45 días de salario por año
trabajado hasta esa fecha, con un máximo de 42 mensualidades, y 33 días por el tiempo
posterior. No obstante, el importe de la indemnización exenta tiene como límite máximo
180.000 euros.

Desempleo en pago único

Están exentas, cualquiera que sea su importe, las prestaciones por desempleo reconocidas por
la entidad gestora cuando se perciban como pago único, siempre que las cantidades percibidas
se destinen a las finalidades y en los casos previstos.

Estas actividades se refieren al inicio de una actividad como trabajador autónomo; a la
incorporación a una cooperativa, existente o de nueva creación, como socio trabajador o de
trabajo de carácter estable; a la constitución de una sociedad laboral o la incorporación a una
ya existente, como socio trabajador o de trabajo de carácter estable; o a la creación de una
entidad mercantil de nueva constitución o la incorporación a una creada en los 12 meses
anteriores, si se va a tener el control de la misma.Esta exención está condicionada al
mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de cinco años, en el supuesto de
que el contribuyente se haya integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo
asociado o realizado una aportación al capital social de una mercantil, o al mantenimiento,
durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso del trabajador autónomo.

Es importante tener en cuenta que la reforma que amplía la exención para incluir
indemnizaciones por daños físicos o psíquicos cuya cuantía no se haya fijado legal ni

judicialmente, siempre que se cumplan ciertos requisitos, no se considera en vigor hasta 2025,
por lo que no podemos tenerla en cuenta en esta declaración.

Ingreso mínimo vital

Está exenta la prestación de la Seguridad Social (SS) del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta
exención no puede superar, junto con el resto de las prestaciones y ayudas para personas que
carezcan de recursos económicos de subsistencia o colectivos en riesgo de exclusión social un
importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el IPREM.

Prestaciones contributivas

Da derecho a la exención de las rentas obtenidas, la incapacidad permanente absoluta para
todo trabajo: La que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión.

También, la gran invalidez, en que el trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por
pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más
esenciales de la vida, tales como vestirse.

No está exenta la incapacidad permanente parcial para profesión habitual: que, sin alcanzar el
grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento
normal para dicha profesión, sin impedirle realizar tareas fundamentales de la misma.

Tampoco está exenta en el Impuesto la incapacidad permanente total para profesión habitual,
que inhabilita para realizar todas o las tareas fundamentales de esa profesión, si puede
dedicarse a otra distinta. En cuanto a las pensiones procedentes del extranjero percibidas por
contribuyentes del IRPF y que deban someterse a tributación en España gozan de exención,
siempre que el grado de incapacidad reconocido pueda equipararse en sus características a la
incapacidad absoluta o gran invalidez.

También se condiciona a que la entidad que satisface la prestación goce, según la normativa
del país de procedencia de la pensión, del carácter de sustitutoria de la Seguridad Social.
Asimismo, están exentas las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el
régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos por
Mutualidades de Previsión Social que actúen como alternativas al régimen especial de la
Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a
las previstas para la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social.

Están exentas las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases
pasivas, siempre que la lesión o enfermedad inhabilite por completo al perceptor de la pensión
para toda profesión u oficio. Por no ser prestaciones públicas, están sujetas y no exentas las
satisfechas por otra entidad o empresa, aunque se perciban por incapacidad permanente
absoluta o gran invalidez.

Trabajo en especie

El Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, precisa que la exención de las entregas a
empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de
empresa o economatos de carácter social (incluidas las fórmulas indirectas de prestación del
servicio) cuya cuantía no supere la cantidad reglamentaria, se aplica con independencia de que
el servicio se preste en el propio local del establecimiento de hostelería o fuera, previa
recogida por el empleado o mediante su entrega en su centro de trabajo o en el lugar elegido
para desarrollar su trabajo en los días en que este se realice en teletrabajo.

Reinversión en rentas vitalicias

Al igual que en el caso de los Planes de Ahorro Sistemático y por el mismo motivo, esto es,
para asegurar que la aplicación de la exención de la ganancia patrimonial por reinversión en
renta vitalicia del artículo 38.3 de la Ley del IRPF cumple con la finalidad pretendida de
fomentar el ahorro previsional por contribuyentes mayores de 65 años, se especifican los
requisitos que deben cumplir las rentas vitalicias aseguradoras cuando se trate de contratos
celebrados con posterioridad a 1 de abril de 2019, en los que se establezcan mecanismos de
reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento.

Estos requisitos son los mismos que para los Planes de Ahorro Sistemático. Esta medida es de
aplicación a los contratos de seguros de vida anteriores al 1 de abril de 2019.

Planes de ahorro

Están exentos los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de los seguros de
vida, depósitos y contratos financieros a través de los cuales se instrumenten los Planes de
Ahorro a Largo Plazo, siempre que el contribuyente no efectúe disposición alguna del capital
resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco años desde su apertura.

Cualquier disposición del citado capital o el incumplimiento de cualquier otro requisito de los
previstos en los cinco años desde su apertura. Están exentas las rentas que se pongan de
manifiesto en el momento de la constitución de rentas vitalicias aseguradas resultantes de los
planes individuales de ahorro sistemático, así como en la transformación de determinados
contratos de seguros de vida en planes individuales de ahorro sistemático regulados en la Ley
del IRPF.

Se exige que los contratos de seguro de vida posteriores al 1 de abril de 2019 que
instrumenten planes individuales de ahorro sistemático y en los que se establezcan
mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso
de fallecimiento, cumplan una serie de requisitos.

Las prestaciones públicas de maternidad percibidas de la SS se han venido considerando como
sujetas al IRPF hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, que fijó como
doctrina legal que están exentas.

Las prestaciones por maternidad o paternidad y las familiares no contributivas reguladas y las
pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de 22
años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la SS y clases
pasivas están exentas. Se declaran exentas las reconocidas a los profesionales no integrados en
el régimen especial de autónomos por las Mutualidades, siempre que sean prestaciones en
situaciones idénticas a las de la SS para los profesionales de régimen especial.

En el caso de los empleados públicos en un régimen de SS que no dé derecho a percibir la
prestación por maternidad o paternidad, está exenta la retribución percibida durante los
permisos por parto, adopción o guarda y paternidad.

Lo están también las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple,
adopción, maternidad o paternidad, hijos a cargo y orfandad.

Ayudas por daños en la DANA

Cuando su importe sea inferior al de la pérdida producida (que se calcula por diferencia entre
las ayudas, incluida la indemnización del Consorcio, y el valor de adquisición) podrá integrarse
como pérdida patrimonial en el IRPF la diferencia negativa entre la pérdida y el importe de la
ayuda.

Cuando no existan pérdidas (por ser las ayudas, incluida la indemnización del Consorcio,
superior al valor de adquisición del elemento patrimonial), sólo se excluirá de gravamen el
importe de las ayudas, incluida la indemnización del Consorcio.

Improcedente el despido de una gerente del Lidl

Tue, 25 Mar 2025 16:21:00 GMT

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado improcedente
el despido de una empleada, gerente sustituta en un supermercado del Lidl, que modificó los
horarios de trabajo del resto de integrantes de la plantilla después de que éstos convocaran
una huelga, aún cuando el jefe de ventas ya había aceptado y firmado las jornadas laborales
que se llevarían a cabo esos días. Unos hechos que, para el Tribunal, no constituyen la
suficiente gravedad como para rescindir su contrato laboral.

Para tomar esta decisión, el magistrado se ha basado, entre otras cuestiones, en lo recogido en
el artículo 54.1 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que para que una falta se
considere suficientemente grave y culpable se han de tener en cuenta diversos factores, tales
como las condiciones psíquicas de quien la comete, su capacidad para comprender que está
incumpliendo el contrato, las circunstancias concretas que rodean la situación del infractor, y
la vulneración —intencionada o no— de la buena fe contractual.

Los hechos causantes de este pleito se remontan al pasado 28 de noviembre de 2023, cuando
los empleados del Lidl de Gipuzkoa convocaron una huelga para los días 7 y 9 de diciembre de
ese mismo año. Unas fechas señaladas en el calendario, pues coincidían con el puente de
diciembre y habría, previsiblemente, una mayor carga de trabajo. Así, de hecho, lo hizo constar
el jefe de ventas, quien indicó a la gerente sustituta del supermercado que «para la semana 49
del año, la del puente de diciembre y una de las de mayor carga de trabajo del año, debía
hacer una planificación con una previsión de 100 horas».

Siguiendo tales indicaciones, la responsable de la tienda colgó en la plataforma del Lidl una
planificación en la que previó una carga horaria de 111,59 horas para el 7 de diciembre y de
126,50 horas para el 9 de diciembre. A continuación, y siguiendo el protocolo de la empresa, el
jefe de ventas aprobó y firmó tal programa, que ya no podría ser modificado «salvo por la
concurrencia de causas de fuerza mayor». Así, si la gerente quería realizar un cambio, este
tendría que volver a pasar por manos del supervisor, quien debería aprobar y firmar
nuevamente el documento.

Sobre la gravedad del actuar de la empleada

Pese a ello, después de que los empleados del supermercado convocaran una huelga para esos
mismos días, la responsable de la tienda realizó varias modificaciones en la planificación inicial,
consistentes éstas en eliminar turnos de varios compañeros para los días 7 y 9 de diciembre, y
dejando para los mismos una previsión de 58,92 horas en el caso del día 7 y de 107,08 horas
en el caso del día 9. Como consecuencia, «se pasó de una planificación de 16 personas en
tienda, a 8 personas, lo que supuso que las ocho personas restantes sólo tuvieran planificado
uno de los dos días de huelga como de trabajo, siendo que el otro les figuraba como de

libranza, haciendo así que solo se les descontara un día de salario y no dos, como hubiera
ocurrido en caso de haber respetado la planificación aprobada por el jefe de ventas».

Resultado de este cambio fue que la empresa decidió despedir a la trabajadora tras considerar
que ésta había transgredido la buena fe contractual. En respuesta, la ya exempleada presentó
una demanda ante la Justicia, que terminó llevando el litigio ante el mencionado Tribunal
Superior de Justicia. En su recurso, la demandante solicitó una modificación de hechos
probados así como denunció una infracción de los artículos 28.2 de la Constitución Española y
55.5 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 105.1 y 2 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, y el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En este sentido, el Tribunal ha considerado que la trabajadora, que llevaba prestando servicios
para la empresa demandada desde hace más de 25 años y que ahora ocupaba un cargo de
sustituta de gerente, puesto en el que tan solo llevaba tres meses, no tenía intención real de
causar un perjuicio ni sobre la empresa ni sobre el resto de empleados. Al fin y al cabo, el
cambio realizado únicamente afectó a ocho personas adscritas a la huelga, lo que no
constituye «la gravedad suficiente para suponer la sanción máxima, y es que el hecho de la no
apertura de la tienda tiene su circunstancia en una huelga secundada por todos los
trabajadores, y no en la decisión de la trabajadora».

Asimismo, ha subrayado que el desfase provocado por el cambio horario únicamente afectó a
un día en concreto, no así al segundo de ellos, que seguía superando las 100 horas: «Lo
determinante es que solo en uno de los días, al margen del cambio de planificación no
supervisado por el jefe de ventas, y solo admitido por fuerza mayor, encontramos un desfase
entre lo fijado por la planificación del jefe de ventas en cuando señaló 100 horas, en concreto
el día 7 (58,92 horas), no así en el segundo de los días que supera las 100 horas (107,08
horas)». En base a ello, ha condenado a la empresa Lidl a recontratar a la demandante o a
indemnizarla con alrededor de 57.000 euros.

Accidente en el dentista, ¿Quién paga si se rompe el instrumento de extracción?

Tue, 18 Mar 2025 17:23:00 GMT

La paciente sufrió una lesión durante la extracción de una muela porque el aparato
instrumental se rompió; la Justicia, no obstante, considera que el profesional actuó de forma
no negligente

La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 4 de diciembre, resuelve una
reclamación de indemnización de una paciente que sufrió un accidente durante la extracción
de unas de sus muelas. El causante del percance fue la rotura de uno de los instrumentos del
profesional dental.

Más al detalle, la actora sufrió daños durante la realización de un tratamiento bucodental
como consecuencia de la rotura del instrumental empleado en la extracción de una pieza
molar, lo que ocasionó el alojamiento de un fragmento metálico en el fondo del alvéolo dental,
junto al conducto dentario.

A consecuencia de ello la demandante interpuso acción indemnizatoria por daños y perjuicios
derivados de una asistencia sanitaria defectuosa, dirigiendo su reclamación tanto contra el
dentista interviniente como contra la clínica dental.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda al considerar que no concurría mala
praxis por parte del dentista, toda vez que la rotura del instrumental no se produjo por una
manipulación defectuosa del mismo ni quedó acreditado que las maniobras realizadas para
intentar extraer el fragmento metálico fueran inadecuadas o insuficientes.

Interpuesto recurso de apelación por la paciente, la Audiencia Provincial de Barcelona estima
parcialmente el mismo, condenando a la clínica dental a indemnizar a la recurrente por los
daños sufridos, pero absolviendo al profesional codemandado.

Sentencia

La sentencia de apelación, con base en la prueba pericial practicada, concluye que, descartada
la aplicación de una fuerza excesiva y dada la naturaleza excepcional de lo acontecido, la causa
de la rotura del botador fue un defecto del propio instrumental, cuya detección no era posible
a simple vista, conforme a lo manifestado por los peritos.

Dicha circunstancia exime de responsabilidad al facultativo del daño sufrido por la paciente, al
no apreciarse que haya actuado vulnerando la lex artis, descartándose la existencia de mala
praxis, pues no debe responder de un defecto del material que no era visible.

No obstante, en lo que respecta a la clínica dental, la conclusión es diferente.

La relación contractual entre la paciente y la entidad demandada es la propia de un contrato
de prestación de servicios, en el que la actora ostenta la condición de consumidora. En este
contexto, correspondía a la clínica acreditar el cumplimiento de las exigencias y requisitos
reglamentariamente establecidos, así como los demás cuidados y diligencias que exigía la
naturaleza del servicio, lo que no ha hecho.

En consecuencia, la sentencia declara la responsabilidad de la clínica dental al no haber
probado que el instrumental fracturado hubiera superado el control de calidad
correspondiente, ni su antigüedad, ni que cumpliera con los requisitos exigibles, condenándola
al abono de la indemnización correspondiente

Taxista contra aseguradora por un accidente, ¿cómo cuantificar el lucro cesante?

Tue, 18 Mar 2025 17:16:00 GMT

Una reciente sentencia de un tribunal de Barcelona aclara que un informe gremial es suficiente
para acreditar el daño sufrido por el taxista como consecuencia de la paralización de su
actividad

Si un taxista tiene un accidente, ¿cómo puede calcular el lucro cesante, es decir, el beneficio
que deja de obtener por no tener su vehículo disponible, y por tanto, no poder trabajar? Es
necesario a efectos, por supuesto, de reclamar una indemnización por el daño sufrido a la
aseguradora.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de
18 de diciembre (referencia 911/2024). El tribunal aclara que la certificación gremial acredita
suficientemente los ingresos brutos del taxi siniestrado a efectos de cuantificar la
indemnización por lucro cesante.

Es decir, y más al detalle, el taxista no está obligado a aportar otros datos contables o fiscales,
los cuales tampoco serían absolutamente fiables teniendo en cuenta el régimen de tributación
por estimación objetiva al que están sometidos los profesionales del taxi.

Los hechos

El demandante, propietario de un taxi, reclama a la aseguradora del vehículo responsable del
accidente que sufrió, la indemnización correspondiente a los beneficios dejados de percibir
durante el periodo de cese de su actividad profesional como consecuencia de los daños
sufridos por su automóvil.

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia absolviendo a la aseguradora demandada al
considerar que la certificación gremial aportada no acreditaba de manera suficiente ni el
período de inactividad del taxi ni los ingresos dejados de obtener.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona revoca dicha resolución y condena a la
aseguradora al abono de la indemnización reclamada en concepto de lucro cesante derivado
de la paralización del vehículo tras el accidente.

Documento suficiente

El Tribunal de apelación sostiene que la certificación gremial aportada por el demandante,
emitida por un organismo integrado en la Administración pública metropolitana, es un
elemento probatorio válido en tanto que proporciona una información orientativa relativa a
los promedios de rendimiento diario.

En consecuencia, considera que dicho documento resulta suficiente para acreditar los ingresos
brutos del taxi siniestrado a efectos de cuantificar la indemnización por lucro cesante
correspondiente por las ganancias que habría obtenido el taxista de haber podido continuar
llevando a cabo su actividad empresarial.

Asimismo, la Sala añade que no cabe obligar al demandante a aportar otros datos contables o
fiscales, los cuales, además, tampoco serían absolutamente fiables teniendo en cuenta el
régimen de tributación por estimación objetiva al que están sometidos los profesionales del
taxi.

En virtud de lo anterior, el Tribunal estima correcta la pretensión indemnizatoria formulada
por el taxista demandante si bien aplicando una reducción del 30% sobre los ingresos brutos
para la obtención de los rendimientos netos.

Suspensión de empleo por publicar en Twitter comentarios ofensivos contra la empresa

Thu, 13 Mar 2025 16:10:00 GMT

El TSJ confirma que la sanción es procedente y rechaza la pretensión del trabajador de que la
mercantil lo indemnice con 7.500 euros

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la procedencia de la
suspensión de empleo y sueldo durante 30 días a un trabajador que publicó en Twitter varios
comentarios ofensivos contra su empresa y los responsables de otros tres sindicatos.

La Sala de lo Social ha desestimado el recurso de suplicación de este empleado, representante
de CNT, contra la sentencia del Juzgado de lo Social 8 de Bilbao que en julio de 2024 avaló la
sanción que le fue impuesta por la empresa por una falta muy grave.

El TSJ concluye que «por la proporción, gravedad y trascendencia» de los hechos, la sanción es
ajustada y rechaza la pretensión del recurrente de que la empresa lo indemizara con 7.500
euros por una alegada vulneración del derecho a la libertad de expresión, así como del
derecho a la libertad sindical. La sentencia está disponible en el botón ‘Descargar resolución’.

Primero reconoció que los comentarios «tal vez habían sobrepasado los límites» y los borró
En mayo de 2023, éste trabajador comunicó a la empresa que CNT había decidido constituir
una sección sindical y que él había sido nombrado delegado sindical. Posteriormente, publicó
en la citada red social «tres o cuatro comentarios» que la mercantil consideró ofensivos tanto
hacia ella, como a representantes del resto de sindicatos y que suponían una «transgresión de
la buena fe contractual» por unas críticas «falsas».

En concreto, publicó a través de su cuenta personal y de la del sindicato: «Delegado@s
sindicales que tras salir elegidos en las elecciones son ascendid@s por la empresa y covertid@s
en encargad@s, ¿Qué puede salir mal?».

También este tuit: «Compañerxs trabajando siempre en tareas de categorías superiores, pero
con la mínima categoría reconocida por la empresa. Este es el modus operandi de Laboratorios
Ximart. Quieren gente capacitada, pero que cobren lo mínimo».

La empresa habló con él para intentar comprender qué estaba pasando para que «mostrara
tantos motivos de indignación; máxime cuando nunca antes había pasado en la empresa y
nunca antes se habían trasladado quejas del estilo expuesto», ante lo que él terminó
eliminando las publicaciones, al entender que «tal vez habían sobrepasado los límites».

Como el trabajador recapacitó, la empresa decidió imponerle esta sanción en su grado medio,
que le fue comunicada en junio de 2023, a cumplir desde el día siguiente, recordándole que
estos comportamientos se llegan a castigar incluso con el despido, pero que le daban una
oportunidad, que depositaba nuevamente su confianza en él. En efecto, las sanciones por
incumplimientos muy graves oscilan entre la amonestación por escrito y la extinción de la
relación laboral.

Luego reclamó a la empresa una indemnización de 7.500 euros

El trabajador cumplió la sanción entre junio y julio, pero disconforme con ella se alzó ante la
Justicia impugnándola y reclamando una indemnización de 7.500 euros. Sin embargo, el
Juzgado rechazó su demanda al no constar en la mercantil «una voluntad obstructiva respecto
de las circunstancias de comunicación y constitución de una sección sindical, cuyas condiciones
y requisitos no aparentaba cumplir el trabajador».

Comentarios que perjudican y son una falta de respeto, sentencia el TSJ

Ahora, el TSJ analiza los comentarios que hizo y concluye que fueron «expresiones
desafortunadas, y aparentemente de reacción y ofensa contra la empresa y sus entornos
sindicales o terceros, realizados desde la cuenta personal, o en su caso la del sindicato, y aun
cuando derivasen de la otra figura de constitución de la sección sindical, ya analizada,
describen un comportamiento de hechos reales que construyen el expediente sancionador, y
que son inicialmente incluso reconocidos por el propio trabajador, al entender que había
sobrepasado los límites, procediendo a su eliminación».

Así, «deben reconducirse no a una vertiente simple de comunicación o información sindical,
sino más bien a una ponderación valorativa, pues la comunicación y correos tienen una lectura
que no es de organización de expresión reprimida ni puede entender que altera el derecho
fundamental a la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución», razonan los
magistrados.

El tribunal destaca que «son simple y llanamente expresiones de convicción subjetiva
extralimitadas que no pueden contextualizarse más allá del agravio al resto de representantes
de los trabajadores y, por ende e indirectamente, a la empresarial, en comentarios que
perjudican, acusan y no abordan la solución de los problemas, demostrando, al fin y a la
postre, una especie de falta de respeto para con el resto de trabajadores y representantes, en
un clima laboral que contextualiza una justificación y contraposición de intereses que solo
puede amparar una graduación en la transgresión del deber de buena fe contractual».

Es perjudicial no solo para la empresa, sino para la función representativa y hay una
transgresión de límites inherentes a la dignidad, al honor y al resto de derechos fundamentales

que no justifican la convalidación de expresiones o apelativos que, más allá de la crítica»,
exponen los magistrados, añadiendo, además, que son «son atentatorios».

En consecuencia, declara que «estas manifestaciones jurídicas y judiciales que constatan la
desestimación íntegra del recurso de suplicación hacen inabordable cualquier otra exigencia
indemnizatoria o su análisis para con la vulneración de derechos fundamentales».

El TSJ tampoco observa «infracción jurídica alguna que confiera la condición y garantía de
representante de los trabajadores o el reconocimiento de afiliación». «No existe una respuesta
judicial que deba valorar una conducta empresarial denegatoria, obstruccionista o reveladora
de una vulneración que sea merecedora de su declaración y exigencia de indemnidad, pues no
hay un rechazo a la constitución de la sección, sino una exigencia de acreditación de requisitos
para constituirla», concluye.

La sentencia es la número 16/2025, 8 de enero, todavía no es firme, ya que contra la misma
cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina.

Las expresiones injuriosas, ultrajantes u oprobiosas quedan fuera de la libertad de expresión

La libertad de expresión puede comprender la crítica de la conducta de otro, aun cuando la
misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo
requieren el pluralismo y la tolerancia, de modo que, como subraya la sentencia del Tribunal
Constitucional 235/2007, de 7 de noviembre, en su fundamento jurídico cuarto, la libertad de
expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones acogidas con favor o consideradas
inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al
Estado o a una parte cualquiera de la población.

No obstante, quedan fuera de la protección del artículo 20.1 a) CE aquellas expresiones que en
las concretas circunstancias del caso sean absolutamente injuriosas, ultrajantes u oprobiosas,
es decir, las expresiones ofensivas que no guardan relación con las ideas u opiniones que se
expongan o que resulten innecesarias para la exposición de las mismas, toda vez que el
referido precepto constitucional no reconoce un pretendido derecho al insulto.

Esta sentencia es interesante por varios motivos : En primer lugar, porque no son tantas las
sentencias que tenemos sobre suspensiones de empleo y sueldo. El despido es la sanción más
grave que se le puede imponer a un trabajador y antes de valorar el despido, en función de la
falta (reiteración gravedad, régimen sancionador del convenio colectivo) es bueno valorar la
posibilidad de imponer una sanción de empleo y sueldo», expone.

En segundo lugar : porque cada vez son más los conflictos que surgen en torno al uso de las
redes sociales por parte de las personas trabajadoras y eso debería llevar a las empresas a
plantearse la necesidad de contar con una política corporativa de uso de las redes sociales,
dispositivos corporativos.

Cabe recordar que el derecho a la libertad de expresión no ampara en ningún caso el ‘derecho’
al insulto y que menoscabar la imagen y reputación corporativa y verter comentarios injuriosos
que perjudiquen la imagen de la compañía justifican la imposición de una sanción por parte de
la empresa.

En el caso concreto enjuiciado, señala el TSJ que los comentarios vertidos por el trabajador
‘son perjudiciales no solo para la empresa, sino para la función representativa y hay una
transgresión de límites inherentes a la dignidad, al honor y al resto de derechos fundamentales
que no justifican la convalidación de expresiones o apelativos que, más allá de la crítica, son
atentatorios y suponen manifestaciones de cuya gravedad y trascendencia debe reconfortarse
la confirmación de lo resuelto.

Autónomos con deudas a la Seguridad Social no pueden acceder a la prestación por incapacidad

Thu, 13 Mar 2025 16:01:00 GMT

El Tribunal Supremo rechaza la posibilidad de que los afiliados al RETA cobren esa ayuda, aun
cuando hayan solicitado un aplazamiento de la deuda.

El Tribunal Supremo ha unificado doctrina sobre una importante cuestión que afecta a los
autónomos: aquellos trabajadores inscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) que tengan deudas con la Seguridad Social no podrán acceder a la prestación por
incapacidad permanente, aunque se les haya concedido un aplazamiento de dicha deuda.

La Sala de lo Social del Alto Tribunal razona que no es posible acceder a dicha prestación
cuando la solicitud y concesión del aplazamiento de las cuotas de la deuda es posterior a la
fecha del hecho causante, es decir, a la enfermedad que le impide continuar desarrollando su
profesión habitual.

Asimismo, en la sentencia , se señala que la única manera de poder acceder a dicha prestación
por incapacidad permanente (IP), por parte de un autónomo, es que éste pague el dinero
adeudado a la Administración.

Rechazan reconocerle afecto de una incapacidad permanente

En el presente caso enjuiciado, el trabajador, autónomo, era pintor de edificios. Solicitó que se
le reconociera la incapacidad permanente para su profesión habitual, sin embargo, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó dicha prestación al razonar que las lesiones que
padecía el actor no alcanzaban un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral
para ser constitutivas de una incapacidad permanente.

Concretamente, y según el equipo de valoración de incapacidades, el trabajador padece como
secuelas derivadas de enfermedad común lumbociatalgia derecha crónica, laminectomía
derecha L5 y artrodesis L4-L5. Y, por dichas secuelas presenta las siguientes limitaciones
orgánicas y funcionales: dolor crónico y limitación funcional de raquis lumbar que limita para
actividades que conlleven esfuerzos de columna lumbar, marcha y bipedestación.

Pese a dichas limitaciones, en el informe del equipo de valoración de incapacidades se
proponía la no calificación del trabajador como afecto de una incapacidad permanente, por no
presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyeran o anulasen su capacidad
laboral; criterio compartido posteriormente con el INSS, que denegó reconocer al trabajador
afecto de una incapacidad permanente (IP) para su profesión.

Agotada la vía extrajudicial para reclamar, el autónomo acudió a la vía judicial y demandó al
INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). No obstante, la demanda fue
desestimada por el Juzgado de lo Social número 2 de los de Elche, confirmando así la
resolución administrativa que declaraba que el actor no estaba afecto de una IP, en grado
alguno.

Tiene una deuda con la Seguridad Social

Disconforme con el fallo de primera instancia, el actor recurrió el mismo en suplicación. En esa
ocasión, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló a
favor del autónomo y, estimando el recurso, revocó la resolución recurrida y estimó
parcialmente la demanda.

El Tribunal declaró que las secuelas que padecía el actor eran incompatibles con el desarrollo
de su profesión habitual de pintor de edificios. No obstante, y dado que el hombre adeudaba
determinadas cantidades a la Seguridad Social, teniendo concedido un aplazamiento de las
deudas, condenó al INSS y a la TGSS a efectuar la invitación al pago con efectos del hecho
causante o, en caso de considerarse que se encuentra al corriente de pago, proceder al pago
de la prestación desde la fecha de efectos que corresponda.

Contra dicha sentencia dictada por Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
el INSS interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina. La cuestión debatida en
dicho recurso se basaba en determinar si la concesión de un aplazamiento en el pago de
cuotas pendientes después de acontecido del hecho causante equivale a estar al corriente en
el pago de las cotizaciones, a los efectos de poder lucrar una pensión por incapacidad
permanente.

Como sentencia de contraste el INSS eligió la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo de 12 de febrero de 2014 (recurso 623/2013), que abordaba el supuesto de un
trabajador encuadrado en el RETA al que se le denegó la pensión de IP por no encontrarse al
corriente en el pago de cuotas, a pesar de que la TGSS le concedió un aplazamiento de pago.

La resolución de contraste razonó que “si la mera solicitud y, sobre todo, la concesión del
aplazamiento de pago de cuotas es posterior a la fecha del hecho causante, entendiendo por
tal la situación patológica del beneficiario que pudiera dar lugar al reconocimiento de una
determinada prestación, incluso aunque la TGSS acceda a la petición de demora y los pagos
aplazados o parte de ellos se produjeran conforme a esa concesión, cualquiera de las cuotas
satisfechas a su amparo serían ineficaces a efectos prestacionales”.

La concesión del aplazamiento tuvo lugar después del hecho causante

El pasado 5 de febrero, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo resolvió esta cuestión,
unificando doctrina al respecto en el sentido de fijar que, dado que el autónomo continúa
figurando como deudor, a pesar de que ha obtenido un aplazamiento de la deuda, no puede
cobrar la prestación por IP hasta que no liquide completamente el dinero que debe a la
Seguridad Social.

El Alto Tribunal recuerda que la solicitud y concesión de aplazamiento de pago no tiene una
eficacia suspensiva del procedimiento recaudatorio de la Seguridad Social, y que “los
aplazamientos de cuotas obtenidos con posterioridad al inicio de una incapacidad temporal
son ineficaces y que la situación de impago de cotizaciones no quedaba subsanada por el
simple hecho de haber conseguido y obtenido de la TGSS el pago fraccionado de los
descubiertos debidos con posterioridad a haberse producido el hecho causante de la
incapacidad”.

En consecuencia, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por el
INSS y ha casado y anulado la sentencia recurrida (la del TSJ de la Comunidad Valenciana);
confirmando íntegramente el fallo de instancia que desestimaba la demanda.

Entra en vigor la baja laboral especial para donantes vivos de órganos o médula

Tue, 11 Mar 2025 18:44:00 GMT

Las personas donantes en vivo de órganos o médula cuentan desde este lunes con una mejor
protección de la Seguridad Social en caso de necesitar una baja laboral, ya que entra en vigor
la nueva situación especial de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes para los
trabajadores donantes, durante los días en los que reciba asistencia sanitaria y esté
incapacitada para el trabajo.

Según recoge el preámbulo de la norma (Ley 6/24, de 20 de diciembre, BOE del 21 de
diciembre), se ha estimado necesario configurar como un supuesto especial de incapacidad
temporal (baja laboral) con protección específica la situación de estas personas, que
altruistamente llevan a cabo la cesión de un órgano o tejido que servirá para salvar la vida o
mejorar las condiciones de vida de otra persona.

El objetivo es otorgarles una cobertura lo más amplia posible.

La nueva situación especial de incapacidad temporal comprende tanto los días previos a la
intervención, derivados de la preparación médica de la cirugía, como los transcurridos desde el
día del ingreso hospitalario para la realización de esta preparación o del trasplante hasta que
sea dado de alta por curación.

La prestación económica a la que da derecho esta situación, para cuyo reconocimiento no se
exige periodo mínimo de cotización, consiste en un subsidio equivalente al cien por cien de la
base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de
contingencia comunes.

Dicho subsidio se abona, desde el mismo día de la baja laboral, a cargo de la entidad gestora o
colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes (INSS, ISM o
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social).

Empresa condenada a pagar 12.000 euros a conserje

Tue, 11 Mar 2025 18:40:00 GMT

"Un sistema defectuoso no solo impide a la empresa defenderse, sino que se convierte en
prueba en su contra"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que empresa tendrá que
indemnizar con casi 12.000 euros a un trabajador que la demandó denunciando que hacía más
horas de lo debido y reclamó el pago de las horas extra de todo el año 2021, de las vacaciones,
la nocturnidad y los festivos.

El demandante trabajó de enero de 2021 a enero de 2022 para dicha empresa como conserje
de una comunidad de propietarios de Madrid. En este caso, la falta de un registro horario
fiable permitió que se acreditara que realizaba jornadas de hasta 12 horas, con el consiguiente
impacto en sus derechos salariales y laborales.

«Esta sentencia es una advertencia clara para todas las empresas que siguen descuidando el
registro de jornada. El tribunal ha sido contundente: un sistema defectuoso no solo impide a la
empresa defenderse, sino que se convierte en prueba en su contra»

En esta sentencia la Sala de lo Social desestima el recurso de suplicación de la mercantil contra
el fallo del Juzgado de lo Social número 1 que en noviembre de 2023 estimó la demanda del
trabajador y condenó a la empresa a que lo indemnizara con 11.341,92 euros, más un 10% en
intereses de demora. Resolución que se confirma, imponiendo, además, a la mercantil las
costas del abogado del afectado, fijadas en 800 euros más IVA.

El trabajador también ha emprendido acciones judiciales contra el administrador de la
empresa ante la jurisdicción civil para que igualmente sea condenado a indemnizarlo.

«Muchas empresas aún creen que un registro genérico o poco detallado puede ser suficiente,
pero la realidad judicial es otra. La normativa exige que el registro refleje con precisión la hora
de inicio y finalización de la jornada, y si no es así, el trabajador tendrá las de ganar en caso de
conflicto», señala a este diario Ignacio Palomar.

Además, indica que «este caso deja otra lección clave: que la justicia laboral protege al
trabajador frente a la indefensión provocada por prácticas empresariales opacas». «Si no se
documentan correctamente las horas extras, los turnos nocturnos o los días festivos, el
tribunal interpretará la situación en favor del empleado» haciendo hincapié en que «no se
trata de una simple formalidad administrativa, sino de un derecho fundamental en el ámbito
laboral».

Hacía turnos de 12 horas

La magistrada de primera instancia , explicó en su sentencia que los registros aportados por la
empresa «no demuestran que el trabajador solo realizara 8 horas», porque, por un lado, «se
trata de documentos estereotipados con horas idénticas de entrada y salida y firmados como
“no conforme” por el demandante, «lo que demuestra que no se efectuaban a diario,
pareciendo haber sido confeccionados ad hoc para este procedimiento», incumpliendo así el
artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

Por otra parte, señaló que tampoco se disponía del registro horario del demandante de enero
a marzo de 2021, ni de otro trabajador de enero a junio, y que en el periodo coincidente, entre
julio de 2021 y enero del 2022, faltaría por cubrir un turno, el comprendido entre las 15:00 a
las 23:00 horas, lo que le condujo a determinar que los trabajadores, «en realidad, hacían
turnos de 12 horas».

En cuanto a la nocturnidad, festivos y vacaciones, razonó que el contrato «refleja un sistema a
turnos con jornada de 40 horas de lunes a domingo, pero no incluye un específico horario ni un
régimen de nocturnidad», por lo que también procedía reconocer el incremento solicitado.

Además, según expuso, los abonos de salario aportados tampoco demuestran que se abonara
ni un día festivo y el cuadro de vacaciones ha sido expresamente impugnado por el trabajador,
que lo firmó como no conforme, por lo que también dio la razón al demandante en estas
cuestiones.

Lo que alegaba la empresa

La mercantil recurrió ante el TSJ aduciendo que el trabajador no había probado haber hecho
esas horas extraordinarias. Sostenía que sí existía un registro horario, pero que éste no lo
firmaba porque existía buena relación con la empresa.

Sobre las vacaciones afirmaba que el trabajador podía haber firmado el cuadrante como podía
no haberlo hecho y alegaba que hay “muchas sentencias en las que se indica que si figura la
rúbrica del trabajador debe entenderse válida”.

Lo que dice ahora el TSJ

Sin embargo, el TSJ ha desestimado su recurso «al no haberse desacreditado la conclusión
alcanzada en la sentencia de instancia». La resolución es la número 1018/2024, de 8 de
noviembre.

El tribunal hace hincapié en que «el registro horario aportado por la mercantil ha sido firmado
como no conforme por el trabajador, se ha puesto en valor que siempre la hora de entrada y
salida es la misma: en el mismo minuto la salida y la entrada, llegándose a la conclusión de que
el documento no es reflejo de la realidad».

Además, los magistrados razonan que «se han comparado los diversos contratos y turnos de
los trabajadores concluyéndose que hay un turno que no se cubre en horario diario, lo que
avala la pretensión del trabajador».

La empresa también señalaba la posibilidad de acumular los descansos en períodos de 14 días
y que, como el trabajador no ha hecho los cálculos en la forma que la mercantil considera que
deben hacerse, no puede darse por acreditado que no haya disfrutado de los descansos
legales.

Sobre esta cuestión, el TSJM hace dos precisiones. La primera es que la empresa «no desvirtúa
la conclusión a la que se ha llegado en la sentencia de instancia, ofreciendo una modificación al
relato de hechos probados que incluya cuándo se han disfrutado los descansos semanales».

En segundo lugar, resalta que «tratándose de un hecho positivo –días de descanso–
corresponde probarlo a quien lo alega, en este caso, la empresa».

Sobre la alusión de mercantil a un supuesto enriquecimiento injusto del trabajador al concluir
que se percibe más por horas extra que por una jornada ordinaria a tiempo completo, el
tribunal manifiesta: «Cabe entender que es la intención de los negociadores cuando fijan el
precio de la hora extraordinaria: desincentivar la realización de estos excesos de jornada para
así aumentar el nivel de empleo con la contratación de otros trabajadores».

«No se apoya esta queja en ningún error en el cálculo, sino en la propia naturaleza de la hora
extraordinaria, reproche que no puede alcanzar éxito en sede judicial, puesto que la función de
los órganos jurisdiccionales es la aplicación de la norma y su interpretación, no su
modificación», zanjan los magistrados.

La sentencia todavía no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de casación ante el
Tribunal Supremo para unificación de la doctrina.

Supremo analizará la legalidad de las multas de Hacienda por usar una empresa

Mon, 24 Feb 2025 18:37:00 GMT

El fallo podría rebajar las sanciones que afrontan en la actualidad los contribuyentes

El Tribunal Supremo (TS) pondrá punto y final a la polémica sobre las sanciones que puede
interponer la Agencia Tributaria a un contribuyente por utilizar una compañía para facturar a
través de ella.

Hacienda, cuando determina que una persona física ha interpuesto una empresa para ingresar
las ganancias a través de ella, considera que se ha producido una simulación e imputa las
rentas que ha factura la compañía directamente al contribuyente para que sea este quien las
tribute en el IRPF. Sin embargo, la regularización no se queda aquí, sino que además puede
sancionar a la persona.

Infracción por simulación

El Supremo aclarará hasta qué punto la infracción por simulación puede clasificarse como muy
grave y, por tanto, elevar el castigo económico para el contribuyente. El tribunal, en un auto
del 22 de enero del que fue ponente el magistrado Rafael Toledano Cantero, ha admitido un
recurso en el que aclarará hasta qué punto puede el fisco calificar la infracción de "muy grave"
para determinar la sanción.

La Agencia Tributaria alega que utilizar una empresa para facturar entra dentro de lo que la
Ley General Tributaria, en su artículo 184.3, apartado /39//39, considera utilizar "medios
fraudulentos" y que, por tanto, se considera infracción muy grave. Sin embargo, el Supremo
señala que analizará este artículo para entrar a determinar si la interposición de una sociedad
para facturar puede considerarse un "medio fraudulento".

En el caso de que una futura sentencia lo descarte, tendrá un impacto tanto para los
contribuyentes como para el fisco ya que Hacienda se verá obligada a rebajar las sanciones
que en la actualidad impone por esta situación.

"La cuestión con interés casacional que plantea el presente recurso se contrae a determinar el
alcance de la definición de los medios fraudulentos consistente en la utilización de personas o
entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya
hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes
o derechos, la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales o la realización de las
operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria cuyo
incumplimiento constituye la infracción que se sanciona", indica.

"En particular, si esta modalidad [del artículo 184 de la Ley General Tributaria] incluye el
supuesto en que una persona física actúe a través una sociedad profesional interpuesta y la
administración considere que en esta conducta existe simulación", añade.

Inspecciones de Hacienda

El Supremo señala que son numerosas las inspecciones de Hacienda que culminan, tras la
apreciación de una simulación, con una liquidación del IRPF del socio que ha generado rentas a
través de una sociedad interpuesta y que se agravan con una sanción.

Sentencia reconoce el permiso de ocho semanas para cuidar de los hijos

Mon, 24 Feb 2025 18:29:00 GMT

Indica que la Unión Europea obliga a remunerarlo

Y dice que el incumplimiento de España no puede afectar a los ciudadanos

Primera sentencia firme que reconoce que el permiso parental de ocho semanas para cuidar a
los hijos menores de ocho años debe ser retribuido. El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Cuenca, en un fallo del pasado 27 de enero, indica que el permiso
parental debe remunerarse.

La jueza resuelve el litigio entre CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios, y un hospital
de Cuenca que rechazó reconocerle a la trabajadora cuatro de las ocho semanas que pidió de
permiso. De hecho, se lo negó aunque fuera sin remunerar alegando que la normativa que lo
implantó aún estaba a falta de desarrollo reglamentario.

Permiso aprobado desde 2023

No obstante, este permiso está firmemente aprobado en España desde junio de 2023 y el
único desarrollo que falta es determinar su remuneración, ya que se puso en marcha sin
retribuir pero la Directiva europea que obliga a su implantación exige que se paguen estas
semanas desde el 2 de agosto de 2024. España ya llega tarde.

Permiso con retribución

La sentencia recuerda que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Barcelona
ya resolvió el pasado 28 de noviembre un caso similar y concluyó que el permiso parental
debía retribuirse, ya que así lo establece la Directiva europea y España está obligada a
cumplirla.

Ahora, la juez de Cuenca traslada el fallo a su caso "sin que pueda ser determinante el hecho
de no haberse desarrollado reglamentariamente las condiciones del permiso, puesto que dicho
retraso es imputable a la Administración".

"La solicitante del permiso no tiene por qué sufrir las consecuencias derivadas del retraso en el
desarrollo reglamentario de la Directiva, a la que el Estado español estaba obligado y sometido
a plazo", dice el fallo.

Como en el caso del litigio el hospital le denegó tanto el permiso como la remuneración, la juez
le condena a indemnizar a la trabajadora con cuatro semanas de salario, que es el tiempo del
permiso que requirió y se le negó.

El PSOE registró este miércoles en el Congreso una enmienda a la Ley de Función Pública (por
la que se rigen los funcionarios) para hacer retribuido el permiso parental. No obstante,
defiende que seis semanas ya están retribuidas dentro del permiso de lactancia, por lo que
solo quedarían por retribuir dos más.

El Gobierno ya aprobó un Real Decreto-ley el pasado 28 de mayo para que, en el ámbito de la
empresa privada, las compañías solo retribuyeran dos de las ocho semanas del permiso, al
darse por hecho que el resto de semanas ya están remuneradas dentro del período de
lactancia.

Mutualidad de abogados pide retener el ahorro de los profesionales que pasen a la Seguridad Social

Thu, 20 Feb 2025 16:17:00 GMT

La Mutualidad de la Abogacía pide al Gobierno gestionar los fondos de los profesionales que
pasen a cotizar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social
hasta que se jubilen o les corresponda cobrar una pensión de invalidez.

La entidad ha presentado varias enmiendas a la proposición de ley planteada por el PSOE para
habilitar una pasarela voluntaria de los abogados mutualistas al RETA con el objetivo de
mejorar sus pensiones en las que, además, reclaman que se dé marcha atrás a la propuesta de
que, a partir de 2027, los nuevos abogados tengan que cotizar de forma obligatoria en la
Seguridad Social, en vez de darles la alternativa de elegir entre un sistema u otro.

El presidente de la Mutualidad, reclama al Congreso de los Diputados celeridad en la
tramitación de la propuesta de ley, puesto que desde que la presentó el PSOE a mediados de
noviembre del año pasado, aún no ha sido admitida a trámite por la Cámara Baja.

La norma planteada busca solventar el problema al que se enfrentar miles de abogados que
durante toda su trayectoria profesional han hecho aportaciones a la Mutualidad de la
Abogacía y, tras jubilarse, están cobrando pensiones por debajo de los 500 euros. De hecho,
desde la Mutualidad prevén que los 65.000 abogados alternativos que realizan contribuciones,
unos 2.500 cobrarán pensiones por debajo de los 500 euros; 15.000 profesionales recibirán
entre 500 euros y 700 euros al mes, mientras que los restantes 35.000 percibirán más de 700
euros.

Con el objetivo de mejorar estas prestaciones, y también la de los procuradores, el PSOE ha
planteado en su ley habilitar una pasarela para que estos profesionales, de forma voluntaria,
pasen a cotizar al RETA y se lleven con ellos el capital acumulado en sus respectivas
mutualidades. Un punto en el que difieren desde la Mutualidad ya que si se llevan el capital
acumulado supondría tener que deshacer las inversiones antes de tiempo con las
correspondientes pérdidas. Por ello reclaman un paso ordenado de los fondos a medida que se
vayan jubilando.

Requisitos

Además, solo podrán pasar a la Seguridad Social aquellos que estuvieran incluidos en una
mutualidad antes del 1 de enero de 2023 y cumplan tres requisitos: carecer de un período
mínimo para acceder a la pensión de jubilación en la Seguridad Social, estar en activo como
profesional colegiado a 31 de diciembre de 2022 y no tener la condición de pensionista ni en el
régimen público ni en la mutualidad.

Pensiones bajas

Abogados y procuradores cobran pensiones bajas porque las contribuciones hechas a la
mutualidad son el 80% de lo mínimo que se cotiza a la Seguridad Social. Por eso el PSOE
obligará a los abogados que pasen al RETA a incrementar la cotización hasta igualarla con el
resto de autónomos de cara a 2027.

Por otro lado, el presidente de la Mutualidad reconoce que, si finalmente sale la ley adelante,
saldrá parte del ahorro, aunque descartan cualquier problema de liquidez ya que de los 11.000
millones de euros que gestionan, solo una tercera parte corresponde a ahorros de mutualistas
alternativos.

Asimismo, señala que la Fundación Mutualidad dotó en 2024 un millón de euros en ayudas
para los mutualistas jubilados que no llegaran a determinadas cantidades y solo 45 personas
las pidieron. Este año, solo las han solicitado 35 personas.

Portugal exige a firmas españolas medidas anticorrupción

Thu, 13 Feb 2025 16:58:00 GMT

Las empresas españolas que tengan presencia en Portugal afrontan multas de hasta 45.000
euros a partir del próximo viernes 14 de febrero si no cumplen con la nueva normativa en
materia de prevención de la corrupción. En la actualidad, según el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) hay más de 2.200 compañías españolas en el país vecino.

Es en julio de 2022, donde se constituyó el Mecanismo Nacional Anticorrupción para
controlar que todas las empresas con determinadas características dispongan de modelos de
prevención de delitos y programas anticorrupción pero no es hasta este 14 de febrero que las
medidas se convierten en una obligación.

Las empresas se tendrán que inscribirse en la plataforma del Régimen General de Prevención
de la Corrupción y, además, aportar toda la documentación que acredite que se han dotado de
todas las medidas para prevenir la corrupción. "Aquí es donde no sólo afecta a empresas
portuguesas sino a cualquier empresa extranjera que tenga una filial o una sucursal en
Portugal y esta tenga 50 o más trabajadores".

Se deberá aportar:

Entre la información que tendrán que aportar, está su código de conducta, su plan de
prevención de riesgos contra la corrupción e infracciones conexas a estos delitos, acreditar que
disponen de un programa de información y comunicación efectivo para que sus trabajadores y
terceros (socios de negocio) estén formados y hayan recibido la información necesaria para
esta prevención, demostrar que disponen de un sistema de revisión anual del programa, tener
un canal de denuncias o que evalúan en la materia a los terceros que trabajan con ellos, como
los proveedores.

En caso de que se incumpla esta obligación, las compañías españolas con presencia en
Portugal afrontan sanciones de 44.891 euros o, si son autónomos con 50 o más trabajadores a
su cargo, 3.740 euros.

Por tanto, Portugal lleva la delantera a España en la obligatoriedad de establecer mecanismos
de prevención en el seno de las empresas, tal y como exige la Unión Europea.
Este efecto contagio de las filiales al final hace que, de manera directa o indirecta, también se
alineen las matrices del resto de países. Es un aviso a navegantes para adecuar esos estándares
de cumplimiento normativo.

Todos los elementos que pone en marcha Portugal realmente ya se contemplan en la
normativa española, en el artículo 31 bis del Código Penal, pero mientras en España
únicamente ha irrumpido de forma obligatoria que todas las empresas de 50 o más empleados
tengan un canal de denuncias, en Portugal se ha obligado a cumplir con todo el paquete en
materia de prevención de la corrupción. Con especial hincapié también en vigilar con quién se
rodean las empresas profesionalmente, sobre todo proveedores y suministradores.

En Portugal hay mayores exigencias y menores sanciones, mientras que en España hay un
alcance de cumplimiento menor pero las sanciones son exponencialmente mayores. Cabe
recordar que las multas en España para las empresas que no tengan canal de denuncias
ascienden hasta un millón de euros.

Por tanto, la obligación portuguesa puede suponer un incremento de costes y de recursos
especialmente para las pymes españolas con presencia en el país vecino.

El Supremo rebaja los requisitos para aplicar el IVA reducido a las empresas que compran edificios

Thu, 13 Feb 2025 16:32:00 GMT

Recuerda que el objetivo de este beneficio es facilitar el acceso a la vivienda

El Tribunal Supremo (TS) rebaja las exigencias que pedía la Agencia Tributaria para aplicar el
IVA reducido del 10% a las compañías que compren edificios destinados a vivienda habitual. El
alto tribunal recuerda que el objetivo de la ley del impuesto por el que rebaja el tipo a las
empresas es facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos.

El alto tribunal, en una sentencia del pasado 28 de enero, fija como doctrina qué requisitos
tiene que tener un edificio para calificarlo como apto para vivienda y, por tanto, aplicar el IVA
reducido del 10% frente al tipo general del 21%.

Requisitos para el tipo reducido

La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Isaac Merino Jara, establece tres
condiciones para disfrutar de esta reducción. La primera, que se trate de viviendas terminadas,
de lo contrario no podrán considerarse como tales sino que tendrán aún el régimen del suelo
sobre el que se asientan. La segunda, que en la operación sujeta al pago del IVA se traspase el
bien en sí, es decir, la vivienda o viviendas, y no consista en una prestación de servicios. Y,
finalmente, la tercera condición es que el destino de dichas viviendas sea a morada de una
persona o una familia, constituyendo su hogar o sede de su vivienda doméstica.

Este último requisito, indica el Supremo, deja fuera de la aplicación del IVA reducido por
compra de edificios destinados a vivienda, bien en régimen de alquiler o adquisición, aquellos
que se vayan a utilizar para pisos turísticos "pues en ningún caso pueden integrarse en la
vocación que persigue un edificio de destinarlo a suplir las necesidades de la vivienda".

La Agencia Tributaria exigía que para que la empresa que comprara el edificio pudiera aplicar
el IVA reducido, las viviendas debía tener cédula de habitabilidad o contar con la licencia
administrativa correspondiente de ocupación. De lo contrario no compartía que el inmueble
pudiera destinarse a vivienda.

Sin necesidad de licencia

Sin embargo, el Supremo señala que la Ley del IVA, transposición de la Directiva europea del
mismo impuesto, persigue con la aplicación del tipo reducido facilitar el acceso a la vivienda.
Por eso, en casos de edificios destinados a inmuebles de protección el tipo es súper-reducido:
del 4%. "No tiene sentido exigir la cédula de habitabilidad, licencia de primera ocupación o
autorización administrativa porque se trata de trámites administrativos que dependen de cada
administración autonómica, lo que dejaría la aplicación del IVA al albur de cada territorio",
indica.

Además, señala que el artículo 91 de la Ley del impuesto hace referencia a "los edificios o
partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas" sin indicar qué se considera
vivienda. Por lo tanto, en aplicación de la Ley General Tributaria y del Código Civil –señala el
Supremo– para interpretar los términos que no se definan en la norma tributaria "hay que
acudir al sentido jurídico, técnico o usual". Y por tanto, desde la perspectiva de la Ley hay que
entender el término vivienda como aquel que se destina a morada habitual.

Por tanto, el tribunal concluye que la compañía soportó más IVA del que le correspondía al
aplicar el tipo general en vez del reducido y, para evitar un enriquecimiento injusto por parte
de la Administración tributaria, esta debe devolverle la diferencia junto con los intereses.

España extinguió dos millones de empleos por despido o no superar el periodo de prueba en 2024

Tue, 11 Feb 2025 19:40:00 GMT

Los despidos disciplinarios se disparan como alternativa al contrato temporal

Los datos revelan un abuso del periodo de prueba en los indefinidos

El enero más destructivo para el empleo desde 2020 se cobra 242.148 afiliados y suma 38.725
parados

Ver extinguido un contrato por despido o por no superar el periodo de prueba fue más
habitual que nunca en 2024, según confirman las estadísticas de Seguridad Social a cierre de
año. En el pasado ejercicio se alcanzaron 1,06 millones de bajas de afiliación por despido y
otras 999.550 por no pasar el filtro de las primeras semanas en el puesto. La suma supone un
récord de 2,06 millones que supera en un 87,9% los niveles previos a la reforma laboral. Y es
que el cambio legal ha tenido un efecto claro: los ceses por estas causas entre los indefinidos
suponen un 82,5% del total y se han disparado un 251,2% desde 2021.

¿Más empleo fijo implica más despidos? Este es uno de los argumentos más utilizados por el
Gobierno para minimizar el impacto de esta evolución. Las cifras, además, son inferiores a las
causas asociadas a la volatilidad del empleo, que además son las más frecuentes: el fin de un
contrato temporal y el pase a la inactividad de un fijo discontinuo, que acumularon la friolera
de 9,7 y 4,9 millones, respectivamente, en el conjunto del año. Conviene recalcar que el fin de
un despido temporal por cumplirse su fecha límite no cuenta como despido a efectos de baja
de afiliación a la Seguridad Social.

Lo que ocurre es que esta tesis reconoce implícitamente la precarización de los empleos
supuestamente más estables y que muchas empresas utilizan estas fórmulas para utilizar a
trabajadores con un contrato indefinido ordinario para cubrir un puesto temporal.

Y es que, aunque la legislación reduzca las posibilidades de hacer un contrato temporal,
eliminando los de obra y servicio, no ha corregido la dependencia del tejido productivo de
estos empleos, sobre todo en sectores con un marcado componente estacional, como la
hostelería, o sujetos a picos de actividad como el comercio o la logística y la industria.

Un problema que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convertido en una de las
razones para plantear un encarecimiento de las indemnizaciones por despido improcedente y
alanzar una campaña de la inspección contra el abuso en el periodo de prueba, para, según sus
propias palabras, evitar que estos trabajadores se conviertan en "indefinidos de usar y tirar".

Indefinidos de usar y tirar

Todas las sospechas se dirigen a los ceses por no superar el periodo de prueba, ya que no
conllevan indemnización (ni siquiera se clasifican como despidos). Pero, paradójicamente, esta

no es la causa más habitual de cese. Supone el 48,6% del total, dos puntos porcentuales menos
que en 2021 y 4,5 menos que en 2019. Los límites a esta figura hacen que sean propicios para
empleos de corta duración.

La legislación limita la duración del periodo de prueba a un máximo de 6 meses para los
técnicos titulados y dos para el resto (salvo para las pymes de menos de 25 trabajadores,
donde se sitúa en 3 meses). Pero los convenios pueden modificar estos límites: un 11,51% de
los firmados en 2024 lo hizo para reducirla, pero otro 6,58% la incrementó.

El Gobierno quiere eliminar esta última potestad, fijando que estos acuerdos nunca podrán
superar el tope legal, una idea introducida en la transposición de la directiva europea de
transparencia en las condiciones laborales que lleva casi un año atascada en el Congreso
(aunque el acuerdo con los sindicatos para la reducción de jornada incluye su reactivación). A
esto se suma la mencionada campaña de inspección, si bien a la luz de los datos la eficacia de
la medida parece cuestionable

Contando solo los indefinidos, el porcentaje es aún menor que en el general y 'solo' llega al
41,9% del total de las bajas de estos contratos, con 713.414 registradas frente al 986.196
despidos. Aun así, esta cifra se ha disparado un 851,2% respecto a 2021, mientras los despidos
han crecido un 141,2%. Lo que apunta a que, al menos en el caso de los fijos, sí se está
produciendo un abuso de la figura. Sin embargo, los despidos siguen siendo la primera opción.

La paradoja del despido

¿Por qué las empresas prefieren arriesgarse a unos ceses que conllevan mayor coste? La razón
es que son mucho más flexibles, hasta el punto de que muchas empresas los ven como una
alternativa práctica a los desparecidos temporales por obra y servicio. En primer lugar, supera
la limitación temporal del periodo de prueba (que para estos puestos menos cualificados sería
la de entre 2 y 3 meses, según el tamaño de la empresa).

Por otro lado, la indemnización oscila entre 20 días (si el despido está justificado por causas
económicas, técnicas organizativas o de producción (lo que se denomina despido ETOP) o 33
días por año si se declara improcedente. Entre ambos márgenes se sitúan los contratos
indefinidos ligados a obra, que operan en la construcción con una indemnización media de 25
días por año.

En todo caso, despedir a un trabajador que lleve entre dos o tres meses y un año en el puesto
es relativamente barato y permite cubrir 'huecos' que la legislación contractual de finales de
2021 no contempla (solo se hicieron excepciones para la construcción y los contratos de
artistas).

Aunque a la hora de la verdad, la mayoría de los despidos, al menos al momento de registrar la
baja en la Seguridad Social, son 'gratis'. Y es que el 54,5 del total de las bajas de afiliación por
despido son disciplinarias. ¿Significa que las empresas no pagan nada por esos 564.196 ceses?

No exactamente.

Los datos de Seguridad Social recopilan las causas de baja de afiliación que registra la empresa,
aunque a veces esto se hace tras un proceso de conciliación, lo que explica el escaso
porcentaje de "despidos declarados improcedentes";. Algo que era mucho más habitual antes
de la reforma laboral de 2012, que derogó el despido exprés por el que una empresa podía
reconocer la improcedencia del despido en el mismo momento del cese, pagando la
indemnización máxima (entonces 45 días por año).

Pero, aunque la Seguridad Social no recoge datos anteriores a 2012, la evolución de las
estadísticas confirma que las empresas han encontrado una alternativa en los despidos
disciplinarios, que han duplicado su peso sobre el total desde 2013. La fórmula es sencilla, se
declara el ese disciplinario, el trabajador reclama y tras un acuerdo de conciliación o una
sentencia judical se abona la indemnización por despido improcedente.

Esto explica el interés de Trabajo y los sindicatos por encarecer selectivamente las
indemnizaciones para evitar estos abusos. A ello ayudan varias sentencias que consideran que
el tope legal de 33 días no es suficientemente compensatorio ni disuasorio como establecen
los convenios de la OIT y la Carta Social Europea.

Una situación que ha disparado las demandas por despido en los últimos dos años, aunque el
Tribunal Supremo empieza a cerrar esta vía. Esto hace que el Gobierno ve cada vez más claro
que tendrá que cambiar la ley si quiere introducir esta idea. Algo que no figura, por ahora, en
las prioridades de la agenda laboral, marcadas por la reducción de jornada.

Aun así, encarecer el despido puede tener efecto en trabajadores que acumulan antigüedad en
la empresa, pero no tendría mucho efecto en los trabajadores que se acaban de incorporar. A
no ser que se implante una indemnización mínima (que hoy en día no existe) para estos casos,
como pide UGT.

Aunque esta es una fórmula que el Gobierno no contempla, ya que podría empeorar las
estadísticas de contratación, sino reducir de facto las indemnizaciones. Y es que el despido
improcedente siempre supone una indemnización mayor que uno justificado, aunque reste
estabilidad real a los trabajadores.

Supremo mejora protección de trabajadores en las demandas por despido

Tue, 11 Feb 2025 19:35:00 GMT

Permite que incluyan nuevas reclamaciones que no expusieron en la conciliación

El Tribunal Supremo (TS) mejora la defensa de los trabajadores en las demandas por despido.
El alto tribunal rectifica su doctrina y permite que los empleados incorporen en la demanda
hechos distintos a los que alegó en la conciliación, que se lleva a cabo en el Servicio de
Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) como paso previo a la vía judicial.

El Supremo, en una sentencia del 23 de enero, indica que no hay que hacer una interpretación
"rigorista" de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que estipula que en la demanda "en
ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación". A
su juicio, los trabajadores podrán añadir nuevos hechos siempre que no se vulnere el derecho
a la tutela judicial efectiva de la empresa demandada.

La sentencia

La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Ángel Antonio Blasco Pellicer, indica que si
el empresario tiene tiempo suficiente para conocer los hechos por los que se le demanda y
recopilar las pruebas suficientes, no se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. Y,
además, añade, que la posibilidad de que el trabajador despedido pueda argumentar todos los
hechos preserva a la par también su derecho a la tutela judicial efectiva.

El fallo resuelve el caso de un trabajador que, tras recibir su primera nómina, se quejó a la
empresa porque el sueldo no se correspondía al pactado y no se cumplían las normas
laborales. La compañía despidió al día siguiente al empleado alegando que no había superado
el período de prueba.

El trabajador pidió en la conciliación que se declarara la improcedencia del despido. Sin
embargo, en la demanda judicial, exigió que el despido se declarara nulo ya que la empresa lo
echó como represalia a sus quejas, vulnerando su garantía de indemnidad. La garantía de
indemnidad es derecho que protege a los empleados por ejercer sus derechos laborales frente
a las represalias del empleador.

El Juzgado de lo Social primero y el Tribunal Superior de Justicia después dieron la razón al
trabajador y declararon el despido nulo. La empresa recurrió al Tribunal Supremo y alegó que
se había infringido el apartado c del artículo 80.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
ante la falta de congruencia y correlación entre la papeleta de conciliación y la demanda. Para
ello, aportó como sentencia de contraste un fallo del Supremo del 25 de junio de 2020 en el
que inadmitió la nulidad del despido de una mujer porque alegó en la demanda su embarazo
como motivo del cese, pero previamente en la conciliación no había hecho mención del
mismo.

Dos excepciones

Ahora el tribunal rectifica su doctrina y recuerda que la estricta exigencia de la correlación
entre la papeleta y la demanda por despido solo debe darse en dos excepciones: si no se
puede celebrar el acto de conciliación o si hay una evidente vulneración de la tutela judicial
efectiva de la empresa.

Perdonada deuda en tiempo récord

Wed, 05 Feb 2025 21:42:00 GMT

Ha sido exonerado de una deuda de 24.400 euros en apenas dos meses

Un Juzgado de lo Mercantil, ha perdonado una deuda de 24.371 euros a un vecino de la
provincia de Lugo que se vio inmerso en una situación de insolvencia debido al cierre de su
empresa, que quebró, y pese al cese de la actividad continuó haciendo frente a sus
obligaciones hasta que se vio con el agua al cuello.

La exoneración se ha producido en tiempo récord. Transcurrieron poco más de dos meses
desde que se inició el procedimiento hasta que el juez emitió el correspondiente auto
mediante el cual le exoneraba del pasivo insatisfecho gracias a la Ley de la Segunda
Oportunidad.

El caso

Su endeudamiento se debía principalmente a las deudas acumuladas de una empresa que
acabó fallando. Con el propósito de lanzar el proyecto, solicitó un préstamo personal de unos
30.000 euros que fue abonando diligentemente mientras la tienda daba beneficios. «Ese
dinero fue invertido íntegramente en la apertura del local y hacer compras para el negocio»,
indica.

Sin embargo, con el tiempo, las ganancias comenzaron a disminuir debido a la pérdida de
clientes y a la aparición de nueva competencia en el mercado, lo que finalmente le llevó, en el
año 2018, a cesar la actividad, quedando pendiente una parte del crédito inicialmente
solicitado.

Siguió pagando las cuotas de los préstamos, «pese a estar con el agua al cuello, hasta que no
pudo más» Para hacer frente a sus obligaciones, comenzó a trabajar por cuenta ajena en el
sector farmacéutico, ya que también tenía la titulación correspondiente, pero el salario que
recibía no era suficiente para cubrir sus deudas y los gastos comunes. Además, en mayo de
2023 se quedó sin trabajo.

Solicitar préstamos

Ante esta situación, tuvo que solicitar préstamos adicionales para intentar amortizar el saldo
pendiente de su deuda principal. «Estaba con el agua al cuello y no podía más, ya que llegué a
pagar 800 euros mensuales por los préstamos y las tarjetas que había solicitado», indica.

Tras el nacimiento de sus dos hijas y la pérdida de empleo, intentó renegociar sus deudas con
las entidades financieras, pero su solicitud fue rechazada. No obstante, siguió pagando las
cuotas de sus créditos sin falta.

Pese a ello, las citadas cuotas consumían casi la totalidad de sus ingresos, incluyendo la
prestación por desempleo y lo que percibía por trabajos ocasionales, lo que, en consecuencia,
le condujo «a una situación insostenible», precisa.

Improcedente el despido de una empleada de Mercadona por moder hamburguesa

Wed, 05 Feb 2025 21:32:00 GMT

El TSJCV confirma que la empresa tendrá que indemnizarla con 43.000 euros o readmitirla

"Ni falta muy grave ni una apropiación indebida, "sino un mordisco"; de un producto de basura, concluye el tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado improcedente el
despido disciplinario de una trabajadora de Mercadona que dio un mordisco a una
hamburguesa que se iba a tirar a la basura. En consecuencia, Mercadona tendrá que
indemnizarla con 43.099,16 euros o readmitirla.

Ni falta muy grave ni una apropiación indebida, «sino un mordisco, como dice el juzgador de
instancia, de un producto de basura», dictamina el alto tribunal de la Comunidad Valenciana.

La Sala de lo Social ha desestimado así el recurso de suplicación de la empresa contra
sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Benidorm que en mayo de 2022 estimó la
demanda de la empleada. Resolución que confirma, imponiendo las costas a Mercadona.

También fue sonado el caso de otro trabajador de Mercadona que fue despedido porque se
comió, sin pagar, una croqueta que iba a tirarse a la basura, que igualmente fue declarado
improcedente.

El caso

La demandante venía trabajando para Mercadona desde junio de 2002 en un supermercado
de Finestrat (Alicante). Los hechos enjuiciados ocurrieron el 12 de noviembre de 2021, viernes.

Ese día, la trabajadora comenzó su jornada a las 13:30 horas, atendiendo la sección «Listos
para comer», que vende al público platos de comida ya preparados. El supermercado cierra al
público a las 21:30 horas, pero ella finalizaba su turno aquel día a las doce de la noche, ya que
tras el cierre de la tienda se han de reponer productos.

Sobre las 22:05 horas, el gerente del supermercado buscó a esta trabajadora, encontrándola
en su sección «Listos para comer» mientras ésta salía de detrás de una nevera, «yendo con la
mascarilla anti-Covid bajada y con la boca cerrada, pero llena (masticando)».

El gerente le preguntó qué hacía, a lo que ella contestó que «comiendo». Entonces, éste quiso
saber qué era lo que comía, respondiendo ella que una hamburguesa.

El superior le dijo que no podía hacer eso y le preguntó si tenía el ticket de compra de dicho
producto. La empleada le comunicó que «era una hamburguesa de las que habían sobrado en
su sección, un producto de rotura». Le enseñó el paquete de la misma y a continuación lo tiró
al carro de basura usado para tirar los productos de rotura de la sección.

El precio de la hamburguesa eran 3 euros, si bien al ser un producto preparado y perecedero,
al cierre de la tienda al público, desde las 21:30 horas del mismo día, «se inventaría como
producto de rotura por caducidad, con destino a la basura». Aquel día se inventariaron tres
hamburguesas para tirar a la basura.

El gerente comunicó los hechos al coordinador de zona, quien reunió a la trabajadora el 16 de
noviembre de 2021, reconociendo ésta lo ocurrido. Dos días después, se le comunicó la carta
de despido, con efectos desde aquel mismo día. La trabajadora, lejos de aquietarse con la
decisión, llevó el caso ante la Justicia y el Juzgado de lo Social le dio la razón.

Mercadona le imputaba hechos calificados como hurto

La empresa se alzó contra dicho fallo ante el TSJ alegando infracción del artículo 54.2 del
Estatuto de los Trabajadores (ET) y del artículo 34 c 1 y 4 del Convenio Colectivo de
Mercadona.

Según el artículo 33.C.4 del citado convenio, es falta muy grave el robo, hurto o malversación
cometidos tanto a la empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquier persona dentro
o fuera de la empresa, sea cual fuere el importe.

Tiene la misma consideración el consumo de cualquier producto sin haberlo abonado
anteriormente, así como venderse o cobrarse a sí mismo o a familiares, la apropiación
indebida de productos de la empresa destinados a la basura o promoción, y el estar cobrando
en cajas con el password de otra persona o haber revelado el password propio a otra persona
y, en todo caso, la vulneración de los métodos de empresa sobre la venta de productos en
tienda.

De acuerdo al artículo 33.C.1, también es falta muy grave el fraude, deslealtad o abuso de
confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con las personas del trabajo o
cualquier otra persona al servicio de la empresa en relación con el trabajo de ésta.

Era un producto de rotura con valor de cero euros, destaca el tribunal

La Sala de lo Social destaca en su sentencia que del inalterado relato fáctico que ha
permanecido invariado al no ser impugnado por la empresa, queda acreditado que la
trabajadora se encontraba comiendo una hamburguesa, de las sobrantes, como producto
destinado a la basura por rotura por caducidad.

Pone el foco en que esto ocurrió a las 22.05 horas, «por tanto, una vez cerrada al público, una
vez contabilizada la hamburguesa como producto sobrante a tirar a la basura, producto no
apto para venta al público».

Es decir, «muerde la hamburguesa que posteriormente tira tras advertencia del gerente, una
vez estaba inventariando y tirando los productos de rotura», recalca.

La Sala comparte el criterio del juzgador de instancia, entendiendo que los hechos «no son
incardinables en la tipificación de falta muy grave», ya que «desde las 21.30 horas, el producto
ya estaba calificado como sobrante no apto para venta al público», con destino a la basura,
«con valor cero euros».

En relación con la calificación «consumo sin abono», los magistrados señalan que «difícilmente
puede ser abonado un producto con valor cero euros, siendo calificado de basura».

Sobre la falta referida a apropiación indebida de productos destinados a la basura, el tribunal
que «siguiendo la interpretación del juzgador de instancia, tampoco se ajustaría» al hecho. «Es
decir, un consumo sin previo pago, en tanto que este producto ya estaba calificado de
sobrante con valor cero euros o basura, no sería una apropiación indebida, sino un mordisco,
como dice el juzgador de instancia, de un producto de basura», precisa.

Respecto a la alta apropiación indebida de producto destinado a basura aducida, el TSJ
tampoco entiende que sea incardinable en dicho contenido, «referido el mismo al
aprovechamiento de arqueo de productos sobrantes para llevarlos a casa», sino que «da un
bocado a una hamburguesa que va a ir a la basura».

También comparte el criterio del juzgador de instancia sobre «la calificación relativa al fraude,
deslealtad o abuso, ni como distracción durante jornada laboral, ni transgresión de la buena
fe», por lo que confirma la sentencia.

En este sentido, el tribunal recuerda que el juzgador «ostenta una amplia facultad para valorar
todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir
una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles
contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa de manera
imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo al juzgador la facultad
privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso».
Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para unificación de
doctrina.

La pensión de jubilación es compatible con realizar trabajos por cuenta propia

Sat, 25 Jan 2025 12:52:00 GMT

Una trabajadora autónoma societaria puede llevar a cabo actividades de administradora en su
empresa porque no recibe retribución económica por ello

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido el derecho de una trabajadora
autónoma societaria y copropietaria de un negocio a acceder a la prestación de jubilación a
pesar de que la mujer continúe realizando funciones administrativas en su negocio.

Esta sentencia dictada por la Sala de lo Social , entiende que es compatible estar dado de alta
en el RETA y percibir la pensión de jubilación, siempre y cuando el pensionista mantenga la
mera titularidad del negocio.

Destacamos la relevancia de este fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
el cual es firme y reconoce la posibilidad de seguir siendo administrador societario de la
empresa y seguir cobrando la pensión de jubilación, sin tener que delegar la administración en
otra persona por ley o cerrar la empresa.

“Es una sentencia muy novedosa y esencial para los derechos de los administradores de
sociedades cuando llegan a la edad de jubilación. Pueden seguir manteniendo la
administración de esa sociedad porque previo a este fallo, con la con las directrices de la
Seguridad Social había que renunciar a la administración. Es decir, los administradores
societarios podían mantener las participaciones pero si no tenían a alguien en el quien delegar
muchas veces se veían obligados a cerrar la empresa y cobrar la jubilación que tanto habían
luchado”.

Los hechos

En el presente caso enjuiciado, la actora está afiliada al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) al ser socia con el 50% de las participaciones de una empresa, de la que es
Administradora.

La mujer solicitó en 2019 la pensión de jubilación por cesar en su actividad. El Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) emitió resolución reconociendo a la trabajadora la
pensión.

Un año más tarde, en 2020, la actora comunicó a la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) que no se había producido el cese de la actividad por cuenta propia, que por un error
involuntario de su parte se produjo al baja en autónomos, y solicita a su corrección con el fin
de mantener dicha alta en el RETA en tanto que continuaba desarrollando funciones como

administradora de la sociedad. No obstante, la mujer aseguraba no haber recibido retribución
alguna por el desempeño de esas funciones en la empresa de la que es copropietaria.

Tras esa comunicación, la institución pública incoó expediente de revisión, que finalizó con una
resolución por la cual se revocaba el derecho de la mujer a la pensión. Además, dado que
entre 2019 y 2020 la actora había percibido la suma de 7.574 euros, procedentes de la pensión
de jubilación, el INSS le reclamaba la devolución de dicha cantidad al entender que los había
recibido indebidamente.

Pensión de jubilación y trabajo por cuenta propia

El percibo de la pensión de jubilación es compatible con realizar trabajos por cuenta propia
Disconforme con la resolución del INSS, la autónoma recurrió la misma, sin embargo, la
Dirección Provincial de Granada del INSS desestimó el recurso, por la que la mujer acudió a la
vía judicial.

El Juzgado de lo Social número 6 de Granada estimó la demanda interpuesta por la actora
contra el INSS y la TGSS y, en consecuencia, dictó sentencia por la cual declaró que no había
lugar a la revocación de la pensión de jubilación que la mujer tenía reconocida. Asimismo,
tampoco procedía el reintegro de las cantidades que la trabajadora había percibido entre 2019
y 2020, correspondientes a la pensión.

La sentencia de primera instancia fue recurrida por el INSS y la TGSS, sin embargo, el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso de suplicación y confirmado el
fallo del Juzgado y, por tanto, la compatibilidad de percibir la pensión de jubilación y continuar
dada de alta en el RETA por cuanto se continúan realizando funciones como administradora de
una sociedad, siempre y cuando no se perciba cantidad alguna por ello.

La Sala de lo Social ha recordado que en el caso de los administradores societarios las
funciones inherentes a la titularidad del negocio comprenden exclusivamente dictar
instrucciones directas y criterios de actuación a las personas que tienen encomendada la
gestión y administración de la empresa. Por tanto, ha de admitirse la compatibilidad de alta en
el RETA con el percibo de la pensión de jubilación, siempre y cuando el pensionista mantenga
la mera titularidad del negocio.

Pues, el artículo 213, apartado 4, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
establece que “el percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de
trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo
interprofesional, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán
obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social. Las actividades especificadas en
el párrafo anterior, por las que no se cotice, no generarán nuevos derechos sobre las
prestaciones de la Seguridad Social…”.

Incapacidad temporal por enfermedad común, para una limpiadora que sufrió un accidente trabajando

Sat, 25 Jan 2025 12:28:00 GMT

El TSJ Extremadura concluye que el diagnóstico actual no tiene relación con la caída que sufrió
tres años antes, ya que en esa fecha ya tenía una avanzada artrosis en ambas rodillas y en
zonas claviculares

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado el recurso de una
limpiadora que solicitó la incapacidad temporal a raíz de un accidente que sufrió durante su
jornada laboral. Confirma así la incapacidad temporal por enfermedad común, y no por
accidente laboral.

En enero de 2020 esta trabajadora, que actualmente tiene 67 años, se cayó hacia atrás en una
escalera sin pasamanos, golpeándose en el lado izquierdo del cuerpo. Le dieron la baja durante
un año con diagnóstico de contusiones múltiples y en febrero de 2022 nuevamente por dolor
de rodilla, siendo diagnosticada principalmente de rotura insercional mayor al 50% de la cara
bursal del suprespinoso; gonartrosis grado II en rodilla izquierda y artrosis acromioclavicular en
hombro.

Posteriormente, en septiembre de 2022 inició un proceso de incapacidad temporal por
considerar como origen el accidente laboral que sufrió. El Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) declaró en febrero de 2023 que la contingencia causante del proceso de
incapacidad iniciado en febrero de 2022 tenía carácter de enfermedad común, y determinó
como responsable de la prestación económica a la mutua Fremap y sanitaria, al servicio
público de salud.

Entonces, la trabajadora presentó una demanda contra el INSS y la Tesorería General, Fremap
y su empresa, alegando que el proceso de incapacidad temporal por enfermedad común bajo
el diagnóstico de dolor articular en la pierna, fue derivado del accidente de trabajo sufrido,
pero fue desestimada por el Juzgado de lo Social 3 de Badajoz. Resolución que ahora confirma
el TSJEx, desestimando así el recurso de suplicación que interpuso.

Patologías degenerativas que sufre la paciente

El TSJ explica que nos encontramos ante un segundo proceso de incapacidad temporal,
iniciado casi un año después de que recibiese el alta médica por la caída en las escaleras, en el
que la demandante señala este accidente como nexo causal con las lesiones diagnosticadas
ahora. Sin embargo, la Sala de lo Social dictamina que «no existe un nexo causal entre el
primer accidente y segundo periodo de baja médica, iniciado el 10 de febrero de 2022, es

decir, prácticamente un año después del alta derivada del accidente de trabajo, que no se
recurrió ni impugnó».

Los magistrados destacan que se había estabilizado el proceso lesivo sin secuelas, ya que la
trabajadora aceptó el alta médica y se reincorporó a su actividad laboral en condiciones de
normalidad.

Además, señalan que la principal causa del segundo proceso de incapacidad es una lesión en el
hombro derecho y que según el informe pericial, a la fecha del accidente la mujer ya
presentaba «una avanzada artrosis de carácter crónico de ambas rodillas y en zonas
claviculares de los hombros, progresivo y degenerativo», descartando relación alguna entre
estas lesiones y las que padeció tras la caída.

Por ello, el TSJ entiende que la incapacidad temporal iniciada en febrero de 2022 “tiene su
causa en las patologías degenerativas que sufre la paciente, es decir, una enfermedad común
en los términos resueltos por el INSS, sin que exista el exigible causal entre el accidente sufrido
en 2020 y las lesiones ahora diagnosticadas”.

Sentencia

La sentencia es la número 751/2024, de 3 de diciembre de 2024, dictada por los magistrados.
Todavía no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de casación ante el Supremo para
unificación de doctrina.

Denegado el derecho de una trabajadora a cobrar como horas extra el tiempo que está de guardia

Tue, 21 Jan 2025 17:13:00 GMT

No queda acreditado que la trabajadora estuviera obligada a permanecer en las instalaciones
de la empresa o incluso para atender llamadas

Detalles del caso

El Juzgado de lo Social número 2 de Vitoria-Gasteiz ha sentenciado que el hecho de que una
empresa exija plena disponibilidad de sus empleados fuera de su horario laboral, como
requisito de un servicio empresarial, no siempre implica que la compañía deba pagar a los
trabajadores dicho tiempo otorgado en concepto de horas extras. De esta manera, ha absuelto
a una compañía de seguridad de pagar alrededor de 14.000 euros a una de sus empleadas,
quien presentó una demanda tras considerar que durante el tiempo en que estaba de guardia
no podía hacer vida normal.

Sentencia

Según consta en la sentencia (cuyo contenido puede consultarse pinchando en ‘descargar
resolución’), el magistrado encargado de resolver el caso ha considerado que aunque la
demandante alegó que durante algo menos de un año, al realizar un servicio de verificación de
los avisos de alarma, se vio obligada «a permanecer con el uniforme de trabajo, con el coche
de empresa, de manera disponible al 100% por si saltase alguna alarma acudir con inmediatez,
desde las 6:00 horas hasta las 22:00 horas, y siendo que su horario de trabajo era de 6:00
horas a 10:00 horas», la empresa no estaba obligada a abonar dicho tiempo como tiempo de
trabajo efectivo.

La presunción de inocencia no se aplica en despidos laborales, donde prima la confianza entre las partes

Tue, 21 Jan 2025 17:04:00 GMT

El TSJ de Andalucía respalda la validez de los protocolos de control de drogas y su uso como
base para despidos disciplinarios

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado el despido de un
trabajador —camionero en una empresa de suelos— que fue cesado tras dar positivo en
cocaína durante un control aleatorio de sustancias psicotrópicas. Una decisión que ha tomado
el magistrado después de considerar que el principio de presunción de inocencia es «de
aplicación exclusiva en el ámbito penal, y no en el proceso laboral en el que prima la
vulneración de confianza existente entre las partes».

Detalles del caso

El incidente (cuyo contenido puede consultarse pinchando en ‘descargar resolución’) tuvo
lugar el 11 de agosto de 2021 en las instalaciones de Mina Magdalena, en Almonaster la Real
(Huelva). En concreto, el trabajador despedido fue seleccionado para un control aleatorio de
drogas conforme al protocolo de seguridad establecido por la empresa contratante principal,
Minas de Aguas Teñidas S.A. (Matsa). Según los resultados, el análisis inicial de saliva realizado
a las 7.03 horas detectó la presencia de cocaína, resultado que fue confirmado por una
contraprueba.

En el protocolo de control, también se incluyó un análisis de orina; sin embargo, este fue
anulado por irregularidades en la muestra, lo que llevó a los responsables de Matsa a retirar de
inmediato la autorización del trabajador para acceder a las instalaciones mineras. La empresa
justificó su decisión en la política de tolerancia cero frente al consumo de sustancias
psicotrópicas, una medida destinada a garantizar la seguridad de todos los empleados en un
entorno de alto riesgo.

El 17 de agosto de 2021, Insersa comunicó al empleado su despido disciplinario mediante una
carta en la que argumentaba el «incumplimiento grave y culpable» de sus obligaciones
contractuales, en particular la transgresión de la buena fe laboral, recogida en el artículo 54 del
Estatuto de los Trabajadores. En este sentido, la empresa destacó que el consumo de drogas,
aunque fuera puntual, comprometía no solo la integridad del trabajador, sino también la de
sus compañeros y la confianza necesaria para mantener la relación laboral.

El objetivo no era determinar la culpabilidad del trabajador en términos penales
Cabe destacar, llegados a este punto, que su contrato incluía cláusulas específicas de seguridad
que prohibían expresamente el consumo de sustancias psicotrópicas, y estipulaba que un

resultado positivo en los controles aleatorios sería motivo de despido. Además, el trabajador
había firmado en 2020 un compromiso formal con las normas de seguridad de Matsa, donde
reconocía la obligación de cumplir los protocolos y asumía que cualquier incumplimiento
podría acarrear medidas disciplinarias.

El historial laboral del demandante también fue considerado en el juicio, ya que había recibido
sanciones previas en 2017 por incumplimientos relacionados con las normas internas de la
empresa, lo que según el tribunal agravó la falta cometida en 2021.

Pese a ello, el trabajador interpuso un recurso de suplicación ante la Justicia, en el que
solicitaba que se declarara la improcedencia del despido, alegando que los resultados de los
análisis no eran concluyentes. Concretamente, argumentó que un test de orina realizado horas
después del incidente en un laboratorio privado dio negativo en consumo de cocaína, y
cuestionó la validez de las pruebas de saliva utilizadas por la empresa para justificar el despido.

Resolución

Sin embargo, la Sala ha rechazado estos argumentos, respaldando la valoración realizada por
el juzgado de primera instancia. El tribunal ha subrayado que el test de orina presentado por el
demandante fue desestimado por no cumplir con las garantías necesarias, ya que no se pudo
acreditar de manera indubitada que la muestra perteneciera al trabajador. Además, ha
sentenciado que las pruebas de saliva realizadas por la empresa cumplían con los protocolos
de fiabilidad y fueron determinantes en la resolución del caso.

Llamativo del caso es que el tribunal también ha abordado la alegación de vulneración del
principio de presunción de inocencia, recordando que este es de aplicación exclusiva en el
ámbito penal. Para el magistrado, en el ámbito laboral el objetivo no es determinar la
culpabilidad del trabajador en términos penales, sino evaluar si su conducta constituye un
incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Así, la sentencia ha destacado que el
consumo de drogas en un entorno de trabajo de alto riesgo como el minero es incompatible
con los principios de seguridad y confianza que deben regir la relación laboral.

Perdonados 347.500 euros a un matrimonio gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad

Tue, 14 Jan 2025 18:37:00 GMT

Para hacer frente a los gastos hipotecarios la pareja aceptó préstamos que el banco les ofrecía
para pagar las cuotas

El mecanismo de la Segunda Oportunidad vuelve a brindar ayuda, y una nueva oportunidad, a
unos deudores de buena fe. En esta ocasión ha sido el Juzgado de lo Mercantil , el que ha
perdonado a una pareja una deuda de 347.542 euros tras considerar que se tratan de
deudores de buena fe y, por tanto, les ha exonerado del pasivo insatisfecho (EPI).

El matrimonio se encontraba en situación de insolvencia a raíz de que en el año 2008 uno de
ellos perdiera su trabajo. Dado que la pareja tenía que hacer frente a los gastos de la hipoteca,
decidieron aceptar los préstamos que el mismo banco les ofrecía para pagar las
correspondientes cuotas. Ello conllevo que la deuda acumulada fuera cada vez mayor,
imposibilitando que pudieran hacer frente a las cantidades que la entidad bancaria les
reclamaba.

El matrimonio se encontraba “en una situación sumamente complicada. Nunca habían fallado
a la hora de pagar una cuota de la hipoteca y querían seguir pagando. Su banco les ofreció una
solución que no era la acertada”.

Asimismo, “aunque pueda parecer que queda lejano en el tiempo, todavía hay familias que
están sufriendo las consecuencias de la devastadora crisis de 2008”, como fue el caso de sus
clientes, quienes se vieron envueltos en una situación de insolvencia a raíz de que uno de ellos
perdiera su trabajo durante esa crisis.

“Por este motivo, además de los abogados, los medios de comunicación también juegan un
papel clave para dar a conocer la Ley de la Segunda Oportunidad y que las personas que lo
están pasando mal sepan que si son deudoras de buena fe pueden acogerse a ella y tener un
futuro digno«.

El banco les ofreció un préstamo para hacer frente a la hipoteca

La situación de insolvencia en la que se vieron envueltos estos deudores de buena fe se
remonta al año 2008, cuando se produjo la crisis económica. En aquella época la pareja tenía
un hijo común de dos años de edad y hacía pocos años que el matrimonio había firmado una
hipoteca con la compra de una vivienda.

El problema llegó cuando en el año 2008 el hombre perdió su empleo, lo que supuso un duro
golpe para la economía de su familia, ya que los ingresos se redujeron significativamente;
siendo el sueldo de la mujer el único ingreso que entraba en la familia. A ello se sumó que los
intereses de la hipoteca se elevaron, de tal manera que la pareja pasó de pagar 600 euros al
mes a 1.300 euros mensuales.

El director de entidad bancaria con la que el matrimonio tenía concertada la hipoteca les
ofreció un préstamo como ayuda financiera para hacer frente a la hipoteca, ya que los 1.300
euros al mes que tenían que abonar les era una cantidad imposible de asumir con un único
sueldo. La pareja aceptó, sin embargo, eso les acabó de hundir porque la deuda se fue
hacienda cada vez mayor debido a los intereses.

A pesar de sus esfuerzos, la situación no mejoró y el matrimonio comenzó a recibir los
primeros embargos judiciales. Incapaces de hacer frente a los cuotas hipotecarias, su situación
se agravó hasta el punto en que su piso fue ejecutado y subastado por falta de pago,
quedando aún pendiente una deuda de aproximadamente 150.000 euros, a los que había que
sumarles los préstamos que tenían.

Deudores de buena fe

Pese a la situación de insolvencia vivida por el matrimonio durante años, recientemente el juez
del Juzgado de lo Mercantil , emitió un auto mediante el cual, tras examinar toda la
documentación aportada, se demostraba que la pareja eran deudores de buena fe y que, por
lo tanto, podían acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

De esta manera, la Justicia ha exonerado al matrimonio de un pasivo insatisfecho total de
347.542 euros (183.813 euros al hombre y 163.729 euros a la mujer).

Perdonados más de 2,5 millones de euros a una empresaria

Tue, 14 Jan 2025 18:23:00 GMT

De esta cantidad, más de un millón de euros corresponden a deudas públicas, más difíciles de
incluir en estos procedimientos

Una empresaria ha conseguido librarse de 2,5 millones de euros de deudas, gracias a la
aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. De dicha cantidad, más de un millón de euros
correspondía a deuda pública, el resto era privada.

«Este resultado marca un hito en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando especialmente la
eliminación de deudas públicas por importe de más de 1.000.000 euros, históricamente más
difíciles de incluir en los procedimientos de exoneración«
Esta mujer era administradora en varias sociedades. «La deuda privada proviene de la
financiación que solicitó tanto para las empresas, como para su vida personal.
Ante los vencimientos, las entidades financieras le aplicaron unos intereses que se fueron
acumulando

«Es una resolución ejemplar que refuerza la posibilidad de equiparar ciertos créditos públicos a
los privados bajo condiciones específicas», destacan los abogados del caso

La deuda pública se originó por unas operaciones societarias que realizó. «Hacienda entendió
que se habían calculado de forma incorrecta. Los socios estuvieron muchos años peleándolo a
nivel administrativo. Algunas operaciones las han ganado y otras las han perdido y el resultado
final fue la deuda que le derivaron a ella como administradora», detalla.

La exoneración de la deuda

La exoneración, ratificada en el auto del Juzgado de Primera Instancia de Madrid y en la
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, subraya la correcta aplicación de la normativa
en un contexto legal de evolución.

El Juzgado de Primera Instancia de Madrid aprobó inicialmente la exoneración del pasivo
insatisfecho tras la conclusión del concurso de acreedores, cubriendo los créditos ordinarios y
subordinados de origen privado.

Posteriormente, la Audiencia Provincial extendió la exoneración a la deuda pública,
resolviendo las objeciones planteadas por la Agencia Tributaria y consolidando el alcance del
beneficio, alineándose con la doctrina jurisprudencial que permite equiparar estos créditos a
los de naturaleza privada en determinadas circunstancias.

«El paradigma de esta resolución es la inclusión de créditos públicos de tal envergadura en la
exoneración del pasivo insatisfecho. Tradicionalmente, las deudas con organismos como la
Agencia Tributaria o la Seguridad Social han presentado mayores barreras de cara a su
exoneración, debido a su naturaleza privilegiada en los procedimientos concursales.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, en aplicación de la doctrina jurisprudencial
marcada por el Tribunal Supremo en 2019, ha concluido que en este caso se cumplen los
requisitos necesarios para la exoneración total de deudas, marcando un precedente para
futuros casos similares».

Este procedimiento «comenzó con el reto de lograr que las deudas derivadas de un expediente
tributario por responsabilidad como administradora de una sociedad, fueran calificadas como
ordinarias y subordinadas». Esto fue clave para su inclusión en el beneficio de exoneración.
Sin embargo, el proceso se complicó con la oposición de la Agencia Tributaria, que intentó
excluir sus créditos del alcance de la exoneración.

No obstante, la Audiencia Provincial ha respaldado la posición dictaminando que el nuevo
texto refundido de la Ley Concursal (TRLC) no podía limitar derechos reconocidos previamente
por la jurisprudencia.

«Es una resolución ejemplar que refuerza la posibilidad de equiparar ciertos créditos públicos a
los privados bajo condiciones específicas», sentencian los abogados del caso, quienes
manifiestan que este éxito no solo cambia la vida de su clienta, sino que «también reafirma la
importancia de un enfoque técnico y especializado en la defensa de los derechos de los
deudores y abre nuevas posibilidades para miles de personas que luchan contra deudas
insostenibles, incluyendo las de naturaleza pública y que se pueden encontrar en supuestos
equiparables».

Afirman que «la resolución de este caso podría influir en futuras decisiones judiciales,
allanando el camino para que más personas puedan beneficiarse de una exoneración integral».

Empieza de nuevo con Bancalero Abogados

Desde Bancalero Abogados recordamos que la Ley de Segunda Oportunidad es «una
herramienta clave y eficaz para personas físicas que enfrentan situaciones de
sobreendeudamiento, permitiendo la exoneración de sus deudas, siempre que se cumplan los
requisitos legales».

Despedido un trabajador que se marchó 15 días de vacaciones de Navidad sin permiso de la empresa

Sat, 28 Dec 2024 14:21:00 GMT

El Tribunal Superior de Andalucía ha confirmado el despido de un trabajador que se fue de
vacaciones de Navidad sin el consentimiento de la empresa. Además, abandonó su puesto de
trabajo un día antes cuando se las denegaron.

Así lo han confirmado los magistrados , en la sentencia 1087/2024 de 9 de mayo.
Según se explica en la resolución, el trabajador, mecánico de profesión, le expresó a su jefe el
13 de diciembre de 2021 su deseo de irse de vacaciones del 16 al 31 de ese mes.

Unas vacaciones que no le aprobó porque en esa fecha la carga de trabajo en el taller era
desmesurada con respecto a la de otros meses. Por lo que el mecánico, enfadado, decidió
abandonar su puesto a las 9:00 horas, un día antes de que quisiese cogerlas.

Pese a la negativa del superior, tomó la decisión de no acudir esos 15 días. Por lo que el 3 de
enero se encontró con la carta de despido por motivos disciplinarios.

Entendía que sí le habían autorizado las vacaciones

Disconforme con el despido decidió demandar a la empresa. Entendía que las vacaciones sí
habían sido autorizadas y que, además, había avisado con suficiente tiempo tanto de manera
verbal como escrita y que no había recibido ningún inconveniente por ello.
Por el contrario, la mercantil alegó que sólo había recibido un WhatsApp por la noche y que el
superior no lo había visto hasta la mañana del día siguiente. Mensaje en el que comunicaba
que tenía la intención de cogerse esos días. La mercantil no estaba de acuerdo al ser un mes
cargado de trabajo al contar sólo con 2 mecánicos.

El caso recayó en un primer momento en el Juzgado de lo Social Nº 4 de Almería, donde juez
decidió no darle la razón y calificar la extinción laboral de procedente.

Hay que recordar que, para el caso de despido, el artículo 105.1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social impone al demandado la carga de probar la veracidad de los hechos
imputados. No obstante, no exime a la parte actora de probar el hecho de la existencia de la
relación laboral, sus características, así como especialmente el hecho mismo del despido.

Algo que, en este caso, así fue y además «la carta de despido estaba sobradamente motivada y
pormenorizada», dice la sentencia.

Los magistrados no dieron la razón al trabajador

El trabajador no quiso darse por vencido y presentó un recurso de suplicación ante el TSJ. Allí
insistió que tenía previamente reconocido el disfrute del periodo de vacaciones y criticó la
valoración de la prueba de interrogatorio del empresario y la testifical llevada a cabo por el
juzgado de instancia. Un testigo corroboró que el superior estaba disconforme con las
vacaciones.

Los magistrados señalaron que el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que,
entre las conductas que justifican el despido, se incluyen las faltas repetidas e injustificadas de
asistencia o puntualidad al trabajo

Además, el convenio colectivo revelaba que la empresa puede excluir del periodo vacacional
aquel que coincida con la mayor actividad productiva estacional.

Asimismo, la sentencia del TSJ recuerda que incluso el trabajador, un día antes de esa solicitud
de vacaciones, el día 15, decidió abandonar su puesto a las 9:00 horas sin autorización de la
empresa tras estar en desacuerdo con la decisión de la empresa. Por lo que desestimaron el
recurso y confirmaron la sentencia de instancia.

Perdonados 30.600 euros a una mujer tras quedarse sin trabajo por el Covid

Sat, 28 Dec 2024 14:11:00 GMT

Trabajaba en el sector de la hostelería y tras un ERTE fue despedida, por lo que tuvo que pedir
ayuda financiera para los gastos del día a día

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha perdonado una deuda
de 30.602 euros a una mujer de Lanzarote que se dedicaba al sector de la hostelería y se vio
inmersa en una situación de endeudamiento al no poder hacer frente a los préstamos que
solicitó durante la pandemia del coronavirus al quedarse sin trabajo y tener que afrontar los
gastos diarios.

El magistrado ha aplicado el mecanismo de la Segunda Oportunidad y le ha concedido la
exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), al tratarse de una deudora de buena fe.

«Como tantos otros trabajadores del sector hostelero que se quedaron sin trabajo por la crisis
causada por el coronavirus, solicitó préstamos para afrontar el día a día, pero los ha ido
arrastrando hasta la actualidad. Además, muchas entidades bancarias también se
aprovecharon de ellos haciéndoles creer que pidiendo otros o tarjetas de crédito podrían salir
adelante. Estaba en una situación de gran vulnerabilidad y sin saber qué hacer»,
Según informa, «la bola se fue haciendo más grande, ya que pensaba que una solución era
pedir otro préstamo para cubrir el anterior«. Subrayo que «eso era un error, ya que, además,
los intereses eran muy elevados». «Incluso, su banco le concedió una segunda hipoteca para
afrontar los citados préstamos que había solicitado previamente», apunta.

El caso, al detalle

La protagonista de esta historia es vecina de San Bartolomé y siempre ha trabajado en el
sector hostelero. Todo se truncó con la crisis provocada por el Covid-19 en 2020. Hasta
entonces, aún siendo madre soltera y no recibir ninguna ayuda, con gran esfuerzo siempre
había podido salir adelante junto a su hija menor de edad.

«La pandemia afectó especialmente al sector turístico y a sus trabajadores, y ella no fue
excepción. Permaneció un largo periodo de tiempo en ERTE», explica su letrada.
La sorpresa se produjo al finalizar éste. «En junio de aquel año, el día antes a incorporarme, la
empresa me envió un burofax, igual que al resto de mis compañeros, comunicando el cierre. Ni
siquiera hubo una llamada dando una explicación», relata la afectada.

«Esto fue un drama, ya que cuando estaba en ERTE tan sólo cobraba unos 600 euros y, pese a
que siempre he sido muy cuidadosa con los gastos, empecé a tirar de tarjetas de crédito y
préstamos, que incluso mi propio banco me ofreció, para poder salir adelante», precisa.

De este modo, pasó a encontrarse en una situación económica «muy vulnerable».

Esta situación le provocó incluso problemas de salud, ya que sufrió «insomnio, estrés y
ansiedad, porque pensaba que lo iba a perder todo», incluida su vivienda, y que ella y su hija
iban a quedarse en la calle.

Amenaza de los bancos

Informa que a esta situación se sumaron las «constantes llamadas y amenazas de las
diferentes entidades bancarias. «En un día podía tener 50 correos electrónicos, y entre mi hija,
que es menor de edad, y yo llegamos a recibir hasta 200 llamadas en 24 horas. Era horroroso,
porque, además, me coaccionaban y amenazaban diciéndome que me iban a embargar y a
quitar todo lo que tenía. No tenían ningún respeto, ya que además yo siempre he pagado la
hipoteca de mi vivienda y los gastos cotidianos como son los de luz, agua y gas, aunque tuviera
que apretarme mucho el cinturón», añade.

La buena noticia llegó recientemente, cuando el juez del Juzgado Mercantil número 1 de Las
Palmas de Gran Canaria le perdonó la deuda. El auto está disponible en el botón ‘Descargar
resolución’.

La exoneración se extiende a los siguientes créditos: 1.045,39 euros, con Vivus; 77, 35, con
Arena Finance Spain; 13.032 euros, con Cetelem; 300 euros con Blue Finance Ibérica; 4.875
euros, con Cofidis; 300 euros, con Cream Finance; 300, con Id Finance; 1.094, con Kviku Spain;
4.437 euros, con Santander; 272 euros, con SF Préstamos; 749,54 euros, con Trie Credit; 150
euros, con Wandoo Finance; y 3.970, con Wizink Bank. Un total de 30.602,41 euros.

Ahora, esta señora ve el futuro de otra manera, según declara. «Voy a salir adelante, junto a
mi hija, con lo que tengo y sin pedir ningún préstamo ni tarjeta de crédito. Además, ahora voy
a poder empezar a ahorrar para tener una vida tranquila y sin riesgos», manifiesta.

Recuerdo que «muchas personas sufrieron en primera persona las consecuencias de la crisis
provocada por el coronavirus y que hoy en día siguen arrastrando aquellas deudas», y destaca
que la importancia que la Ley de la Segunda Oportunidad se dé a conocer, ya que si son
deudores de buena fe podrán acogerse a ella «y olvidar ese pasado tan oscuro».

La Justicia concede la pensión de viudedad a la mujer de un trabajador fallecido durante una excedencia

Tue, 24 Dec 2024 08:36:00 GMT

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha concedido la pensión de viudedad a la
esposa de un trabajador que murió en un accidente ocho días antes de su reincorporación,
después de una excedencia de tres meses.

La Sala de lo Social ha estimado el recurso de suplicación interpuesto por la mujer contra la
sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Murcia que en noviembre de 2023 desestimó
su demanda, denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) «por no
encontrarse el causante en situación de alta o asimilada a la de alta en el momento de su
fallecimiento y no acreditar el período mínimo de cotización exigible, según lo dispuesto en los
artículos 219.1 y 247 de la Ley General de la Seguridad Social».

Ahora, el TSJMU, en la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, aplica un «criterio flexible»
en relación con el requisito de situación de alta o asimilada para el acceso a la prestación.
Esta mujer ha tenido que recorrer, de momento, un periplo de cuatro años hasta ver estimada
su demanda. Su marido causó baja en la Seguridad social el 12 de diciembre de 2019, por una
excedencia voluntaria de tres meses, y falleció el 4 de marzo. Ella presentó la demanda al mes
siguiente ante el INSS.

Lo que alegaba la señora

En su recurso ante el TSJ alegó infracción de los artículos 219 y 166 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social (LGSS), así como la doctrina de casación para unificación de doctrina sobre la interpretación flexibilizadora de las situaciones asimiladas al alta.
Adujo que «en atención a las especiales circunstancias que concurren en este supuesto, y
concretamente a que el trabajador causante de la prestación solicitada falleció en accidente
cuando llevaba muy poco tiempo en situación de excedencia y cuando le restaban apenas
ocho días para finalizar dicha situación y reincorporarse a su actividad laboral», se debía
aplicar la doctrina flexibilizadora del Tribunal Supremo y reconocerle la situación asimilada a la
de alta.

El TSJ lo entiende también así y le ha dado la razón. Los magistrados recuerdan que en virtud
de esta doctrina, la Sala Cuarta del TS «ha venido aplicando un criterio flexible en relación con

la exigencia del requisito de la situación de alta o asimilada al alta para el acceso a
determinadas prestaciones, reconociendo esta situación a personas en las que, estrictamente,
no concurrían los presupuestos establecidos legal y reglamentariamente”.
Así, el tribunal recuerda que, como razona la sentencia del Supremo de 20 de abril de 2021
(rec.4668/2018), «reiterada doctrina jurisprudencial ha atenuado la exigencia del requisito del
alta mediante una interpretación humanizadora que pondera las circunstancias de cada caso
concreto con el fin de evitar supuestos no justificados de desprotección, explicando que el
requisito del alta y las situaciones asimiladas a ella han sido interpretados de modo no
formalista por esta Sala, estimando en general que sí concurría la situación de alta, cuando se
inicia el acontecer que conduce al hecho causante y es fundadamente explicable que se hayan
descuidado los resortes legales prevenidos para continuar en alta, entonces el requisito ha de
entenderse por cumplido».

Evitar situaciones de desprotección

El TSJ destaca que esta línea jurisprudencial «se basa en llevar a cabo una valoración individual
de las circunstancias que concurren en cada supuesto concreto, a fin de determinar si cabe o
no apreciar en el interesado una voluntad de abandonar el mercado laboral y, en función de
ello, evitar situaciones de desprotección que pueden producirse con una exigencia
excesivamente rigorista de los requisitos legales para el acceso a las prestaciones».
Para los magistrados, en el caso analizado “no cabe duda de que no es posible apreciar en el
causante esa voluntad de apartamiento definitivo del sistema, puesto que su baja en
Seguridad Social se produjo por una excedencia voluntaria, y la falta de inscripción como
demandante de empleo se explica fácilmente por la corta duración del plazo de excedencia, de
tan solo tres meses, debiendo valorarse también que el fallecimiento» tuvo lugar «tan sólo
ocho días antes de la expiración de este plazo y, por tanto, de la previsible reincorporación a la
empresa”.

A mayor abundamiento, añaden que la situación que se plantea en el presente supuesto
guarda una notable similitud con las examinadas en las sentencias de 20 de enero de 2015
(rec.507/2014) y de 23 de febrero de 2017 (rec.2120/2015), citadas por la parte recurrente,
«en las que el Tribunal Supremo valora, para reconocer la situación asimilada a la de alta, que
la baja en Seguridad Social no obedece al propósito de abandonar el mercado laboral, sino al
de continuar en él, mejorando las expectativas laborales, y que transcurrió un escaso tiempo
entre la baja del causante y su fallecimiento».

La sentencia todavía no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de casación ante el
Tribunal Supremo para unificación de doctrina.

Perdonados 29.000 euros a una pensionista que se endeudó

Tue, 24 Dec 2024 08:28:00 GMT

La mujer desconocía que tenía la obligación declarar las cantidades cobradas por la pensión de
viudedad y la prestación de desempleo

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Lleida ha perdonado una deuda de 29.093 euros a una
pensionista que estaba en situación de insolvencia a raíz de que Hacienda le reclamara unas
cantidades no declaradas provenientes de la pensión de viudedad y de la prestación de
desempleo, y que la actora desconocía que tenía que tributar.

La mujer solicitó una serie de préstamos para hacer gastos a la reclamación de la
Administración, así como a numerosos gastos cotidianos (ayudar económicamente a sus hijos,
que se quedaron sin trabajado, y tener que pagar una hipoteca que ella había avalado). Sin
embargo, esos préstamos tenían intereses muy elevados, por lo que la situación económica de
la mujer se fue agravando en el tiempo hasta tal punto de no poder asumir las deudas.

No obstante, el Juzgado, tras examinar el caso, ha aplicado el mecanismo de la Segunda
Oportunidad y le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) a la mujer, al
tratarse de una deudora de buena fe.

“Hoy en día, hay numerosas personas mayores que se encuentran en una situación de
insolvencia por las adversidades que han sufrido a lo largo de los años y muchas de ellas por
avales prestados a sus hijos. La Ley de la Segunda Oportunidad es clave para ayudarles, ya que
ellas siempre lo han hecho con todos sus allegados. Como abogados estamos en la obligación
de estar a su lado para que tengan una vejez tranquila, como se merecen”.

Los hechos

La actora prestaba servicios en el sector geriátrico, pero en el año 2010 tuvo que dejar su
puesto de trabajo por conflictos con la empresa y porque su pareja estaba enferma, por lo que
tenía que cuidarla. Poco después enviudó, por lo que, además de cobrar la prestación de
desempleo también percibía la pensión de viudedad.

A los pocos años, la Administración Tributaria le envió una carta indicándole que durante los
años anteriores tenía que haber hecho la declaración de la renta al haber tenido dos
pagadores.

La mujer, que desconocía que tenía que haber declarado dichas cantidades, y ante los gastos
diarios propios y de sus hijos —quienes se encontraban en situación de desempleo y tuvo que
ayudarles económicamente con sus gastos así como en el pago de los cuotas de una hipoteca
de la cual ella era avalista—, solicitó varios préstamos ante los numerosos gastos que tenía
que asumir y dado que la pensión de viudedad que percibía era de poca cuantía, al igual que la
ayuda por desempleo.

Sin embargo, esos préstamos que solicitó tenían intereses muy elevados, lo que provocó que
empezara a enfrentarse a numerosas dificultades financieras que culminó con la incapacidad
de hacer frente a los pagos.

Además, la situación de inestabilidad económica que padecía repercutió en su salud mental,
que se vio gravemente afectada, sufriendo un considerable estrés.

Una deudora de buena fe

La deudora solicitó un abogado de oficio para que le ayudara a salir de dicha situación
mediante un procedimiento judicial, pero se le fue denegado.

Posteriormente, a través de un despacho inició el correspondiente procedimiento, y el pasado
17 de septiembre el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Lleida,
Eduardo M. Enrech Larrea, dictó auto mediante el cual le perdonaba a la actora una deuda de
29.093 euros.

El registro de viajeros ya es obligatorio en España

Tue, 10 Dec 2024 20:37:00 GMT

Esta medida obliga a las empresas a registrar datos detallados sobre sus clientes en la
plataforma Ses.Hospedajes.

Por qué es tan polémico el nuevo registro de viajeros: más datos personales y tiempos de
espera mayores

La aplicación del Real Decreto 933/2021 entra en vigor, este lunes 2 de diciembre, para
establecer las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o
jurídicas que ejercen alquiler de vehículos a motor y actividades de hospedaje, además,
contempla multas de hasta 30.000 euros para los incumplidores.

Esta medida se trata del nuevo registro de viajeros que obliga a las empresas a registrar datos
detallados sobre sus clientes en la plataforma Ses.Hospedajes, teniendo en cuenta que la
información que deberán aportar son nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de
nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros,
relación de parentesco y datos de la transacción.

Por lo tanto, con todos estos datos, las empresas deberán realizar un parte de entrada y,
posteriormente, volcar la información en un registro informático para conservarla durante tres
años a partir del final del servicio.

¿Los hoteles te pedirán más datos a partir de ahora?

Esto es lo que tienes que saber:

Esta medida quiere mejorar la seguridad informática

La agencia de noticias Europa Press indica que "dicha medida ha sido objeto de constante
crítica del sector de alojamiento y de las agencias de viajes, denunciando la elevada carga
burocrática, la pérdida de competitividad y la posible vulneración de privacidad de los viajeros.
Sin embargo, el Ministerio del Interior asegura que, en todo el proceso de elaboración y
aprobación del decreto, ha respetado el principio de transparencia y eficiencia al haber
contado con la participación de los destinatarios".

Por otro lado, desde el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska se ha hecho
hincapié en la situación de seguridad actual, afirmando que los mayores ataques a la
ciudadanía vienen protagonizados por la actividad terrorista y el crimen organizado mediante
el modus operandi de los ciberdelincuentes.

Los propietarios cuyas viviendas sufran daños por filtraciones deberán contribuir a la reparación

Tue, 10 Dec 2024 20:29:00 GMT

Los propietarios afectados por humedades deben asumir parte de los gastos, dado que los
daños están relacionados con los elementos comunes del edificio

El propietario de una comunidad de vecinos cuya vivienda haya sufrido desperfectos como
consecuencia de unas filtraciones de agua también deberá contribuir a pagar la reparación de
los daños sufridos en el interior de su inmueble, pues «no cabe excluir al comunero-
perjudicado de la responsabilidad general que recae sobre el conjunto de comuneros que la
integran», incluso si éste ya ha sido previamente indemnizado por el resto de propietarios.

Así ha concluido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Langreo tras
desestimar parcialmente la demanda de un individuo cuya propiedad, en la que él no residía,
sufrió humedades a causa de un problema de impermeabilización de la fachada.

El demandante, propietario desde 2004 de un inmueble en la comunidad demandada, ya habíasido indemnizado previamente con unos 2.100 euros por los daños ocasionados por lasfiltraciones.

Dicha cantidad, derivada de una condena previa, se repartió entre todos los comuneros de
acuerdo con sus cuotas de participación. En una junta general celebrada en abril de 2022, se
aprobó esta distribución junto con las cuentas correspondientes a los años anteriores. Sin
embargo, tras la presentación de una nueva demanda, la comunidad decidió en octubre de
2022, en una junta extraordinaria, modificar el acuerdo inicial y excluir al demandante del
reparto de ciertos gastos relacionados con honorarios.

Absueltas del delito de estafa continuada dos mujeres que revendían décimos de la Lotería de Navidad en la Puerta del Sol

Sun, 01 Dec 2024 14:18:00 GMT

El empleado de una administración lotera les fio décimos que nunca llegaron a pagar,
generando una deuda de 93.660 euros

La Audiencia Provincial de Madrid dictamina que debido a la falta del elemento del engaño en
los hechos, no puede declararse la culpabilidad de las acusadas como autoras de un delito de
estafa, ya que el trabajador de la administración de lotería perjudicada continuó fiando
décimos a las mujeres a pesar de saber la deuda que estaban acumulando.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a dos mujeres que se dedican a la reventa de
décimos de lotería en la Puerta del Sol de Madrid y que habían sido acusadas del delito de
estafa continuado.

En el caso enjuiciado, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal pedía para ambas
mujeres que fueran condenadas a prisión, así como se les impusiera una multa económica, por
el delito de estafa al haber acumulado una deuda 93.660 euros con una administración de
lotería de Madrid al no haber abonado la cuantía correspondiente a los décimos de lotería que
les había fiado un trabajador de dicha administración.

No obstante, el tribunal provincial madrileño ha dictaminado en la sentencia (disponible en el
botón ‘descargar resolución’) que no se puede condenar a las mujeres por el delito que venían
siendo acusadas, ya que para poder apreciar el delito de estafa es necesario que se dé el
elemento del engaño en la actuación delictiva, elemento ausente en el presente caso por
cuanto no se dio actitud engañosa por parte de las acusadas.

Pues, a pesar de que el trabajador de dicha administración lotera conocía desde hacía meses
que revendedoras de lotería acumulaban una deuda con la administración porque no pagaban
los décimos que les fiaban, éste continuó entregando a las mismas más décimos de lotería, y
no solo a ellas, también a otras personas, como familiares y amigos de éstas, que acudían al
establecimiento y quienes eran desconocidos para el empleado.

El empleado les fiaba los décimos sin registrar la entrega en el sistema de loterías
Según los hechos probados en la sentencia, las acusadas acudían con asiduidad a la
administración de loterías sita en la calle Alcalá n.° 221 de Madrid, para proveerse de décimos
de lotería que posteriormente revendían, y que unas veces pagaban a su entrega y otras les
eran fiados por el empleado del turno de tarde de dicha administración, sabedor de que las
mujeres se dedicaban a revender los décimos en la Puerta de Sol; obteniendo así el
correspondiente beneficio económico, tanto la Administración como las acusadas.

Esta práctica era habitual en dicha administración de lotería, cuyos empleados vendían o
fiaban los décimos a los clientes conocidos que regentaban kioskos, bares o negocios en los
que se vendía la lotería. Sin embargo, cuando en el mes de agosto las acusadas comenzaron a

solicitar los décimos de la Lotería de Navidad que les fiaba el empleado del turno de tarde, sin
registrar la entrega en el sistema de loterías, comenzaron a impagar dichos décimos que les
proporcionaba el empleado.

El empleado por su parte, a pesar de que las acusadas no le abonaban los décimos, siguió
fiándoles lotería durante meses, haciéndoles entrega de décimos de lotería hasta el día mismo
de la celebración del Sorteo de Navidad, así como décimos para el Sorteo de lotería de «El
niño». Además, dicho trabajador no solo entregaba los décimos a las propias acusadas —pese
a ser perfectamente consciente del montante de la deuda que iban acumulando—, también a
otras personas que éstas llevaban a la administración de lotería y que eran absolutamente
desconocidas para dicho empleado.

De esta manera, se generó una deuda por parte de las acusadas de 93.660 euros que tuvo que
ser satisfecha por parte de la dueña de dicha administración de loterías con el Servicio Estatal
de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

En el juicio se reclamaba la deuda de 93.660 euros generada por las acusadas

El Ministerio Fiscal formuló acusación contra las dos mujeres, considerándolas autoras de un
delito de estafa continuada en forma agravada, solicitando para cada encausada la pena de 5
años de prisión y una multa de 10 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros. Asimismo,
en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pedía que las encausadas fueran condenadas a
indemnizar, conjunta y solidariamente, a la dueña de la administración de lotería con la
cantidad de 93.660 euros.

La acusación particular, por su parte, considerando a las acusadas autoras de un delito
continuado de estafa en su modalidad agravada, solicitaba para cada una de ellas la pena de 6
años y un día de prisión, y una multa de 18 meses y un día con una cuota diaria de 10 euros.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, pedía que las encausadas indemnizaran de
forma conjunta y solidaria a la lotera con la cantidad de 261.380 euros en concepto de
liquidación de la deuda contraída, más la cantidad de 115.000 euros en concepto de
indemnización por daños y perjuicios.

No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a las acusadas del delito de estafa
del que venían siendo acusadas al razonar que los hechos no son constitutivos de dicho delito
por cuanto no se aprecia el elemento del engaño en los hechos; elemento esencial para
apreciar el delito de estafa.

Pese a dicha absolución, el tribunal provincial aclara que el perjudicado, la acusación
particular, podría interponer acciones contra dichas mujeres en vía diferente a las jurisdicción
penal, para que el tribunal de la jurisdicción competente que corresponda —Civil—pueda
valorar la existencia de impagos de las deudas que pudieron acumular las acusadas.

La ausencia del engaño en los hechos impide condenar a las acusadas por delito de estafa
La Audiencia Provincial de Madrid, en la sentencia, fundamenta la absolución de las acusadas
en que para otorgar relevancia penal a hechos patrimonialmente lesivos deben concurrir todos
y cada uno de los elementos que integran el delito. Por lo que “la ausencia de uno de ellos
exonera definitivamente al Tribunal del análisis de los demás, como ahora sucede”, al estar
ausente el elemento del engaño, “esencial para vertebrar el resto de los exigibles para la
apreciación de la estafa”.

Pues, el artículo 248 de Código Penal impone la concurrencia y acreditación del elemento
esencial del engaño, al establecer el propio precepto legal para poder declarar como culpables
a aquellos que cometen un delito de estafa que, “con ánimo de lucro, utilizan engaño bastante
para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí
mismo o de un tercero”.

En el presente caso enjuiciado las acusaciones alegaban que dicho elemento falaz se habría
perpetrado mediante común acuerdo de las acusadas hacia los empleados de la
administración de loterías, al haberles hecho creer que iban a pagar los décimos que le eran
fiados. Sin embargo, la prueba testifical de los propios empleados de la administración
perjudica demuestran que dicha alegación no puede ser acogida por el tribunal provincial.

Concretamente, la testificación del empleado del turno de tarde, quien fiaba los décimos a las
acusadas, ha resultado trascendente e impediente de la convicción del tribunal sobre “la
dolosa actitud engañosa de las acusadas”. Pues, dicho testigo explicó que conocía a las
mujeres porque solían ir a la administración a pedirle determinados números para revender,
así como de verlas vender lotería en la Puerta del Sol, pero que no tenía confianza con ellas
porque no le dieron garantías. Sin embargo, pese a ello, empezó a fiarles décimos sin que se
los pagara, justificando el empleado tal decisión en que era una práctica habitual en la
administración.

De esta forma, el trabajador entregó décimos no solo a las acusadas, también a familiares,
hijos, nueras y otros, que venían «en cuadrilla de 8 -10 personas», a quienes, según él mismo
admitió, desconocía. Asimismo, el empleado también manifestó que nunca los identificó al
entregarles los décimos ni tampoco dejó debidamente justificadas tales entregas, sin registrar
en el Sistema de Loterías los décimos fiados, “porque en el Sorteo de Navidad, se puede pagar
el total, al final”. Y todo ello pese a que era consciente del montante de la deuda a que
ascendían los décimos que iba fiando.

Debe primar la presunción de inocencia de las acusadas

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado que, partiendo de la declaración de dicho
testigo, es necesario recordar que “aunque efectivamente el engaño se mide en función de la
actividad engañosa activada por el sujeto activo” y no por la perspicacia de la víctima, en el

presente caso y debido a la falta de prueba de la actividad engañosa de las acusadas, no puede
declararse la culpabilidad de las mismas como autoras de un delito de estafa.

Pues, “la actuación del empleado solamente teniendo en cuenta su propia descripción del
devenir de los hechos, se antojó cuando menos, ciertamente aventurada”, señalan los
magistrados, ya que durante meses el trabajador llevó a cabo una mecánica de fiar
indiscriminadamente décimos a las acusadas y otras personas desconocidas, y en cuyo curso
no se llevaron a cabo las oportunas medidas para salvaguardar el pago debido, ya que para
asegurar el proceso de venta hubiese sido tan sencillo como pasar los billetes por la máquina
del Sistema de Loterías, lo que hubiese obligado a que la semana siguiente aquellas personas a
quienes se les fían los décimos tienen que pagarlo.

Asimismo, la AP de Madrid apunta en la sentencia que, la ausencia total de la prueba de
engaño obliga a que prime la presunción de inocencia de las acusadas, lo que en consecuencia
determina que se declare la absolución de las mismas, con expresa reserva de las acciones que
pudieran derivarse por el perjudicado en vía diferente a la jurisdicción penal.

Despido procedente de un director del Banco Sabadell que consultó los datos de 34 trabajadores

Sun, 01 Dec 2024 14:07:00 GMT

Por una vulneración del secreto bancario y de la normativa de protección de datos

El TSJ de Galicia confirma la sentencia del Juzgado de lo Social que declaró la procedencia del
despido.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha confirmado la procedencia del despido de
un director del Banco Sabadell que realizó consultas sobre cuentas de 34 trabajadores, así
como de su mujer, cuñados y hermanos, sin estar justificadas. Unos hechos que, según se ha
acreditado, se prolongaron durante más de un año –entre enero de 2022 y febrero de 2023–, y
que él niega.

Dichas consultas quedaron registradas en el diario electrónico vinculado a su usuario, entre las
que destacan especialmente, por ser recurrentes, las realizadas con tres empleados que
habían sido compañeros de él en el pasado o realizaban sus mismas funciones en el banco.

El TSJ destaca en su sentencia que se hizo un refuerzo de la contraseña y que ésta, por motivos
de seguridad, se cambiaba cada poco tiempo, y concluye que las actuaciones objeto de la carta
de despido fueron llevadas a cabo por él, descartando el uso de su clave por terceros.

«Se trata, en definitiva, de accesos injustificados a las cuentas de clientes de otros empleados
y familiares en los que no figura como interviniente y sin que estuviesen justificados por
motivos profesionales. Y ese acceso a las cuentas se ha llevado a cabo de manera consciente y
reúne los requisitos de gravedad y culpabilidad para ser constitutivo de despido», por una
vulneración del secreto bancario y de la normativa de protección de datos, dictamina el alto
tribunal gallego.

Este trabajador, con 59 años actualmente, llevaba 33 años de director de colectivos
profesionales del Banco Sabadell. En abril de 2023, la empresa le entregó una carta de despido
disciplinario por la comisión de unas infracciones de carácter muy grave, tipificadas en el
artículo 70, apartados 1 y 2, del XXIV Convenio Colectivo de Banca.

La entidad financiera le indicaba que había tenido conocimiento, a través de una auditoría
interna, que en el citado periodo de tiempo realizó estas consultas sobre cuentas de terceros,
algunas de las cuales en fines de semana.

Así, según los hechos probados, el domingo 11 de septiembre de 2023 realizó una consulta a
una cuenta vinculada con él y después una relativa a una empleada, mientras que el domingo
9 de octubre de 2022 lo hizo de una cuenta de su cuñado, después de una propia, de una
empleada y de otro cuñado.

En marzo de 2023, el responsable de auditoría continua le envió correo electrónico señalando
estos hechos y le pidió que explicara el motivo de las consultas y si estaban relacionadas con
su función, a lo que éste contestó: «El primer sorprendido soy yo porque se relaciona mi

usuario con estas consultas, te puedo decir que yo no las he hecho». Por otro lado, decía que
le preocupaba que se le imputaran esas consultas «cuando, repito, no tengo tiempo para estos
procederes». Una versión que también mantuvo ante Recursos Humanos.

Al ser despedido presentó una demanda contra el banco. Sin embargo, fue desestimada por el
Juzgado de lo Social número 1 de La Coruña el pasado mes de enero. Entonces, el trabajador
se alzó en suplicación ante el TSJ, pero la Sala de lo Social ha ratificado la sentencia de
instancia.

Lo que alegaba ante el TSXG

El trabajador aducía en su recurso ante el TSJ que nunca se identificaron a las personas que
pudieron utilizar su usuario, que pudo haber sido otro compañero, y que lo esencial era quién
utilizó su contraseña. Sostenía que su conducta no era grave y culpable, en el sentido de que
«no se probó que haya actuado con plena conciencia de que su conducta vulnera el deber de
fidelidad, solicitando la aplicación de la teoría gradualista».

Asimismo, alegaba que la carta de despido adolece de defectos formales, porque no consta la
notificación a la representación sindical a la que pertenece, y que las faltas que se le imputan
estarían prescritas.

Así, reclamaba la revisión de hechos probados para suprimir un apartado. Petición que el
tribunal no admite recordándole que «si la revisión fáctica sólo es posible si se sustenta en
pericial o documental obrante en autos no contradicha por otros elementos probatorios y
demostrativa sin necesidad de conjeturas de un error del juzgador de instancia en la valoración
de la prueba, la revisión fáctica negativa no es posible, salvo que se acredite el carácter ficticio
del hecho declarado probado», cosa que no ocurre aquí, al existir «base alegatoria y
probatoria del hecho probado cuya eliminación se ha solicitado».

Los magistrados también rechazan la adición que propone a los hechos probados, porque «se
ampara en argumentos y consideraciones valorativas» y porque sin proponer texto alternativo
pretende que se añada que el despido no se notificó a su sindicato, cuando «no existe prueba
de una especial actuación de este trabajador en el ámbito sindical ni participación en el
mismo» y la empresa no tenía conocimiento de su afiliación sindical.

El recurrente también reclamaba la nulidad del despido por discriminación. Aseguraba que fue
sometido «a un tratamiento absolutamente discriminatorio en cuanto a la aplicación de la
sanción en relación a la de otros compañeros». El TSJ responde a esto que, además de que
constituyen «manifestaciones genéricas» en el recurso, «nada se acredita al respecto» y deja
«incólume el pronunciamiento que a tal efecto se concluye en la resolución recurrida».

La sentencia fue dictada el pasado 17 de septiembre (4060/2024) . Todavía no es firme, ya que
contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para unificación de
doctrina.

El Gobierno abre la puerta a legalizar a más de un millón de inmigrantes

Sat, 23 Nov 2024 13:49:00 GMT

Sólo por la vía del arraigo, que se amplía y facilita, se calculan más de 900.000 en los próximos
tres años

Incluye una disposición transitoria que permitirá acceder a esa figura a quienes le hayan
rechazado su petición de asilo

La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobada ayer por el Consejo de Ministro
supondrá, en tres años, la regularización de más de un millón de personas en situación
irregular, según cálculos conservadores. La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, cifró ese dato en 900.000 regularizaciones, pero sólo tuvo en cuenta las que se
concederán por los diferentes tipos de arraigo previstos en la nueva norma, que además se
amplía y flexibiliza respecto a la situación actual al exigirse sólo dos años en España, en lugar
de los tres actuales.

El nuevo texto, sin embargo, recoge una disposición transitoria por la cual todos aquellos a los
que se haya rechazado el asilo por sentencia firme antes de la entrada en vigor de la reforma
del Reglamento de Extranjería pueden optar a regularizar su situación por cualquiera de las
cinco formas de arraigo ahora previstas. Y con una ventaja añadida, no menor: sólo con
acreditar seis meses de residencia en España podrán acceder a esa figura en lugar de los dos
años necesarios como norma general.

En aumento

El ministro del Interior, viene advirtiendo de que muchos inmigrantes irregulares, asesorados
por las mafias que trafican con ellos, solicitan el asilo como forma de poder permanecer en
nuestro país. En 2023 hubo 160.000 peticiones y en lo que va de año ya hay otras 140.000. La
mayoría se rechaza, pero no se puede hacer un cálculo de cuántos podrán acogerse a esta
disposición transitoria.

Además, hay que tener en cuenta que el nuevo texto hace una ampliación de la figura de la
reagrupación familiar, de modo que los extranjeros residentes en nuestro país podrán traer a
más allegados y la edad de los hijos susceptibles de acogerse a esta figura se eleva hasta los 26
años. Por tanto, no sólo se regulariza la situación de los directamente implicados sino también
la de sus familias, lo que aumenta las cifras de forma considerable. Asimismo, ya no se exigirá
estar casado o ser pareja de hecho para acceder al reagrupamiento. Y se permitirá también
que personas víctimas de violencia de género, sexual o de trata puedan traer a sus hijos y
ascendentes.

Respecto al arraigo, una figura que dentro de la Unión Europea sólo está regulada en España
como forma de pasar de una situación irregular a otra regular, lo que hace el Gobierno es
facilitarlo. Se crea un arraigo de segunda oportunidad para personas que hayan tenido la

residencia y la hayan perdido por alguna razón, y también otro socio-laboral si se tiene una
oferta de empleo de 30 horas a la semana como norma general y 20 en algunos casos, o bien
contratos concatenados, y socio-formativo, pensado para aquellos que están matriculados en
cursos y que también se flexibiliza. Además de estos tres se mantienen el arraigo social y
familiar, prácticamente en los mismos términos que hasta ahora.

Política de visados

También se modifica la política de visados, que ahora ocupa un capítulo específico en el
reglamento, y se ordenan las competencias entre consulados y oficinas de Extranjería. Se
establece además que todos ellos tengan una vigencia máxima de un año y se modifica el
visado de empleo, que pasa a configurarse como visado de residencia durante doce meses. Y
además no será necesario abandonar nuestro país para obtener la residencia de larga duración
después de haber tenido una temporal. En general, se concederá un visado de un año y si se
prorroga lo será ya por cuatro.

Sobre los tipos de visado, el nuevo texto prevé que los habrá de corta y larga duración, de
residencia, de tránsito aeroportuario y también otros de carácter extraordinario y para la
búsqueda de empleo, que pasa de seis meses a un año.

Una de las cuestiones planteadas era cómo iba a quedar en esta reforma el silencio
administrativo, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pretendía que
operase a favor del demandante, lo que fue corregido por el Consejo de Estado en su informe
acerca de la reforma. El órgano consultivo advirtió de que una norma inferior no puede
corregir a una superior, en este caso la Ley de Extranjería.

El Gobierno lo va a solucionar con el cambio legal oportuno antes de la entrada en vigor del
reglamento, dentro de seis meses, aunque ya advierte de que el silencio administrativo no será
siempre positivo, sino que habrá casos tasados que se conocerán en su momento.

La gran duda que se plantea con esta reforma del Reglamento de Extranjería es qué ocurrirá
con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se aprobó el mes pasado en el Congreso con el
apoyo de todos los grupos salvo VOX y que busca la regularización extraordinaria de alrededor
de 500.000 extranjeros que residen en España, una propuesta respaldada por 611.821 firmas.
La medida, según sus promotores, acabará con la vulneración de los derechos fundamentales
de estos migrantes y las barreras que les impide contribuir económica y fiscalmente a la
sociedad, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.

¿Cuándo está obligado el propietario a renovar el contrato de alquiler aunque no quiera?

Sat, 23 Nov 2024 13:40:00 GMT

La reciente modificación en la legislación de alquileres impone nuevas obligaciones a los propietarios en materia de renovación contractual.

Cambia la ley de alquileres: el casero debe renovar contrato alquiler en estos casos

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en España ha experimentado cambios significativos que afectan tanto a inquilinos como a propietarios. Estas modificaciones buscan equilibrar la relación contractual y ofrecer mayor estabilidad a los arrendatarios.

Una de las novedades más destacadas es la obligación impuesta a los propietarios de renovar contrato alquiler en determinadas circunstancias, incluso si no desean continuar con el arrendamiento.

Estas reformas responden a la creciente preocupación por la accesibilidad y estabilidad en el mercado de alquileres, especialmente en zonas tensionadas donde los precios han aumentado considerablemente en los últimos años. Conocer en detalle estas obligaciones es esencial para ambas partes, ya que el incumplimiento puede acarrear sanciones y conflictos legales.

Prórroga obligatoria del contrato de alquiler

Según la LAU, si el contrato de alquiler tiene una duración inferior a cinco años (o siete años si el arrendador es una persona jurídica), el inquilino tiene derecho a renovar contrato alquiler anualmente hasta alcanzar esos plazos, salvo que manifieste su intención de no renovarlo con al menos 30 días de antelación al vencimiento.

Esto implica que el propietario está obligado a aceptar estas prórrogas, aunque no desee continuar con el arrendamiento.

Además, una vez alcanzados los cinco o siete años, si ninguna de las partes notifica su intención de no renovar con la antelación requerida, el contrato se prorrogará automáticamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más. Durante este período, el propietario no puede negarse a la renovación, salvo en casos específicos contemplados por la ley.

¿Cuándo puede el propietario negarse a renovar contrato alquiler?

Existen situaciones concretas en las que el propietario puede negarse a la prórroga obligatoria , incluso dentro de los plazos legales:

1. Necesidad de la vivienda para uso propio o familiar

El propietario puede recuperar la vivienda para sí mismo o para un familiar en primer grado si:

Lo comunica al inquilino con al menos dos meses de antelación .
Justifica adecuadamente la necesidad.

Si transcurren tres meses desde la extinción del contrato y la vivienda no ha sido ocupada , el inquilino puede:

Volver al inmueble.
O recibir una indemnización por los gastos derivados del desalojo.

2. Incumplimiento contractual del inquilino

En casos de impago de rentas , realización de actividades ilícitas o daños al inmueble , el arrendador puede iniciar acciones legales y no renovar contrato alquiler sin estar obligado a mantener la prórroga.

Si tienes dudas sobre cómo te afecta esta normativa, puedes consultar nuestra asesoría jurídica inmobiliaria para recibir orientación personalizada.

4.320 euros de multa por darle «Like» a una publicación de su expareja en TikTok

Mon, 18 Nov 2024 18:45:00 GMT

Existía una medida cautelar que impedía al usuario cualquier tipo de comunicación con su
expareja

TikTok es una red social que permite crear, editar y subir vídeos propios o de terceros de corta
duración. Esta plataforma, de origen chino, reúne a millones de usuarios a diario y, como
cualquier otra red social, puede ser utilizada como una herramienta extraordinaria de
comunicación entre personas u organizaciones o, en cambio, de un modo malicioso y bajo el
único propósito de perpetrar alguna conducta delictiva.

En particular, en esta ocasión nos detenemos a analizar una reciente sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Logroño que evidencia cómo el uso indebido de esta aplicación móvil
puede acarrear responsabilidades penales.

El origen del conflicto lo situamos cuando un hombre dio un «me gusta» a una publicación de
TikTok de su expareja, pese a que existía una medida cautelar que impedía al primero
cualquier tipo de comunicación entre ambos.

Consecuencia de ello, la mujer puso en conocimiento de la justicia tal circunstancia y, en
febrero de 2024, el Juzgado de lo Penal número 3 de Logroño dictó una sentencia condenando
al hombre como autor responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar,
previsto en el artículo 468.1 del Código Penal, concurriendo la agravante de reincidencia, a la
pena de 18 meses de multa, con una cuota diaria de 8 euros.

Dar «like» a un mensaje o publicación colgado en una red social implica una forma de
comunicación

El condenado, interpuso recurso de apelación. Entre otros argumentos de defensa, el
recurrente alegó que sería su hija, de 6 años, que se pasa el día viendo los vídeos de su familia,
la responsable de ese «like» a la publicación de su expareja. Sin embargo, la Audiencia
Provincial de Logroño comenta que esta afirmación no ha sido objeto de mayor desarrollo
probatorio. En palabras de la Sala, «lo indicado no deja de ser una mera manifestación de
defensa huérfana de prueba».

Sobre la valoración de los hechos, el tribunal hace referencia a varias resoluciones judiciales
que señalan que conductas como la aquí relatada supone un quebrantamiento de medida
cautelar. En este sentido, por su precisión, consideramos oportuno citar la sentencia 25/2023,
de 9 de enero, de la Audiencia Provincial de Barcelona, que aclara que el hecho de dar un
«like» a un mensaje o publicación colgado en una red social (en este caso era Facebook)
implica una forma de comunicación con la persona autora de tal «post», ya que el usuario de

la plataforma sabe que está mandando un mensaje de forma críptica que significa «me gusta
tu fotografía» y, en vez de transcribir tal expresión, pulsa la opción predeterminada por la app
que hace llegar ese mensaje a la persona que efectuó o compartió la publicación.

En la misma línea, la Audiencia de Logroño hace suyas las palabras del Tribunal Supremo, en su
sentencia 553/2022, de 2 de junio, al recordar que no puede descargarse sobre la mujer
afectada la responsabilidad de adoptar precauciones al respecto debido a que el único
obligado por la medida cautelar de prohibición de comunicación era él.

«La persona en cuyo favor se ha dictado una medida cautelar que incluye la prohibición de
comunicarse no asume la obligación de desconectarse de canales telemáticos o redes sociales
anteriormente activos, de suerte que la omisión de esta medida pudiera influir en el juicio de
subsunción. Es, por el contrario, el investigado el verdadero y único destinatario de la
prohibición y el que ha de adoptar todas las medidas indispensables para que esa
comunicación bidireccional no vuelva a repetirse», expone el Alto Tribunal.

Por todo lo expuesto, la Audiencia Provincial de Logroño termina desestimando las distintas
alegaciones realizadas por la defensa del usuario de TikTok y confirmando en su integridad la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal.

Por último, debemos indicar que ya existen jueces y magistrados que, para evitar confusiones,
a la hora de detallar la prohibición de comunicarse con una determinada persona, son
extremadamente precisos y concretan las distintas posibilidades. Algunos juzgado empiezan a
apuntar ya que tal comunicación está prohibida ya sea de un modo verbal, escrito, visual,
telefónico, telemático, o por cualquier tipo de red de comunicación social tipo WhatsApp,
Facebook, Instagram, Line, Snapchat o TikTok.

Condena a una empresa que contrató a un detective privado para seguir a un empleado

Mon, 18 Nov 2024 18:33:00 GMT

Es nula la sanción de 90 días que la mercantil le impuso, entre otras cosas, por ir a jugar al golf
estando de baja; además, tendrá que indemnizarlo con 15.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena impuesta a
una empresa que contrató a un detective privado para seguir a un empleado de baja laboral.
Ratifica que es nula la sanción que le impuso por fraude y transgresión de la buena fe
contractual. Además, tendrá que indemnizarlo con 15.000 euros por daños y perjuicios.

De esta forma, la Sala de lo Social ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por la
mercantil contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Donostia-San Sebastián que
le impuso esta pena el pasado mes de mayo.

El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando el trabajador, que se encontraba en
situación de incapacidad temporal (IT) por trastorno adaptativo no especificado, recibió una
notificación de la empresa informándole de que se le imponía una sanción de 60 días de
suspensión de empleo y sueldo por una falta muy grave.

La sanción se basaba en un informe llevado a cabo por una empresa de detectives, durante el
mes de agosto, que recogió seguimientos del trabajador en un club de golf privado los días 1, 2
5, 6 y 18 julio, y en su estancia fuera del País Vasco en una segunda residencia, a la que se
trasladó el día 20 de aquel mes.

El afectado llevó el caso ante la Justicia recurriendo la sanción y el Juzgado de lo Social le dio la
razón y la declaró nula, al estimar que la prueba aportada por el detective privado había
infringido el artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada (LSP), que establece que en «en ningún
caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros
lugares reservados», como es en este caso un club de golf privado. Además, le concedió la
citada indemnización.

Entonces, la empresa se alzó ante el TSJ solicitando que declarara válida la prueba de la
detective y, en consecuencia, ajustada a Derecho la sanción impuesta. También sostenía que
no procedía la indemnización por daños y perjuicios, pero que de ser estimada fuera menor.

Las fotografías se tomaron en un lugar privado

Respecto al elemento de la justificación de la medida tomada por la empresa para acudir a la
prueba de detectives con el objetivo de determinar los incumplimientos del trabajador, el TSJ
destaca que «no aparecen los hechos del proceso de IT del trabajador con los elementos de la

razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad para tomar la medida de activación de
seguimiento por un detective». «No hay elemento probatorio suficiente ni existe un justificado
nivel de absentismo en el ámbito de la empresa», afirma.

Los magistrados explican que del relato de hechos probados se desprende que esa
preocupación se pone de relieve con posterioridad a los hechos acontecidos, «y sin que exista
prueba concreta sobre tal índice de absentismo». Tampoco entienden «que exista una
llamativa situación de IT del trabajador o elementos que puedan conducir a un abuso de
utilización de la IT, no sólo por los procesos de IT del demandante, y más cuando pudo el
empresario acudir a lo dispuesto en el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores».
La empresa contrató a una detective para hacer un seguimiento de su vida diaria.

Dicho precepto dispone que «el empresario podrá verificar el estado de salud del trabajador
que sea alegado por este para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante
reconocimiento a cargo de personal médico» y que «la negativa del trabajador a dichos
reconocimientos podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran
existir a cargo del empresario por dichas situaciones».

«Por tanto, no encontramos la justificación objetiva de la medida de control a través de la
prueba a la que accedió el empresario, no obstante, no por ello supone la licitud o ilicitud de la
prueba», razona el TSJ.

Pero, donde hace hincapié es en que el recinto donde se tomaron las fotografías jugando al
golf era un «lugar reservado» –un lugar privado sin acceso público, sólo para socios y con
reserva del derecho de admisión–, por lo que «el detective para su acceso debió interesar un
permiso». Además, apunta que no es de recibo la justificación de la empresa en cuanto se
tomaron «en la cafetería del centro privado».

Por tanto, el alto tribunal vasco concluye que «contraviene lo dispuesto en el citado artículo 48
de la Ley de Seguridad Privada», lo que le lleva a confirmar la «ilicitud de la prueba y discernir
que con la misma se llevó a cabo un acto de intromisión en el derecho a la intimidad del
demandante en el desarrollo de su proceso de incapacidad temporal».

40.000 euros de indemnización para un trabajador a quien su empresa le modificó las condiciones laborales como represalia por disfrutar del permiso de paternidad

Thu, 24 Oct 2024 21:25:00 GMT

“Ya descansarás cuando te jubiles, como todos los demás”, le reprochó la empleadora,
negándole la posibilidad de hacer uso íntegro del permiso.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la condena a una empresa
dedicada al sector vinícola por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad de unos de sus
trabajadores, a quien no le dejaban cogerse el permiso de paternidad en su integridad.
La empleadora, que en un principió negó esta posibilidad al trabajador, llevó a cabo la
represalia de modificar las condiciones laborales del empleado una vez que éste tomó la
decisión, en contra de lo que le pedía la empresa, de cogerse todas las semanas de permiso
que le correspondían.

La Sala de lo Social ha dictaminado en la sentencia que, la empresa deberá indemnizar al
trabajador con la cantidad de 40.000 euros por los daños morales causados, ya que fue
sometido a una actuación empresarial “claramente contraria a las normas que deben presidir
el necesario respeto a las previsiones legales sobre permisos de paternidad”.

La empresa le negó cogerse el permiso de paternidad íntegro

En el presente caso enjuiciado, el trabajador prestaba servicios como supervisor técnico en el
departamento de control de calidad de una empresa dedicada al sector vinícola. Con motivo
del nacimiento de su hija el empleado envió un correo electrónico a la empresa solicitando el
disfrute de su permiso íntegro de paternidad.

En el correo informaba que las seis semanas serían disfrutadas a partir del día siguiente al
nacimiento del menor, y el resto (las 10 semanas restantes de descanso), las disfrutaría de
forma interrumpida en régimen de jornada completa, de acuerdo con lo previsto en el artículo
48.4 del Estatuto de los Trabajadores.

A los pocos días de enviar dicho correo el actor fue citada a una reunión con el director de
planta y el director de Recurso Humanos de la empresa. El trabajador acudió con una
grabadora y en el transcurso de la conversación, los directivos le dijeron, entre otras cosas,
que de “ese planteamiento (del disfrute del permiso) ya te puedes olvidar”. El actor pregunto
entonces que si veían mejor que se cogiera todas las semanas de forma seguida, a lo que le
contestaron: “Evidentemente, que no te cojas el resto de semanas”; “De 4 a 6 semanas, en
ningún momento hablamos del resto de semanas”.

“Esta empresa es de quien es, y es más, la empresa donde está tu mujer también es del dueño
de esta empresa, ¿vale? Y ya está, os gustará más o menos, pero esta empresa funciona así”, le
recriminó el director de Recursos Humanos.

“La empresa tiene esa política para bien o para mal”

El trabajador disfrutó del permiso de paternidad durante seis semanas desde el día del
nacimiento de su hijo (semanas obligatorias posteriores al parto), y se reincorporó a su puesto
para cubrir las vacaciones de dos compañeros.

A las pocas semanas de reincorporarse el actor se reunió de nuevo con el director de Recursos
Humanos y de la planta con la finalidad de tratar la reanudación del disfrute del permiso de
paternidad. En el transcurso de dicha reunión los directivos le dijeron al trabajador, entre otras
cosas, que venía a pedir lo mismo que la otra vez, “tú te quieres coger el permiso y nosotros no
queremos que te lo cojas”; “aquí todo el personal se está cogiendo un mes y medio, todos y
algunos no se van a coger ni eso siquiera, eso va implícito en el sentido común y en la
responsabilidad de cada uno”.

Otras de las frases que le dijeron en esta segunda reunión fueron que “la empresa tiene esa
política para bien o para mal”; “tú sabes de sobra que nadie ha cogido en esta empresa más de
sus seis semanas, e incluso mucha gente menos de esas seis semanas”. También le advirtieron
al trabajador que “no debería tensar tanto la cuerda porque al final va a ser una tensión
importante con la empresa”; “si yo estuviera en tu posición yo no dormiría tranquilo”.

Ese mismo día, tras la reunión, el trabajador envió un correo electrónico a la empresa
comunicando que disfrutaría del permiso restante de paternidad, correspondiente a 10
semanas.

Sin embargo, finalmente el trabajador no comenzó el disfrute del permiso en la fecha que
había indicado en el correo electrónico porque fue requerido ese mismo día que tenía previsto
comenzar el permiso por el encargado del departamento técnico de control de calidad para
suplir la baja laboral de un compañero: “En relación a tu solicitud, te comento que como
consecuencia de la baja de incapacidad temporal de tu compañero, el disfrute de la misma
deberás retrasarla hasta la incorporación de éste, prevista inicialmente para 15 días”, le
contestó la empresa por correo electrónico.

“Ya descansarás cuando te jubiles, como todos los demás”

Cuando el compañero que estaba en IT se reincorporó al trabajo el actor fue convocado a una
nueva reunión. En dicha reunión el director de Recurso Humanos le dijo que el tema de las
prestaciones “es goloso, sobre todo porque es un ingreso que no tributa, pero bueno, hay
alternativas”.

El director de Recursos Humanos ofreció al trabajador que en su caso, para conciliar, podría
trabajar de seguido, pero que no trabajaría cuatro horas. Cuando el actor le contestó que eso
era defraudar a Hacienda y que él no quería hacer eso, el responsable de RRHH le contestó:
“Eso es igual que si trabajaras 8 horas y antes trabajabas 10 y 11”; “nosotros te damos de alta
a media jornada, en ese punto de vista no hay trampa, media jornada, reducción de jornada,
se ve asociada a media jornada”.

Ese mismo día por teléfono el actor comunicó que no aceptaba esa propuesta. En dicha
conversación telefónica el director de RRHH le contestó: “Yo te he dado una alternativa y tú te
la pasas por el forro”; “déjate de paternidad que ya has descansado mes y medio”; “ya
descansarás cuando te jubiles, como todos los demás”. La conversación finalizó con el director
diciendo al trabajador: “Que sí, que te quedes en tu casa y luego cuando vengas ya veremos lo
que hacemos”.

Ese mismo día, el empelado solicitó por correo electrónico que le comunicaran por escrito el
acuerdo de disfrute a jornada parcial de su permiso de paternidad, indicando que en su caso,
pasaría a consumir vacaciones, independientemente del permiso de paternidad.

La empresa no respondió a la solicitud; por lo que el actor inició el resto del disfrute de su
permiso de paternidad desde principios de octubre hasta mediados de diciembre, periodo que
le fue reconocido por resolución del INSS.

Una actuación de represalia

El trabajador se reincorporó a su puesto tras disfrutar del resto del permiso de paternidad. A
raíz de su incorporación la empresa le comunicó por carta que a partir de enero, dentro de su
grupo profesional, procederían a mover al trabajador de sus funciones por causas
organizativas, pasando ahora a desarrollar otras tareas en la sección de preparación de vinos.
En este nuevo puesto el actor pasó a realizar turnos partidos de mañana y de tarde, cuando en
su anterior puesto realizaba turnos de mañana y de noche por periodos semanales alternando
ambos.

Dos meses después de esta medida de movilidad funcional, la empresa remitió una nueva
comunicación al trabajador informándole que retornaría a su posición previa. Sin embargo, el
trabajador se negó a firmar la comunicación. Ese mismo día, el actor inició un periodo de

incapacidad temporal por “trastorno de ansiedad excesiva”, encontrándose en esta situación
en la actualidad.

La indemnización de 40.000 euros es razonable y proporcionada

El trabajador demandó a la empresa por modificación de las condiciones de trabajo con
vulneración de derechos fundamentales. El Juzgado de lo Social número 2 de Ciudad Real
estimó parcialmente la demanda y declaró que la empresa, con la modificación de las
condiciones laborales operadas, dejadas sin efecto después, había causado una vulneración del
derecho fundamental del actor a la igualdad.

El Juzgado rechazó la indemnización solicitada por el trabajador, cuantificada en 187.500
euros; y, en su lugar, condenó a la empresa a indemnizar al empleado con la cantidad de
40.000 euros por los daños morales causados, inherente a dicha vulneración.

La sentencia de primera instancia fue recurrida tanto por el empleado como por la empresa.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado ambos
recursos de suplicación y confirmado la resolución del Juzgado.

La Sala de lo Social afirma que ha quedado acredita que el actor fue sometido a una actuación
de la empresa “claramente contraria a las normas que deben presidir el necesario respeto a las
previsiones legales sobre permisos de paternidad”.

Pues, en un primer momento la empresa negó al trabajador la posibilidad de hacer uso de
dicho permiso en su integridad; y, tras su efectivo ejercicio, la empleadora adoptó una
actuación de represalia mediante una medida de movilidad funcional.

No obstante, dado que dicha situación fue revertida por la propia empresa antes de que
transcurriesen dos meses, el Tribunal considera que se produje una infracción muy grave en su
grado medio y, por ende, la decisión adoptada por el Juzgado cifrando la indemnización en
40.000 euros “es razonable y proporcionada con las circunstancias concurrentes, y en absoluto
desorbitada, por elevada, o injusta, por escasa”.

Despedida una trabajadora que durante su baja por operación de tobillo se grabó bailando y saltando con tacones y lo colgó en redes sociales

Thu, 24 Oct 2024 21:22:00 GMT

Unos hechos que son incompatibles con la recuperación de la patología que le afecta al pie,
que implica reposo y procedimientos de inmovilización

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la procedencia del despido de una trabajadora que mientras estaba de baja por incapacidad temporal a causa de una
operación de tobillo se grabó unos vídeos bailando y saltando con tacones y los subió a su
perfil de TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter.

Esta trabajadora venía prestando servicios en una empresa de Las Palmas de Gran Canaria
dedicada a la creación y desarrollo de formatos televisivos y de reportajes videográficos. El 22
de agosto de 2022 causó baja por incapacidad temporal (IT) y al día siguiente se operó de un
juanete en el pie.

Según los hechos probados, bailar y saltar con tacones es incompatible con la recuperación de
la patología que le afecta al pie, que implica reposo y procedimientos de inmovilización. Sin
embargo, a mediados de junio de 2023 se publicó el making of del vídeo de una canción en el
que ella, como protagonista, aparecía bailando y saltando con tacones.

En junio de 2023, su empresa le comunicó su despido disciplinario, porque entre agosto de
2022, fecha en la que causó baja por IT, hasta junio de 2023, en su perfil público de TikTok,
Instagram, YouTube, Facebook y Twitter, así como en diversos medios de comunicación,
«viene realizando una amplia actividad artística, incompatible con su patología, y con tal
situación».

Le imputó un incumplimiento grave de sus obligaciones laborales, y una falta laboral muy
grave, prevista en el artículo 44.8 del II Convenio de la producción Audiovisual. Unos hechos
que, según la empresa, «denotan una conducta antisocial, que implica una transgresión de la
buena fe contractual inherente al contrato de trabajo», y entrañan «un manifiesto fraude y
deslealtad».

La trabajadora demandó a la empresa por el despido, pero el Juzgado de lo Social número 8 de
Las Palmas desestimó su demanda. Según el juzgador de primera instancia, han quedado
probados tales incumplimientos, por lo que se desvincula la decisión disciplinaria de cualquier
móvil discriminatorio derivado de la salud de la trabajadora, y declaró la procedencia del
despido.

Sentencia que ahora ha confirmado el TSJ, desestimando su recurso de suplicación. La
sentencia fue dictada el pasado 25 de julio todavía no es firme, ya que contra la misma cabe
recurso de casación ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina.
«en los últimos años son frecuentes las resoluciones de la jurisdicción Social que admiten
como prueba para declarar la procedencia de un despido, las imágenes en vídeo donde
aparece el trabajador que estando de baja, realiza actividades incompatibles con esa situación
de IT».

Ahora bien, destaca que «la jurisprudencia sólo admite aquellas imágenes que habiendo sido
captadas por el trabajador o por un tercero, son compartidas por el propio trabajador en un
perfil abierto y, por tanto, accesible por todo el mundo sin necesidad de registro previo, en
cuyo caso se aportan sin problema al procedimiento laboral y pueden ser valoradas».

«Si esas mismas imágenes se hubiesen obtenido de un perfil cerrado, o dicho de otra manera
sin consentimiento del trabajador, posiblemente no hubiesen podido ser valoradas en el
proceso laboral»

El TSJ destaca que lo relevante es que estuvo en situación de IT entre el 22 de agosto de 2022 y
junio de 2023, y que durante dicho periodo ha realizado, según obra en el relato fáctico,
«actividades incompatibles con la recuperación de la patología que le afecta al pie y que ha
causado su proceso de baja por IT».

A la alegación de que la facultativa competente indicase en el historial clínico que el 30 de
junio de 2023 se emitiría el alta médica, el tribunal indica que la actividad incompatible con el
proceso de curación que ha resultado probada «también engloba periodos en 2022
(septiembre 2022) y mayo de 2023».

Entre otras cuestiones, la trabajadora también recurrió denunciando infracción de normas
sustantivas y de la jurisprudencia, específicamente el artículo 55.1º del Estatuto de los
Trabajadores (ET). La recurrente sostenía que al no fijarse en la carta de despido la fecha de
efectos del mismo, incurre en un defecto grave de forma, que debe conllevar la declaración de
improcedencia.

El TSJ replica a esto que tal y como se manifiesta por el juzgador de instancia, la misiva es clara
cuando determina que los efectos del despido «se producirán transcurridos los tres días (se
entiende hábiles) concedidos en la carta de despido», para que la trabajadora pudiera efectuar
alegaciones, «lo que debe contabilizarse a partir de la notificación a la misma de la carta de
despido, cosa que sucedió el día 27 de junio de 2023, por lo que los efectos se producirían a
partir del 1 de julio».

Como ha resultado probado, la empresa la dio de baja en la Tesorería General de la Seguridad
Social el 2 de julio de 2023. «Ello es un día después a la efectividad del despido, pero en modo
alguno tal retraso de un día puede ser interpretado como un defecto de forma en la
comunicación de los efectos del despido que fue determinada claramente en la carta de
despido», razonan los magistrados.

La trabajadora también recurrió denunciando infracción de normas sustantivas.
Específicamente, el artículo 54.2 e) del ET y el 44.8 del II Convenio de la Producción
Audiovisual. Entiende que «no ha incurrido en conducta merecedora de despido, ni en
incumplimiento contractual, pues de acuerdo con el historial clínico, en el mismo no se recoge
que no pueda andar, sino que, al contrario, se viene observando una mejoría que finalizaría
con el alta médica prevista para el día 30 de junio de 2023″.

La recurrente subrayó que las limitaciones que recoge el informe del hospital «refieren a
deambulación prolongada y conducir largo tiempo, lo cual se encuentra plenamente
relacionado con las tareas propias de la categoría profesional» de la trabajadora, contenidas
en la ficha de funciones aportada por la empresa, donde figuran tareas en las cuales resulta
imprescindible la conducción, tales como la localización de lugares de directo y asistencia en
directos». Por ello, entiende la recurrente que su conducta estando de baja «no estaba
prohibida o contraindicada por los facultativos, sino más bien lo contrario», que «se le
recomendaba la actividad».

«La trabajadora combate la sentencia del Juzgado «partiendo de un hecho no probado de que
la actividad llevada a cabo durante el proceso de baja por IT», que se ha prolongado desde el
mes de agosto 2022 y hasta el mes de junio 2023, «no estaba contraindicada ni era
incompatible con su proceso de curación. No obstante, los hechos que han resultado probados
nos dicen lo contrario», expone al respecto el TSJ.

En este sentido, indica que «en base a los hechos anteriores y más concretamente al hecho
probado de la incompatibilidad de bailar y saltar con la recuperación de la patología que afecta
al pie de la trabajadora que requiere reposo, solo puede concluirse que la recurrente se
ampara en un argumentario que pasa por desconocer y no respetar el contenido de los hechos
que han sido declarados probados, para ofrecer un planteamiento que parte de presupuestos
fácticos no recogidos en el relato histórico, sustentando sus razonamientos en afirmaciones
que no vienen avaladas en los mismos, para incurrir de esta forma en un rechazable vicio
procesal cual es la llamada ‘petición de principio’ o ‘hacer supuesto de la cuestión’.

Este letrado destaca que estos procedimientos son muy complejos por la dificultad probatoria
que tienen las empresas para acreditar que efectivamente se desarrollan actividades
incompatibles con el diagnóstico del trabajador en concreto».«La primera dificultad es que las

empresas desconocen las patologías que sufren los trabajadores en IT, y aún teniendo
conocimiento de que realizan actividades no saben si efectivamente son compatibles o no».

También destaca que «esta situación de realizar actividades incompatibles con la patología
estando en IT no es un caso aislado, sino que se da en muchísimas circunstancias» y de hecho,
su despacho tiene «muchos asuntos parecidos».

Recientemente, también ha sido sonado el caso de un trabajador de baja por dolores en la
rodilla que fue pillado bailando en los locales que regenta, y el TSJ de Cartagena (Murcia) ha
ratificado la procedencia del despido.

También se pone de manifiesto «la impunidad de personas que estando en IT realizan labores
incompatibles, como se da la circunstancia de que la propia trabajadora reconoció en redes
sociales que sufrió mucho dolor cuando bailaba por haber sido operada de un tobillo
recientemente».«Estas prácticas ponen de manifiesto una situación de preocupación social
por la posible impunidad que se dan»

Protección Legal a tu Alcance en Málaga con Bancalero Abogados

Thu, 24 Oct 2024 21:18:00 GMT

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La Xunta de Galicia ha sido condenada a adaptar los horarios de una profesora con limitaciones visuales

Tue, 22 Oct 2024 15:32:00 GMT

Las medidas podían y debían haber sido adaptadas antes del inicio del curso académico, tal y
como solicitó la trabajadora

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dado la razón a una profesora de Educación
Secundaria que, por las limitaciones visuales que padece y por las cuales tiene reconocido un
grado de minusvalidez del 35% de tipo sensorial, sólo puede dar clases en horario diurno.

La Sala de lo Social ha condenado a la Xunta de Galicia a adaptar el horario de la trabajadora,
así como su puesto de trabajo, garantizando que el mismo cuente con la iluminación necesaria.
Unas medidas que podían y debían haber sido adoptadas, en el marco de riesgos laborales,
antes de iniciar el curso académico, ya que la profesora solicitó dichas medidas de adaptación
de su puesto con antelación a que diera inicio el curso.

Asimismo, en la sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’) se condena a la Xunta
a indemnizar a la trabajadora con 7.500 euros por los daños y perjuicios sufridos, pues el
Tribunal considera que se discriminó a la profesora por razón de se discapacidad.

Los hechos

En el presente caso enjuiciado, la actora presta servicios como funcionaria de carrera del
cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria (PES), especialidad de Formación y
Orientación Laboral (FOL). En el año 2010 el Departamento Territorial de la Consejería de
Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia reconoció por resolución a la trabajadora un grado
de minusvalidez del 35% de tipo sensorial con carácter definitivo.

Pues, la actora tiene muy mala visión nocturna y dificultad en la percepción de distancias y
relieve, lo que le impide conducir y trabajar en condiciones de poca luz. También presenta
conjuntivitis papilar gigante, que le dificulta el uso de lentes de contacto. A nivel visual, se
clasifica como ceguera legal en el ojo derecho, sin opciones de tratamiento efectivo. Y, las
gafas que utiliza son hipocorregidas, lo que limita su visión lejana.

Para el curso 2023/2024 le fue adjudicado como destino definitivo el IES Arcebispo Xelmírez I,
en Santiago de Compostela. Antes de que diera comienzo el curso, la actora teniendo en
cuenta su patología, presentó escrito solicitando preferencia en horario diurno; no salir ni

entrar en el centro de noche; y que no se le hiciera ir y venir varias veces al día al centro,
señalando las primeras horas del día y las últimas como las menos deseadas en relación con el
horario de adultos. Además, pedía que se garantizase una buena iluminación en su puesto de
trabajo. Pues, los desplazamientos innecesarios y la falta de luz aumentarían
exponencialmente el riesgo de sufrir daños.

Dicha solicitud fue remitida al servicio de prevención de riesgos laborales, que emitió un
dictamen, siendo descrita la actora como “personal especialmente sensible”, e incorporando
una serie restricciones laborales a la hora de adaptar el horario de la profesora.

Entre esas restricciones se establecía que debía adaptarse en la medida de lo posible el horario
de la actora para jornada en horario diurno, intentando agrupar su horario, y no realizar
jornada partida; que las aulas donde impartiese docencia la trabajadora se encontrasen cerca y
tuvieran una iluminación adecuada; que no realizase guardias de recreo; que se le facilitase el
acceso al ascensor para así facilitar su movilidad en el centro; y, se recomendaba que se
informará a la actora con anticipación de los posibles cambios de aula o tareas para que la
trabajadora pudiera adaptarse a los mismos.

No se adaptaron todas las medidas de adaptación del puesto

El 8 de septiembre el instituto entregó a la profesora los horarios definitivos que tenía que
realizar, teniendo asignado tres días a la semana (lunes, martes y viernes) horario a primera
hora, teniendo que entrar a las 8:45 horas; y dos días a la semana (miércoles y jueves)
teniendo que salir a las 20:40 horas.

Con estos horarios, no se garantizaba la entrada y salida del centro en horario diurno ni se
daba la iluminación adecuada en las clases de primera hora de la mañana y última de la tarde-
noche, a pesar de los problemas de visión que padecía la profesora. Asimismo, se impuso a la
actora la realización de guardias de recreo.

Por el contrario, las únicas medidas que se adaptaron fueron las consistentes en que no
realizara jornada partida, que le fuese facilitado el acceso al ascensor y que todas las clases
estuvieran próximas entre sí.

En el mes de diciembre, la actora presentó de nuevo otra solicitud con motivo de la adaptación
del puesto, requiriendo que la Jefatura Territorial dictase sentencia al respecto. Sin embargo,
la Inspección Educativa emitió un informe en el que concluía que se había llevado a cabo en
todo lo posible la adaptación del puesto de la actora.

La Inspección de Trabajo propuso dos soluciones

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), en febrero de 2024, emitió un informe
concluyendo que no se había garantizado de manera específica la protección de la profesora,
quien tiene reconocida la situación de discapacidad sensorial y es especialmente sensible a los
riesgos derivados del trabajo, a pesar de que la empresa y el instituto tuvo conocimiento de la
situación de la trabajadora antes del inicio del curso académico y, sin embargo, elaboró un
horario en el que no tuvo en cuenta la solicitud de adaptación del puesto.

La ITSS también señaló que no se habían cumplido todas las medidas previstas en el dictamen
emitido por el servicio de prevención, en concreto, las relativas a horario diurno y guardias de
recreo, a pesar de que en el centro existe una plantilla de 89 profesores y más de 900 alumnos.

En el informe la Inspección de Trabajo indicó que, “para lo que queda de curso, sí que sería
posible adaptar los horarios de la profesora de entrada y salida”, aunque ello afectaría a los
horarios de trabajo del resto de profesores y a los horarios de los alumnos.

Asimismo, se indicaba que otra solución para adaptar los horarios de entrada y salida de ese
curso podría ser contratar a un nuevo profesor que cubriese las horas indicadas, aunque ello
podría tener dos consecuencias: que la actora podría ver reducidas sus horas lectivas (lo que
implicaría para ella una reducción de jornada y de salario); y otra consecuencia sería que una
misma asignatura podría ser impartida simultáneamente por dos profesores (la actora y el
nuevo) para los mismos alumnos, lo que sería contraproducente para los alumnos de dichas
asignaturas.

La Xunta fue condenada a adaptar la jornada a un horario diurno

Ante tales hechos, la profesora afectada demandó a la Consejería de Cultura, Educación y
Formación profesional y Universidades de la Xunta de Galicia por vulnerar sus derechos
fundamentales.

La demanda fue estimada por el Juzgado de lo Social número 2 de Santiago de Compostela. En
consecuencia, se condenó a la empleadora a adaptar las medidas necesarias para el puesto de
trabajo de la actora a la patología que presenta, y en especial, adaptar la jornada en el centro
educativo al horario diurno, garantizando la buena iluminación del centro.

Asimismo, el Juzgado condenó a la empleadora a indemnizar a la profesora con 7.500 euros
por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales.

La sentencia de instancia fue recurrida por la Xunta de Galicia. En el recurso de suplicación se
alegaba que el fallo del Juzgado imponiendo la adaptación de la jornada de la trabajadora a un
horario diurno era una obligación que excedía del concepto de ajuste razonable, y que la
imposición de dicha adaptación implicaba una carga desproporcionada, tanto para los alumnos
y profesores, ya que sus horarios se verían afectados.

Las medidas podían y debían haber sido adaptadas antes del inicio del curso
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado el recurso y confirmado la sentencia
de instancia en todos sus pronunciamientos, incluido el importe establecido en concepto de
indemnización por daños y perjuicios.

La Sala de lo Social ha razonado que la Xunta “pudo y debió establecer medidas de ajuste a
principios de curso”, lo que hubiera impedido que las medidas, las cuales deberán cumplirse,
hubiesen sido más gravosas una vez establecidos los horarios del resto de profesores y
alumnos.

Pues, la empleadora era conocedora de la petición de la trabajadora antes de iniciar el curso
académico, pudiendo haber adaptado en ese momento las medidas necesarias para elaborar
su horario.

Y, respecto a la posible solución que plantea la Inspección de Trabajo para lo que queda de
curso —contratar a otro profesor para reducir la carga lectiva de la actora—, es una solución
provocada por la actividad del centro, lo que impide que pueda valorarse como
desproporcionada o indebida.

“Es la falta de adaptación de esos ajustes en tiempo y forma lo que ha provocado que las
mismas medidas de ajuste sean ahora más gravosas, pues de haber elaborado horarios a
principio de curso podrían haberse previsto estas circunstancias, teniendo en cuenta además
el elevado número de profesores existente en el centro y la amplitud del horario del centro”,
recoge la sentencia.

Asimismo, el Tribunal confirma que se ha producido una discriminación de la profesora por
razón de su discapacidad, lo que se produce tanto si se acredita un propósito de causar
perjuicio a la persona por el mero hecho de ser discapacitada, como si se constata que se ha
producido un resultado debido a la acción de un responsable, que causa la “distinción,
exclusión o restricción” de alguno de los derechos de quien es discapacitado, sin que tenga
que concurrir la afectación de ninguna otra circunstancia personal.

Pues, el artículo 5 de la Directiva 2000/78 establece que las medidas de ajuste son una
obligación dirigida a los empresarios, según la cual deberán realizar los ajustes razonables a fin
de cumplir con el principio de igualdad de trato de las personas con discapacidad para que
estas puedan acceder al empleo, tomar parte en el mismo, realizar formación o progresar
profesionalmente, en igualdad de condiciones.

Sanciones que vulneren derechos pueden recurrirse vía suplicación

Thu, 17 Oct 2024 14:47:00 GMT

La posibilidad de recurrir sanciones laborales se amplía al considerar la defensa de derechos
fundamentales

Siempre que un trabajador impugne una sanción y, al mismo tiempo, denuncie la vulneración
de un derecho fundamental según el artículo 26 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
(LRJS), se podrá acceder al recurso de suplicación, a pesar de lo establecido en los artículos
115.3 y 191.2 de la misma Ley. Así lo ha recordado el Tribunal Supremo después de estimar el
recurso de casación para la unificación de doctrina de una empresa interpuesto contra un
trabajador.

El caso en cuestión, cuyo contenido puede consultarse pinchando en ‘descargar resolución’, se
remonta al 21 de octubre de 2014, cuando la Gerencia de una Corporación de Prácticos del
Puerto de Huelva comunicó a un trabajador que había recibido una denuncia presentada por
este ante la Autoridad Portuaria de Huelva. En su escrito, el trabajador alegaba un supuesto
incumplimiento de las condiciones reguladoras del servicio de practicaje. Sin embargo, la
Gerencia le informó que no había tal incumplimiento y que su denuncia era sorprendente dado
que él actuaba como «delegado sindical» y que, de tramitarse, dejaría sin trabajo a todos los
empleados.

El 12 de noviembre de 2014, la Gerencia abrió un expediente contradictorio en respuesta a la
denuncia. En este expediente, el trabajador presentó sus alegaciones, las cuales fueron
consideradas en el proceso. No obstante, el 27 de noviembre de 2014, la Corporación le
notificó una sanción de 45 días de suspensión de empleo y sueldo. La razón de esta sanción fue
que la denuncia fue considerada «falsa y malintencionada», argumentando que el trabajador
utilizaba su posición como delegado sindical para perjudicar a la empresa. La Gerencia subrayó
que la conducta del trabajador violaba el principio de buena fe en las relaciones laborales, al
afirmar que su actitud «no busca sino provocar una sanción para la misma o la extinción del
contrato para la prestación del Servicio de Practicaje con la Autoridad Portuaria».

Después de cumplir con la sanción impuesta, el trabajador agotó la vía previa al presentar una
papeleta de conciliación el 30 de diciembre de 2014. Al no obtener resultados, el 22 de enero
de 2015 interpuso una demanda en los Juzgados de Huelva. En la sentencia resultante, se
declaró nula la sanción impuesta, obligando a la empresa a devolver al trabajador la cantidad
de 5.227,20 euros. Así, el fallo destacó que «la denuncia presentada por el trabajador ante la
Autoridad Portuaria no solo era válida, sino que se enmarcaba en el ejercicio legítimo de su
función como delegado sindical».

Sobre la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

Como respuesta a esta resolución, la compañía interpuso un recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Para su sorpresa, la sala desestimó
el recurso, confirmando la decisión del Juzgado de Instancia. Una decisión que tomó el
magistrado tras argumentar que, según el artículo 191.2.a) de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social (LRJS), no se puede presentar un recurso de suplicación en los casos de
impugnación de sanciones que no sean muy graves o que no hayan sido confirmadas
judicialmente. Por lo tanto, no se examinó el tercer motivo del recurso, que se refería a la
posible violación de los derechos de libertad sindical.

Mostrándose disconforme con dicho desenlace, la empresa interpuso un nuevo recurso, esta
vez de casación para la unificación de doctrina, que terminó llevando el pleito al Tribunal
Supremo. En el mismo, invocó de contraste la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo
1074/2016, de 20 de diciembre (R. 3194/2014). Además, concluyó que la cuestión que
generaba controversia consistía en «determinar si cabe recurso de suplicación frente a una
sentencia, dictada en un proceso sobre impugnación de sanción disciplinaria, que declaró nula
la sanción impuesta por resultar vulneradora de derechos fundamentales».

La sentencia de contraste, que resolvía un litigio acerca de una trabajadora sancionada con dos
días de suspensión por repartir información sindical de manera inapropiada, fue la invocada
por la empresa. La trabajadora, en calidad de delegada sindical, impugnó la sanción alegando
vulneración de su derecho a la libertad sindical y solicitó su nulidad, así como una
indemnización.

La Sala de suplicación declaró que carecía de competencia funcional, señalando que el artículo
184 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) exige que las impugnaciones de
sanciones sigan los procedimientos de los artículos 114 y 115. Además, el apartado 3 del
artículo 115 solo permite el recurso de suplicación si la sanción es por falta muy grave
confirmada judicialmente. Sin embargo, la sentencia de contraste aceptó el recurso de
casación unificadora sin necesidad de establecer previamente la contradicción, argumentando
que la competencia funcional, junto con la falta de jurisdicción y la cosa juzgada, son
excepciones a la regla general. En este sentido, se concluyó que el acceso a la suplicación es
posible si se alegan vulneraciones de derechos fundamentales o defectos procedimentales
graves, salvo en casos fraudulentos que deben ser rechazados según el artículo 11.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Pese a la contradicción, es posible interponer un recurso de suplicación

Teniendo en cuenta todos los argumentos presentados en el recurso, así como la sentencia de
contraste invocada, el Tribunal Supremo ha decidido estimar el recurso de casación para la
unificación de doctrina. En su resolución, el Tribunal ha aclarado que, al cuestionarse la
competencia funcional, no es necesario realizar un análisis de contradicción, ya que le
compete a esta Sala, en virtud del orden público procesal, examinar la existencia de dicha
competencia.

El Tribunal ha subrayado que, en estos casos, es esencial que la parte recurrente aporte la
sentencia de contraste, ya que la falta de presentación de dicha sentencia puede dar lugar a la
inadmisión del recurso. Esta postura se fundamenta en criterios establecidos en resoluciones
anteriores y se ha reafirmado en la jurisprudencia reciente. De este modo, el Tribunal ha hecho
hincapié en la importancia de asegurar el respeto a los derechos procesales de las partes
involucradas.

Además, el Tribunal Supremo ha reiterado que, a pesar de la literalidad de los artículos 115.3 y
191.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), es posible interponer un recurso de
suplicación en aquellos procedimientos en los que se alegue la posible vulneración de un
derecho fundamental. Esta interpretación implica que, incluso cuando la normativa establezca
ciertas limitaciones al acceso a los recursos, el derecho a recurrir se mantiene intacto cuando
se trata de cuestiones que afectan a derechos fundamentales.

En este contexto, el Tribunal ha afirmado que es imprescindible considerar las implicaciones de
una posible vulneración de derechos fundamentales en relación con la legalidad ordinaria, ya
que ambos aspectos están interconectados. Por lo tanto, ha manifestado que, en aquellos

casos donde se invoca la lesión de derechos fundamentales, el Tribunal debe examinar de
manera integral tanto las cuestiones de legalidad como la protección de dichos derechos.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha decidido casar y anular parcialmente la sentencia
recurrida, permitiendo que se resuelva el recurso de suplicación interpuesto por la parte
demandada. Así, el Tribunal ha señalado que el asunto debe ser tratado conforme a los
criterios jurisprudenciales establecidos, asegurando que se respete el derecho de la parte
recurrente a un examen completo de su caso, en cumplimiento de las garantías procesales
necesarias.

Crecen un 5% las demandas de disolución matrimonial con respecto a 2023 en el segundo trimestre del año

Thu, 17 Oct 2024 14:41:00 GMT

Seis comunidades autónomas superaron la media nacional, que fue de 52,6 demandas por
cada 100.000 habitantes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado este viernes que las demandas por
disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios han aumentado un 5% con
respecto a 2023. Unos datos que hacen referencia al segundo trimestre del año. En total, hubo
25.727.

En el segundo trimestre de 2024, tanto las demandas de divorcio como las de separación no
consensuadas aumentaron respecto al mismo periodo del año anterior. Se registraron 9.881
demandas de divorcio no consensuado, lo que equivale a un incremento interanual del 6,6 por
ciento. De la misma forma, se presentaron 327 separaciones no consensuadas, para las que el
aumento fue del 31,3 por ciento.

Las demandas de divorcio consensuado, que sumaron 14.748, crecieron un 3,8 por ciento,
mientras que las separaciones consensuadas, 657, disminuyeron un 1,2 por ciento respecto al
segundo trimestre de 2023.

Entre abril y junio de este año se presentaron 14 demandas de nulidad, por las 13 presentadas
en el mismo periodo de 2023, lo que ha supuesto un 7,7 por ciento más.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de
2024, se comprueba que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio
en Canarias, con 67,4; seguida de la Comunidad Valenciana y Murcia, ambas con 59. Los
valores más bajos se produjeron en Castilla y León, con 44,7; Comunidad de Madrid, con 46,2 y
Asturias, con 46,5. La media nacional fue de 52,6 demandas por cada 100.000 habitantes, 2,5
puntos más que hace un año.

Modificación de medidas tras la disolución matrimonial

Con respecto a procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y
divorcio y de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron en este
periodo 3.696 demandas. Supone un 10,9 % más que en el segundo trimestre de 2023.

Multada con 1.825 euros por presentar una denuncia falsa contra sus cuñadas

Mon, 07 Oct 2024 17:17:00 GMT

En la demanda alegaba que le robaron su DNI o tarjeta sanitaria para retirar una medicación
de la farmacia

La Audiencia Provincial (AP) de Málaga ha ratificado la multa de 1.825 euros impuesta a una
ciudadana por presentar una denuncia falsa contra sus dos cuñadas, alegando que estas le
habían sustraído su DNI o tarjeta sanitaria para retirar una medicación de la farmacia.

Aunque el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, que condenaba a la
acusada como autora de un delito de denuncia falsa, previsto en el artículo 456.1.2 del Código
Penal, fue recurrido, la Sección Primera de la AP malagueña ha desestimado el recurso y
confirmado la sentencia.

Moraleja de este asunto, cuidado con las denuncias falsas , que no suele ser demasiado común
pero a veces ocurre, que se nos puede volver en contra y podemos acabar con una denuncia y
una futura sentencia condenatoria , así como una multa (sanción pecuniaria)

Sanción a empresa por no tener activo teléfono de atención al cliente

Mon, 07 Oct 2024 17:07:00 GMT

Se trata de una infracción grave al prestar un servicio de interés general de carácter financiero

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha ratificado una multa de 211.000 euros impuesta a
una empresa por no contar con un teléfono de atención al consumidor gratuito que esté
operativo.

La Sala de lo Contencioso ha dictaminado en la sentencia (disponible en el botón ‘descargar
resolución’) que la sanción impuesta es correcta y proporcional, ya que se ha cometido una
infracción grave, en relación con la protección de los consumidores, al prestar la empresa un
servicio de interés general de carácter financiero.

Una sanción muy grave en materia de consumo

El fallo judicial llega a raíz de que la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (FACUA) presentara una denuncia en la que pone de manifiesto que existen una serie de empresas, entre las que se encuentra la actora, Tecnology, que carecen de un número de teléfono de atención al cliente gratuito que esté operativo.

Seguida la tramitación procedimental se incoó procedimiento sancionador contra la empresa
por medio de Acuerdo del Jefe del Servicio de Consumo, procedimiento sancionador que
termina con la imposición de una sanción muy grave en materia de consumo.

El presidente del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia dicto resolución por la
cual impuso a Technology, una sanción de multa de 211.000 euros, por la comisión de una
infracción muy grave del artículo 83.6 de la Ley Gallega de Protección General de las Personas
Consumidoras y Usuarias, en relación con el artículo 86.1 del mismo texto legal, básicamente
porque no dispone de un teléfono de atención al consumidor gratuito que efectivamente
preste este servicio.

La empresa recurrió la resolución sancionadora

Contra dicha resolución la empresa sancionada interpuso recurso contencioso-administrativo,
solicitando que se dictase sentencia declarando la nulidad de la resolución impugnada. En
apoyo a sus pretensiones la recurrente alegó incongruencia interna de la resolución
sancionadora en relación con la valoración de la denuncia interpuesta por FACUA, ya que
Tecnology cumplía con la determinación legal de disponer de un teléfono de atención al
consumidor de carácter gratuito.

En el recurso también se alegaba infracción del artículo 21.1 de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, señalando que el deber de contar con un número de teléfono
gratuito de atención al cliente se exige en el precepto referenciado, exclusivamente, a las
empresas cuyo objeto consista en la prestación de «servicios de carácter básico de interés
general», lo que no constituye el quehacer de Tecnology, que simplemente es una entidad
prestamista.

Por último, la empresa insistía en que también se había infringido del principio de
proporcionalidad del artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. “La resolución sancionadora refleja que no concurren circunstancias
atenuantes ni agravantes, y, sin embargo, impone una sanción en su grado medio por importe
de 211.000 euros, sin valorar las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas”, alegaba la
recurrente.

La multa de 211.000 euros es correcta

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado el recurso interpuesto
por la empresa sancionada contra la actuación administrativa y, en consecuencia, ha ratificada
la multa al ser la misma proporcional por estar dentro de los límites legales, sin que concurra
ninguna circunstancia que pueda rebajar la sanción que le fue impuesta.

La Sala de lo Contencioso no observa la incoherencia interna que denuncia la recurrente entre
la resolución sancionadora y la denuncia de FACUE, pues si bien es cierto que la empresa
cuenta con un numero de atención al cliente, sucede que dicho número no está operativo
porque no se estaría utilizando para tal fin, por lo que la conducta de la empresa encaja
perfectamente en la infracción muy grave por la que fue sancionada.

“No estamos de acuerdo con la demandante cuando apunta la concurrencia de una especie de
mutación entre la denuncia y la infracción que le achaca la Administración y por la que fue
sancionada, puesto que, si la empresa cuenta con número de atención al cliente pero luego no
está en funcionamiento, su conducta es susceptible de encuadrarse en la infracción por la que
fue sancionada”, afirman los magistrados.

Respecto a la infracción del artículo 21.1 de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios que alegaba la recurrente, el Tribunal gallego ha recordado que
dicho precepto establece lo siguiente: “En los supuestos de servicios de carácter básico de
interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso,
de un teléfono de atención al consumidor. A estos efectos, tendrán la consideración de

servicios de carácter básico de interés general los de suministro de agua, gas, electricidad,
financieros y de seguros, […]”.

Por lo que, por mucho que la demandante niegue ser una entidad financiera —en base al
argumento de que no se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación la Ley de
Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito—, lo cierto que ello no obsta para
que quede sometida a la aplicación del artículo 21.2 de la Ley referenciada.

Pues, “lo que importa es que preste un servicio de carácter básico de interés general, siendo
los préstamos de dinero, un servicio de este tipo, y además, de carácter financiero, porque,
evidentemente, presta servicios de préstamos a terceros por medio de contratos, terceros que
se comprometen a devolver, junto con los intereses pactados entre las partes, unos pagos o
contraprestaciones que han de realizarse en los plazos de tiempo establecidos”.

El Supremo determina que es imprudencia grave llevar suelto y sin bozal a un perro potencialmente peligroso

Sat, 27 Jul 2024 09:24:00 GMT

La Sala condena a una mujer por infringir la normativa reglamentaria, llevaba al animal sin
correa y sin bozal e hirió a una niña de cinco años, provocándole lesiones y una cicatriz de seis
centímetros

El Tribunal Supremo determina como imprudencia grave –y no leve– llevar suelto y sin bozal a
un perro potencialmente peligroso.

Así lo confirma en una sentencia del 20 de junio a raíz del caso de una niña de cinco años que
fue mordida por un American Staffordshire Terrier mientras jugaba con su abuelo en un
parque de Valencia.

La acusada sacó a su perro a pasear, consciente de que el animal pertenece a una raza de
perros potencialmente peligrosa, y decidió no ponerle el bozal y dejarlo suelto, a sabiendas de
que existía un riesgo de que pudiera "menoscabar la integridad física" de las personas con las que se encontrara, tal y como sucedió.

La niña sufrió lesiones

El animal corrió hacia la menor, se abalanzó y le mordió los glúteos, mientras su abuelo intentó
quitárselo, sin éxito. En ese momento, la dueña consiguió apartar al perro. Como
consecuencia, la niña sufrió una mordedura en el glúteo izquierdo que le provocó lesiones y
una cicatriz de seis centímetros.

El tribunal estima el recurso del Ministerio Fiscal y anula la sentencia de la Audiencia Provincial
de Valencia, que degradaba las lesiones como imprudencia menos grave al eliminar de los
hechos probados la frase "...y que existía riesgo de que pudiera menoscabar la integridad física
de las personas", referida a la actuación "a sabiendas" que habría presidido la voluntad de la dueña del animal, porque al tiempo de los hechos, la conducta era atípica.

El Fiscal, sin embargo, considera que aún bajo la vigencia de la redacción impuesta por la
reforma de 2015, los hechos tendrían que ser sancionados ya que, a su juicio, el relato de
hechos probados describe una imprudencia de carácter grave y no menos grave. En este
sentido, para respaldar esa afirmación subraya el Ministerio Público que el factum, incluso

después de la supresión del inciso que consideró procedente la Audiencia Provincial, sigue
reflejando la existencia de una conducta que ha de ser calificada como imprudencia grave.

Imprudencia grave

Un razonamiento que completa el Supremo señalando que ante la defectuosa técnica
legislativa en la determinación de los límites conceptuales entre la imprudencia grave, menos
grave y leve, fue acertada la sentencia dictada por el Juez de lo Penal.

Asimismo, la Sala destaca la contradicción que ha llevado a la Audiencia Provincial a disminuir
la entidad de la imprudencia grave porque no existía constancia de un factor de riesgo –la
existencia de un parque infantil– que, sin embargo, fue el lugar en el que se produjeron los
hechos.

Por todo ello, el Supremo estima el recurso y condena a la acusada como autora de un delito
de lesiones por imprudencia grave previsto en el artículo 152.1.1 del Código Penal y al pago de
una indemnización de 5.366 euros por las lesiones y las secuelas sufridas.

Prohibición del alquiler turístico por la Comunidad de propietarios

Sat, 27 Jul 2024 09:20:00 GMT

La prohibición del alquiler turístico por la Comunidad de propietarios requerirá el voto
favorable de los 3/5 de propietarios y cuotas.

La posibilidad de acordar la prohibición del alquiler turístico por la Comunidad de propietarios
fue introducida por el Real Decreto-Ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia
de vivienda y alquiler.

Este Real Decreto-Ley 7/2019 ha reformado la Ley de Propiedad Horizontal (LPH)
introduciendo en materia de viviendas de uso turístico el quórum necesario de votos que se
requiere para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de
la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos
comunes de la vivienda.

Más adelante hablaremos si los términos «limitar o condicionar» que aparecen en la ley, se
identifican con la posibilidad de «prohibir» dicha actividad.

Regulación legal de la prohibición del alquiler turístico

Se ha añadido al artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, el apartado 12, que se ocupa de
regular los acuerdos de la Junta de propietarios relacionados con la posibilidad de limitar o
condicionar el alquiler o explotación turística de los pisos pertenecientes a un edificio sujeto a
la Ley de Propiedad Horizontal.

artículo 17.12 LPH establece lo siguiente:

«Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes reglas:

12. El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la
letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en
los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del
título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del
total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de
participación.

Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas
especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda

donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un
incremento superior al 20%.

Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos.»

¿La comunidad puede prohibir el alquiler turístico o sólo limitarlo?

Hay que señalar que el texto del citado artículo 17.12 de la LPH viene siendo motivo de una
controvertida polémica jurídica e interpretación judicial. La razón se debe a que la literalidad
del precepto solo menciona la posibilidad por parte de las comunidades de «limitar o
condicionar» el uso turístico pero no recoge expresamente el término «prohibición«.

Los defensores de la postura que se posiciona a favor de la tesis de que la comunidad no
puede prohibir el alquiler turístico con esa mayoría de 3/5 sino que requiere unanimidad, se
basan en que el legislador no emplea en ningún momento el término «prohibición» sino solo
los términos «limitar o condicionar«, y estos últimos conceptos según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua no son sinónimos de prohibir. Solamente se podría prohibir dicha
actividad, dicen los defensores de esta corriente, si se alcanza la unanimidad de todos los
propietarios, ya que ello supondría modificar las reglas contenidas en el título constitutivo de
la propiedad horizontal o de los estatutos (art. 17.6 LPH). Como ejemplos de esta corriente, la
sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1ª) de 12.07.2022 o la de la Audiencia
Provincial de Las Palmas (Sección 5ª) de 23.06.2022.

En cambio, hay otro sector doctrinal y judicial mayoritario que aunque reconocen la deficiente
técnica legislativa del repetido artículo 17.12 de la LPH vienen a considerar que la voluntad del
legislador fue facultar a las comunidades de propietarios para que puedan adoptar acuerdos
válidos de prohibición del alquiler o explotación turística de las viviendas y de ahí, que dicho
acuerdo lo reforzara con la necesidad de contar con una mayoría amplia de 3/5 de propietarios
y cuotas de participación.

La cuestión está pendiente en la actualidad de la decisión del Tribunal Supremo que tiene que
resolver algunos recursos de casación interpuestos contra sentencias dictadas por las
Audiencias Provinciales y pronunciarse si el término prohibición tiene cabida en el citado
artículo 17.12 de la LPH y por tanto con la mayoría de los 3/5 de propietarios y cuotas de
participación puede la comunidad prohibir el ejercicio de dicha actividad económica.

¿Qué opinan los Registros de la propiedad sobre la posibilidad de prohibir el alquiler t urístico?

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSGFP) tiene declarado en varias
resoluciones que con la mayoría exigida en el artículo 17.12 de la LPH se puede prohibir el
alquiler turístico de viviendas, y a tal efecto explica:

Esta Dirección General ha puesto de relieve recientemente que, al permitir esta norma (art.
17.12 LPH) limitar o condicionar la actividad de alquiler de índole turística de las viviendas
también admite que se establezca una prohibición absoluta de dicha actividad.

Cabe recordar lo que expresamente se afirmó en la Resolución de 16 de junio de 2020:

«En cuanto al alcance de la modificación que se pueda hacer en los estatutos amparándose en
la mayoría especial establecida por el artículo 17.12 de la LPH, (…) el propio texto de la norma,
literalmente entendido, cuando alude a que «se limite», es decir, «poner límites a algo», en
modo alguno impide la prohibición de una actividad. Es más, cuando expresa «limite o
condicione», la disyuntiva indica claramente que se refiere a supuestos distintos y alternativos,
admitiéndolos de mayor a menor en cuanto a las facultades limitativas que se reconocen a la
comunidad de propietarios.

Este Centro Directivo ha puesto de relieve (Resolución de 19 de diciembre de 2019) que, en
cuanto a la adopción de acuerdos relativos al alquiler turístico o vacacional, el texto literal del
artículo 17.12 de la LPH restringe su ámbito de aplicación al acuerdo por el que se «limite o
condicione» el ejercicio de dicha actividad. Además, el preámbulo del Real Decreto-ley 7/2019,
de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (norma esta que
introduce ese nuevo apartado 12 en el artículo 17 de la LPH), expresa que «en materia de
viviendas de uso turístico, también se recoge en el título II una reforma del régimen de
propiedad horizontal que explicita la mayoría cualificada necesaria para que las comunidades
de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad»; es decir, su finalidad
es reducir la mayoría necesaria para el acuerdo que limite o condicione el alquiler turístico, no
para el acuerdo adoptado con una finalidad contraria como es permitir de manera expresa esa
actividad. En el supuesto de este expediente, no se amplía esa actividad sino que por el
contrario, se prohíbe. Por tanto, en este supuesto, en el que la finalidad no es contraria a esa
actividad, y se prohíbe o no se permite de manera expresa la misma, debe aceptarse la validez
del acuerdo.»

¿El acuerdo de limitación del uso turístico tienen efectos retroactivos?

El acuerdo que adopte la Junta de propietarios limitando el alquiler turístico no tiene efectos
retroactivos y solo vinculará, después de adoptado el acuerdo comunitario, a los propietarios
que quieran destinar su vivienda en el futuro a dicha actividad.

Por tanto, el acuerdo comunitario que prohíbe el uso turístico de los inmuebles no puede
aplicarse con efectos retroactivos a las viviendas que contaban previamente a dicho acuerdo
con la autorización correspondiente.

¿Qué ocurre si en el título constitutivo viene establecida la prohibición del alquiler turístico?

Si en el título constitutivo o en los estatutos de un edificio sujeto al régimen de propiedad
horizontal figura expresamente establecida la prohibición de que los inmuebles no puedan
destinarse al uso turístico, la comunidad puede proceder a ordenar la cesación de dicha
actividad.

Si en el título constitutivo o en los estatutos se incluye una prohibición genérica de actividad
comercial en los inmuebles, se considera por el Tribunal Supremo en sentencias de 27 y 29 de
noviembre de 2023 que la actividad del alquiler turístico es comercial y por tanto tendría
cabida en esa prohibición, por lo que la comunidad de propietarios, al igual que en el caso
anterior, puede ordenar el cese de dicha actividad.

Si en el título constitutivo o en los estatutos no figura ninguna prohibición al respecto los
propietarios de los inmuebles pueden ejercer la actividad de alquiler turístico que puede ser
limitada por acuerdo de la comunidad conforme al artículo 17.12 de la LPH.

Exista o no exista limitación por la Comunidad, para poder destinar la vivienda al alquiler
turístico se deberá contar con las autorizaciones administrativas autonómicas o locales
correspondientes.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de fecha 30.01.2024

En esta sentencia se concluye que procede la acción de cesación del uso de la vivienda para
destino turístico dado que en los estatutos de la comunidad figura una limitación a la industria
de hospedería:

» En el caso que nos ocupa, la norma estatutaria establece que está prohibido:

«Cambiar el uso de la vivienda por otro distinto de su habitual y permanente, transformándola
en local comercial o industrial, ni destinarla, ni aun en parte, a colegios, academias,
hospederías, depósitos, agencias, talleres ni a fines vedados por la moral por la Ley».

El argumento del recurso se funda en una interpretación literal de la norma estatutaria,
conforme a la cual comoquiera que no está prohibida expresamente la explotación de las
viviendas particulares para uso turístico, entonces dicha actividad empresarial es legítima,
independientemente de lo que disponga el art. 9.1 de los estatutos. En definitiva, lo no
excluido está permitido.

…Las sentencias de primera y segunda instancia interpretan que el art. 9.1 de los estatutos
veda el destino de las viviendas al uso turístico, mediante la utilización de un persuasivo
conjunto argumental, conforme al cual la prohibición estatutaria del destino a «hospederías»
proscribe la actividad desempeñada por la sociedad demandada; puesto que si hospedería,
según la RAE, es una «casa destinada al alojamiento de visitantes o viandantes, establecida por
personas particulares, institutos o empresas», dentro de su contenido semántico tendría
cabida la actividad de la demandada por la existencia de identidad de razón.

…Por otro lado, son sinónimos de hospedería, como acción o efecto de hospedar a alguien, el
«alojamiento, acogida, hospedaje, albergue, hospicio», según la misma fuente de la RAE.

En definitiva, ejerce la demandada una actividad abierta al público, anunciada en plataformas
publicitarias, cuya esencia radica en satisfacer las necesidades de alojamiento transitorio
inherentes a la actividad de turismo, que no constituye, desde luego, ese uso permanente y
habitual al que se refiere la norma estatutaria, y que guarda identidad de razón con la
prohibición establecida de destinar los pisos a hospedería, por lo que concluir que está vedada
la posibilidad de utilizarlos con destino turístico no conforma una interpretación arbitraria, ni
prohibir dicho uso constituye un abuso de derecho.«

¿Cuántos votos se necesitan para que la comunidad limite que las viviendas se destinen al
alquiler turístico?

Para aprobar la limitación del alquiler turístico por la Comunidad de propietarios bastará el
voto de los 3/5 partes del total de los propietarios que representen las 3/5 partes de las cuotas
de participación. Antes de la entrada en vigor del apartado 12 del artículo 17 de la LPH
(6.023.2019) el acuerdo de prohibición del alquiler turístico necesitaba de la unanimidad.

La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) en Resolución de fecha
16.10.2020 y 15.01.2021, considera que:

«… esta nueva norma (art. 17.12 LPH) reduce la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo
que limite o condicione el alquiler turístico en el marco de la normativa sectorial que regule el
ejercicio de la actividad de uso turístico de viviendas y del régimen de usos establecido por los
instrumentos de ordenación urbanística y territorial, pero no permite que esa excepción a la

norma general de la unanimidad alcance a otros acuerdos relativos a otros usos de la vivienda,
como es el mero alquiler vacacional o el referido en la norma estatutaria debatida, « se
prohíbe a los propietarios de viviendas el alquiler de corta duración o cualquier otra modalidad
de alquiler que suponga un continuo y excesivo tránsito y estancia de personas ajenas a la
Comunidad» en régimen distinto al específico derivado de la normativa sectorial turística.»

Inscripción del acuerdo de limitación en el Registro de la Propiedad

Si la Comunidad quiere prohibir el alquiler de viviendas turísticas en el edificio debe convocar
una Junta de Propietarios incluyendo en el orden del día expresamente el acuerdo de
prohibición del destino de la vivienda como alquiler turístico.

Si el acuerdo de prohibición es finalmente aprobado con la mayoría que hemos reseñado
anteriormente (3/5 del total de propietarios y cuotas de participación) habrá de expedirse un
certificado de dicho acuerdo para proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad con
el objetivo de que los futuros adquirentes de pisos del edificio conozcan la limitación existente
y queden vinculado a la misma.

Es aconsejable informarse a través de un Notario del texto del certificado que hay que inscribir
registralmente.

¿Puede acordar la comunidad que los pisos destinados a uso turístico paguen más cuota de
gastos comunes?

El apartado 12 del artículo 17 de la LPH también establece la posibilidad de que la Comunidad
de propietarios acuerde aumentar hasta un 20% los gastos comunes a los propietarios cuyas
viviendas han sido destinadas al alquiler turístico.

Este acuerdo requiere también la mayoría de votos a favor de los 3/5 del total de los
propietarios que representen las 3/5 partes de las cuotas de participación. El acuerdo no tiene
carácter retroactivo, por lo que se aplicará desde el momento en que se adopte.

Acción de cesación de actividades no permitidas por la comunidad de propietarios

Si la Comunidad tiene prohibido el alquiler turístico en el edificio pero un propietario destina
su vivienda a tal fin, la Comunidad puede ejercitar la acción de cesación de dicha actividad al
amparo de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la LPH:

«2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el
resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca
o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres,
nocivas, peligrosas o ilícitas.

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u
ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata
cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de
propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación
que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio
ordinario.

Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al
infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá
acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo
apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas
medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La
demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la
vivienda o local.

Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la
actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del
derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la
gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no
fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus
derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.»

Despedido por amenazar a la empresa con publicar información confidencial si no se pactaba una salida indemnizada

Mon, 15 Jul 2024 16:39:00 GMT

Se abrió un expediente disciplinario al empleado tras haber sido investigado hasta en dos
ocasiones por acosar a una compañera de trabajo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma el despido disciplinario de un trabajador
que amenazó a la empresa, mientras estaba siendo investigado por acoso laboral a una
compañera, con negociar una salida improcedente con derecho a indemnización o, si no,
publicaría información confidencial de la empresa que había recabado y guardado en su
ordenador personal.

La Sala de lo Social ha considerado, en una sentencia disponible en el botón ‘descargar
resolución’, que los actos del actor “solo pueden ser calificados como una muy grave
trasgresión de la buena fe contractual”, por lo que la decisión de la empresa de extinguir la
relación contractual a través del despido disciplinario es procedente.

La empresa le pidió que dejará de contactar con su compañera

En 2021 la empresa abrió un primer expediente de investigación por acoso laboral al
trabajador después de que una compañera suya de trabajo denunciase la situación que estaba
sufriendo. La empleada puso en conocimiento de la empresa que se sentía acosada por unas
conversaciones mantenidas con el demandante, que decidió cortar pero el trabajador quiso
seguir.

Ese primer expediente finalizó con sin ninguna sanción pero con la advertencia por parte de la
empresa al trabajador de que cesara en el contacto con su compañera y, en caso de no
cumplirlo, se le accionaría disciplinariamente con el máximo rigor. La empleadora le indicó que
cesara en sus actitudes de utilizar las herramientas de la empresa (Microsoft Teams) para
dirigir mensajes de tipo personal a su compañera e, igualmente, le indicó que el vocabulario
utilizado en esos mensajes no es profesional, sino invasivo.

Sin embargo, a los pocos meses el trabajador, haciendo caso omiso a la advertencia
empresarial de cesar en todo contacto personal con su compañera, le envió una solicitud de
amistad por Facebook e incluso intentó contactar con la hija de ésta, de 13 años de edad, a
través de la red social Tik Tok.

La trabajadora acosada se vio en la obligación de pedir asesoramiento de una abogada, que la
aconsejó y se comunicó por email con el actor pidiéndole que cesara en sus contactos con ella
y sus familiares o emprendería acciones legales penales contra él. Tras esa comunicación el
demandante envió un nuevo correo electrónico a la empleada prometiendo no contactar
jamás con ella.

Amenazó con publicar información confidencial

La empresa le abrió un segundo expediente de investigación por acoso por estos últimos
hechos y, una vez abierto ese segundo expediente, el actor volvió a enviar una nueva
comunicación por Microsoft Teams a su compañera de trabajo. Finalmente, el expediente
concluyó con la decisión de la empresa de adoptar la apertura de un procedimiento
disciplinario por faltas graves.

Una vez abierto el expediente disciplinario, el trabajador negó el acoso y afirmaba que la
trabajadora mentía, que era una persona paranoica y delirante, y que miente, tergiversa y
manipula.

Asimismo, con la intención de negociar un despido improcedente y poder acceder a una salida
indemnizada, el actor amenazó a la empresa con que, o cedía en ese tipo de despido, o
publicaría información empresarial confidencial que tenía en su poder: “Tengo el email con
pruebas en mi pc personal ya guardado en borrador, listo para enviarse, con el riesgo
reputaciones que ello supondrá para la empresa puesto que verán cómo se opera a sus
espaldas de forma poco transparente», amenazó el actor.

A los pocos días la empresa le comunicó su despido disciplinario por cometer faltas muy
graves, como provocar una situación de acoso; por desobediencia a la empresa y haberse
dirigido a la compañera que acosaba; por faltas de respeto de la intimidad y a la consideración
debida a la dignidad de los trabajadores por los insultos vertidos hacia su compañera.

Asimismo, también se le imputaron en el despido la comisión de las siguientes faltas graves:
amenazar a la empresa y advertir que no respetaría el deber de confidencialidad si no accedía
a sus peticiones indemnizatorias; por haber sustraído información propiedad de la
empleadora; y por indisciplina y desobediencia al incumplir las instrucciones contenidas en las

Políticas internas de aplicación con respecto al tratamiento de la información confidencial de la
compañía.

El Tribunal falla que la conducta del actor “es claramente grave”

El trabajador demandó a la empresa solicitando que se declarase la improcedencia del
despido, sin embargo, la demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Social número 40 de
los de Madrid, que convalidó la extinción de la relación laboral acordada por la empleadora,
sin derecho del trabajador a indemnización ni a salarios de tramitación.

La sentencia del Juzgado ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid
tras desestimar el recurso presentado por el trabajador contra la resolución de instancia. La
Sala de lo Social afirma que los actos que se imputan al trabajador “solo pueden ser calificados
como una muy grave trasgresión de la buena fe contractual por lo que se ha aplicado
correctamente el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores”.

El trabajador defendía en su recurso que las amenazas que hizo a la empresa de hacer uso de
una información que había obtenido de los archivos empresariales y que tiene guardada en su
ordenador personal si no negociaba un despido improcedente debían ser valoradas
atendiendo una doble consideración: que se hacen en un contexto que califica como “apertura
de continuos expedientes disciplinarios” que afectaron a su equilibrio psicológico; y de forma
inmediata y antes de ser sancionado, se retractó de lo manifestado y pidió disculpas por ello.

No obstante, el TSJ de Madrid ha ratificado que la conducta que tuvo “es claramente grave”,
ya que “no estamos ante una situación emocionalmente tensa que lleva al trabajador a
manifestarse de forma poco reflexiva”, sino que, por el contrario, el actor tiene preparado un
correo, ha estado recabando pruebas contra la empresa y amenaza con comunicárselas a los
clientes si no se cierra el expediente y se le abona un dinero.

Por tanto, el actor no se limita a defenderse de las acusaciones, sino que pide que se negocie
con él un despido improcedente con la correspondiente indemnización que viene aparejada.

La Justicia perdona 300.000 euros a un individuo que desconocía su insolvencia

Mon, 15 Jul 2024 16:23:00 GMT

Durante más de veinte años ninguna entidad bancaria informó al hombre, transportista de
profesión, de que debía dinero

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha perdonado alrededor de 300.000 euros a
un individuo, transportista de profesión, que desconocía su insolvencia porque las entidades
bancarias a las que debía dinero no le habían avisado de su endeudamiento. Una situación que
se había agravado a raíz del Covid-19 y de que el hombre se había visto obligado a cogerse
sendas bajas laborales por problemas de salud.

Tal situación de insolvencia, según han informado desde Bancalero Abogados , despacho que
ha llevado y ganado el caso, comenzó después de que el hombre, con afán emprendedor,
fundara una empresa de transportes en 1995. Sin embargo, tras algunos años al frente de la
compañía, decidió cerrarla y pasar a trabajar por cuenta ajena en el mismo sector.

Posteriormente, adquirió una vivienda, pero no pudo afrontar el pago de la hipoteca

debido a diversas adversidades. En este punto intentó realizar una dación en pago de la propiedad, pero al no conseguirlo, la vivienda fue subastada, dejando una deuda pendiente. Así, con el paso de los años, el hombre permaneció ajeno a que su carga de deudas seguía aumentando, ya que aún arrastraba préstamos y avales que desconocía.

Además, debido a la crisis provocada por el coronavirus y a unas bajas laborales derivadas de
operaciones quirúrgicas a las que se vio obligado a someterse, su trabajo se vio afectado y sus
ingresos disminuyeron considerablemente. En este sentido, en 2019 estuvo ocho meses de
baja laboral a causa de una rotura de los ligamentos y, a finales de 2022, otros tres meses por
una operación, durante los cuales no pudo ejercer su profesión.

El banco embargó su nómina

Pero lo peor aún estaba por llegar. En octubre del año pasado, su nómina fue embargada
debido a las deudas acumuladas a lo largo de los años. «Me quedé a cuadros, ya que desde
que cerré mi empresa hace poco menos de veinte años siempre he trabajado por cuenta ajena
y he estado empadronado en el mismo domicilio, por lo que he estado todos estos años
localizable y nunca había recibido una comunicación»

Así, llegó un momento en el que no pudo hacer frente a lo que se le exigía.

Por su parte, nosotros como letrados , le recomendamos que «tenía mucho miedo y al
momento vimos que se trataba de un deudor de buena fe, por lo que le intentamos transmitir
mucha tranquilidad, la cual necesitaba. Además, veíamos claro que se le podía exonerar el
pasivo insatisfecho, pese a haber numerosas entidades bancarias a las que se les debían los
préstamos, tarjetas de crédito y avales, con los correspondientes intereses, por lo que
rápidamente nos pusimos a trabajar en el caso».

Sin embargo, lo que más le sorprendió es que «durante años no se le hubiera comunicado a
nuestro cliente las deudas que tenía, lo que provocó que los intereses se multiplicaran. No
obstante, al tratarse de un deudor de buena fe, la Ley de la Segunda Oportunidad se ha vuelto
a mostrar efectiva, permitiéndole tener un futuro esperanzador».

El Supremo considera que las ofertas falsas de pisos en internet son estafa agravada

Tue, 09 Jul 2024 15:29:00 GMT

El Tribunal Supremo ha considerado que las ofertas falsas de pisos de alquiler publicadas en
redes sociales constituyen un delito de estafa agravada.

En una sentencia fechada el pasado 18 de junio a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo
Penal rechaza el recurso presentado contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
de abril de 2022.

El alto tribunal confirma así la condena de la Audiencia de Madrid a una mujer que, a través de
internet, puso en el mercado de alquiler una vivienda que no era suya aparentando que lo era,
a un precio moderado en comparación con otras de similares características, para conseguir
que un particular le hiciera una transferencia bancaria creyendo que era real.

OFERTAS FALSAS PISOS

Vista del escaparate de una oficina inmobiliaria.

El particular vio el piso y, atraído por su precio, muy asequible, hizo una transferencia de 750
euros, aunque más tarde “se dio cuenta de que todo era un engaño, la vivienda no se alquilaba
y las fotografías del DNI que se le había enviado correspondían a la víctima de otra estafa”,
indican los magistrados.

Protección de bienes de primera necesidad

Tal y como sostenía la Audiencia Provincial, y ahora ratifica el Supremo, “en relación con la
estafa agravada, se fundamenta en la idea de dar una mayor protección de bienes de primera
necesidad como las viviendas, y sólo es procedente cuando la defraudación recaiga sobre
viviendas que se destinen a su uso propio, como lugar de residencia, donde puede establecer
su domicilio, pues estas son la únicas que pueden ser consideradas de primera necesidad”.

La compraventa de viviendas se dispara un 24 % en abril, su mayor avance desde mayo de
2022

La conducta de la mujer que puso el anuncio pretendía aprovecharse “de la necesidad de
vivienda que tienen los ciudadanos de alquilar inmuebles en un contexto de elevación de
precios”.

De ahí que “lo que es reprochable desde el punto de vista penal es la realización de ofertas en
internet anunciando inmuebles en alquiler, cuando la realidad es que ese inmueble no lo tiene
en alquiler la persona que lo ofrece por internet, ni tiene disponibilidad sobre el mismo”.

Estafa agravada

Ese “aprovechamiento en un contexto de necesidad de acceso a la vivienda” implica la
existencia de estafa agravada, “reprochable por el aprovechamiento que existe en quienes así
actúan por medio de internet, u otros foros, de oferta de pisos en alquiler para conseguir un
enriquecimiento patrimonial y un perjuicio a personas que demandan un inmueble en alquiler
a un precio asequible”.

Los magistrados indican que “es particularmente rechazable que se utilicen estas fórmulas de
engaño para conseguir un beneficio económico de quien puede que esté necesitado también
de dinero y que carece de inmueble en el que residir”.

Así, es particularmente rechazable que se utilicen estas fórmulas de engaño para conseguir un
beneficio económico de quien puede que esté necesitado también de dinero y que carece de
inmueble en el que residir, y que por esa necesidad se vea más expuesto a caer en la trampa
de personas que ofrecen inmuebles en alquiler que, sin embargo, no disponen de ellos,
suponiendo esa conducta y modus operandi una agravación de la estafa.

Hay que tener en cuenta la especial gravedad del hecho de utilizar un medio que permite una
amplia difusión, como es Internet, para realizar la estafa del falso alquiler con falsas
identificaciones y con el aprovechamiento del ámbito de necesidad que provoca hoy en día la
búsqueda de vivienda, dados los precios que existen y se manejan, tanto en la compra de
vivienda como la de alquiler.

Es esta necesidad de la búsqueda de una vivienda en alquiler a un precio asequible lo que
provoca el descenso de las medidas de autoprotección por las víctimas y un exceso en la
ejecución del principio de confianza en que la oferta que se detecta en Internet es real y no
falsa, como ocurre en casos que como el presente proliferan en Internet, causando graves
perjuicios en personas que confían en la veracidad de la oferta y la realidad del inmueble, así
como en la identificación del titular con la persona que la oferta, provocando, posteriormente,
un grave perjuicio, no solamente económico en cuanto a la pérdida de la cantidad ingresada,
sino, también, moral y psicológico, al darse cuenta que ha perdido, tanto el dinero como la
disponibilidad de la posesión del inmueble que pretendía, debiendo proceder a la búsqueda de
un nuevo inmueble, con la pérdida incluida económica a haber sido víctima de una estafa
inmobiliaria.

Se asegura por los expertos que el tensionado mercado de vivienda en alquiler propicia el
aumento de las ciber-estafas y en cuanto a la metodología la propia Federación nacional de
asociaciones inmobiliarias señala que el estafador entra en portales y páginas web y copian

anuncios de propiedades en alquiler utilizando el logo para publicitarlos a un precio más
reducido, lo que provoca que personas que buscan un inmueble sean víctimas asequibles
cuando el importe inmueble es superior, que es, en la realidad, lo que facilita la existencia de
la ciber-estafa inmobiliaria. Así, los autores y cooperadores de estas estafas inmobiliarias se
aprovechan de la delicada situación de muchas personas, que ven complicado encontrar una
casa en la que vivir, para engañarles, lo que en muchos casos supone agravar la ya de por sí
vulnerable posición de las víctimas, haciéndoles más vulnerables aún.

Así, los expertos en la materia destacan que el mercado de la vivienda en alquiler es el más
vulnerable del sector, tanto en el mercado de alquiler de largo duración, como el de alquiler
vacacional.”

Dicha necesidad hace que se vean más expuestos a caer en la trampa, prosigue la sentencia, y
que por esa necesidad se vea más expuesto a caer en la trampa de personas que ofrecen
inmuebles en alquiler que no disponen de ellos.

Ahí, radica, señala el Supremo, la agravación de la estafa, que causa un indudable perjuicio
económico sino también moral y psicológico, al darse cuenta que ha perdido, tanto el dinero
como la disponibilidad de la posesión del inmueble que pretendía, debiendo proceder a la
búsqueda de otro.

Declarado accidente laboral el ictus sufrido por una trabajadora tras discutir con su jefe

Tue, 09 Jul 2024 15:14:00 GMT

Una cuestión siempre discutida que suele acabar en los tribunales…

El ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran
sangre al cerebro. Un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se
rompe o es taponado por un coágulo u otra partícula.

Debido a esa ruptura o bloqueo, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre, oxígeno y
glucosa, que necesita. La consecuencia es que las células nerviosas del área del cerebro
afectada no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos
minutos.

Igualmente, el ictus cerebral isquémico guarda estrecha conexión con situaciones
extraordinarias de estrés o tensión en el ámbito laboral.

Cuando suceden este tipo de sucesos las empresas no suelen admitir el carácter laboral del
accidente y la cuestión suele resolverse en los Tribunales.

Supuestos en que el ictus sí es accidente de trabajo

Para que una lesión sea considerada accidente de trabajo debe ocurrir durante el tiempo y el
lugar de trabajo, o inmediatamente después si el mismo se sufre una vez finalizada la jornada
de trabajo, para lo que citaremos Sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao “
Tiempo asimilable al de trabajo es el tiempo destinado para equipararse o desprenderse del
equipo necesario para realizar la actividad laboral, dado que los primeros síntomas, que
posteriormente derivaron en una hospitalización, se reflejaron en el vestuario del centro de
trabajo a donde accedió tras una jornada calurosa y tras haber terminado su actividad,
empezando a sentirse indispuesto en los vestuarios”.

Es importante destacar que existe la presunción de labolaridad es decir, deberá ser la empresa
la que demuestres que, sucedido el accidente en tiempo y lugar de trabajo, obedeció a una
causa totalmente ajena.

Igualmente se considera la laboralidad del ictus para aquellos casos de estrés laboral
prolongado que den lugar a tal padecimiento.

Supuestos en que el ictus no es accidente de trabajo

Para resolver a tal pregunta atendemos al criterio señalado por nuestro Tribunal Supremo en
Sentencia de fecha 4 de abril de 2018:

No se entiende laboral el ictus sufrido cuando la enfermedad aparece de manera súbita en el
domicilio del trabajador y con posterioridad al lugar de trabajo.
Cuando no estaba realizando ni había realizado labores propias a su trabajo.
Cuando el trabajo desempeñado no fue origen ni causa del mismo.
Cuando se produce actividad laboral con posterioridad a haber sufrido los síntomas, lo que
puede ser calificado de imprudencia por parte del trabajador.
Cuando se sufre el ictus en periodos ajenos a la prestación de servicios, de descanso o de
actividades de carácter personal o privado.

El estrés de su trabajo unido a la tensión propia tras la discusión, influyeron en el padecimiento
de la enfermedad

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha ratificado, en la sentencia disponible en el botón
‘descargar resolución’, que el ictus que sufrió una peluquera tras tener una discusión con su
jefe ha de calificarse como accidente laboral.

La Sala de lo Social ha desestimado el recurso interpuesto por la mutua del empresario contra
la sentencia que estimó la demanda de la trabajadora y, en consecuencia, ha confirmado que
el estrés laboral, unido a la tensión propia tras la discusión, “no pueden descartarse como
vectores influyentes en la crisis hemorrágica de la beneficiaria”.

Empezó a encontrarse mal tras discutir con su jefe

Los hechos enjuiciados se remontan a octubre de 2021 cuando la actora, después de llevar un
rato trabajando en la peluquería y tras haber tenido una discusión con su jefe, empezó a
notarse cómo se le ponía el brazo y la pierna rígida. Ante la preocupación por ese malestar, se
ausentó de su puesto laboral y acudió a un centro médico, donde la diagnosticaron, en
principio, un cuadro de ansiedad.

Sin embargo, por la tarde los síntomas continuaban presentes, por lo que acudió esta vez a los
servicios de urgencia del hospital, donde quedó ingresada por debilidad en las extremidades y,
más tarde, se le diagnosticó un ictus hemorrágico en ganglios de la base izquierda de posible
etiología hipertensiva.

En el informe médico de alta consta que la mujer es fumadora de un paquete diario desde los
16 años y padece hipertensión arterial, sin tratamiento médico.

Tras sufrir el ictus, la trabajadora fue dada de baja por incapacidad temporal y, aunque en un
principio se le denegó a la actora reconocer la IT como accidente laboral, la Justicia —primero
fue el Juzgado de lo Social número 2 de Vigo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia— ha fallado que sí se trata de un accidente laboral.

El estrés laboral pudo influir en el daño

La Sala de lo Social ha razonado que “la paralización del brazo y de la pierna sentidas en lugar y
tiempo de trabajo no cabe duda que son consecuencias del ictus hemorrágico”, ya que los
síntomas aparecieron cuando estaba en la peluquería realizando su jornada laboral.

Y a pesar de que en un principio la atención primaria sanitaria le diagnosticó ansiedad, más
tarde en el hospital le confirmaron que se trataba de un ictus. En este sentido, los magistrados
afirman que los factores de riesgo profesionales pueden incidir en la producción del daño, de
manera mediata -a lo largo del tiempo por el estrés laboral– o inmediata -cuando se
desencadena el infarto-.

De tal manera que, «no concurre ninguna circunstancia que permita desvirtuar los efectos que
se derivan de la presunción de laboralidad (artículo 156 de la Ley General de la Seguridad
Social), pues, las lesiones cardíacas no son por sí mismas extrañas a las relaciones causales de
carácter laboral, y en el presente caso no hay prueba directa alguna que pueda excluir esa
presunción.

“La presunción no se excluye porque se haya acreditado que el trabajador padeciera la
enfermedad con anterioridad o porque se hubieran presentado síntomas antes de iniciarse el
trabajo”, razona el Tribunal, pues lo que se valora es la acción del trabajo como factor
desencadenante de una crisis, que es la que lleva a la situación de necesidad protegida.

“El estrés propio de su trabajo, unido a la tensión propia tras una discusión, no pueden
descartarse como vectores influyentes en la crisis hemorrágica de la beneficiaria”, falla la Sala.
Asimismo, incluso la concurrencia de ciertos factores de riesgo como el tabaquismo y la
hipertensión arterial, no romperían el nexo de causalidad, “ya que estos factores no habían
desencadenado ningún proceso morboso anterior”

No cabe indemnización para la víctima de un accidente si se salta el ceda al paso

Tue, 18 Jun 2024 20:10:00 GMT

La conducta antirreglamentaria de no respetar la prioridad de paso impide que se aplique la
teoría de la graduación o concurrencia de culpas

La Audiencia Provincial de Granada ratifica la culpabilidad exclusiva de un conductor en un
accidente de circulación porque no respetó el ceda al paso de otro vehículo, a pesar de que la
persona que manejaba ese otro vehículo conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas y
superando la velocidad permitida en ese tramo.

Con este fallo judicial, (disponible en el botón ‘descargar resolución’), la Sala confirma la
desestimación de la demanda interpuesta por el conductor accidentado y su aseguradora al
razonar que la culpa de la colisión la tuvo la víctima porque realizó una maniobra indebida y
antirreglamentaria, incorporándose a la vía cuando el otro vehículo se encontraba muy
próximo, no respetando la prioridad de éste.

Por lo que, a los efectos de la causa de la colisión, resulta intrascendente que el otro conductor
se encontrara bajo los efectos de la influencia de bebidas alcohólicas o condujera con exceso
de velocidad.

Realizó una incorporación indebida

EL Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Santa Fe (Granada) desestimó de la
demanda del conductor y la aseguradora del vehículo que se incorporaba a la vía. La
magistrada falló que la culpa del accidente fue exclusivamente de la víctima y demandante,
por realizar una incorporación indebida y antirreglamentaria.

La sentencia fue recurrida por la parte demandante alegando error en la valoración de la
prueba relativa a la declaración de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el
accidente, así como por lo recogido en el atestado levantado a tal efecto.

En base a dichas pruebas, los recurrentes afirmaban que quedaba acreditado que el conductor
codemandado superaba la tasa de alcoholemia en el momento de la colisión y circulaba a más
velocidad de la permitida en el tramo de la carretera en la que tuvo lugar el accidente.

Por lo que, a su juicio, estas dos circunstancias fueron la causa principal del choque, ya que él
—el demandante— realizó correctamente la maniobra de incorporación a la vía pero la
colisión se produjo porque el otro conductor se encontraba con sus facultades mermadas por
el efecto del alcohol y por circular a mayor velocidad de la permitida.

Y, en cualquier caso, los recurrentes alegan que aún en el caso de que se aprecie una mínima
intervención por parte del demandante en la causa del accidente, debería de aplicarse al caso
los supuestos de colisión recíproca con resultado de daños personales y sin determinación del
responsable del choque.

La causa del accidente fue no respetar la prioridad de paso

La Audiencia Provincial de Granada ha desestimado el recurso y, en consecuencia, ha
confirmado el fallo dictado por el Juzgado, al coincidir con la valoración de la magistrada a quo
en el sentido de que la culpa del accidente fue exclusiva de la víctima.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial reconoce que si bien es cierto que los agentes
de la Guardia Civil consideraron como causas mediatas del accidente —aquellas que no dan
lugar al accidente pero coadyuvan a su materialización— la velocidad inadecuada y la
disminución del tiempo de reacción como consecuencia de conducir con una tasa de alcohol
superior a la establecida, también hay que tener en cuenta lo recogido en las declaraciones y el
atestado de los agentes.

En estas pruebas se constata que la causa principal y eficiente del accidente fue “no respetar la
prioridad regulada por la señal vertical y horizontal de stop por parte del conductor”. Pues, a
pesar de que el actor cumplió con lo marcado por la señal, se incorporó a la circulación cuando
la otra motocicleta se encontraba muy próxima, no respetando la prioridad de ésta.

Además, del examen del croques elaborado por la Guardia Civil se desprende que la colisión se
debía a que el demandante realizó una incorporación indebida y antirreglamentaria a la
carretera. Y, uno de los propios agentes afirmó que el accidente se hubiera producido aun
cuando el codemandado hubiera circulada a la velocidad establecida.

En consecuencia, la Sala ratifica que la causa de la colisión fue fruto de la peligrosa maniobra
efectuada por el actor al introducirse en la carretera sin respetar la prioridad de paso de la
motocicleta del demandado, “siendo intrascendente a los efectos de la colisión que el

conductor codemandado se encontrara bajo los efectos de la influencia de bebidas alcohólicas
o condujera con exceso de velocidad, pues, en cualquier caso, la colisión se produciría de
forma irremediable”.

Por tanto, al ser culpa de la víctima y demandante la colisión, no es posible aplicar la teoría de
la graduación o concurrencia de culpas, ya que la conducta imprudente y antirreglamentaria
de ésta anula la responsabilidad del conductor codemandado.

Despedida por negarse a realizar los turnos de trabajo que la empresa había puesto

Tue, 18 Jun 2024 19:18:00 GMT

La empleada, en disconformidad con el cuadrante, no se presentó a trabajar un total de 21
días

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratifica la procedencia del despido disciplinario de una empleada de un motel que se negó a realizar los turnos de trabajo que la empresa le había puesto, faltando de manera injustificada un total de 21 días.

La Sala de lo Social ha recordado que la persona trabajadora sólo puede negarse a realizar esos
turnos de manera razonable y sin que traiga consigo consecuencias disciplinarias cuando los
cuadrantes de turnos elaborados por la empresa sean discriminatorios, ilegales, abusivos o
arbitrarios.

No obstante, cuando el cuadrante no suponga ninguna infracción constitucional, la relación
laboral debe guiarse por el principio de buena fe, por lo que la persona trabajadora no puede ir
o dejar de ir a trabajar, saltándose los turnos, cuando ella lo considere.

No se presentó 21 días a trabajar en el turno que le correspondía

La actora prestaba servicios en un motel, en turnos de mañana, tarde y noche, siendo las
labores básicas de su trabajo la limpieza de habitaciones y la apertura de la puerta de acceso al
garaje, y ocupándose en ocasiones de registrar a los clientes y de atender la cafetería, al
carecer el local de recepción.

La empresa viene transmitiendo a los empleados de manera individual y por el grupo de
WhatsApp los turnos de trabajo, sin embargo, la demandante manifestó en un escrito que a
partir del 1 de febrero realizaría los turnos que correspondieran rotativamente cinco días a la
semana, por espacio de 40 horas, con los descansos reglamentarios; asimismo, también
manifestó que era necesario que se realizara un horario en función a la normativa vigente, por
lo que la empresa debería reconocer dos días de descanso.

En ese mismo mes de febrero, la actora, a través de otro escrito, trasladó a la empresa que a
partir del 23 de febrero no realizaría trabajos nocturno. Y, tal y como había advertido, no se
presentó a trabajar los días 23, 24, 25, 26, 27 ni 28 de febrero en el turno de noche que le
correspondía, sino que esos días se personó a las 07.00 horas de la mañana en el motel, justo
cuando finalizaba el turno que tendría que haber realizado.

Ello a pesar de que durante dichos días que no se presentó la empresa y sus compañeras le
mandaron WhatsApp recordándole que no se estaba presentado en el turno que le

correspondía, indicándole su turno y horarios correspondiente, y advirtiéndole que su
comportamiento podría incurrir en una falta muy grave.

La actora hizo caso omiso de las advertencias y recomendaciones de sus compañeras y de la
empresa, lo que causó un grave perjuicio organizativo, ya que los turnos a los que no acudió
tuvieron que ser cubiertos por el resto de las empleadas, en especial en fin de semana, ya que
el volumen de movimiento de la empresa es mayor.

Tras estos hechos la empresa le solicitó que justificara las asistencias y, si no lo hacía, se le
descontarían esos días que no se presentó a trabajar en la próxima nómina.

Lejos de poner fin a ese comportamiento de faltas injustificadamente a su puesto, la actora
volvió a repetirlo y no acudió a trabajar tampoco en el turno de noche los días 15, 17, 18, 19 ni
20 de marzo; motivo por el cual fue sancionada sin empleo y sueldo 16 días. Y, de nuevo, en el
mes de mayo faltó los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en turno de mañana; los días 18, 19, 24 y 25 de ese
mes en turno de tarde. Tras estos últimas faltas injustificadas, la empresa procedió a
comunicarle su despido disciplinario.

No puede elegir cuando ir o dejar de ir a trabajar

El Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra declaró la procedencia del despido, un fallo
judicial que fue recurrido por la trabajadora pero que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia
ha ratificado.

La sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ gallego (disponible en el botón ‘descargar
resolución’), en línea con lo razonado por el juzgador de instancia, el despido ejercitado por la
empresa es válido y objetivo.

Los magistrados afirman que el principio de buena fe que debe guiar las relaciones laborales
no le permite a la trabajadora hacer caso omiso de los cuadrantes de turnos elaborados por la
empresa, dejando de ir a trabajar cuando ella considera que no debe ir y yendo a trabajar
cuando ella considera que debe ir, o saltándose los turnos nocturnos.

El Tribunal señala que la persona trabajadora solamente podría hacer uso del ius resistentiae,
sin que ello le traiga consigo consecuencias disciplinarias, cuando la orden de la empresa
“fuera discriminatoria, lesiva de derechos fundamentales, atentatoria de la dignidad,
notoriamente ilegal o exorbitante en relación con las condiciones de empleo”. Pero eso es algo
que no ocurre en el presente caso enjuiciado.

Consecuencias de una entrada ilegal en un domicilio particular

Wed, 05 Jun 2024 16:47:00 GMT

Resumen

Si la policía se extralimita y entra de modo ilegal en un domicilio particular, la respuesta del
morador siempre que sea proporcionada, impide que se le condene por delito.

HECHOS

Tanto el órgano de enjuiciamiento como la Audiencia Provincial, al resolver el recurso de
apelación, condenaron al acusado por
un delito de resistencia del art. 556.1° CP y por un delito leve de lesiones del art. 147.2° CP.
El Tribunal Supremo, por el contrario, al resolver el recurso de casación interpuesto, absolvió a
la persona que venía condenada.

DOCTRINA

La inexistencia de flagrancia y la reacción proporcionada del morador, apartando a un agente y
tratando de cerrar la puerta de su domicilio, no autoriza la entrada de la Policía con la
consiguiente falta de responsabilidad del habitante de la vivienda por lo realizado por éste.

OBSERVACIONES

Se trata de un caso que generó mucha atención mediática, resultando que en la sentencia que
se examina, se analizó el comportamiento del morador de la vivienda que trataba de allanar la
Policía en base a que se estaría cometiendo un delito flagrante.

Sin embargo, el Tribunal Supremo desmonta la supuesta cobertura de la entrada, ya que no
existía realmente previa flagrancia delictiva habilitante de la injerencia pues ni la existencia de
ruidos ni la negativa del acusado a identificarse revisten caracteres de delito, por más que
puedan hacer surgir responsabilidades de índole administrativo de acuerdo con lo previsto en
la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo
—SP/LEG/17259—) y la correspondiente normativa municipal.

La protección domiciliaria —dijo igualmente la sentencia— que la Constitución reconoce en su
art. 18.2 ofrece al ciudadano la facultad de oponerse a los controles públicos, si bien, el matiz
importa, no permite reacciones desproporcionadas.

Y como en el caso, el acusado/recurrente simplemente apartó al agente e intentó cerrar la
puerta, sin que ni siquiera se llegue a afirmar que las leves lesiones que sufrió el funcionario
con carné número NUM004 en un dedo de la mano y en la escápula izquierda, se produjeran al
empujar aquel la puerta tratando de neutralizar la fuerza policial que pretendía evitar el cierre,
lo que hubo fue una extralimitación de la fuerza policial.

Y es que, efectivamente, los agentes lograron irrumpir en la vivienda y redujeron al acusado, al
que detuvieron. Pero ello, habiendo perdido la Policía la posibilidad legal de violentar el
derecho a la inviolabilidad domiciliaria, dicha extralimitación "desvanece los perfiles del delito de resistencia por el que el recurrente viene condenado, razón por la que los dos motivos conjuntamente analizados van a ser estimados".

El reproche del Tribunal Supremo no se queda en los órganos judiciales que intervinieron, sino
que se extiende a las acusaciones dado que no se consideró acreditada una conducta dolosa,
ni aun eventual, como concreción del peligro generado con la acción del morador, en los
términos que reclama el art. 147.2. CP. Y por ello, una eventual imputación a título
imprudente, además de alterar los límites de la acusación formulada, conduciría a la atipicidad
al tratarse de lesiones leves.

Ley de la Segunda Oportunidad: Todo lo que debes saber

Tue, 21 May 2024 15:38:00 GMT

La Ley de Segunda Oportunidad España es una ley que protege al deudor, persona física o
autónomo desde el año 2015. El objetivo principal es que aquellos que se encuentran en
En la vida, atravesar dificultades económicas puede llevar a una situación de endeudamiento insostenible. Para evitar que esto suponga un obstáculo permanente, en España se implementó la Ley de Segunda Oportunidad en 2015. Esta normativa busca ofrecer un alivio a particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus deudas, permitiéndoles reconstruir su situación financiera sin quedar atrapados en una carga económica interminable.

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad España es una ley que protege al deudor, persona física o
autónomo desde el año 2015. El objetivo principal es que aquellos que se encuentran en
estado de insolvencia no queden fuera del sistema. Es decir, que tengan la posibilidad de
volver a comenzar sin acumular sus deudas eternamente.

Se trata de un procedimiento que se equipara al conocido Concurso de Acreedores muy
utilizado en las empresas. Las personas físicas que se adhieran deberán transitar por las
diferentes fases: acuerdo extrajudicial, concurso de acreedores, fase de liquidación y solicitud
de la exoneración de sus deudas.

Una de las grandes ventajas de esta nueva ley es que, desde el momento de presentación, se
paralizan todas las medidas ejecutivas. Por lo tanto, se otorga a los deudores un tiempo en el
que no sumarán intereses y tendrán la tranquilidad de no ser embargados.

Las fases del proceso

El proceso consta de tres instancias. En la primera se intenta una renegociación de la deuda
por la vía extrajudicial. Si no hay acuerdo, se procede a la petición ante las autoridades
correspondientes, de la exoneración de la misma. En caso de ser aceptada la petición, hay un
período en el que se realiza un control económico y la medida puede estar sujeta a revisión.

Posibles beneficiarios de la Ley de la Segunda Oportunidad

La Ley de la Segunda Oportunidad está destinada a personas particulares y autónomos,
personas físicas, consumidores en general y familias con exceso de deudas. Hasta el año 2015

en que se puso en vigor, estas personas debían afrontar sus deudas con su patrimonio actual y
futuro. Afortunadamente, ya hay una solución muy efectiva para personas y familias.

A partir de la nueva Ley, estos colectivos tienen la misma oportunidad de las grandes empresas
cuando se presentan en concurso de acreedores. La Ley se aplica sobre las deudas ordinarias y
las subordinadas, lo que facilita a los deudores una salida airosa a su situación económica.

Como se puede observar, lo que esta Ley pretende es una especie de justicia social, poniendo
en condiciones de igualdad a la persona física con la persona jurídica (concurso de acreedores,
quita y espera, etc.). Siguiendo el principio de responsabilidad patrimonial del Código Civil, se
trata de que un deudor de buena fe que cae en una grave situación de insolvencia por factores
que le son ajenos, pueda comenzar de cero y tener una oportunidad de rehacer su situación.

¿Qué sucede con las hipotecas?

Aunque la totalidad de las hipotecas no reciben el amparo de esta norma, en el caso de que se
realice la ejecución hipotecaria y el dinero no sea suficiente para saldar la deuda, la deuda
restante sí será posible de exonerar. La consecuencia, si eres el deudor, es que, uniendo la
hipoteca y los beneficios de la Ley de segunda oportunidad, entregando la vivienda hipotecada
habrás saldado todas las deudas.

Como vemos, con la entrada en vigor de esta Ley de Segunda Oportunidad, la parte
proporcional de la hipoteca que no se cubre con la entrega del inmueble sí podría quedar
exonerada con los beneficios de dicha ley. Una de las cuestiones que se pretende potenciar es
la llamada ‘dación en pago’: se trata de un acuerdo de voluntades realizado entre la entidad
financiera acreedora y el deudor titular de un inmueble.

El deudor puede entregar la propiedad a la entidad financiera, tras un informe previo de
tasación; a su vez, la entidad lo acepta, extinguiéndose de esta forma la deuda. Como vemos,
se trata de una magnífica oportunidad para el deudor, y también una buena solución para la
entidad financiera; una solución muy positiva, donde ambas partes ganan.

Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Fuera del caso excepcional de las hipotecas, existen otras condiciones necesarias para solicitar
esta ayuda legal. Todos estos puntos son claves para que el juez correspondiente atienda esta
petición. En la práctica, son factores sencillos de cumplir para el deudor.

El Real Decreto 1/2015, de mecanismo de Segunda Oportunidad, reducción de cargas
financieras y otras medidas de orden social es la nueva ley para deudores. En su marco se

establecen los requisitos y condiciones para que miles de familias españolas puedan salir de
sus deudas:

Ley de segunda oportunidad para trabajadores autónomos

En el caso de las deudas de los autónomos, si el acuerdo extrajudicial intentado no tiene éxito,
y siempre antes de solicitar la exoneración de deudas en base a la Ley de segunda
oportunidad, siempre lo procedente es acudirá un concurso de acreedores, de forma
voluntaria.

Cuando ya se haya liquidado todo el patrimonio del autónomo en el concurso de acreedores
(siempre exceptuando los activos que se consideren esenciales para desarrollar su actividad
profesional), y se haya abonado la mayor cantidad de deudas posibles a los deudores,
entonces será el momento de solicitar la exoneración de deudas y obtener los beneficios de la
Ley de segunda oportunidad.

También en el caso de los autónomos, como acabamos de ver, la Ley de segunda oportunidad
es un trámite sencillo y una solución ideal para determinadas situaciones. Una salida muy
positiva para el autónomo.

¿Cómo presentar la solicitud?

La solicitud de los beneficios de la Ley de segunda oportunidad debe presentarse ante el juez
que haya conocido el proceso de la exigencia de la deuda por el acreedor, o el concurso de
acreedores en su caso. Es imprescindible que en el proceso participe un abogado y un
procurador, y que además se haya intentado un acuerdo extrajudicial de pago con los
acreedores.

La solicitud de este beneficio debe ir acompañada, siempre atendiendo al caso particular, de
una propuesta del Plan de Pagos correspondiente. El horizonte temporal de este plan es de
cinco años; y a él se compromete a cumplir el deudor.

El proceso para la solicitud es muy sencillo, las solicitudes suelen ser admitidas y la Ley de
segunda oportunidad estará en marcha. Legalmente ningún acreedor podrá hacer embargo o
solicitud de cancelación de la deuda mientras te encuentres tramitando la Ley desde el
momento en el que se consignen los requisitos.

Actualizaciones en la Ley de Segunda Oportunidad en España 2022/23

La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta legal que permite a particulares y
autónomos liquidar sus deudas y empezar de cero. Desde su entrada en vigor en 2015, ha
ayudado a muchas personas a liberarse de la carga financiera que supone estar endeudado.
Sin embargo, la ley ha ido evolucionando y mejorando con el tiempo, y en 2022 en el Real
Decreto 16/2022 se han introducido algunas actualizaciones que la hacen aún más efectiva.

Ampliación del ámbito de aplicación

Una de las principales novedades de la ley es la ampliación de su ámbito de aplicación. Antes,
sólo podían acogerse a ella particulares y autónomos, pero ahora también pueden hacerlo las
empresas, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. De esta forma, la Ley de Segunda
Oportunidad se convierte en una herramienta útil para todo tipo de negocios que atraviesen
dificultades económicas.

Reducción de los plazos

Otra actualización importante es la reducción de los plazos para obtener la exoneración de
deudas. Antes, el proceso podía durar hasta cinco años, pero ahora al tramitarse únicamente
en los Juzgados Mercantiles ( expertos en la materia) se ha reducido el plazo y un
procedimiento sin bienes puede estar finalizado en el plazo de 3 meses. Esto significa que las
personas y empresas que se acojan a la ley podrán empezar a recuperarse financieramente en
un plazo mucho más corto.

Procedimiento más sencillo

La nueva Ley de Segunda Oportunidad también simplifica el procedimiento para acogerse a
ella. Ahora, los deudores sólo necesitan demostrar que se encuentran en situación de
insolvencia . Además, se ha eliminado la obligación de tener un mediador concursal y de hacer
una fase extrajudicial en Notario, lo que reduce, además del tiempo, los costes del proceso.

Acceso a financiación

La ley también contempla medidas para facilitar el acceso a la financiación a aquellos que se
han acogido a ella. Por ejemplo, se fomenta la creación de líneas de crédito específicas para
estos casos y se establecen incentivos fiscales para los inversores que apoyen a los deudores.
De esta forma, se busca incentivar la inversión y la creación de empleo.

Comunicación confidencial al Juzgado para superar la insolvencia

Una de las principales actualizaciones de la Ley de Segunda Oportunidad en España es la
incorporación de un mecanismo que permite a los deudores negociar con sus acreedores un
acuerdo con el objetivo de evitar la insolvencia. Es un proceso voluntario y confidencial que
permite al deudor evitar la declaración de concurso de acreedores y que puede ser solicitado
tanto por personas físicas como por empresas.

Suspensión Temporal de las Ejecuciones

Otra actualización importante de la Ley de Segunda Oportunidad en España es la posibilidad de
solicitar la suspensión temporal de las ejecuciones hipotecarias o de otro tipo de créditos
mientras se está en el proceso de negociación de un acuerdo extrajudicial de pagos o en el
proceso de la declaración de concurso de acreedores. Esta medida se ha diseñado para evitar
que los deudores pierdan sus viviendas o bienes en el proceso de negociación de sus deudas.

Cancelación directa de hasta 10.000 euros en deudas de Hacienda y Seguridad Social
La nueva normativa permite la cancelación de hasta 10.000 euros de Hacienda y otros 10.000
euros de Seguridad Social.

De todas formas los Tribunales están permitiendo cancelar mayor importe y apostamos por
ello.

Preguntas Frecuentes sobre Ley de Segunda Oportunidad

¿Cuánto se demora el trámite de la Ley de Segunda Oportunidad?

Los tiempos son relativos y dependen de cada caso particular. En principio, el solo hecho de
presentar la solicitud paraliza las ejecuciones y embargos, los intereses no devengan y el
deudor gana tiempo y tranquilidad. La Ley prevé que la primera fase puede demorar entre dos
y cuatro meses, el resto es muy rápido en la mayoría de los casos.

¿Quiénes pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad está destinada para personas físicas o naturales y autónomos
que se encuentren en estado de insolvencia. Un recurso que se contrapone a la norma anterior
que obligaba a responder por las deudas con el patrimonio actual y futuro.

¿Qué deudas se pueden cancelar?

La Ley establece que se pueden cancelar todas las deudas ordinarias y subordinadas. En el caso
de las hipotecas, la masa deudora restante después de la liquidación del patrimonio, también
puede incluirse bajo la modalidad dación de pago.

Las deudas con la Administración como Seguridad Social y Hacienda quedan exceptuadas, sin
embargo, existen jueces que han realizado quitas y extensión en el plazo de pago. No se
cancelan las deudas por alimentos.

¿Puedo continuar mi actividad laboral?

La respuesta contundente es SI. El objetivo de la norma es facilitar la continuidad económica
de las personas. Por tal motivo, está previsto que las herramientas y elementos necesarios
para la actividad no son elementos posibles de ejecución. Asimismo, tu nombre figura en un
Registro Especial de personas que obtienen el beneficio, pero no en el fichero de morosos.

¿Es revocable la Ley de Segunda Oportunidad?

La exoneración de deudas determinada por el Juez se mantiene durante 5 años. Una vez
finalizado ese período las deudas desaparecen para siempre y no se puede realizar ninguna
reclamación. Durante el período de 5 años, cualquier modificación que demuestre un cambio
importante en la economía podría ser causa para solicitar la revocación del beneficio.

¿Qué es la ley de segunda oportunidad?

Es la herramienta legal que le permite a personas físicas o autónomas, en estado de
insolvencia actual o inminente, renegociar sus deudas u obtener una exoneración de las
mismas. Un mecanismo regulado legalmente que tiene por objetivo garantizar la paridad de
cobro entre acreedores, y la posibilidad de volver a empezar para los deudores.

¿Hace cuánto tiempo que está en vigencia la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley 25/2.015 del 28 de julio entró en vigencia en España el 30 de julio del año 2.015, hace
tan solo 4 años.

¿Cuáles son los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad?

La deuda no debe superar los 5 millones de euros.
La existencia de intentos de acuerdos prejudiciales de pago.
Actuar de buena fe por parte del deudor.
Justificar un estado de insolvencia actual o inminente.
No ser declarado culpable en el concurso de acreedores.
No ser condenado en los 10 años previos por delitos económicos ni haber hecho uso del
beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad en ese periodo.

¿Dónde puedo solicitar la Ley de Segunda Oportunidad?

Nuestros asesores expertos de Defensa del Deudor analizan tu caso y pueden asesorarte para
presentar la solicitud. Si necesitas acabar con tus deudas y reestructurar tu economía, contacta
con nuestro equipo mediante el teléfono o rellenando un sencillo formulario, y de inmediato
iniciaremos el procedimiento adecuado para tu situación.

¿Funciona la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad puede ser muy positiva para el deudor, en la medida que es
gestionada por abogados expertos . Miles de familias y autónomos han disfrutado del beneficio
y gozan en la actualidad de una nueva vida. El problema es que, al ser relativamente nueva,
aún hay demasiada desinformación al respecto.

Nuestros servicios

Muchas personas acuden a nosotros, con la pregunta de si vale la pena
solicitar la Ley de segunda oportunidad. La respuesta es afirmativa, hemos gestionado casos
positivos de anulación de deudas a distintos deudores. Estamos aquí para guiarte durante todo
el proceso y para asesorarte después de él. Contamos con auditores y economistas
profesionales, altamente informados sobre la Ley Segunda Oportunidad y todos sus
pormenores.

Tenemos gran experiencia y sobretodo satisfacción al ver cómo te llama o aparece un cliente
cabizbajo/a y hundido anímicamente y 5-6 meses después dice que le hemos cambiado la
vida, al poderle exonerar (quitar deuda) deudas de 50.000-100.000-200.000 y hasta 300.000 euros.

Si necesitas quitarte una deuda, contacta ahora con nosotros.

La inseguridad jurídica condena a España en el Índice de Derechos de Propiedad

Tue, 07 May 2024 15:19:00 GMT

La inestabilidad política y las amenazas que se ciernen sobre la vivienda, factores clave del
pobre desempeño de nuestro país en la edición de 2023.

La inestabilidad política y las amenazas que se ciernen sobre la vivienda, factores clave del
pobre desempeño de nuestro país en la edición de 2023.El presidente del Gobierno
España vuelve a ocupar una posición muy retrasada en el Índice Internacional de Derechos de
Propiedad (IIDP) que elabora la Property Rights Alliance y publica el Instituto de Estudios
Económicos. La edición del pasado 2023 sitúa a nuestro en el puesto 22 de un total de 37
economías desarrolladas y nos coloca un 4,2% por debajo del promedio observado en la Unión
Europea.

España, entre los países que peor protegen la propiedad de familias y empresas
El 67% de los arrendadores cree que la expropiación de viviendas vacías es un "ataque" a la
propiedad privada

La puntuación de nuestro país se ve penalizada por la inestabilidad política, la deficiente
protección de la propiedad física y el impacto de los impuestos sobre propiedad. El estudio
destaca el enorme daño provocado en el ámbito de la vivienda por la lacra de la okupación, los
controles de precios, la burocracia urbanística o la falta de acuerdos con el sector privado para
el desarrollo de vivienda nueva, circunstancias todas ellas que inciden negativamente en la
salvaguardia y la protección garantista de la propiedad.

El IEE destaca que, "el pilar del informe referido al entorno legal y político se ve intensamente
influenciado por el componente de la inestabilidad política, mientras que el pilar dedicado a la
propiedad física refleja la vulnerabilidad que sufre el sector de la vivienda. Como suma de
estas circunstancias, España se sitúa por debajo del promedio de la OCDE y de los países de la
UE. De hecho, nuestro país ocupa posiciones en la parte baja del ranking en todas las
categorías analizadas, especialmente en el entorno legal y político y en la protección de la
propiedad física, donde figuramos entre los diez países con peores resultados durante todo el
periodo analizado (2019-2022)"..

El ranking del IIDP para 2023 está encabezado por Finlandia, que aparece por delante de Países
Bajos, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noriega, Suecia, Luxemburgo, Alemania o Australia.
También destacan para bien los resultados de Austria, Suiza, Japón, Estados Unidos, Canadá o
Irlanda. Bélgica, Islandia y Francia superan el promedio observado en la UE, mientras que

Corea del Sur y República Checa se mueve en torno a la media alcanzada por la OCDE. España
aparece a continuación, a la par con Portugal. Por debajo de nuestro país figuran Israel,
Portugal, Lituania, Letonia, Italia, Eslovenia, Chile, Eslovaquia o Costa Rica, siendo las últimas
posiciones para Polonia, Hungría, Grecia, México, Colombia y Turquía.

Lo peor de todo es que los resultados de España en el IIDP no van a mejor y, de hecho, se
enquistan, puesto que la nota general cosechada por nuestro país es de 6,5 puntos en 2023,
idéntico resultado al cosechado en 2019:

La vivienda en el punto de mira

En relación con la situación del mercado de la vivienda, el estudio del IEE recalca que "es
necesario huir de dogmatismos ideológicos que demonizan el papel del sector privado en el
mercado inmobiliario, en el que las familias españolas tienen depositado el 70% de su riqueza.
Hay que incentivar que los propietarios, tanto pequeños como grandes, sean parte de la
solución a la emergencia que viven las familias con menos recursos a la hora de lidiar con las
grandes dificultades de acceso al mercado de la vivienda".

El atasco de la vivienda: desarrollar obra nueva en España supone de 10 a 12 años de espera
El centro de estudios asociado a la CEOE advierte que "el objetivo del gobierno de crear
184.000 viviendas sociales puede ser inviable y no va a beneficiar a los colectivos más
necesitados si no se centra en alquiler en vez de en compra. Además, en términos de encaje
presupuestario, resulta inviable sin inversión privada". En este sentido, propone "un marco de
colaboración público-privada mediante el cual propietarios privados y promotores faciliten
viviendas para alquiler al Estado, a cambio de un precio inferior al de mercado pero también
de contratos de larga duración que ofrezcan certidumbre y seguridad económica. Los
propietarios podrían contar con avales ICO o del Tesoro para desarrollar estas viviendas y, a
cambio, el Estado sacaría al mercado decenas de miles de casas y pisos para alquiler social".

Informe ‘Perspectivas España 2024′

La mitad de los directivos cree que la inseguridad jurídica es la principal amenaza para la
economía española

En plena desaceleración económica, los empresarios españoles esperan seguir creciendo en
facturación, inversiones y en empleo. Pero también tienen inquietudes. La mitad de los
directivos (48%) señala la inseguridad jurídica como una de las principales amenazas para la
economía del país, por delante de la incertidumbre política (44%) y de los cambios regulatorios
(30%). Así lo recoge la vigésima edición de la encuesta Perspectivas España 2024, realizada por
KPMG en colaboración con CEOE, en la que han participado más de 1.350 empresarios y
directivos.

A pesar de este panorama incierto, los empresarios españoles muestran confianza en el
crecimiento económico para el año 2024. La mayoría espera aumentar sus ventas y realizar
inversiones, aunque con cautela en cuanto a la creación de empleo. Aunque persisten dudas
sobre la situación económica del país, el optimismo respecto a la evolución de las empresas es
notable, contrastando con las preocupaciones sobre el panorama macroeconómico.

Ciberseguridad: se disparan los ataques a la identidad y la nube

Tue, 07 May 2024 15:11:00 GMT

Los ciberataques cloud aumentan un 95% y se triplica el número de actores que aplican sus
ataques en este entorno

Se han identificado más de 2.500 anuncios de servicios o venta de accesos adquiridos de
manera ilícita

Se han detectado 33 nuevos grupos delictivos, el mayor crecimiento de año en año

Los ciberataques en la nube han aumentado un 95% en el último año.

Un total de 84 minutos. Es decir, una hora y 24 minutos. Este es el tiempo exacto que tarda un
ciberdelincuente en acceder a un sistema. Una cifra que se ha reducido en 14 minutos en las
ciberintrusiones si se comparan los datos de 2022 y 2021, año este último en el que se situaba
en 98 minutos.

"Los delincuentes hoy en día son más inteligentes, más sofisticados y cuentan con más
recursos que nunca en la historia", afirma Adam Meyers, responsable de inteligencia de
CrowdStrike, a elEconomista.es

Este cambio en el perfil del ciberdelincuente ha alterado la forma de los ataques. Si
anteriormente lo más habitual era el malware, ahora, este tipo de ciberataques está
disminuyendo. En concreto, El 71% de los ataques detectados el pasado año no incluía este
tipo de programas informáticos -se ejecutan sin autorización y son perjudiciales para usuarios
o sistemas-, frente al 62% en 2021 o el 39% en 2018.

Por el contrario, están creciendo otras formas de ciberdelincuencia como las intrusiones
interactivas, es decir, las procedentes de un humano al otro lado del teclado, en las que se ha
registrado un aumento del 50%. Un porcentaje que pone de manifiesto que los
ciberdelincuentes tienen cada vez más conocimientos para evadir la protección de antivirus y
defensas automatizadas, según se recoge en la novena edición del Informe Global de
Amenazas 2023 realizado por CrowdStrike, fabricante de ciberseguridad global, que ha
analizado 3 millones de millones de eventos cada día durante 2022.

El estudio refleja a su vez el empleo de tácticas de ingeniería social en las que es necesaria la
interacción humana como el vishing (se suplanta la identidad de una empresa u organización a
través de una llamada para obtener información personal) o cambiar tarjetas SIM y evitar el
uso de la autentificación multifactor.

De hecho, los criminales que buscan robar información o llevan a cabo campañas de extorsión
han crecido un 20%, porcentaje que implica el cambio de objetivo de los ataques frente a la
monetización directa de hace unos años atrás.

Tan solo en 2022, se han identificado más de 2.500 anuncios de servicios de intermediarios o
de personas que proporcionan o venden a las organizaciones acceso adquirido de manera
ilícita. Esto supone un aumento del 112% sobre el año 2021.

Ha crecido un 112% el número de anuncios de servicios de intemediarios o personas que
venden accesos adquiridos de forma ilícita

Entre las tácticas más empleadas, destaca el uso ilícito de credenciales comprometidas que se
adquieren a través de ladrones de información o bien se compran en mercados clandestinos.
De hecho, en la dark web o internet oculta, el número de accesos ha experimentado una
subida del 112%. Una cifra que pone de manifiesto el valor y la demanda de credenciales de
acceso y de identidad que se ofrecen en el mundo más oscuro de la red.

Y esto no es todo. También están creciendo las amenazas basadas en identidades y en exploits
contra la nube, aprovechando errores o vulnerabilidades que, incluso, en este último caso se
creía que estaban resueltas. Precisamente, los ataques cloud son los que han registrado uno
de los mayores incrementos, con un aumento del 95% en el último año. Además, se observa
una tendencia al alza en 2023.

Asimismo, es significativo que se haya triplicado el número de actores que aplican sus ataques
en este entorno. Este patrón refleja una mayor proporción de adversarios que adquieren el
conocimiento y habilidades tácticas que necesitan para atacar los entornos cloud. Ya no es tan
frecuente así que desactiven antivirus y las tecnologías de firewall o empleen la falsificación de
registros. Ahora, tratan de modificar los procesos de autenticación y atacar las identidades.

Más grupos delictivos

El informe de CrowdStrike también ha encontrado 33 nuevos grupos delictivos, cifra que
representa el mayor crecimiento de año a año y que conlleva que ahora se analice a más de
200 grupos. Entre ellos, por ejemplo, destacan Scattered Spider y Slippy Spider a los que se les
atribuyen los ataques más recientes a compañías tecnológicas y de telecomunicaciones.

La mayoría de los nuevos grupos son Spiders, es decir, criminales online. Entre los casos
detectados figuran el de Gossamer Bear, desde Rusia, que ha llevado a cabo campañas de
phising para conseguir credenciales de laboratorios de investigación, de proveedores militares,
de compañías de logística y de ONG. Además, se ha identificado el primer grupo procedente de
Siria: Deadeye Hawk. En España, por ejemplo, se ha observado la operativa de 17 grupos de

ciberdelincuentes de entre los más de 200 como es el caso de Veto Spider, Alpha Spider o
Samba Spider.

¿Ciberataque o espionaje?

El informe alerta igualmente del aumento del espionaje, sobre todo, el relacionado con China.
En concreto, los ciberdelincuentes vinculados con el país crecen a escala operativa. Se han
observado ataques en 39 sectores industriales y en 20 regiones repartidas por todo el mundo.

Por ejemplo, CrowdStrike Intelligence detectó ataques masivos de estos ciberdelincuentes
contra empresas tecnológicas radicadas en Taiwán en 2022, lo que puede concordar con una
misión de espionaje de tipo económico.

En ese mismo año, también se analizaron numerosos ataques de día cero en intrusiones contra
organizaciones de América del Norte, poniendo en riesgo a entidades del sector aeroespacial,
jurídico y académico.

Por el contrario, el impacto de la guerra en Ucrania ha sido menor del esperado, ya que la
lucha sobre el terreno ha eclipsado los esperados ciberataques. El impacto así es limitado, pero
el informe indica que la amenaza continua y se deben extremar las precauciones ante la
entrada en el segundo año de guerra.

Que son y cómo podemos anular judicialmente las tarjetas revolving o tarjetas al consumo

Tue, 23 Apr 2024 16:23:00 GMT

Ya conoces el término “tarjeta revolving” y que existe una problemática
enorme al respecto. Lo siguiente que te estás preguntando es: “¿Cómo
puedo saber si tengo una tarjeta revolving?“.

Recordemos que las tarjetas revolving son un tipo de créditos al
consumo, que permiten aplazar pagos a cambio de abonar un alto
interés.

El problema ha venido cuando las entidades que prestaban ese dinero, lo
han prestado a un tipo de interés muy superior al habitual, lo que se
conoce como un “crédito usurario”.

Estas tarjetas, por su naturaleza, se acaban convirtiendo en verdaderos
créditos eternos en los que en cada recibo pagas poco capital y mucho
intereses.

Vamos a ver 3 formas distintas que te pueden ayudar a la hora de aclarar
si tienes una tarjeta revolving.

¿Cómo saber si mi tarjeta es revolving?

1. En los recibos, por el tipo de interés aplicado
2. Revisando el contrato
3. La deuda pendiente nunca desciende
¿Cómo saber si mi tarjeta es revolving?
1. En los recibos, por el tipo de interés aplicado
Para comprobar si tienes una tarjeta revolving, tienes que acudir al
contrato que firmaste en su día (si lo tienes), o si no, a los recibos
mensuales que te cobran y buscar el tipo de interés (T.A.E. o Tasa Anual

Equivalente) que el banco nos aplica. Si la T.A.E. es superior al 20%, puede
que tengas una tarjeta revolving.

A veces, en lugar de la T.A.E. aparece el T.I.N. (Tipo de Interés Nominal) o
el C.E.R. (Coste Efectivo Remanente), lo que hace más complicado el
cálculo. Y, para terminar de complicarlo, las entidades hacen que sus
recibos sean en muchas ocasiones difíciles de interpretar.

Además, tras la Sentencia del Tribunal Supremo del 15 de febrero de
2023, algunas entidades como Wizink o Cofidis han bajado el tipo de
interés al 20% a partir de sus recibos de marzo o abril de 2020, con el
objetivo de librarse de una reclamación, pero siguen teniendo obligación
de devolver lo cobrado anteriormente a un tipo de interés más alto, por lo
que habría que acudir a un recibo anterior.

2. Revisando el contrato

Otra forma de identificar si la tarjeta o el crédito que tienes es revolving
podría ser la de examinar el contrato donde aparecerán las condiciones y,
entre ellas, la T.A.E.

Sin embargo, lo más habitual es que no conserves ese contrato o que,
directamente, nunca hayas tenido una copia.

En este caso, la forma de saber si tienes una tarjeta revolving pasa por
identificar la entidad con la que tienes la tarjeta de crédito. Al tratarse de
contratos en masa, las condiciones son las mismas para todos sus clientes.
Si una tarjeta de crédito es revolving para un cliente, también lo será en tu
caso.

Un ejemplo claro de tarjeta revolving es la Tarjeta Wizink o la Tarjeta
Carrefour Pass, que son las más comunes y afectan a una mayor
cantidad de clientes. Sin embargo, también existen otras tarjetas como la

Tarjeta Ikea Family o la Tarjeta Alcampo más minoritarias y sobretodo,
los créditos personales al consumo de Cofidis, Creditea, Cetelem o Vivus.

No obstante, las entidades bancarias no han querido ser menos y la
práctica totalidad de ellas tienen una sección dedicada a los créditos al
consumo, habiendo comercializado sus propias tarjetas revolving,

Como por ejemplo es el caso del Santander, CaixaBank, Sabadell, Evo,
Bankinter las cuales, también aplican unos intereses abusivos.

3. La deuda pendiente nunca desciende

Si tras endeudarte, e ir pagando religiosamente la cuota mensual,
compruebas que la deuda no desciende, es más que probable que tengas
una tarjeta revolving.

En resumen, tienes 3 formas distintas de saber si la tarjeta que tienes es
revolving.

Buscando en los recibos del banco
Tienes que buscar en los recibos del banco y buscar el tipo de interés que
se está aplicando.
Concretamente, tienes que buscar si el T.A.E. es superior al 20%, por lo que
estaría considerado como usuario.

En el contrato de la entidad emisora
Aunque es poco probable que lo conserves, en tu contrato debe
especificarse el tipo de interés aplicado.

Si la deuda nunca desciende

Si estás pagando todos los meses, y compruebas que la deuda nunca
desciende…es casi seguro que tengas una tarjeta revolving.

Si tienes (o sospechas que tienes) una tarjeta revolving, estás en tu
derecho de reclamar y que tu banco te devuelva todos los intereses
pagados. Sí, todos los intereses.

La nulidad de las tarjetas revolving por abusividad

Últimamente hemos conocido distintas sentencias del Tribunal Supremo
que han declarado la validez de algunas tarjetas revolving por no
entenderlas usurarias, ya que ha dado por probado que las tarjetas de
crédito de este tipo que se comercializaron en la primera década del 2000,
tenían unos tipos de interés que llegaban al 26%, por lo que si las que se
analizaban no superaban dichos porcentajes, no serían usurarias.

Abusividad tarjeta revolving

Aunque ya nos hemos referido a estas sentencias y, en realidad, no
cambia la doctrina, pese a dicha decisión, algunas sentencias que se han
dictado con posterioridad han resuelto en el mismo sentido.

No sólo por usura se puede anular una tarjeta revolving
Por eso, hoy ponemos sobre la mesa la posibilidad que también existe de
anular este tipo de tarjetas, pero en base a otros motivos muy distintos de
la usura. Y las consecuencias van a ser las mismas, pues se va a poder
recuperar todo el dinero pagado que exceda del capital dispuesto.

Uno de esos otros motivos por los que también se puede anular este tipo
de contratos es por abusividad, aunque se trata de una causa que se

podrá dar únicamente cuando estemos ante un contrato concertado por
un consumidor, es decir, siempre que se haya contratado para un fin
particular que nada tenga que ver con una actividad comercial o
empresarial.

En estos casos, estamos ante contratos que tienen que superar el filtro
que todo contrato que se firme con un consumidor tiene que superar para
ser válido. Este filtro es de la transparencia y la abusividad.

De esta forma, si analizamos cláusulas fundamentales de un contrato,
como lo sería el propio sistema revolving de la tarjeta, esa cláusula debe
ser transparente. Y esto significa que la entidad tenía que haber
informado, al tiempo en que se contrató, de qué implica realmente tener
una tarjeta de este tipo, tanto desde el punto de vista jurídico como
económico.

El consumidor debe poder ser consciente de qué significa que tenga una
tarjeta revolvente, de cómo se liquidan las cuotas cada mes, de los riesgos
que asume al contratar una tarjeta de este tipo, riesgo que, entre otras
cosas, puede implicar que su deuda se eternice.

Las sentencias declaran también la nulidad de las tarjetas por abusividad
Ya son bastantes las sentencias que se están dictando que anulan este tipo
de tarjetas por abusividad, por ser tarjetas sobre las que no se ha dado
ninguna información previa al consumidor y, menos aún, una información
clara y suficiente para que éste fuera plenamente consciente de lo que
contrataba.

Estas son todas las deducciones de la Renta 2023 en Andalucía

Wed, 10 Apr 2024 16:10:00 GMT

Hasta 12.000 euros de ahorro

Andalucía es la comunidad autónoma con más contribuyentes que presentaron declaración el
año pasado (más de cuatro millones).

Todas las deducciones en la declaración de la renta

La comunidad autónoma de Andalucía es la que más contribuyentes aportó el año pasado a la
campaña de la Renta. Más de cuatro millones de personas, según datos de la propia Agencia
Tributaria, cumplieron con las obligaciones fiscales y muchas de estas personas se beneficiaron
de las deducciones propias de Andalucía.

La campaña de la Renta 2023 se acerca y los contribuyentes andaluces ya se preparan para
ella. Para ser beneficiarios de alguna de las deducciones propias de la región es necesario
acreditar la residencia fiscal en Andalucía: es decir, vivir al menos 183 días en alguna de las
ciudades.

Las deducciones aplicables en Andalucía son las siguientes:
Por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida y por las
personas jóvenes

Se podrá deducir el 5 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la
adquisición o rehabilitación del inmueble que constituya o vaya a constituir la vivienda
habitual del contribuyente.

Por cantidades invertidas en el alquiler de la vivienda habitual

Se podrá deducir el 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el
alquiler de la vivienda habitual del contribuyente. El importe máximo de deducción será 600
euros anuales, con carácter general, y 900 euros anuales, en el caso de que el contribuyente
tenga la consideración de persona con discapacidad.

Por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento familiar de menores
Se podrá deducir 200 euros, con carácter general, por cada hijo nacido o adoptado, o por cada
menor en régimen de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo, administrativo
o judicial, en el período impositivo en el que se produzca el nacimiento, la adopción o el
acogimiento.

Se podrá deducir 400 euros por cada hijo nacido, adoptado o por cada menor en régimen de
acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo, administrativo o judicial si el
contribuyente reside en un municipio con problemas de despoblación.

Incremento de la deducción: En el caso de partos, adopciones o acogimientos múltiples, la
cuantía correspondiente de la deducción se incrementará en 200 euros por cada hijo o, en su
caso, por cada menor. Este incremento de 200 euros por cada hijo en el caso de parto,
adopción o acogimientos múltiples se aplicará, aunque hubiera fallecido alguno de ellos en el
año.

Por adopción de hijos en el ámbito internacional

Se podrá deducir 600 euros por cada hijo adoptado en el período impositivo en el que se haya
inscrito la adopción en el Registro Civil, siempre que se trate de una adopción de carácter
internacional.

Incompatibilidad: Esta deducción no es compatible con la aplicación de la deducción
autonómica “Por nacimiento o adopción de hijos o acogimiento familiar de menores”.
Para el padre o madre de familia monoparental y, en su caso, con ascendientes mayores de 75
años

Se podrá deducir 100 euros para contribuyentes que sean padres o madres de familia
monoparental en la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre). Tiene
la consideración de familia monoparental, a efectos de la deducción, la formada por el padre o
la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan alguno de los siguientes
requisitos:

Hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan
independientes de estos.

Hijos mayores de edad que antes del 1 de enero de 2022 hubieran sido declarados
judicialmente incapacitados, sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
Hijos mayores de edad con discapacidad a quienes, por resolución judicial, asista un curador.
Incremento de la deducción: La deducción anterior se incrementará adicionalmente en 100
euros por cada ascendiente que conviva con la familia monoparental, siempre que estos
generen el derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes mayores de 75 años
establecido en la normativa estatal del IRPF.

Para familias numerosas

En el caso de familias numerosas de categoría general se podrá deducir 200 euros.
En el caso de familias de categoría especial se podrá deducir 400 euros.
Por gastos educativos

Se podrá deducir el 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por los
gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, de informática o de ambas.

Gastos de enseñanza escolar de idiomas o informática: Se considerarán gastos de enseñanza
escolar de idiomas, de informática, o de ambas, las cantidades satisfechas a los centros
docentes en concepto de gastos de escolaridad, en la proporción correspondiente a dichas
materias o asignaturas, así como a aquellas que sean impartidas en un idioma extranjero.
Dicha proporción se determinará en función del número total de horas lectivas que dichas
materias o asignaturas representen en el conjunto de horas lectivas del curso escolar.
Gastos de enseñanza extraescolar de idiomas o informática: Se considerarán gastos de
enseñanza extraescolar de idiomas, de informática, o de ambas, las cantidades satisfechas en
contraprestación por los servicios de enseñanza de dichas materias prestados por otro tipo de
centros no comprendidos en el apartado anterior, ya sean privados o públicos, oficiales o no,

tales como las academias y las escuelas oficiales de idiomas. También tendrán dicha
consideración las cantidades abonadas a personas físicas, dadas de alta en el correspondiente
epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), en contraprestación por clases
particulares que se impartan sobre dichas materias en domicilios particulares o en lugares no
destinados u organizados específicamente a tal fin.

El importe máximo de la deducción no podrá superar 150 euros anuales por cada
descendiente.

Para contribuyentes con discapacidad

Se podrá deducir 150 euros por cada contribuyente que tenga la consideración de persona con
discapacidad.

Para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad
Se podrá deducir 100 euros por el cónyuge o pareja de hecho que cumpla los siguientes
requisitos:

Que no sea declarante del IRPF en el ejercicio y que tenga la consideración de personas con
discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que se
refiere el artículo 367 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE de 31 de octubre).

Además, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 5/2021, de 20 de octubre,
de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el caso de personas cuya
incapacidad hubiera sido declarada judicialmente con anterioridad al día 1 de enero de 2022,
se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 aunque no
alcance dicho grado.

En el caso de parejas de hecho, estas han de estar inscritas en el Registro de Parejas de Hecho
de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en registros análogos de otras Administraciones
Públicas.

Por asistencia a personas con discapacidad

Con carácter general se podrá deducir 100 euros por cada persona con discapacidad que
otorgue derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes,
conforme a la normativa estatal del IRPF, sin que la suma de las bases imponibles general y del
ahorro, casillas y de la declaración, no supere las siguientes cantidades:
80.000 euros en tributación individual.

100.000 euros en tributación conjunta.

Cuando varios contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción, se estará a las
reglas de prorrateo, convivencia y demás límites previstos en la normativa estatal del IRPF.
En el caso de que las personas con discapacidad precisen ayuda de terceras personas:

El 20 por 100 del importe satisfecho a la Seguridad Social, en concepto de cuota fija que sea
por cuenta del empleador, de conformidad con lo establecido en el Sistema Especial para
Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, con el límite de 500 euros

anuales por contribuyente, cuando se acredite que las personas con discapacidad necesitan
ayuda de terceras personas y generen derecho a la aplicación del mínimo en concepto de
gastos de asistencia, conforme a la normativa estatal del IRPF.

Únicamente tendrá derecho a este incremento el contribuyente titular del hogar familiar que
conste como tal en la Tesorería General de la Seguridad Social, por la afiliación en Andalucía al
Sistema Especial para Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación. A tal efecto, deberá hacerse constar en
la casilla del Anexo B.1 de la declaración el Código Cuenta de Cotización por el Sistema
Especial para Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
Incompatibilidad: Esta deducción será incompatible con la deducción "Por ayuda doméstica"
cuando sea la misma persona empleada la que da derecho a la aplicación de ambas
deducciones.

Por ayuda doméstica

Se podrá deducir el 20 por 100 del importe satisfecho en el período impositivo por cuenta del
empleador o empleadora a la Seguridad Social correspondiente a la cotización anual de un
empleado o empleada del hogar familiar, que constituya la vivienda habitual del empleador o
empleadora. El importe máximo de la deducción no podrá superar 500 euros.

Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de
acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades mercantiles
Se podrá deducir el 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio 2023 en la
adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de
constitución de sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que
revistan la forma de Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Laboral, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral o Sociedad
Cooperativa. El límite de deducción aplicable será de 4.000 euros anuales.

También se podrá deducir el 50 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio 2023
en la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de
constitución de sociedades o de ampliación de capital en sociedades mercantiles cuando
dichas sociedades han sido creadas o participadas por universidades o centros de
investigación.

El límite de deducción aplicable será de 12.000 euros anuales.
Para gastos de defensa jurídica de la relación laboral
Cuantía y límite máximo de la deducción
El importe satisfecho por el contribuyente, en concepto de gastos de defensa jurídica
derivados de la relación laboral en procedimientos judiciales de despido, extinción de contrato
y reclamación de cantidades. El importe máximo de deducción será de 200 euros, tanto en
tributación individual como conjunta.

Obligaciones formales.Los contribuyentes del IRPF que hayan aplicado esta deducción estarán
obligados a conservar durante el plazo máximo de prescripción los justificantes y documentos
que acrediten el derecho a disfrutar de esta deducción. Mediante orden del titular de la

Consejería competente en materia de Hacienda podrán establecerse obligaciones específicas
de justificación, destinadas al control de esta deducción.

Por donativos con finalidad ecológica

Se podrá deducir 10% de las cantidades donadas durante el período impositivo a favor de
cualquiera de las siguientes instituciones:

*Las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de
corporaciones locales de Andalucía, cuya finalidad sea la defensa y conservación del medio
ambiente, quedando afectos dichos recursos al desarrollo de programas de esta naturaleza.
*Las entidades sin fines lucrativos y las entidades beneficiarias del mecenazgo, reguladas
respectivamente en los artículos 2 y 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que su
fin exclusivo sea la defensa del medio ambiente y se hallen inscritas en los correspondientes
registros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El límite de deducción aplicable será de 150 euros.

Alquilar un ático por seis euros al mes en Madrid: la cara y la cruz de la renta antigua

Wed, 10 Apr 2024 15:07:00 GMT

Los contratos firmados antes de 1985 son cada vez más escasos, pero aún quedan unos 126.000 en España

Los alquileres de renta antigua, aquellos suscritos con anterioridad al 9 de mayo de 1985, son una tabla de salvación para los inquilinos que ocupan desde hace décadas estas viviendas. En el lado opuesto están los dueños de estas casas, que ven cómo tras continuas subrogaciones, su bien más preciado —y el de sus hijos e incluso nietos— es una “condena a una carga sine die”, según narra Carmen Gutiérrez, propietaria de un ático en el distrito de Tetuán (Madrid) de 80 metros cuadrados con una terraza de otros 22 metros, por el que recibe una renta de 6,56 euros al mes.

La legislación ha permitido proteger la figura jurídica de la renta antigua, casi extinguida en los locales de negocio, pero no en las viviendas, de las que se calcula que siguen existiendo unos 126.000 alquileres en España, concentrados en las grandes capitales, como Madrid, Barcelona o Sevilla. A falta de registros centralizados, según la Encuesta de Condiciones de Vida, actualizada a 2022 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de hogares con alquileres con precios inferiores a los del mercado es del 3%, aunque los expertos consultados piensan que entre un 10% y un 20% de los arrendamientos vigentes son todavía de renta antigua. “Tener una casa en renta antigua es antieconómico, pues todas las derramas de la comunidad corren por cuenta del propietario y muchas personas, en herencias o legados que reciben, se la quieren quitar de encima”, explica el letrado Alejandro Bancalero, de Bancalero Abogados. “Es triste que tengas que pedir hasta tres créditos para pagar derramas”, lamenta Carmen, que en estos años ha tenido que sufragar 14.000 euros por este concepto en una finca señorial, en la que su vecino alquila un ático similar por 1.800 euros al mes. La propia Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 expone que los contratos celebrados con anterioridad a la Ley de 1964 tienen rentas que pueden calificarse de “ineconómicas”.

Aunque según establece la normativa, tanto los suministros y servicios, como el IBI y la actualización de la renta pueden ser repercutidas al inquilino directamente, “el arrendatario se encuentra en una ventajosa situación frente al casero”, opina Gabriel de Alvear, abogado especializado en arrendamientos urbanos: “Si bien la vigente LAU establece unos determinados derechos del arrendador relativos a repercusión del IBI y de ciertas obras, la práctica ha demostrado que el equilibrio contractual entre las partes está lejos de lograrse”.

Por otra parte, la complejidad normativa de la LAU hace que muchos arrendadores desistan de ejercer sus derechos. “A veces”, cuenta De Alvear, “los contratos deben interpretarse por profesionales, las repercusiones al arrendatario deben notificárselas y cabe que este se oponga, ocasionando un problema cuya resolución pudiera exigir acudir a los tribunales. Todo ello, unido a la exigua renta, determina que numerosos arrendadores decidan no repercutir gastos a los inquilinos”. De la misma opinión es el abogado Adolfo Calvo, quien ha constatado que muchos propietarios optan por no llevar a efecto la actualización de la renta debido a que se trata de cantidades muy pequeñas. Carmen ha decidido no repercutir ningún coste, ni siquiera las obras, porque dice que le cuesta más el burofax que lo que va a recibir a cambio.

La gran diferencia y más importante con los alquileres posteriores al 1 de enero de 1995, que es cuando entra en vigor la LAU de 1994, radica en la prórroga forzosa. Hasta esa fecha era obligatoria; después de ese año el derecho se extingue cuando no caben más subrogaciones que las establecidas en la ley, que normalmente son dos.

Derecho a una vivienda

¿Por qué no se ha eliminado el alquiler de renta antigua en viviendas y sí en locales? “El legislador podría haber hecho desaparecer la renta antigua cuando hace casi 30 años se publicó la actual LAU, pero habría traído una fractura social muy importante que ningún Gobierno está dispuesto a asumir. Prueba de ello es que, a pesar de estar vigente desde el año 1995, los sucesivos gobiernos han limitado las normas que originariamente conformaron dicha ley especial, prolongando la duración del contrato de arrendamiento, aumentado su vigencia, limitando el incremento de la renta y trayendo a colación el espíritu del texto refundido de la LAU de 1964″, opina Calvo.

La razón de ser de este tipo de contratos se encuentra en la falta de vivienda, lo que condujo, según De Alvear, a intentar otorgar una nítida protección a las familias para que pudieran conseguir un techo. No en vano, salvo excepciones, el inquilino de este tipo de alquiler es una persona de avanzada edad, con recursos económicos limitados, arraigado al barrio, y que paga entre 100 y 300 euros por un piso antiguo.

Vender la vivienda de renta antigua con su inquilino tampoco es una opción para Carmen: “He intentado hacerlo, pero el valor que te dan es acorde con la renta que estás cobrando, que en mi caso es de poco más de seis euros”, sentencia. Bancalero pone como ejemplo la compra de un piso de 80 metros cuadrados en la zona de Atocha, en Madrid, con una inquilina de renta antigua de 83 años, cuyo valor es de 420.000 euros, pero que se vendió por 180.000 euros. “El precio de mercado es un 30% del precio real del mismo. El comprador adquiere el inmueble con muchos más gastos que ingresos y es una opción de inversión, pero de futuro a largo plazo”, recalca.

Por su parte, José María Salcedo, abogado en Tax Litigation, está peleando en los tribunales para que el valor del inmueble no supere el valor de capitalización de la renta. “El artículo 53 de la LAU del 64 protege a los inquilinos y les permite, cuando no hubiesen ejercitado el derecho de tanteo y de retracto, impugnar cualquier transmisión que supere dicho valor de capitalización —al 4,5% si hubiese ocupado la vivienda después del 1 de enero de 1942—”, argumenta.

Si se tiene un inquilino de renta antigua con contrato firmado en el año 1975 que paga 120 euros al mes (renta anual 1.440 euros), el valor del inmueble resultante de la capitalización de tal renta sería de 32.000 euros. “Por ello, no tiene sentido que, a ese inmueble, se le imponga un valor de referencia, por ejemplo, de 120.000 euros”, cree Salcedo.

Con información de: El País

El TC da la razón a una madre que vacunó a su hija de la Covid en contra de la voluntad de su padre

Tue, 02 Apr 2024 15:40:00 GMT

El progenitor consumía clorito de sodio para combatir la enfermedad

El Tribunal Constitucional ha rechazado la apelación presentada por un padre de Castellón
quien se oponía a la vacunación contra la Covid de su hija de 8 años, lo que desató un conflicto
legal con la madre de la menor, partidaria de la vacunación.

Según lo reflejado en la sentencia publicada en el BOE este viernes, el Tribunal Supremo
determina que las decisiones judiciales previas, favorables a la madre, no violaron ningún
principio, ya que estaban dirigidas a salvaguardar la salud de la menor y tuvieron en cuenta las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

La madre buscó la intervención judicial debido al desacuerdo entre los progenitores, ya que el
padre se oponía a que la hija fuera vacunada.

De acuerdo a lo indicado por la madre al juzgado de primera instancia de Castellón, el padre
«era parte de un grupo negacionista y se oponía a la vacunación, prefiriendo en su lugar el
consumo de clorito de sodio y ácido clorhídrico activado, al considerarlo beneficioso contra la
covid-19″.

Frente a la postura del padre, la madre había consultado a varios pediatras, y todos
recomendaban la vacunación de la menor, al igual que la Asociación Española de Pediatría.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los progenitores, solicitó la intervención
judicial.

El juzgado de emitió una orden el 16 de mayo de 2022, estableciendo que la madre tenía la
facultad de decidir sobre la vacunación.

El padre apeló ante la Audiencia Provincial, que en febrero de 2023 rechazó la apelación
argumentando la «ausencia de contraindicaciones médicas que desaconsejaran la vacunación
de la menor, concluyendo que la vacuna sería beneficiosa para la niña».

Finalmente, el caso llegó al Tribunal Constitucional, que en julio de 2023 aceptó su trámite por
considerar que tenía una importancia especial, la falta de jurisprudencia al respecto y porque
planteaba una cuestión legal «de significativa y general relevancia social o económica».

El Tribunal Supremo concluyó que la menor, «de ocho años al comienzo del procedimiento,
carecía de la capacidad emocional e intelectual para entender la magnitud de la intervención»,
pero «los padres disponían de la información adecuada para otorgar el consentimiento incluso
antes del inicio del procedimiento legal, por lo que no se puede argumentar la falta de
consentimiento informado».

Asimismo, reitera que la motivación de las decisiones judiciales se basó esencialmente en
«proteger el interés superior de la menor en términos de salvaguardar su salud, tomando en
cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias que respaldaban la vacunación de
menores al evaluar los riesgos y beneficios de la vacuna, consideraciones que el tribunal no
considera desvirtuadas por los informes presentados por el recurrente».

Cómo gestionar un accidente in itinere y cuáles son los requisitos

Mon, 11 Mar 2024 19:16:00 GMT

La legislación laboral garantiza derechos que deben ser conocidos por los departamentos de
Recursos Humanos de las empresas, y uno de estos derechos es la protección del trabajador
en caso de accidente in itinere.

Como cualquier otro accidente laboral, el accidente in itinere también debe ser regulado y
puede provocar como consecuencia la baja del empleado que lo sufre. Sin embargo, ¿cuándo
puede considerarse un accidente in itinere y cuándo no? ¿Se gestiona del mismo modo que
una enfermedad profesional? Como este tipo de sucesos son menos frecuentes que otras
enfermedades comunes o accidentes que ocurren en el puesto de trabajo, puede ser más
complicado abordarlo. Te lo explicamos todo en este artículo.

¿Qué es un accidente laboral in itinere?

Diferencia entre accidente in itinere y accidente en el trabajo
Requisitos para que un accidente de trabajo sea in itinere

¿Qué es un accidente laboral in itinere?

Un accidente in itinere ocurre cuando un empleado de la empresa sufre un accidente durante
el camino entre su domicilio y el trabajo o al revés. Este accidente incluye cualquier medio de
transporte que pueda ser utilizado por el empleado: transporte público, coche propio o de
empresa, coche compartido…e incluso cuando se va a pie.

Pero…¿qué se considera un accidente? Según la ley, un accidente de trabajo es cualquier
lesión corporal que la persona sufra como consecuencia o relacionado con su trabajo. En el
caso de los accidentes in itinere, hay tres conceptos que deben ser considerados: “domicilio” o
“residencia”, “oficina” o “lugar de trabajo” y “trayecto” o “desplazamiento”.

Ejemplos de accidente de trabajo in itinere

Más adelante hablaremos de los requisitos que deben cumplir los accidentes para
considerarse accidentes laborales in itinere. Sin embargo, la mejor manera de saber si es o no
este tipo de accidente, es descartando todo lo que no puede considerarse como tal.

Casos no considerados como accidente in itinere

Para las siguientes ocasiones, no podrá considerarse el accidente como in itinere:

Si no se ha iniciado el desplazamiento como tal.
Si ya se había finalizado dicho desplazamiento.
Si se ha sufrido el accidente dentro del domicilio.
Si el desplazamiento se realiza con algún tipo de imprudencia temeraria.
Cuando el medio de transporte supone un riesgo grave o inminente para quien lo utilice.
En el caso de que el trayecto sea inadecuado o se haya modificado de manera injustificable.
Cuando se dan alteraciones anormales del tiempo.

Como habrás deducido por todas las situaciones que no se consideran como accidente in
itinere, este tipo de siniestro tiene la peculiaridad de tener que transcurrir en un período de
tiempo corto después de salir del trabajo o antes de llegar a él, y durante el trayecto habitual.
Solo si esto se respeta, el empleado podrá reclamar una indemnización.

Ejemplos de accidentes in itinere

Dicho esto, algunos de estos ejemplos que vamos a enumerar a continuación serían
considerados in itinere:

Accidente de bicicleta, monopatín, coche, moto y otros transportes durante el trayecto de
camino al trabajo
Accidente que ha sufrido el trabajador al desviarse del camino para hacer algo para la empresa
(por ejemplo, entregar papeles o tener un meeting con un cliente)
Accidente tras asistir a la cena de Navidad, durante el trayecto hacia el domicilio
Accidente en el portal pero NO dentro del domicilio del empleado, de camino al puesto de
trabajo

Jurisprudencia en el accidente laboral in itinere

El artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social considera “accidentes de trabajo los
que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo”. Y esta consideración se basa en la
“existencia de un riesgo específico que se imputa con criterios objetivos a la esfera de
responsabilidad del empresario en la medida en que es este, a través de su explotación, quien
genera ese riesgo y puede ejercer determinado control sobre el mismo y sus manifestaciones”.

Diferencia entre accidente in itinere y accidente en el trabajo

El primer dato a tener en cuenta es que los accidentes laborales y los accidentes in itinere son
iguales ante la ley y garantizan los mismos derechos. Así, los trabajadores que tengan un
accidente con su coche mientras van a trabajar tendrán la misma protección que los que
tengan un accidente en el entorno de la empresa.

Sin embargo, si hablamos en términos de diferencias prácticas y no legales, la principal se
refiere a la ubicación de lo sucedido. En un accidente in itinere, el empleado se encuentra
fuera del entorno de la empresa. En cuanto al accidente laboral, se encuentra dentro del
establecimiento en el que desarrolla su actividad.

Plantilla de vacaciones y ausencias

¿Estás buscando un método para gestionar las ausencias y las vacaciones de tus empleados?

Requisitos para que un accidente de trabajo sea in itinere

Para que un accidente sea considerado in itinere, este tiene que cumplir con una serie de
requisitos. Te los enumeramos y describimos a continuación.

Requisito teleológico

Este requisito, también conocido como el de motivación, tiene en cuenta la causa por la cual se
lleva a cabo el desplazamiento durante el que ha sucedido el accidente. Esta causa debe ser
siempre la de ir a trabajar o, dicho de otra forma, la intención de iniciar la prestación de
servicios a la empresa para la que el empleado trabaja por cuenta ajena.

Requisito topográfico

También conocido como geográfico o espacial, es el criterio que expone que este tipo de
accidentes deben darse en el trayecto de ida o vuelta al puesto de trabajo. Y para entender
esto, debemos definir los tres elementos clave de este tipo de accidente:

Trayecto: Este debe ser el adecuado y el habitual, el que el empleado tome con normalidad.

Domicilio: No tiene por qué ser residencia, ya que también se incluye cualquier tipo de lugar
cerrado y privado. En realidad, es el elemento menos importante.

Trabajo: No solo se refiere a la oficina o al puesto de trabajo en sí, sino también a cualquier
otro destino en el que se vaya a realizar alguna actividad relacionada con el trabajo.

Requisito cronológico

Está estrechamente relacionado con el requisito topográfico, pero según este para que el
accidente sea in itinere se tiene que producir durante el tiempo en el que normalmente
sucede el trayecto. Es decir, no debe haber alteraciones del recorrido, interrupciones de este o
lapsos de tiempo que no tengan justificación. Si esto sucede, se entiende que la relación entre
domicilio y trabajo se rompe.

Requisito mecánico

Este requisito hace referencia a la idoneidad del medio de transporte, que debe ser siempre el
habitual y, sobre todo, no suponer un riesgo inminente para la persona.

Además de estos requisitos, es crucial poder demostrar la “causa-efecto” del accidente.

Baja por accidente laboral in itinere

Cuando hablamos de accidente in itinere, estamos dando a entender que se ha producido
tanto un accidente laboral como un accidente de tráfico, si ha sido ese el caso (es el más
común), y las indemnizaciones de ambos sucesos son, entonces, compatibles.

Como accidente de tráfico: El empleado podrá recibir indemnización si no es el conductor
culpable del incidente.

Como accidente laboral: El empleado no podrá recibir una indemnización por responsabilidad
civil pero sí una por lesiones permanentes no invalidantes siempre que dicho accidente le haya
ocasionado secuelas. Esta indemnización puede ser 24 veces el salario mensual del empleado.
En caso de que el accidente haya producido una Incapacidad Permanente Total al empleado, la
indemnización será otra, sumada a la anterior.

Para procesar la indemnización y la baja, el empleado deberá acudir a la mutua laboral de la
empresa o, en su defecto, al centro de salud u hospital que ataña.

Plantilla de vacaciones y ausencias

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¿Cuánto tiempo puede durar la baja por accidente in itinere?

La baja por lesiones temporales se empieza a contar desde el día del accidente pero no se sabe
cuándo va a terminar, puesto que cada lesión necesita su tiempo de recuperación,
rehabilitación y descanso, y puede que este varíe mucho.

Durante esta baja, además de la indemnización, el empleado tendrá derecho a una prestación
por incapacidad temporal durante la cual se recibirá el 100% de la base reguladora.

¿Cuánto se paga como indemnización por un accidente laboral in itinere?

Cada día que el empleado esté de baja cobrará 30 euros desde el día en que sucedió el
accidente, sumando estas cantidades si se da alguna de las consecuencias enumeradas a
continuación:

Pérdida de calidad de vida moderada: 52 euros al día.
Pérdida de calidad de vida grave: 75 euros al día y se cubrirán los días de hospital.
Pérdida de calidad de vida muy grave: 100 euros al día y se cubrirán los gastos médicos.

El accidente de un empleado al ir del trabajo al médico se considera laboral

Mon, 11 Mar 2024 19:07:00 GMT

La Justicia señala que la salud guarda una relación directa con el desarrollo laboral

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declara que el accidente de tráfico
sufrido por una empleada para ir del trabajo al médico es un accidente laboral y, por tanto, la
mutua, como subrogadora de la empresa, debe pagarle el subsidio por incapacidad temporal.

El tribunal explica que para calificar un accidente como laboral in itinere (el que se da entre el
trayecto de ida o vuelta desde el hogar al trabajo) deben darse cuatro elementos.
El primero de ellos es el teleológico: que la finalidad principal y directa del viaje esté
determinada por el trabajo.

El segundo, el geográfico: que el accidente se produzca en el trayecto habitual y normal que
debe recorrerse desde el lugar de trabajo o viceversa.

El tercero, el cronológico: que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que
normalmente se invierte en el trayecto y que el recorrido no se vea alterado por desviaciones
o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a motivos de interés particular.
Y el cuarto, la idoneidad del medio: que el trayecto se realice con medio normal del
transporte, excluyendo entre otros, los supuestos de conducción infringiendo las normas
circulatorias.

El TSJPV se centra en resolver el aspecto teleológico puesto que en los otros tres no hay
controversia. Y entiende que existe una conexión entre la atención médica y la salud laboral.

A su juicio, el hecho de acudir al hospital antes de ir al domicilio por tener programada una cita
médica "no rompe el nexo causal, y es que la salud guarda una relación directa con el ámbito
del desarrollo laboral, y por ello, no podemos entender que sea considerada como una
actividad privada desnuda de protección laboral, pues la salud de la trabajadora tiene
trascendencia laboral y por ello entendemos que nos encontramos ante un accidente in
itinere", concluye.

Las defraudaciones de fluido eléctrico o análogas

Tue, 27 Feb 2024 16:16:00 GMT

Las defraudaciones de fluido eléctrico o análogas son delitos contra el patrimonio, y engloba
tanto la defraudación de fluido eléctrico, como de agua, gas o incluso wifi.

¿Qué es el delito de defraudación de fluido eléctrico y dónde se regula?

El artículo 255.1 del Código Penal indica en qué debe consistir esta defraudación y qué medios
se deben emplear para que se considere delito. Según este artículo, el delito de defraudación
de fluido eléctrico será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

Pero, ¿qué dice el artículo 255 del Código Penal exactamente?

1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación
utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido
ajenos, por alguno de los medios siguientes:

1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.

3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.

Artículo 255.1 del Código Penal

Se debe tratar de elementos cuantificables económicamente. Es indiferente que la
defraudación se realice a un particular o a una empresa. Por ejemplo, es lo mismo
“engancharse” de la red eléctrica pública que hacerlo de la casa de un vecino, o de un local
comercial, por ejemplo.

Lo mismo ocurre con las instalaciones de agua o gas. Hay casos en los que en una comunidad
de vecinos, se manipulan los contadores de agua, y se intercambian los contadores de forma
que un vecino pague nuestra factura y nosotros la suya (a sabiendas de que nuestro consumo
es mayor). Aquí estaríamos cometiendo el delito de defraudación de fluidos.

La manipulación de nuestro propio contador, sin necesidad de “engancharse” a la red, también
será delito si a consecuencia de la manipulación obtenemos un beneficio económico (si resulta
que terminamos pagando menos de lo que habríamos pagado sin la manipulación).

Autoría de los delitos de defraudación de fluido eléctrico o análogas

La prueba de la autoría en este tipo de delitos, suele basarse en presuponer autor a la persona
beneficiada con el hecho delictivo. No obstante, en caso de que en la vivienda conviva una
pluralidad de personas, y no existan indicios de quien pudo haberlo realizado, se complicará el
sostenimiento de una acusación penal.

De igual forma, el responsable penal principal es el autor mediato (que es el que se lucra o
favorece injustamente con la defraudación). Es decir, si encargamos la manipulación a una
persona, pero es para nuestro beneficio, aunque no seamos nosotros quienes propiamente
hayamos realizado las conexiones, seremos los que efectivamente hemos defraudado el fluido.

Obviamente, si se logra identificar al técnico o persona que realizó la manipulación, también
podrá ser acusado como autor (colaborador necesario).

En estos delitos, además de la condena penal, habrá de reintegrar (pagar) las cantidades
defraudadas y demás conceptos que puedan cuantificarse como responsabilidad civil.

El delito leve de defraudación del fluido

El apartado segundo del artículo 255 regula un delito leve, e impone una pena de multa de uno
a tres meses si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros.

En mi opinión, cuando no se pueda cuantificar el importe de la defraudación, también habría
de penarse como delito leve.

Defraudación de wifi

En el caso de la defraudación de wifi, sinceramente aunque es posible, pocas veces termina en
la vía penal, sobre todo porque el perjuicio causado, es más bien, la pérdida de un potencial
cliente para la compañía de telecomunicaciones, que no contratará sus servicios porque lo usa
“de forma gratuita”.

Ha de tenerse en cuenta, que por lo general, los contratos de ADSL o Fibra Óptica
proporcionan un uso ilimitado de datos. Cosa distinta es que el servicio establezca una

tarificacion por cantidad de datos, o los limite (por ejemplo, que sea de una determinada
cantidad de GB mensuales).

No obstante, si se logra demostrar que una persona ha estado “usando nuestra red wifi” sin
nuestro consentimiento durante X tiempo, lo cual supone que se ha “ahorrado” una
determinada cantidad de dinero, estaríamos también ante una defraudación prevista y penada
en este artículo.

Pena por uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación

Finalmente, el artículo 256, castiga con la misma pena (multa de tres a doce meses) al que
hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular,
y causando a éste un perjuicio económico.

Por ejemplo, se encuadraría en este tipo delictivo por ejemplo, si usando el teléfono fijo (o
móvil) de nuestra empresa, o de un amigo o conocido, y sin consentimiento, realizamos
llamadas de larga distancia o a números de tarificación especial, suponiéndole un cargo extra
en la factura.

Si la cuantía del perjuicio causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa
de uno a tres meses.

La liquidación de gananciales en el divorcio

Tue, 27 Feb 2024 16:09:00 GMT

La sociedad de gananciales era el régimen económico matrimonial más habitual hasta hace
pocos años en España. Actualmente, es más frecuente que las parejas se casen en régimen de
separación de bienes.

¿QUÉ ES LA LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES?

La liquidación de gananciales es el procedimiento por el que se reparten los bienes que
integran el patrimonio común entre los cónyuges desde el matrimonio.

Es importante que sepas que, si os casáis en régimen de gananciales, tanto vuestras ganancias
como los bienes que adquiráis son automáticamente titularidad de ambos.

En este artículo te contamos qué pasa con estos bienes cuando se extingue el matrimonio y
por qué deben repartirse exactamente por igual.

DIFERENCIAS ENTRE SOCIEDAD DE GANANCIALES Y SEPARACIÓN DE BIENES

Cuando vas a contraer matrimonio, puedes optar entre uno de estos dos regímenes
económicos:

Gananciales (artículos 1344 y siguientes del Código Civil)
Separación de bienes (artículos 1435 y siguientes del Código Civil)

RÉGIMEN DE GANANCIALES

Casarte en gananciales significa que, tras celebrarse el matrimonio, todo lo que adquiráis será
de los dos (sociedad ganancial).

No importa que haya comprado uno solo y en su propio nombre. Si la adquisición se ha
realizado mientras estaba vigente el matrimonio (no divorciado o separado), los dos seréis
titulares al 50%.

Hay determinados conceptos que generan gran litigiosidad en casos de separación o divorcio
contenciosos en el momento del reparto de los bienes gananciales.

Entre los casos más frecuentes, debes saber que tanto las rentas del trabajo como las
indemnizaciones por despido se consideran bienes gananciales y por tanto, deben repartirse
en caso de liquidación.

Sin embargo, son bienes privativos, y no se reparten, aquéllos que se hayan adquirido por uno
de los cónyuges fruto de una herencia y o una donación. En este caso, quien lo hubiera
percibido no tiene obligación de repartirlo en el otro cuando se liquiden los bienes.

RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES

Por el contrario, en el régimen de separación de bienes cada cónyuge conserva su patrimonio
e independientemente de cuándo se hayan adquirido, seguirán siendo titularidad exclusiva de
cada uno.

En este caso no se crea un patrimonio común si las adquisiciones se realizan de manera
individual. Ello no impide, por supuesto, que si adquieren algún bien a nombre de los dos y
ambos aportan dinero a dicha compra, el bien será copropiedad de ambos.

¿CUÁNDO DEBE PROCEDERSE A LA LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES?

El reparto de bienes en caso de separación o divorcio puede hacerse:

Al mismo tiempo que el divorcio.
En un momento posterior al mismo. Se tramita el divorcio y años después se reparten los
bienes comunes.

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES

El procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales admite dos modalidades:

a)De mutuo acuerdo.
b)Contencioso.

LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO
El procedimiento de liquidación de mutuo acuerdo puede realizarse con la intervención de un
abogado por cada uno de los cónyuges, de modo que puedan alcanzar un acuerdo o bien
directamente un abogado que represente a ambos.

Que los cónyuges elijan ser representadas por un solo abogado para ambos es la opción más
económica puesto que se comparten los gastos de abogado y procurador, si bien únicamente
es recomendable si se tiene claro cómo realizar el reparto de los bienes.

Si existe conflicto o diferencias en la valoración de los bienes o de la inclusión de algunos
bienes en el caudal ganancial, es mejor que cada parte vaya representada por un abogado
distinto.

Al dejar al margen las emociones y fundamentar el reparto en criterios objetivos, será más fácil
alcanzar un acuerdo para el reparto de bienes.

Acuerdo para el reparto de bienes

Con el mismo abogado o con dos letrados distintos, el acuerdo de liquidación de gananciales
permite a los cónyuges decidir quién se queda con qué.

Para ello es necesario hacer un cálculo del total del patrimonio ganancial para poder hacer la
división del mismo.

Es muy frecuente que en este patrimonio común haya que valorar los bienes a repartir:

Bienes inmuebles, como la casa o el apartamento.
Bienes muebles, como el vehículo, cuadros, equipos informáticos...
Actualmente, la tasación de inmuebles y del resto de bienes que integran el patrimonio a
repartir puede realizarse de manera online o presencial.

Límites al reparto de los bienes

El único límite al reparto es que los dos lotes en que va a quedar dividida la masa ganancial han
de ser exactamente iguales. La razón de este límite es puramente fiscal.

Se entiende que el 50% del valor de los bienes que integran el patrimonio ganancial es lo que
te corresponde tras la disolución del matrimonio. No habrías de tributar por ello.

Si los lotes son desiguales se entiende que uno de los dos se ha lucrado del matrimonio y por
tanto deberá pagar impuestos por ello. Es lo que se conoce como exceso de adjudicación.

Supongamos que se han hecho lotes 70% - 30%. El que se quede con el 70% pagará impuestos
por la diferencia hasta el 50%, esto es, el 20%.

Ejemplos prácticos de liquidación de gananciales de mutuo acuerdo

Supongamos que una pareja que se acaba de divorciar tenía los siguientes bienes:

Piso valorado en 240.000€ sobre la que no hay hipoteca
Coche valorado en 14.000€. Sobre el coche hay un préstamo del que queda pendiente de pago
12.000€
Cuentas bancarias por valor de 40.000€
El valor total de los bienes, restando el préstamo que queda pendiente sobre el coche, es de
282.000€. Esta es la cantidad que habrá de repartir entre los cónyuges al 50%.

Por cada bien corresponde:

Piso: 240.000 / 2 = 120.000€ a cada uno
Coche: 14.000 (valor coche) – 12.000 (préstamo pendiente) = 2.000
2.000 / 2 = 1.000€ a cada uno
Cuentas bancarias: 40.000 / 2 = 20.000€ a cada uno.

Imaginemos que pactan que la esposa se queda con el piso y el esposo se queda con el coche.
La forma de aproximar el valor de los lotes sería emplear el dinero de las cuentas comunes y
adjudicárselas a él.

Una forma de hacer el reparto sería:

Ella: piso 240.000€ y deuda por crédito de compensación al esposo de 99.000€

Él: coche 2.000€, cuentas bancarias 40.000€, crédito por compensación a recibir por la esposa
de 99.000€

En este caso, de común acuerdo los cónyuges pactaron que la esposa se quedaba con el
inmueble, le abonaba a él la mitad de su valor, el dinero de las cuentas se dividía por mitad y el
esposo se quedaba el vehículo, haciéndose cargo del préstamo del mismo.

2. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO DE LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES

Los procedimientos contenciosos son aquellos en los que no hay acuerdo y precisan la
intervención del Juez para hacer el reparto.

Es un proceso largo y complejo, que además tiene un coste muy superior al de mutuo acuerdo
por la gran cantidad de trabajo que suponen, y los profesionales que deben intervenir.

TABLA DE ENFERMEDADES PARA INCAPACIDAD PERMANENTE

Sun, 11 Feb 2024 12:28:00 GMT

Si padeces una enfermedad crónica o incapacitante, en Bancalero Abogados, queremos
ayudarte a que se te reconozca una incapacidad laboral permanente o el grado de
discapacidad que te corresponda, para que puedas tener acceso a una pensión digna.

En ocasiones, cuando un trabajador sufre una enfermedad o un accidente común o
profesional, puede solicitar la baja laboral. En los casos más graves, dicha patología puede
llegar a ser incapacitante y ocasionar una incapacidad permanente.

De la misma manera, existen enfermedades crónicas (físicas, psíquicas, intelectuales y
sensoriales) que repercuten en la vida diaria de las personas afectadas causándoles un grado
de dependencia (moderada, severa o gran dependencia) o una discapacidad que puede ir del
33% al 64% o del 65% en adelante. En estos casos, también existe la posibilidad de obtener
una jubilación anticipada por enfermedad crónica, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos por ley. En la siguiente tabla de enfermedades para pensionarse (que iremos
ampliando) puedes buscar si tu afección entraría dentro de esa categoría.

Con independencia de que padezcamos una enfermedad o una patología severa e
incapacitante, debemos tener en cuenta que para solicitar una prestación o ayuda por
incapacidad laboral es necesario cumplir una serie de requisitos legales y médicos.

¿QUÉ ES LA INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA?

Un trabajador se encuentra en situación de incapacidad permanente cuando, después de
haber estado sometido al tratamiento médico prescrito, presenta reducciones anatómicas o
funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que
disminuyan o anulen su capacidad laboral. Es importante subrayar este punto: que las secuelas
sean previsiblemente definitivas, aunque también podría ser que la curación fuera incierta.

En última instancia, se trata de una protección que ofrece nuestro sistema de la Seguridad
Social con vistas a cubrir la ausencia de capacidad funcional y laboral de una persona que, a
causa de una enfermedad (común o profesional) o unas lesiones producidas como
consecuencia de un accidente, ya sea laboral o no, no puede realizar ninguna actividad
profesional con un mínimo exigible de profesionalidad, eficacia y rendimiento.

Las incapacidades permanentes se dividen en cuatro grados en función de cómo afecten a la
capacidad para trabajar (esto es, en qué grado te limita, habida cuenta de que cada
enfermedad afecta a cada persona de un modo distinto): parcial, total, absoluta y Gran
Invalidez.

La incapacidad permanente absoluta para todo trabajo inhabilita por completo al trabajador
para cualquier oficio o profesión. Además, cuando necesite la asistencia de otra persona para
los actos más esenciales de la vida, se considerará Gran Invalidez, el grado máximo que
reconoce la Seguridad Social.

En cuanto a las compatibilidades, podrá realizar actividades compatibles con su estado. La ley
entiende que, por grave que pueda ser el estado del incapacitado, siempre resta una
capacidad de trabajo residual que puede ser utilizada, incluso de forma regular, en
determinados empleos.

En caso de reconocimiento del grado de incapacidad permanente absoluta, el trabajador
percibirá una pensión vitalicia mensual del 100% de la base reguladora.

Hay que recordar que la incapacidad permanente absoluta es revisable, tanto por mejoría
como por agravamiento (bien por empeoramiento de las secuelas, bien por aparición de
nuevas enfermedades), y que, en consecuencia, siempre se puede reducir, aumentar,
mantener o cancelar el grado de incapacidad.

¿Qué grado de discapacidad tiene una incapacidad permanente absoluta?

Hasta hace poco, a los beneficiarios de una incapacidad permanente absoluta se les reconocía
a todos los efectos un grado de discapacidad del 33%, con lo que podían disfrutar de todas sus
ventajas y beneficios sociales. Actualmente ya no es así, y para obtener el certificado de
discapacidad conviene solicitarlo.

ENFERMEDADES POR LAS QUE TE DAN LA INCAPACIDAD

Seguro que muchas veces te has preguntado: ¿qué enfermedades entran en la pensión de
invalidez? Nuestros abogados especialistas en incapacidad permanente te asesorarán sobre
qué pensión te corresponde y cuál es la cuantía de tu prestación según la enfermedad de la
que estés aquejado. Asimismo, te podemos ayudar a que se te reconozca un grado de
discapacidad para así obtener el correspondiente certificado, y, según el grado, el derecho a
una pensión no contributiva.

La valoración de la incapacidad laboral la realiza el EVI (Equipo de Valoración de
Incapacidades) , organismo que determina si las patologías imposibilitan el correcto ejercicio
del trabajo y, en consecuencia, pueden dar lugar a una incapacidad permanente, que,
dependiendo de su gravedad, puede ser parcial, total, absoluta o gran invalidez.

Es probable que en alguna ocasión te haya surgido esta duda: ¿qué enfermedades entran en el
certificado de discapacidad? Muchas de las enfermedades que verás a continuación son

merecedoras de una discapacidad del 33%. Sin embargo, debes saber que no existe un listado
oficial que agrupe afecciones de este orden, puesto que el grado de discapacidad no depende
del diagnóstico, sino de cómo afectan las secuelas de las patologías al día a día del paciente.

Te recordamos que si tienes reconocida una discapacidad del 33%, podrás disfrutar de una
serie de ventajas económicas, laborales, fiscales y sociales, tales como deducciones sobre la
cuota autonómica en el IRPF (dependiendo de la normativa establecida en cada Comunidad
Autónoma), ayudas para facilitar la adaptación de las viviendas y vehículos y reducciones o
exenciones de tasas y/o impuestos.

Enfermedades pulmonares para jubilarse

Entre todas las patologías comprendidas en la tabla de enfermedades para incapacidad
permanente absoluta, las hay de diferente naturaleza y condición. Una categoría importante
son las enfermedades pulmonares como la EPOC, con gran prevalencia en nuestros días, y
amparada por los tribunales en múltiples sentencias. Recuerda, si padeces una afección
respiratoria como enfisema o bronquitis crónica podrías tener derecho a una pensión por
incapacidad laboral.

Paga por enfermedad crónica

Si estás aquejado de una enfermedad crónica invalidante, la cuantía de la pensión por
incapacidad permanente que percibas va a estar determinada fundamentalmente por dos
factores:

La base reguladora (y aquí habría que diferenciar entre accidente o enfermedad profesional y
enfermedad común, donde es necesario acreditar un período de cotización mínimo).
El grado de incapacidad concedido (cuanto más alto sea el grado, más porcentaje de base
reguladora, de un 55% de la total al 100% de la absoluta y Gran Invalidez). Además, en estos
últimos grados la prestación económica está exenta de IRPF.
Por último, a esto habría que sumar el complemento destinado a remunerar a la persona que
atienda al gran inválido.

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA POR VARIAS ENFERMEDADES

Quizá alguna vez te hayas preguntado: ¿te pueden dar una invalidez por enfermedades
diferentes? Si padeces una enfermedad y con el tiempo se agravan sus secuelas o aparecen
nuevas patologías que afectan a otros órganos desmejorando tu calidad de vida, podrías
solicitar una revisión del grado de incapacidad ante el INSS. En caso de que la resolución sea
favorable (y ahí estamos nosotros, para conseguírtelo), podrías pasar, por ejemplo, de una

incapacidad permanente absoluta a una gran invalidez, con todo lo que ello supone: una
mejora sustancial en la cuantía de tu pensión, que en algunos casos puede llegar a superar los
4.500 euros, estando, además, exenta de impuestos.

Existen multitud de enfermedades que pueden dar derecho a una incapacidad permanente
(algunas son físicas y otras son trastornos mentales), puesto que lo relevante son las secuelas
que genere cada una o en su conjunto. A continuación te mostramos un listado de
enfermedades para pensionarse ordenado alfabéticamente con algunas patologías que
pueden causar y dar derecho a una incapacidad laboral permanente, así como para obtener el
certificado de persona con discapacidad. Estas patologías han sido consideradas como
incapacitantes tanto en la vía administrativa como en diferentes sentencias judiciales en
nuestro país.

EJEMPLOS DE INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA

En Fidelitis podemos enorgullecernos de haber conseguido una gran cantidad de sentencias
favorables en las que se les ha reconocido a nuestros clientes la pensión de incapacidad
permanente absoluta.

Algunos ejemplos de patologías para las que se puede conceder una IP en grado de absoluta
son:

Depresión.
Trastorno bipolar.
Linfoma cerebral.
Esclerosis sistémica difusa.
Trasplante renal.
Espondiloartrosis lumbar, etc.
Hay que señalar que en muchos de estos casos existía una comorbilidad, de manera que una
pluripatología siempre va a incrementar las probabilidades de que obtener una incapacidad
permanente en un mayor grado.

TABLA DE ENFERMEDADES PARA INCAPACIDAD PERMANENTE 2024

Agorafobia
Albinismo
Alcoholismo
Alzheimer
Aniridia

Apnea del Sueño
Artritis Reumatoide
Artrosis cervical
Ataxia
Cáncer
Cardiopatía Isquémica
Condromalacia Rotuliana
Depresión
Diabetes
Distimia
Distrofia de conos y bastones
Enfermedad de Behçet
Enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa
Enfermedades hepáticas
Enfermedades renales
Epilepsia
EPOC
Esclerosis Múltiple
Escoliosis
Espondilitis anquilosante
Espondilosis degenerativa
Esquizofrenia
Estenosis foraminal
Fibromialgia
Fibrosis quística
Hepatitis autoinmune
Hernia discal
Ictus
Lesión medular
Lumbalgia crónica
Lupus

Maculopatía
Migraña
Miopía Magna
Narcolepsia
Neuropatía cubital
Parkinson
Postpolio
Radiculopatía Lumbar
Retinopatía diabética
Retinosis pigmentaria
Rizartrosis
Síndrome de Goldmann-Favré
Síndrome de Marfan
Síndrome de Ménière
Síndrome de Raynaud
Síndrome de Sjögren
Síndrome de Südeck
Síndrome de Tourette
Síndrome del túnel carpiano
Síndrome subacromial
Siringomielia y Arnold Chiari
Stargardt
Trastorno Adaptativo Mixto
Trastorno bipolar
Trastorno de ansiedad

Si padeces alguna de las enfermedades de esta lista, y te ofreceremos una información tanto
médica como jurídica, indicándote cómo actuar en cada caso para reclamar una posible
prestación económica a la Seguridad Social que te permita mejorar tu calidad de vida. Si la
enfermedad que padeces no está en la lista puedes igualmente consultarnos y te diremos qué
opciones tienes.

El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo a 1.134 euros al mes

Sun, 11 Feb 2024 12:19:00 GMT

La aprobación del alza salarial se hace de forma retroactiva por lo que las empresas deberán
abonar los 54 euros de incremento correspondientes a la nómina de enero

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional
(SMI) del 5%, que acordó con los sindicatos. La cuantía del SMI pasa de 1.080 euros a 1.134
euros al mes. La patronal CEOE se desvinculó de este acuerdo. “Hoy España es un país mejor”,
ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El gran aumento del salario mínimo interprofesional de los últimos años, de casi el 50% desde
2018, ha permitido subir el sueldo a muchas personas. El Gobierno calcula que alrededor de
2,5 millones de trabajadores han pasado a quedar bajo la cobertura de este mínimo legal. El
alza salarial aprobado se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

Los empresarios habían puesto sobre la mesa dos condicionantes adicionales para aceptar un
acuerdo con el Gobierno: Ayudas en la cotización al sector del campo y, sobre todo, vincular el
aumento del SMI a los contratos públicos. Con la negativa del Ejecutivo a estas reclamaciones
de la CEOE, la patronal decidió no aceptar el acuerdo.

“España tiene una distancia a día de hoy de 19 puntos con las medias salariales europeas.
Quiere ello decir que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo como país para seguir
incrementando los salarios en nuestro país, no solamente el salario mínimo, sino el salario de
las gentes trabajadoras de España”, ha defendido Díaz en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros.

Díaz ha asegurado que el Gobierno va a seguir subiendo el SMI, al tiempo que se irá
reduciendo la jornada laboral. “Lo vamos a hacer reduciendo la jornada y, por supuesto, sin
reducción salarial”, ha reiterado la ministra, tras indicar que la no reducción del salario
mientras se rebaja la jornada laboral es lo que va a permitir “tirar hacia arriba de los salarios”.

Subida para empleadas del hogar y eventuales

El Real decreto aprobado en el Consejo de ministros especifica que las empleadas de hogar
que trabajen por horas deberán percibir un mínimo de 8,87 euros por cada hora trabajada.

También establece la cuantía del salario mínimo interprofesional, con carácter general, para
actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de
las personas trabajadoras en 37,8 euros al día.

En el caso de las personas trabajadoras eventuales, así como de las temporeras y temporeros,
cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, la cuantía del salario no podrá
ser inferior, en ningún caso, a 53,71 euros por jornada.

El Gobierno entiende que este incremento permite también mantener el compromiso de situar
el SMI en el 60% del salario medio este año. Una idea que comparten en CCOO, pero no así en
UGT donde creen que esta meta no se ha alcanzado todavía.

Incremento del mínimo exento en el IRPF

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado el incremento del mínimo exento en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2024 desde los 15.000 euros hasta los 15.876 euros,
con el objetivo de actualizarlo a la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que
justo supone esa misma cifra en su cómputo anual.

Con la finalidad de evitar el correspondiente “error de salto”, la medida se extiende a
contribuyentes con rendimiento netos del trabajo de hasta 19.747,5 euros anuales, los cuales
verán reducidas sus retenciones o ingresos a cuenta.

Así, los salarios próximos a dicho salario mínimo interprofesional también se ven afectados por
la mejora en la reducción a practicar a tal efecto, ya que en caso contrario se produciría “un
claro error de salto” y tendrían que pagar retenciones mucho más elevadas.

Según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Monteros, con la
aprobación de esta exención los ciudadanos se ahorrarán 1.385 millones de euros en su
declaración de IRPF correspondiente a 2024, especialmente las rentas bajas que se benefician
del incremento del SMI. “Esto se traduce en que, por supuesto, las rentas bajas y medianas
pagan y pagarán menos impuestos con este Gobierno que los que pagaron con el Partido
Popular”, ha defendido Montero.

Montero ha explicado que lo que se ha hecho en el Consejo de Ministros es modificar el
reglamento del IRPF a la espera de incluir el cambio legal en la regulación de este impuesto en
el proyecto de Presupuestos, todo ello con el objetivo de que no se le practiquen a los
trabajadores retenciones que no corresponderían.

“Es por ello que aprobamos esta modificación del Reglamento que supone una rebaja fiscal
para rentas inferiores a 20.000 euros y que implicará que los trabajadores que cobren el SMI
no sufra ninguna retención”, ha dicho Montero.

La modificación del reglamento del IRPF eleva los ingresos sin retención al SMI, pero en
función de si el contribuyente está casado o tiene hijos, el mínimo exento de retención se
incrementa. Por ejemplo, para un contribuyente casado, y no separado legalmente, cuyo
cónyuge obtenga rentas superiores a 1.500 euros, excluidas las exentas, con un hijo el mínimo
exento será de 16.342 euros y con dos o más hijos, de 16.867 euros.

El mínimo exento para un contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente con
un hijo será de 17.644 euros y con dos hijos o más, de 18.694 euros.

En el caso de un contribuyente sin hijos cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500
euros anuales, excluidas las exentas, el mínimo será de 17.197 euros. Si tiene un hijo, el
mínimo sería de 18.130 euros y si tiene dos hijos o más será de 19.262 euros.

Subida adicional del 0,5% en el sueldo de funcionarios

El Consejo de Ministros también ha aprobado el incremento adicional del salario de los
empleados públicos del 0,5%, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023,
según ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Así, los salarios de más de tres millones de empleados públicos se incrementarán un 0,5%
adicional desde 2023, debido a que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) el pasado
año alcanzó el 2,5%, superando las estimaciones del Gobierno en una décima.

Esta subida ya se recogió en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, tras el acuerdo
firmado por el Gobierno, CCOO y UGT en octubre de 2022 fijaba una subida salarial para los
funcionarios en 2023 del 2,5%, que incluía dos incrementos adicionales del 0,5% cada uno,
ligados a la inflación y al crecimiento económico.

El pasado mes de octubre se aprobó otra subida del 0,5% adicional del salario de todos los
empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, porque el IPCA de
2022 y 2023 --hasta septiembre-- superó el 6%.

Ahora, se ha aprobado la segunda subida adicional del 0,5% ligada a la evolución del
crecimiento económico, tras la certificación formal del INE. Una vez aprobado, el salario de los
empleados públicos habría subido en 2023 otro 3,5%, lo mismo que en 2022.

Del boom de los alquileres de temporada al despertar de las viviendas flexibles y las ‘branded residences’

Tue, 30 Jan 2024 18:11:00 GMT

El mercado residencial ha vivido un aluvión de cambios en 2023 por el impacto que han tenido
la subida de los tipos de interés, la incertidumbre económica y la entrada en vigor de la Ley de
Vivienda. Entre ellos destaca la proliferación de la oferta de alquileres de temporada y
habitaciones en pisos compartidos, en detrimento de las viviendas de arrendamiento a largo
plazo.

Se dispara la oferta de alquileres de temporada y pisos compartidos
Uno de los cambios más destacados del mercado en 2023 ha sido el boom de los alquileres de
temporada. Según los datos de idealista, esta alternativa al arrendamiento a largo plazo
tradicional alcanzó el 10% de todas las casas en el mercado en el tercer trimestre, tras
dispararse su oferta un 39% entre julio y septiembre. El auge de estos arrendamientos, que se
suelen firmar por menos de un año, ha provocado un descenso de la oferta de alquiler de larga
estancia en un 12%.

Algunas de las mayores caídas se han dado en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria (-
42%), Bilbao (-32%) o Madrid (-26%), y todavía por encima de la media están Sevilla, Málaga,
Valencia, San Sebastián o Barcelona. Por tanto, los alquileres de temporada están proliferando
en los grandes mercados.

Para la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), el impulso de la oferta se encuentra en el
"excesivo grado de intervencionismo del alquiler tradicional", que ha provocado una fuga hacia los arrendamientos de corta estancia, y aunque tiene ventajas como permitir a los
arrendadores fijar libremente las rentas de sus alquileres y sus posibles actualizaciones, no
establecer prórrogas obligatorias o recuperar antes la posesión de las viviendas arrendadas,
esta alternativa también conlleva riesgos.

En concreto, la compañía alerta que "la temporalidad de un arrendamiento de temporada no puede basarse en la duración de los arrendamientos", sino que debe obedecer a una causa concreta y cierta, ya sea de tipo laboral, por estudios, motivos vacacionales, médicos... Por
tanto, siempre debe haber una causa que justifique la temporalidad de los arrendamientos y
que los inquilinos siguen manteniendo su residencia habitual en otros lugares distintos al
domicilio que arriendan, por lo que justificar la temporalidad de los arrendamientos solo
basándose en su duración es ilegal, según ANA.

Además, recuerda que "si los inquilinos demuestran que no tienen una vivienda donde residir habitualmente, el alquiler de temporada se convierte en un alquiler tradicional, pudiendo
prorrogarlo los inquilinos a su finalización, hasta los cinco años o incluso hasta los siete,

cuando los arrendadores son personas jurídicas. Y, además, en muchos casos, sin que los
arrendadores puedan actualizar las rentas, porque en un alquiler que se quiere hacer pasar
como de temporada no se suele prever una actualización de rentas".

A la vista del impulso que ha tenido este tipo de alquileres en el mercado, el Gobierno ha
anunciado que pretende regular esta figura y activará los trabajos para crear una normativa
específica. Los contratos de alquiler temporal están reservados, en principio, a estudiantes y
trabajadores desplazados puntuales, como los nómadas digitales, pero al tener menos
exigencias que las que afectan a los arrendamientos permanentes, se están utilizando cada vez
por más tenedores para sortear la Ley de Vivienda.

Junto con los alquileres de temporada, en los últimos meses también ha aumentado con
fuerza la oferta de alquileres de habitaciones en pisos compartidos.
Esta alternativa está cogiendo fuerza en el mercado ante la poca oferta de viviendas
disponibles para alquilar y unos precios de los inmuebles que, aunque de forma moderada,
siguen al alza. De hecho, compartir piso es una opción más asequible que alquilar un estudio.

Según idealista, el alquiler medio de una habitación en España se situó en noviembre en 380
euros, frente a los 700 euros que se deben destinar para arrendar un estudio, lo que supone
un 84% más. Ambos productos inmobiliarios se han encarecido en el último año, aunque el
crecimiento ha sido menos intenso en el caso de las habitaciones (que han subido un 9%) que
en los estudios (con un incremento del 12%). La mayor diferencia entre habitaciones y estudios
se da en la ciudad de Vitoria, donde los estudios son un 176% más caros, seguida de Zamora
(165% más caros), Badajoz (151%), Valencia (147%), Albacete (140%) y Segovia (131%). Entre
las grandes ciudades, la menor diferencia se da en Madrid y Barcelona, donde alquilar un
estudio es un 79% más caro que una habitación, mientras que ese porcentaje sube hasta el
89% en Sevilla, hasta el 92% en Málaga. En San Sebastián llega hasta el 101%, en Palma se
sitúa en el 107% y en Bilbao en el 113%.

De momento, los expertos prevén que la demanda de pisos compartidos siga en aumento y
apuntan a un incremento cercano al 20% en 2024.

¿Qué es un expediente de dominio?

Tue, 30 Jan 2024 18:04:00 GMT

En algunas ocasiones, necesitamos demostrar que somos los propietarios de un determinado
bien inmueble. Si el derecho de propiedad sobre él está inscrito en el Registro de la Propiedad,
no hay ningún problema. Esa inscripción acreditará la propiedad sobre el inmueble.

Pero también puede suceder que, por cualquier razón, no se encuentre inscrito ese derecho
(recordemos que este no es un paso obligatorio, aunque sí muy aconsejable).

Es en este punto cuando puede surgir el problema. Aunque es un problema que tiene solución:
si se quiere inscribir por vez primera un inmueble en el Registro y no se dispone de título
suficiente para la inscripción directa, es común utilizar el expediente de dominio.

¿En qué consiste un expediente de dominio?

El expediente de dominio es un procedimiento legal que permite inscribir en el Registro de la
Propiedad un bien inmueble no inscrito antes. Es lo que se conoce como inmatriculación.

Con este trámite, el inmueble que no está registrado en favor de nadie puede ser
inmatriculado, es decir, inscrito en el Registro por primera vez.

Se trata de un procedimiento muy importante. Sin él, no es posible demostrar quién es el
titular de cualquier inmueble no registrado, lo que puede acarrear importantes problemas
legales.

¿Quién y cuándo realiza el expediente de dominio?

Hasta la promulgación de la Reforma de la Ley Hipotecaria, era preciso recurrir a los juzgados.
Pero, tras su aprobación, se permite acudir a una notaría y realizar allí el correspondiente
expediente de dominio. De este modo, el instructor del expediente pasa de ser un juez a ser un
notario.

Otro cambio importante es que, antes, el juez, practicadas todas las pruebas, decidía a favor o
en contra de la solicitud. Pero, ahora, el notario no adopta ninguna decisión. Solo hay que
esperar a que ningún interesado se oponga para conseguir la inmatriculación.

El expediente de dominio también se utiliza para lo que se conoce como la reanudación del
tracto sucesivo.

Cuando se le compra un inmueble a un propietario anterior que no tenía inscrita su propiedad
en el Registro, se debe iniciar este expediente de dominio para ponerlo a nombre del nuevo
comprador.

Para ello, hay que aportar el documento de adquisición y todos los que justifiquen las
adquisiciones de los titulares anteriores. Y, por supuesto, los que se considere oportuno, por
ejemplo:

Contratos de compraventa.
Testamentos.
Declaraciones de herederos.
Recibos de pago de impuestos.

Asimismo, el expediente de dominio permite regularizar los excesos de cabida, cuando la
superficie que aparece en el Registro de la Propiedad no coincide con la real del inmueble.

Pero, si la rectificación de la superficie no supera el 5%, no hace falta el expediente. Basta, en
ese caso, con un certificado técnico. Y tampoco es necesario cuando la rectificación no exceda
del 10% y la propuesta coincida con la del catastro.

¿Qué documentación se requiere?

El procedimiento se inicia con la solicitud del promotor del expediente, dirigida a una notaría
del distrito donde esté ubicado el inmueble o de un distrito colindante.

A esta solicitud se unen los documentos necesarios, antes mencionados, y otros que resulten
pertinentes, como los siguientes:

Descripción literal de la finca, que debe coincidir con la certificación catastral, salvo que el
promotor demuestre la existencia de discrepancia.

Datos personales del promotor y su domicilio a efectos de notificación.
Título de propiedad del inmueble que se pretende inmatricular, que demuestre el dominio del
promotor del expediente sobre el mismo.

Certificación catastral que describa la parcela o parcelas, y que se corresponda con la
descripción literal y gráfica de la finca a inmatricular. En la certificación catastral ha de constar
también la identificación de los titulares de las parcelas (si son distintos) y sus colindantes.
Identificación de todos los derechos que se hayan constituido sobre la finca, como cargas o
gravámenes, así como el nombre de los titulares de esos derechos.

Identificación de los poseedores del inmueble y del arrendatario, si es una vivienda.

¿Cómo es el procedimiento de expediente de dominio?

Recibida la solicitud, el notario levanta acta, a la que incorpora toda la documentación
presentada. Luego, remite copia al Registro de la Propiedad, solicitando la expedición de una
certificación que acredite que la finca no está inscrita. Hay un plazo de 15 días para emitir esa
certificación.

Si la finca consta inscrita o es de dominio público, el registrador deniega la anotación
preventiva y el notario archiva el expediente.

En cambio, si la calificación es positiva, el notario comunica esta pretensión de inmatriculación
a todos los interesados, como pueden ser:

Los titulares de las cargas y derechos que afectan al inmueble.
La persona de quien proviene el inmueble o sus causahabientes, si son conocidos.
El ayuntamiento en el que se encuentra la finca.
Los propietarios de las fincas colindantes.
Los interesados podrán presentar alegaciones en el plazo de un mes desde la notificación.
Transcurrido ese plazo sin que ningún interesado se oponga a la inmatriculación, el notario
cerrará el expediente y remitirá copia al registrador para su inscripción a favor del promotor.

El procedimiento en caso de oposición a la inscripción por un interesado
Si algún interesado se opone, el expediente finaliza sin producirse la inmatriculación y queda
abierta la opción de recurrir a la vía judicial. Esta oposición debe realizarse explicando bien las
causas y aportando todo tipo de pruebas que las justifiquen.

El promotor, en esta situación, podrá recurrir al procedimiento declarativo correspondiente,
normalmente el ordinario.

Este procedimiento declarativo es un trámite judicial que requiere la intervención tanto de un
abogado como de un procurador. Se inicia interponiendo la correspondiente demanda, sujeta
a lo previsto por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Resulta esencial, en este punto, la comprobación por parte del juez de las alegaciones
presentadas por quienes se han opuesto en el procedimiento notarial.

Recordamos, por último, que, tanto para el expediente de dominio como para el hipotético
procedimiento judicial, resulta muy conveniente contar con el asesoramiento de abogados
expertos en la materia.

¿En qué situaciones puede entrar el casero en el piso que alquilamos?

Thu, 18 Jan 2024 16:06:00 GMT

El casero sigue siendo el propietario de la vivienda alquilada, pero no podrá entrar si el
inquilino no lo aprueba

El propietario de una vivienda no tiene derecho a entrar en el inmueble alquilado mientras el
inquilino esté viviendo allí, con un contrato de alquiler firmado. Y así lo dice el artículo 18 de la
Constitución Española: «El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en
él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito».

No obstante, sí existe una excepción en la que el casero podría entrar en su vivienda alquilada.
¿Cuándo puede el casero entrar en su piso alquilado? ¿Puede este hacer visitas para vender el
piso de alquiler? ¿Qué ocurre si entra en el piso alquilado sin permiso?

¿Puede el casero entrar en su piso alquilado?

Al alquilar la vivienda, el inquilino es el que tiene derecho legítimo a habitarla. El casero sigue
siendo el propietario del inmueble, pero al ponerla en alquiler, está cediendo el derecho de
uso a cambio de una compensación económica.

Como el piso es mío, puedo entrar cuando quiera para comprobar si está todo en orden. Es lo
que suelen pensar erróneamente algunos propietarios de viviendas alquiladas, pero nada más
lejos de la realidad. Al poner la vivienda en alquiler, aunque se conserve la propiedad, se
pierde la posesión legítima, de acuerdo con el artículo 433 del Código Civil.

El casero conserva la propiedad del inmueble, pero no el derecho a habitarla o entrar en ella
Por lo tanto, el propietario tiene el mismo derecho a entrar en la vivienda que cualquier
persona: solo podrá acceder con el permiso y la autorización del inquilino, quien reside en el
domicilio.

En el caso de que el casero quiera entrar al interior de la vivienda, deberá solicitar su permiso.
Y el inquilino puede aceptar o denegar la petición.

¿Y si el propietario quiere vender la vivienda?

El propietario puede decidir si quiere vender la vivienda si así lo considera oportuno, pero a la
hora de realizar las visitas para que el comprador pueda tomar la decisión, teniendo en cuenta
lo indicado en la Constitución Española, no podrá obligar al inquilino a recibir visitas en su
domicilio.

Lo más habitual es que el propietario llegue a un acuerdo con el inquilino para poder mostrar
la vivienda, pero si este se niega, el casero no puede obligarlo a recibir visitas en su casa. Por
esa razón, lo más recomendable es tratar de tener una relación cordial entre propietario e
inquilino, para poder negociar en caso de que sea necesario.

¿Es posible hacer visitas para vender un piso que está actualmente alquilado?

¿Cuál es la cláusula que permite al casero entrar en la vivienda alquilada?
Según el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el inquilino deberá poner en
conocimiento del propietario la necesidad de realizar reparaciones en la vivienda arrendada,
facilitando la verificación directa del estado del inmueble por sí mismo o por los técnicos
designados.

Según la LAU, el inquilino debe facilitar al propietario la verificación del estado de la vivienda
en caso detectar la necesidad de reparaciones en el inmueble.

De hecho, el propietario de la vivienda está obligado a realizar las reparaciones que sean
necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, según el artículo 21.1 de
la LAU. En cambio, las pequeñas reparaciones que requiera la vivienda irán a cargo del
inquilino.

¿Hay algún plazo establecido para que el casero arregle los desperfectos de la
vivienda que tiene alquilada?

¿Qué ocurre si el propietario entra sin permiso en su piso de alquiler?

Si el propietario de una vivienda puesta en alquiler entra ilegalmente y sin el permiso del
inquilino en su vivienda alquilada, se enfrenta a un delito de allanamiento de morada
(regulado por el artículo 202 del Código Penal) que se castiga con una pena de prisión de entre
6 meses y dos años.

En tal situación, el inquilino estaría en todo su derecho de presentar una demanda contra el
casero. Eso sí, para corroborar que el propietario de la vivienda entró en el domicilio, se deben
presentar pruebas, por lo que si no se cuenta con un testigo, un testimonio o una grabación de
las cámaras de seguridad, la denuncia puede no servir de mucho.

La entrada sin permiso en la vivienda se considera delito de allanamiento de morada
En estos casos, lo más recomendable es cambiar la cerradura como medida de seguridad, para
que solo el inquilino tenga las llaves de entrada al domicilio.

El inquilino tiene derecho a poder cambiar la cerradura. Además, aunque se recomienda avisar
al casero de la modificación de la cerradura, lo cierto es que no existe ninguna ley que lo
advierta. –

De Portugal a Polonia: todos los países que superarán a España en PIB per cápita en los próximos años.

Thu, 11 Jan 2024 16:13:00 GMT

Algunas de las variables que pueden producirse en los próximos años:

La proyección de la OCDE muestra que hasta 11 países pueden superar a España
España se enfrenta a años de un crecimiento de la productividad muy débil
El PIB per cápita de España no convergerá con el de la zona euro ni EEUU

La economía de España lleva más de dos décadas presentando un crecimiento del PIB per
cápita real prácticamente nulo. El sempiterno drama de la productividad impide que los
españoles disfruten de una mayor prosperidad económica. Tal es el problema, que desde la
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) ha publicado un informe
del que se puede extraer un dato que deja entrever el complejo futuro de la economía de
España: once países adelantarán a España en PIB per cápita en las próximas décadas.

España lleva tiempo perdiendo posiciones en el ranking global de PIB agregado. Sin embargo,
este indicador no es demasiado útil ni preciso para valorar el bienestar de una sociedad. Hay
países con una producción (PIB) muy grande, pero que en realidad siguen sumergidos en la
zona de economías de bajos o medios ingresos. Este puede ser el caso, por ejemplo, de
Indonesia, que pronto superará en PIB a España, pese a que es un país mucho más pobre.

Por eso, desde la OCDE prefieren usar el PIB per cápita, que, en principio, muestra una foto
mucho más fidedigna de la realidad económica de un país. Este indicador divide la producción
entre todos los habitantes del país, por lo que se elimina la 'distorsión' que genera el tamaño
de la población. Pese a todo, el PIB per cápita tampoco es la panacea en este aspecto, puesto
que no deja de ser una media. Una economía muy desigualitaria puede tener un PIB per cápita
muy elevado, al mismo tiempo que buena parte de la población presenta una renta baja. Esto
sucede cuando unos pocos acaparan la mayor parte de la renta del país. Economías como
Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos suelen presentar este perfil.

El PIB per cápita como indicador

Aun así, el PIB per cápita parece, a grandes rasgos, el indicador más fiable a día de hoy para
analizar la prosperidad económica de un país. Por ello, en el último informe publicado por la
OCDE de previsiones de largo plazo puede resultar un tanto alarmante el resultado que se
ofrece para España. Como se puede ver en el gráfico, el PIB per cápita de España se queda
prácticamente estancado (respecto al de EEUU, que es el país de comparación) en las próximas
décadas.

La OCDE desvela que España perderá 11 puestos en la clasificación global de países por PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo o PPA. La medición se realiza de este modo (PPA) para "limpiar" la distorsión que generan los precios entre diferentes países. De una forma sencilla, comprar una hamburguesa y un helado genera el mismo bienestar en un país u otro, aunque en EEUU cueste 15 dólares y en Polonia solo 7 dólares. Lo importante es la cantidad y la
calidad de esos bienes y servicios, no su precio.

Según los últimos datos, España se encuentra en el puesto 23 de la lista. Pero para en el año
2060 (hasta donde llega la proyección de la OCDE), España vivirá un constante declive que
dejará al país en el puesto 34, igualado con Rumanía. Adelantarán a España durante estas
décadas países como Portugal, Polonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Hungría,
Turquía, Estonia, Grecia o Letonia. Además, Rumanía alcanza el nivel de España.

¿Qué le pasa a España?

Aunque España no es el único país cuyo crecimiento de la renta per cápita se ve relativamente
estancado, sí es cierto que es el único que sufre este parón de forma tan prematura. Que
países como Dinamarca, Suiza o Luxemburgo vean ralentizado el avance su PIB per cápita
resulta lógico, puesto que estas economías han alcanzado un estadio de desarrollo muy
avanzado (el más alto del mundo), lo que no parece del todo corriente es que España, cuya
renta per cápita aún está en la banda media o media-baja dentro de las economías
desarrolladas, sufra este tipo de estancamiento.

Dinamarca o Suiza tienen unos sistemas productivos que ya incorporan la tecnología más
avanzada y las técnicas más sofisticadas, mientras que sus mercados laborales están
funcionando a pleno rendimiento (empleo pleno). Su margen para seguir creciendo es
reducido. Sin embargo, España tiene mucho espacio en ambos campos.

Los datos que proyecta la OCDE dejan insisten en los problemas que lleva sufriendo la
economía de España desde hace años, pero también alerta de los problemas a los que se
enfrentará en el futuro. Por un lado, aparece el bajo crecimiento de lo que la OCDE denomina
eficiencia del trabajo, que viene a ser la productividad de una forma sencilla. La productividad
apenas ha crecido un 0,1% anual en el periodo 2007-2020. El organismo internacional confirma
que el periodo 2007-2020 ha sido una década (y tres años) casi perdidos. La baja productividad
y competitividad de las empresas españolas (muy centradas en sectores de bajo valor añadido)
es uno de los lastres del crecimiento.

La productividad apenas crece

Aun así, la OCDE se mostraba optimista y preveía en el informe publicado a finales del año
pasado que este indicador se incremente en un 0,4% anual durante esta década y en un 0,9%
por año entre 2030 y 2060. Esta previsión da por hecha una mejora notable respecto a lo que

se viene viendo en la economía de España en los últimos 20 años. Aun así, el incremento de la
productividad sería del todo insuficiente para que España logre converger con la zona euro o
EEUU. Más bien sucederá lo contrario.

Por otro lado, aparece el problema de la demografía. La OCDE prevé en la porción de
población en edad de trabajar se incremente de media un 0,1% anual esta década. Sin
embargo, para el periodo 2030-2060 prevé una contracción anual del 0,5%, siendo España
(junto con Grecia) el país más castigado de toda la muestra (38 países y dos bloques
económicos). De hecho, la OCDE cree que la caída de la población en edad de trabajar será el
principal factor que detraerá crecimiento del PIB per cápita en las próximas décadas. La ONU
muestra en sus proyecciones base que la población (general, no solo la que tiene edad para
trabajar) de España comenzará a caer en 2025, llegando a perder incluso la zona de los 40
millones de habitantes en 2060.

Los motores que impulsan la economía a largo plazo están gripados en España, aunque en el
corto plazo puede haber movimientos al alza por factores cíclicos. Habrá años peores y
mejores, pero el escenario de varias décadas vista es tenebroso. El crecimiento económico
viene determinado por un incremento de los factores de producción (tierra, capital y trabajo) o
por un aumento de lo que se conoce como productividad total de los factores (PTF). Salvo que
se produzca una revolución, la productividad, un nuevo baby boom, una avalancha migratoria
o alguno otro hecho poco probable, la economía de España parece condenada a sufrir décadas
de mediocridad económica.

Además, España tiene una desventaja importante también respecto a varios de los países que
van a posicionarse por delante en el ranking de renta per cápita: la deuda pública y el déficit
estructural. Otra vía para estimular el crecimiento, al menos en el corto plazo, es el gasto
público. Sin embargo, España tiene una deuda sobre PIB del 110%. Ahora que la marea de la
inflación se ha reducido, parece poco probable que este ratio se vaya a reducir, sobre todo
porque el déficit estructural (no tiene en cuenta el ciclo económico) es de los más altos de los
países avanzados.

Venta de herencia

Thu, 21 Dec 2023 16:42:00 GMT

Vender una herencia en Madrid es tan simple como escribir en cualquier buscador de internet:
"Vendo mi herencia". En cuestión de segundos, salen decenas de búsquedas con ofertas que rezan: "Compramos partes de piso" o "Compramos tu parte de la herencia. Rápido y sin intermediarios". Es como si se tratara de una inmensa subasta de relaciones rotas entre
familias en donde es preferible perder dinero a tener que ponerse de acuerdo con quienes se
tiene lazos de sangre y se comparten las propiedades."En Madrid se vende todo", aseguran
desde una de las empresas.

El inversor y abogado Alejandro Bancalero, que dirige Bancalero Abogados , explica que cada
vez llegan al despacho más casos de venta de proindivisos porque hay más tensiones entre las
familias.

Además, esta figura está volviéndose cada vez más popular. "Esta mañana me llamó una mujer que vive fuera del país y acaba de heredar una casa. No tiene relación con los otros familiares y no le interesa venir a España, así que me pidió que buscará la forma de invertir su parte de la herencia lo más rápido posible", asegura el inversor.

Para Abel Marín, socio y abogado de Marín & Mateo Abogados y autor del libro Protege tu
herencia, este tipo de ventas son tan antiguas como los problemas familiares, pues a nadie se
le puede obligar a mantener una propiedad. Al final, este tipo de ventas, para Marín, nunca se
hacen con la cabeza, sino que vienen de emociones a flor de piel. "Este tipo de operaciones
nunca se hacen con la cabeza, sino que vienen de emociones que están a flor de piel". Rivilla
recuerda que hay que tener en cuenta que desde el punto de vista legal no es relevante la
relación familiar que exista entre los copropietarios del inmueble.

El procedimiento se puede hacer aunque el primo o el hermano se niegue a la venta porque
cualquier copropietario ostentan su condición con independencia del porcentaje que conserve
del inmueble: "Las empresas solo miran el valor total de la casa y el porcentaje que tiene su
cliente".

La figura de la compra de herencias o proindivisos, el derecho sobre una parte de la propiedad
que le pertenece a varias personas, ha crecido en los últimos años, según los expertos en
gestionar este tipo de situaciones.

Las herencias en los últimos años han crecido a ritmos de entre el 3% y el 5%, y este año hay
estimaciones que hablan de que se pueden llegar a cerrar cerca de 215.000 herencias, de las
que 107.073 corresponden ya al primer semestre: sería la cifra más alta de la serie desde que
disponemos de datos. "Madrid está por delante con 12.500, por lo cual ha aumentado la venta de proindivisos y viviendas adjudicadas por herencia en la misma proporción", asegura el abogado Alejandro Bancalero.

Con información de: Diario el Confidencial

¿Qué es la residencia por arraigo familiar?

Sat, 16 Dec 2023 10:43:00 GMT

El arraigo familiar es una autorización de residencia por circunstancias excepcionales que
otorga la capacidad de vivir y trabajar en España durante 5 años (a diferencia de 1 como
sucedeía anteriormente) a aquellos extranjeros no comunitarios que pueden demostrar un
vínculo con un ciudadano español.

Es decir, el permiso de residencia por arraigo ya no está destinado únicamente a hijos o padres
de españoles; a día de hoy encontramos nuevos supuestos que hacen que conseguir este
permiso sea adecuado para muchos más extranjeros.

No obstante, la autorización será de 1 año (prorrogable o modificable a permiso de residencia
y trabajo) en el caso de solicitar el arraigo como hijo de padre o madre que hubieran sido
originariamente españoles.

El proceso de solicitud es bastante sencillo en cuanto a requisitos, y eso sumado al hecho que
esta autorización se debe conseguir mientras el extranjero está en situación irregular (no es
necesario pedir un visado para entrar a España) la convierten en una opción muy favorable.

Además de ser un permiso por 5 años, otra de sus grandes ventajas es que te permite trabajar
en el territorio español tanto por cuenta ajena (trabajando para una empresa), como por
cuenta propia (es decir, dándote de alta como autónomo/a y ofreciendo tus servicios como
profesional independiente).

Junto con los tres otros tipos de arraigo (el social, laboral y para la formación) el arraigo
familiar está regulado en el Artículo 123 (y de manera más concreta en el 124) del reglamento
general de extranjería español.

Existen diferentes maneras de conseguir esta autorización como ahora veremos, pero todas
tienen algo en común: para solicitar el arraigo familiar es necesario ser familiar de un
ciudadano español o comunitario.

Cómo conseguir el arraigo familiar: todos los supuestos

Desde la reforma del reglamento extranjería, se han incorporado al régimen general muchos
más familiares que antes estaban bajo el régimen comunitario.

Es decir, en muchos casos en los que antes los familiares del español debían solicitar una
tarjeta comunitaria para poder residir en territorio español, ahora pueden venir a España a
través del arraigo familiar.

Esto hace que a día de hoy muchos más extranjeros puedan beneficiarse del arraigo familiar,
algo que ofrece grandes ventajas para ellos (en comparación a solicitar la tarjeta comunitaria).

Así, a continuación analizamos el listado completo de extranjeros que pueden solicitar esta
autorización de residencia, teniendo en cuenta que lo que todos tienen en común es un
vínculo con un ciudadano español como requisito clave.

Arraigo familiar por hijo español

La primera vía para conseguir este tipo de arraigo es ser padre de un hijo español menor de
edad.

¿Es necesario convivir con el menor? No, ya que encontramos dos supuestos distintos.

En primer lugar, encontramos el caso en el que el padre o madre convive con el niño con
nacionalidad española.

Pero, además, también es posible solicitar este arraigo si no convives con el menor, pero sí
estás al día con tus obligaciones paternofiliales.

Es decir, estás al corriente de los pagos de la pensión alimenticia y cumples con el régimen de
visitas.

Arraigo familiar por hijo comunitario

Por otro lado, si eres extranjero pero tu hijo es italiano, alemán, francés o de cualquier país de
la Unión Europea también podrías solicitar tu arraigo familiar.

Pero, de nuevo, encontramos dos casos diferentes aquí:

Si dispones de medios económicos suficientes, en lugar del arraigo solicitarás la tarjeta
comunitaria (tarjeta por 5 años)

Si no dispones de medios suficientes y tampoco convives con tu hijo o hija, entonces sí deberás
solicitar el arraigo familiar

Arraigo familiar por ser hijo de español de origen

Por otro lado, encontramos el caso en el que eres hijo de ciudadano español de origen; es
decir, tienes o bien padre o madre originariamente españoles.

Aquí simplemente deberás aportar tu partida de nacimiento para demostrar el vínculo familiar
y su la de tu padre o madre para verificar que son españoles de origen, y el arraigo familiar
será tuyo.

La edad que tengas en el momento de solicitud es irrelevante, pues el único requisito aquí es
poder demostrar el vínculo.

Arraigo familiar por matrimonio y pareja de hecho acreditada

Aquí encontramos uno de los nuevos supuestos que ahora pueden conseguir la residencia a
través del arraigo familiar (en lugar de hacerlo a través de la tarjeta comunitaria).

Pues tanto el cónyuge (persona unida en matrimonio) como la pareja de hecho acreditada del
ciudadano español pueden también solicitar esta autorizacion.

Es importante tener en cuenta a qué se refiere exactamente el término pareja acreditada, ya
que es nuevo en el reglamento y está generando mucha confusión.

En este sentido, la pareja acreditada hace referencia únicamente a las parejas registradas. El
resto de supuestos de parejas que no estén registradas (las parejas estables), seguirán
solicitando la tarjeta comunitaria.

Ascendientes del español o de su pareja

Tanto los padres del ciudadano español como los padres del cónyuge o pareja acreditada
también podrán solicitar esta autorización.

Aquí la edad sí que juega un papel fundamental, pues si estos ascendientes son menores de 65
años, será necesario que viven a cargo del español y que dependen económicamente de él o
ella.

Hijos o descendientes

Por otro lado, los hijos menores de 21 años tanto del español como de su pareja también
entran dentro de los supuestos de la residencia por arraigo.

De nuevo, si tienen más de 21 años será necesario demostrar que viven a cargo.

Tutor de un menor y persona que presta apoyo

Finalmente, encontramos 2 casos que si bien son poco habituales, son totalmente nuevos en la
normativa del arraigo.

Pues tanto el tutor de un menor de nacionalidad española (que no es su progenitor, sino su
representante a efectos legales) como una persona que presta apoyo a una persona española
con discapacidad pueden también solicitar el arraigo familiar; por más que no tengan un
vínculo de sangre con éste.

En el primer caso, el tutor también deberá estar a cargo de las obligaciones paternofiliales del
menor; y en el segundo, la persona que preste apoyo debe convivir con el español.

Requisitos para el arraigo familiar

Además de encontrarte en uno de los supuestos anteriores, existen una serie de requisitos que
también deberás cumplir para solicitar esta autorización de residencia por circunstancias
excepcionales, ahora mucho más simples que tiempo atrás:

Carecer de antecedentes penales y policiales, tanto en España como en cualquier otro país en
el que hubieras residido durante los últimos 5 años
No ser ciudadano comunitario
No tener la entrada prohibida a España ni encontrarse dentro de un plazo de expulsión
Encontrarte en España (ya que no puedes solicitar desde tu país de origen), aunque sea en
situación irregular
Demostrar el vínculo de parentesco con el ciudadano español

Ten en cuenta que a diferencia del arraigo social o laboral, en este caso no es necesario
demostrar un tiempo previo de residencia en España; por lo que podrías solicitar esta
autorización tras haber estado simplemente 1 o 2 semanas en el país.

Otra de las ventajas de este permiso es que NO requiere medios económicos (otra gran
diferencia en relación a antes cuando se solicitaba a través de la tarjeta comunitaria).

Es decir, tampoco será necesario aportar un contrato de trabajo ni demostrar la posesión de
fondos económicos suficientes en tu cuenta bancaria.

Documentos que deberás aportar

Al tratarse de un trámite simple, no hay gran cantidad de documentos que deberás aportar en
tu solicitud.

¿Cuáles son?

Modelo de solicitud EX-10
Certificado antecedentes penales país de origen
Tu pasaporte completo (incluyendo una copia), que debe ser válido y estar en vigor
El certificado de nacimiento de tu hijo español o comunitario (en caso de optar por esa vía)
Si eres hijo de padre madre originariamente español, tu partida de nacimiento para demostrar
el vínculo de parentesco
En caso de realizar el arraigo por matrimonio o pareja de hecho, documentación que
demuestre el registro de la unión
La partida de nacimiento de tu padre o madre (el que fuera español de origen)
Documento de tutela del menor en el caso de ser su representante legal
Partida de nacimiento del descendiente en caso de solicitar el arraigo como padre o madre de
un español
Documentación acreditativa de la discapacidad del ciudadano español, o de la necesidad de
medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica en el caso de tratarse del último
caso que hemos visto, ademas del DNI del ciudadano español
Empadronamiento conjunto con el ciudadano no comunitario

Cabe recordar que cualquier documento extranjeros debe estar traducido al español, y
legalizado/apostillado. Esto aplicará especialmente en el caso de las partidas de nacimiento.

¿Dónde se solicita y cómo funciona el proceso de solicitud?

Lo primero que debes tener en cuenta es que el proceso se debe iniciar desde España, y nunca
desde el extranjero.

Por lo tanto, el solicitante deberá haber viajado al territorio español antes de presentar su
expediente.

Una vez tengas toda la documentación lista, deberás prepararla y enviarla a la Oficina de
Extranjería correspondiente a tu residencia habitual.

A día de hoy, este procedimiento se realiza de manera totalmente online o por vía telemática.

Esto es sin duda mucho más ventajoso, pues el proceso irá mucho más rápido y conseguirás tu
resolución en menor tiempo.

Puedes presentar online usando tu certificado digital a través de la plataforma Mercurio.

El tiempo de resolución exacto variará según la oficina extranjería en cuestión (las de las
grandes ciudades irán más lentas al tener mayor carga de expedientes). No obstante, este es
un procedimiento que no se suele demorar mucho, por lo que podrías conseguir la resolución
en muy pocas semanas.

De manera legal, la administración tiene un total de 3 meses para emitir una resolución. Si no
has recibido respuesta pasado este tiempo, tu expediente se considerará denegado por
silencio administrativo negativo.

Una vez consigas tu resolución favorable, deberás entonces solicitar tu tarjeta física (TIE).

Para ello, deberás ir con tu pasaporte, la resolución positiva, el formulario EX-17, el pago de la
tasa 790-012 y 3 fotografías de carné a la oficina de extranjería para solicitarla.

¿Qué hago si deniegan mi solicitud?

Es poco habitual que denieguen tu solicitud, pues si lees con detenimiento este artículo y te
aseguras de cumplir con todos los requisitos no deberías tener ningún problema.

No obstante, es posible que por cualquier motivo la solicitud queda rechazada.

En ese caso vas a tener dos opciones diferentes:

Realizar un recurso de reposición por vía administrativa
Acudir a la vía judicial directamente presentando un recurso contencioso administrativo
Emprender el camino del recurso, sea del tipo que sea, puede ser una tarea tediosa y
complicada.

Escogerás una vía u otra según tu situación particular, aunque en muchas ocasiones puede ser
recomendable no usar ninguna de estos dos caminos para evitar perder tiempo y dinero.

Es por eso que nuestra recomendación es que te pongas en contacto con nuestros abogados
para que podamos valorar tu situación. Analizaremos si realmente es necesario realizar un
recurso (en caso de que sí, veremos qué tipo), o si lo recomendable sería optar por otras vías
alternativas para terminar consiguiendo la residencia en España.

Renovación del arraigo familiar

Una vez se termine el plazo total de la duración de esta tarjeta (que hemos visto que es de 5 o
de 1 años), llega el momento de renovar.

¿Cómo funciona?

En el caso de que la tarjeta sea de 5 años, lo tendrás muy fácil: podrás solicitar una tarjeta de
larga duración.

Pero si has conseguido una tarjeta por 1 año ya que has solicitado el arraigo como hijo de
padre o madre que hubieran sido originariamente españoles, no vas a poder renovar.
Técnicamente lo que harás será una modificación: modificar a un permiso de residencia
regular.

Y en ese caso, la renovación tiene una serie de requisitos bastante estrictos (especialmente
laborales) que supongan en muchos casos dificultades.

Así, para renovar tendrás tres opciones disponibles. Podrás modificar a:

Residencia no lucrativa, en caso de disponer de medios económicos suficientes y no haber
trabajado (ni querer hacerlo en el futuro).
Permiso de trabajo por cuenta propia, si has estado prestando tus servicios como profesional
independiente
Permiso de trabajo por cuenta ajena, si puedes demostrar que has trabajado durante un
mínimo de tiempo en el país
Si no cumples con los requisitos para ninguna de estas tres opciones, podrías realizar una
prórroga del propio arraigo familiar (equivalente a una segunda solicitud).

Así afecta la sentencia del Supremo a los bloques con pisos turísticos en Sevilla

Sat, 16 Dec 2023 10:38:00 GMT

El fallo judicial no modificará la Ley de Propiedad Horizontal que es la que regula las
comunidades de propietarios

Las dos sentencias dictadas por la sala de lo Civil del Tribunal Supremo no cambiará nada en la
relación entre los propietarios de viviendas turísticas y los vecinos que conviven en un bloque
residencial. Simplemente viene a ratificar lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal y es que si
la comunidad tiene recogido en sus estatutos una prohibición de que se pueda realizar una
actividad económica o expresamente que haya un uso turístico se tendrá que respetar, pues
esas normas están por encima de la libertad que tiene el dueño de dar a su propiedad el
destino que quiera, siempre que esté dentro de la legalidad.

Según una noticia aparecida en el diario ABC, en esa conclusión coinciden tanto el Colegio de
Administradores de Fincas de Sevilla como la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía,
que hacen una lectura similar. Estos últimos recalca que «realmente no hay ningún cambio».
Así lo indica el presidente del colectivo, asegurando que «tampoco había ningún vacío legal ni
se ha sentado un precedente». «La ley era clara, las comunidades pueden limitar, pero no
vetar si no lo tienen recogido en sus estatutos«. »Eso no ha cambiado, las sentencias sólo
vienen a recordarlo porque ha habido dos litigios«, insiste.

En concreto, los dos fallos se refieren a bloques que sí tienen en sus normas la prohibición de
dedicar las residencias a cualquier tipo de actividad económica y considera que el alquiler
turístico lo es. Eso es lo que vienen a aclarar estas sentencias, pero no dan vía libre a cualquier
comunidad a que vete este tipo de alojamiento sin tenerlo recogido en sus estatutos. «Pueden
limitar, pero para eso necesitan una mayoría de las tres quintas partes de los propietarios»,
señala. Así lo recoge la mencionada Ley de Propiedad Horizontal que fue reformada en 2019
para contemplar este tipo de situaciones.

Se explica también que una comunidad en la que hay pisos turísticos puede cambiar sus
estatutos para prohibirlos, pero necesita para ello la unanimidad de todos los titulares de
viviendas. «Sólo con que uno se niegue ya no se podría hacer la modificación», resalta y sin eso
no se puede llevar a cabo un veto, sí una limitación del uso de zonas comunes o de
determinadas obligaciones que han de respetar los huéspedes sobre el ruido, la suciedad,
etcétera.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, se pronuncia en unos
términos parecidos. Recuerda que «los dos casos que ha juzgado el Supremo son por

denuncias en comunidades que tienen en sus estatutos una prohibición de acoger actividades
económicas en las viviendas y esa es la consideración que da al alquiler turístico», por eso en el
fallo indica que pueden vetar.

Pero eso no es lo habitual en Sevilla. «La inmensa mayoría de las comunidades de propietarios
no recogen eso en sus estatutos y cualquier modificación requiere la unanimidad de los
propietarios, por eso se sigue otro camino». Se aclara que el método que se está siguiendo en
muchos bloques del Centro y de Nervión para evitar la entrada de pisos para huéspedes es
«protocolizar un acuerdo». Eso consiste en elevar el acuerdo para limitar este uso de una
junta, convocada en tiempo y forma, y llevar ese acuerdo ante un notario para que redacte
una escritura, que posteriormente se inscribirá en el Registro de la Propiedad. «Así lo llevamos
haciendo desde hace unos años y nunca ha dado problema», indica. Por tanto, la sentencia del
Supremo no cambiará el panorama actual, sólo viene a recordar cuál es el papel de las
comunidades.

La instancia de heredero único

Tue, 05 Dec 2023 10:20:00 GMT

La legislación hipotecaria recoge en los artículos 3 de la Ley y 33 de su Reglamento un principio
fundamental en el funcionamiento de nuestro sistema registral como es el de la necesidad de
titulación pública para acceder al Registro de la Propiedad. Sin embargo, como ocurre con toda
regla, podemos encontrar ciertas excepciones a la misma que permiten interactuar con el
Registro a través de documentos privados en aras de una simplificación y agilidad del tráfico
jurídico, debiendo reunir éstos, en todo caso, una serie de circunstancias que garanticen su
veracidad y certeza.

Una de estas excepciones es la instancia de heredero único, a la que se refieren los artículos
14.3 de la Ley y 79 del Reglamento Hipotecario.

De un modo esquemático -ya que existen extensos y rigurosos tratados sobre la materia que
abordan la institución con la profundidad que requiere- vamos a exponer las principales
cuestiones que puede plantearse el usuario a la hora de hacer uso de este instrumento.

PRIMERO. ¿Qué es la instancia de heredero único?

Estamos ante un documento privado en el que el interesado -heredero único- hace inventario
de los bienes de la herencia de la que es beneficiario, acepta la misma y se adjudica los bienes
del caudal hereditario sin necesidad de partición.

SEGUNDO. ¿Cuándo existe heredero único?

Podemos hablar de heredero único cuando hay un solo heredero llamado a la sucesión, ya sea
por ley o por establecerlo así el testamento o pacto sucesorio.

I. En caso de concurrencia con legitimarios sería preciso para que el heredero pudiese inscribir
sus bienes que se acredite haberse realizado el pago de la legítima o que se ha producido la
renuncia de la misma por dichos legitimarios, salvo que resulte de aplicación a la sucesión
alguna de las legislaciones forales que prescinden de la necesidad del consentimiento de los
legitimarios. Ver en este sentido las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública de 19 de noviembre de 2018 y 15 de junio de 2022.

Será necesario que los legitimarios intervengan en la partición de la herencia o que en
escritura pública hayan renunciado a sus derechos en la sucesión del causante o se justifique el
pago de dichas legítimas.

En Derecho Común, la legítima tiene una naturaleza “pars bonorum”. El artículo 806 del
Código Civil al definirla utiliza la expresión “porción de bienes de que el testado no puede
disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos
forzosos”.

Por este motivo, para salvaguardar la posición de los legitimarios, es perentoria su
intervención en la partición hereditaria, garantizándose con su actuación la intangibilidad de la
legítima.

Como anticipamos anteriormente no será obstáculo la existencia de legitimarios para la
presentación de la instancia de heredero único en aquellas legislaciones forales donde la
legítima se configura como “pars valoris”, por considerarse una suerte de derecho crediticio,
que puede satisfacerse en dinero sin necesidad de realizar el pago con bienes propios del
caudal hereditario.

Así ocurre en los territorios de Cataluña, Navarra y Galicia, donde la existencia de legitimarios
no excluye la figura del heredero único.

II. No nos hallamos ante el supuesto del heredero único cuando existe designado un legatario
de parte alícuota.

El legatario de parte alícuota es el llamado a una cuota de la herencia y, por tanto, distinto al
de cosa específica. El legatario de parte alícuota está habilitado para promover el juicio de
división de herencia y se equipara con la figura del heredero, siendo preciso en estos casos la
partición hereditaria.

Sigue pudiendo hablarse de heredero único en caso de que la concurrencia se produjera con
un legatario de cosa específica, llamado a título particular, por no ser considerado éste como
heredero.

III. Es admisible la instancia privada de heredero único cuando el cónyuge viudo reúne las dos
cualidades de heredero único y partícipe en la comunidad ganancial.

En este supuesto será suficiente la instancia privada, acompañada del correspondiente título
sucesorio y documentos complementarios, para proceder a la liquidación de la sociedad de
gananciales y adjudicación de la herencia.

Lo que ha reiterado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en varias
Resoluciones, a destacar la de 4 de mayo de 2001: “cuando en el cónyuge se reúnen las dos
cualidades de heredero único y partícipe en la comunidad ganancial, basta con la instancia
privada y el título sucesorio, —pues de éste resultará entonces que al heredero le
corresponden todos los bienes relictos— para poder realizar la inscripción (cfr. artículos 16 de
la Ley Hipotecaria y 79 de su Reglamento).” En el mismo sentido puede consultarse la
Resolución de 10 de septiembre de 2018.

IV. Sin embargo, impide la existencia de heredero único la concurrencia con éste del cónyuge
viudo del causante. De esta forma, no es admisible la instancia privada si junto al heredero
único concurre un usufructuario de una cuota de la herencia, siendo preciso en este caso el
otorgamiento de escritura pública.

Como afirma la Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado: “En el presente supuesto intervienen cónyuge viudo y heredero,
ambos herederos forzosos o legitimarios (artículos 806 y 808 del Código Civil) y, por ende,
interesados en la sucesión. Por lo tanto, en cuanto existen otros interesados en la sucesión no
es posible prescindir de la titulación pública.”

TERCERO. ¿Qué ha de contener la instancia?

Circunstancias personales del heredero único en los términos de los artículos 9 de la Ley
Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario. Si actúa mediante representante habrá de
acreditarse debidamente la representación.

Circunstancias personales del causante de la sucesión, fecha de fallecimiento e indicación de
los títulos sucesorios (testamento o acta de notoriedad de declaración de herederos).
Expresión de que el interesado es el único interesado en la herencia.
Inventario de los bienes de la herencia suficientemente identificados.
Aceptación de la herencia.

CUARTO. ¿Qué requisitos formales debe reunir la instancia para su presentación en el Registro de la Propiedad?

I. La instancia ha de contener la firma del interesado o del representante, legitimada
notarialmente o deberá ser ratificada ante el Registrador.

También es posible la presentación con firma electrónica reconocida a través de la plataforma
del Colegio de Registradores, facilitando el acceso al Registro al ciudadano en consonancia con
la finalidad de la Ley 11/2023, de 8 de mayo que aborda la digitalización de actuaciones
notariales y registrales y otros contenidos.

En este sentido, destacar que el artículo 240 de la citada ley prevé que “Los registradores
dispondrán de una sede electrónica general y única a nivel nacional cuya titularidad,
desarrollo, gestión y administración corresponderá al Colegio de Registradores de la Propiedad
Mercantiles y de Bienes Muebles de España, disponible para las personas a través de redes de
comunicación y por medio de la cual puedan, en sus relaciones con los Registros, presentar,
tramitar y acceder a toda la información y a los servicios registrales disponibles”.

Así, además de la tradicional presentación física en las oficinas, que se mantiene, se habilita a
los ciudadanos de un sistema de presentación electrónica, facilitando su acceso y relación con
el Registro de la Propiedad.

II. Se acompañarán los títulos sucesorios y el certificado de defunción del causante y el del
Registro General de Actos de Última Voluntad.

III. Asimismo, habrá de presentarse la documentación de la que resulte acreditado el pago o
exención del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y, en su caso, el pago de la plusvalía
municipal.

Europol pide más herramientas legales y policiales para luchar contra material de abuso infantil generado con IA

Tue, 05 Dec 2023 10:17:00 GMT

La agencia europea de cooperación policial Europol ha pedido más herramientas legales y
policiales para luchar contra el material de abuso sexual infantil generado con inteligencia
artificial (IA), como el del caso de Almendralejo (Badajoz), donde se difundieron a través de
aplicaciones de mensajería instantánea falsos desnudos de menores creadas por estas
herramientas tecnológicas.

Así ha respondido la directora ejecutiva de Europol, Catherine de Bolle, a la carta de la
eurodiputada Maite Pagazaurtundua sobre el caso denunciado en Almendralejo. La agencia
asegura a Pagaza que ha sido informada del caso por las autoridades españolas, en concreto,
el equipo del Proyecto de Análisis Twins, especializado en material de abuso sexual infantil.

Pagaza denunció este grave caso “en el que se entremezclan la usurpación de identidad y los
abusos sexuales a menores en la red”. “Estas nuevas formas de ciberdelincuencia afectan a los
derechos fundamentales, a la libertad sexual, el honor y la propia imagen de los menores que
debe depurarse a nivel penal y civil, pero cuyo origen está en el uso por parte de unos de datos
personales protegidos. Es ahí donde hay que actuar con toda la intensidad”, advertía.

En su respuesta, Europol le asegura que coopera a escala internacional y con todas las
autoridades nacionales contra la creación y propagación de este material producido con
inteligencia artificial, pero que “cada vez es más difícil distinguir el contenido generado por IA
del material de desnudos reales”.

Prevé de hecho que en el futuro se complique el trabajo de las fuerzas policiales porque de
momento el problema se limita a las fotografías, “pero se estima que se extenderá al material
de vídeo en un futuro próximo”, y porque “la tecnología puede usarse además para alterar los
antecedentes de contenido real, haciéndolo más difícil de detectar”.

Por todo ello, Europol pide herramientas de lucha. “Sería beneficioso si el futuro marco
legislativo de la UE sobre IA garantizara herramientas relevantes para las fuerzas del orden y
para Europol en particular, junto con procesos ágiles que permitan una prevención y detección
efectivas de este tipo de delitos”, expone De Bolle en su respuesta.

Al mismo tiempo que la IA tiene este uso tan grave, se puede emplear para identificar y
analizar ese mismo material. Por ello, Europol explica que colabora con el Supervisor Europeo
de Protección de Datos para explorar nuevas vías de investigación más eficaces.

Maite Pagazaurtundua es vicepresidenta de la Comisión de Libertades y Justicia del
Parlamento Europeo. La eurodiputada trabaja sobre el uso malicioso de la IA en distintos
ámbitos, como este de la protección de los menores, así como en el terreno de la política. A
este respecto, Pagaza ha lanzado un paquete de peticiones a la Comisión Europea, a Europol y
al equipo negociador de la futura legislación sobre publicidad política, para evaluar la
peligrosidad para el Estado de Derecho del uso de inteligencia artificial por parte de políticos,
representantes públicos y partidos.

“La evolución de las posibilidades de manipulación de imágenes a través de la IA es
vertiginosa. Su uso también en la manipulación política, la creación de sesgos más sectarios y
contra la propia idea del pluralismo ideológico es un riesgo cada vez más grave”, plantea
Pagaza.

Sabemos que cuando nos encontramos cara a cara con expertos que están investigando las
oportunidades y retos a los que nos enfrentamos sucede algo poderoso. Las ideas fluyen. La
inspiración se instala más profundamente y genera compromiso con el cambio.

Pero hace algunos años, nos dimos cuenta de que, si bien el plenario es un espacio valioso
para inspiración y networking, podíamos llevar las cosas aún más lejos. Con el objetivo de
abordar en detalle algunos de los desafíos que enfrentan los profesionales de la gestión de las
firmas y esbozar soluciones, ideamos la segunda jornada del Legal Forum, que llamamos
itinerarios paralelos porque son actividades de casi tres horas que transcurren
simultáneamente entre las que hay que escoger una. Estos talleres prácticos se han convertido
en una parte esencial del evento.

El itinerario sobre fórmulas y estrategias para optimizar la rentabilidad en los despachos,
conducido por Eugenia Navarro, socia de LOIS y miembro de Inkietos, y José María De La Jara,
abogado, consultor de legal operations e investigador de ciencias conductuales se focalizó en
el impacto del modelo operativo de las firmas de abogados en su rentabilidad.

El «workshop» comenzó con un intercambio de ideas sobre el contexto y algunos cambios de
paradigmas, como la facturación por valor, la productivización de los servicios y la creación de
nuevos mercados.

Los asistentes (socios, gerentes financieros, directores de marketing y líderes de innovación) se
separaron en tres grupos para analizar y proponer soluciones a problemas en tres aspectos
distintos: eficiencia operativa, modelo de «pricing «y estrategia comercial.

TRES DESAFÍOS

El primer desafío se centró en un despacho que pasaba una cantidad considerable de tiempo
en tareas administrativas, tomaba decisiones estratégicas en base a informes financieros
desactualizados y que recientemente había recibido quejas de un cliente por no haber
respetado el cap acordado en una factura.

El segundo escenario se focalizó en una firma con 80% de encargos bajo un esquema de
facturación por horas, que podía cobrar solo 120 de cada 200 horas trabajadas y que estaba
teniendo serios problemas para implementar tarifas fijas e igualas.

El tercer caso los transportó a una boutique de arbitraje, en la que los abogados se dedicaban
principalmente a escribir sobre temas candentes como criptomonedas, metaverso y
«blockchain».

Sin embargo, a pesar de su experiencia, carecían de una estrategia clara para posicionarse
como autoridades en estos campos ante su audiencia objetivo.

Además, la firma carecía de un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM), lo que
dificultaba el seguimiento de oportunidades comerciales, ralentizaba la preparación de
propuestas y tenía un impacto negativo en la conversión de leads en clientes reales.

Los grupos trabajaron arduamente y generaron ideas para abordar estos desafíos. Cada uno
tenía como objetivo optimizar la rentabilidad para impulsar a estas firmas hacia un futuro más
prometedor y los participantes salieron con soluciones que pueden aplicar en sus propias
firmas.

TALLER SOBRE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA IA GENERATIVA (CHATGPT) Y CASOS DE USO

Durante este taller, se abordaron los elementos críticos del uso eficiente y seguro de la
inteligencia artificial generativa en el ámbito legal. Aunque los ponentes coincidieron en
destacar la utilidad de esta herramienta para agilizar ciertas tareas, también hicieron hincapié
en su imperfección y en la necesidad de supervisión humana debido a la posibilidad de
resultados imprecisos o erróneos.

Cristina Retana, directora de Contenidos e Innovación de Aranzadi LA LEY y patrona de su
fundación, explicó que la IA generativa se emplea en el sector legal para generar textos de
aparente calidad, pero advirtió que estas tecnologías no comprenden completamente las
respuestas que generan.

Aunque el contenido producido puede tener una apariencia convincente y lógica, en ocasiones
puede ser impreciso, incorrecto o incluso inventado, lo que en el ámbito legal puede tener
consecuencias graves.

Una buena reputación en el negocio de las firmas puede tener un impacto significativo en tres
áreas clave: la captación de negocio, la atracción de talento y la relación con terceras partes

David Hurtado Torán, «Innovation Lead en Microsoft», coincidió en la importancia de
supervisar estas tecnologías en la abogacía debido a su falta de precisión y fiabilidad.

Explicó que estas herramientas se basan en un sistema de predicción de palabras que utiliza el
conocimiento general del lenguaje, pero carecen de precisión con datos específicos, ya que
dependen de información disponible en internet que no siempre es fiable.

Para minimizar los posibles errores en el contenido generado por la IA, se recomienda
especificar al máximo la pregunta o término utilizado (prompt) y proporcionar la mayor
cantidad de información posible al sistema.

Según José Medina, «Chief Technology Officer» (CTO) de la Región Sur del Grupo Karnov para Francia, España y Portugal, cuanta más información se da al sistema, mejor será la respuesta que genere.

“En función de las palabras que apliquemos la IA dará una respuesta de una forma u otra, la
forma en la que se construye los prompting influye mucho en la calidad y en el resultado de la
respuesta de esta herramienta”, concluyó.

Para finalizar, los expertos recapitularon una serie de recomendaciones y precauciones que los
usuarios de esta herramienta deben tener en cuenta para aplicar esta tecnología en el ámbito
legal.

Principalmente: supervisar el contenido, confirmar las fuentes, aceptar que no comprende lo
que estás diciendo, aprender a preguntar y conversar, no subir documentos confidenciales,
priorizar los casos de uso y, finalmente, definir las políticas de uso de las máquinas.

Fuga de ricos a Portugal tras el aval del Constitucional al impuesto a grandes fortunas

Tue, 28 Nov 2023 16:25:00 GMT

El país luso cambia de estrategia y prorroga un año su 'Ley Beckham' tras el fallo.

Fuga de ricos a Portugal tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) del pasado 7 de noviembre
al impuesto a las grandes fortunas. El país vecino mueve ficha tras la sentencia y prorroga un
año más su régimen fiscal especial para residentes no habituales (similar a la Ley Beckham
española) para atraer a los grandes patrimonios de nuestro país.

Ante situaciones de incertidumbre o de momento especialmente sensibles, el dinero vuela
hacía un país con más seguridad jurídica y más estable de lo que ahora mismo es España.

Portugal anunció a inicios de octubre la eliminación de este régimen ante la crisis de vivienda
que atraviesa, sin embargo, tras el fallo del TC el partido socialista luso ha presentado una
enmienda a sus presupuestos de 2024 para prorrogar su aplicación. Estos movimientos, junto
con la reciente investidura de Pedro Sánchez como presidente, se han traducido en una oleada
de llamadas de los contribuyentes más ricos a los despachos de abogados en busca de un
cambio acelerado de residencia fiscal.

Desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de las grandes fortunas, y
especialmente desde la investidura de Pedro Sánchez, las consultas de clientes sobre la
posibilidad de trasladar su residencia al extranjero se han disparado en volumen. "Los clientes
parecen venir con una intención más fuerte de cambiar su residencia efectiva y no meramente
con consultas exploratorias. No se están tomando decisiones improvisadas e inminentes, pero
la mayor parte de los interesados se han marcado el primer trimestre de 2024 para tomar una
decisión en firme".

La principal preocupación de estos contribuyentes es la situación política y la carga impositiva
que consideran desproporcionada en comparación con otros países de nuestro entorno e
incluso respecto de sus países de origen. "Si bien hemos tenido casos de españoles, la mayor parte de las consultas proceden de extranjeros, principalmente procedentes de
Hispanoamérica, que ya trasladaron su residencia a España (Madrid, Andalucía y Asturias,
principalmente) en el pasado buscando salir de países con situaciones políticas inestables y con
una alta tasa de inseguridad ciudadana. Estos clientes ya han vivido al menos un cambio de
residencia, por lo que no tienen miedo a volver a hacerlo, sobre todo a países de nuestro
entorno como Portugal, Italia o Suiza".

La decisión de Portugal de prorrogar su régimen de residentes no habituales y, sobre todo, el
momento para anunciarlo ha sido un "movimiento brillante" para atraer a muchos contribuyentes de gran capacidad económica actualmente residiendo en España a un país cercano con una cultura, clima y gastronomía parecida a la española.

No hay que olvidar que los problemas que un cambio de residencia puede suponer para
determinados contribuyentes por la aplicación del llamado exit tax que les puede hacer
tributar por las plusvalías latentes de sus activos financieros, en función del país que elijan
como destino.

Esto ineludiblemente va a hacer que Portugal “ recoja” muchas grandes fortunas que estaban
en España , bien de ciudadanos españoles o de grandes fortunas hispanoamericanas que
guardaban sus cuentas en España.

Desde luego movimiento brillante, del vecino portugués, que le va a dar grandes réditos desde
ya .

¿Puede la empresa controlar mi actividad a través de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo?

Wed, 22 Nov 2023 16:33:00 GMT

Existen cada vez más maneras para que los empresarios puedan controlar la actividad
desarrollada por sus trabajadores, y una de las más comunes es la videovigilancia, -el control
mediante cámaras de video situadas en el centro de trabajo-, la cual permite a las Empresas
poder controlar, en tiempo real o en diferido, lo que hacen sus trabajadores.

¿Es legal que la empresa instale cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo?

En realidad, la respuesta es simple, ya que, tal y como establece el artículo 89 Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (“LOPD”), los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas
de cámaras o videocámaras para controlar la actividad de los trabajadores, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores (“ET”).

No obstante, si bien es una medida legal, ese control de la actividad mediante el uso de
cámaras no es ilimitado, ya que tanto el artículo 89 LOPD como el 20.3 ET limitan dicha
posibilidad para el empleador, siendo necesario guardar en su adopción y aplicación, la
consideración debida a la dignidad de los trabajadores.

Por último, cabe indicar que, si bien la instalación de cámaras de vigilancia en el lugar de
trabajo es legal, el articulo 89.2 LOPD limita los espacios dentro del centro de trabajo donde
podrá llevarse a cabo dicha instalación, precisando que no podrá tener lugar en vestuarios,
aseos ni zonas de descanso.

Normas que debe cumplir una empresa para instalar cámaras de seguridad

En cuanto a las normas que debe cumplir una empresa a la hora de instalar cámaras de
seguridad, en primer lugar, cabe reseñar que estas normas vienen destinadas a garantizar la
protección de los derechos de los trabajadores a la intimidad y a la protección de datos.

En este sentido, nuevamente, el artículo 89 LOPD viene a regular la manera de implementar un
sistema de videovigilancia: debiendo informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y
concisa, a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.

No obstante, ese deber de información, en la práctica, puede cumplirse de diversas formas:
Varias Sentencias se han pronunciado indicando que podrá entenderse cumplido dicho deber
cuando se haya colocado en un lugar visible un distintivo informativo de la existencia del
sistema de videovigilancia, de su responsable y de su finalidad.

¿Pueden utilizarse estas grabaciones para justificar un despido?

Si bien la cuestión sobre la legalidad de tener cámaras de videovigilancia en el centro de
trabajo no es controvertida, el poder utilizar las grabaciones obtenidas a través de ésta sí que
ha dado mucho de qué hablar pese a que no debería haber inconveniente en que dichas
grabaciones fuesen utilizadas para justificar un despido, siempre y cuando, como se ha
indicado, se hubiese informado a los trabajadores de la existencia de las cámaras y de la
posibilidad de que la Empresa use las grabaciones con fines disciplinarios.

No obstante, en la práctica pueden aparecer muchas dudas, ya que existen casos en los que sin
haber informado siquiera a los trabajadores, las imágenes obtenidas a través de cámaras
ocultas han sido aceptadas por nuestros tribunales.

En dichos supuestos, la cuestión principal recae sobre el análisis que debe realizarse de cara a
determinar una posible vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y protección
de datos, ya que, si bien el poder de control del empleador no es ilimitado, los derechos
fundamentales tampoco son absolutos, tal y como recuerda el Tribunal Constitucional.

Dicha cuestión puede ser apreciada de forma clara y es desarrollada en su reciente Sentencia
de fecha 29 de septiembre de 2022.

Dicha Sentencia viene a recordar la jurisprudencia, tanto nacional como del TEDH, en la
materia, mediante la cual se ha establecido una serie de requisitos que deben de ser utilizados
a la hora de determinar la legalidad de las imágenes obtenidas a través de cámaras de
videovigilancia.

Dichos criterios consisten en la necesidad de ponderar en cada caso diferentes elementos con
el fin de determinar la presencia de los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de
la medida, siendo éstos:

La existencia de sospechas que puedan legitimar la instalación del sistema de videovigilancia.
El alcance de la vigilancia y el grado de intrusión en la vida privada de los trabajadores (periodo
durante el cual se utilizan las cámaras, lugares y personal vigilado).

El alcance de la medida en el tiempo, de cara a analizar si la videovigilancia estuvo limitada al
visionado del periodo necesario para identificar al trabajador o trabajadores responsables de
la infracción cuya comisión la Empresa sospechaba.

Que las cámaras no son utilizadas para otros fines diferentes a la verificación de las sospechas.
La necesidad de la medida, esto es, que no pudiera adoptarse ninguna otra medida menos
invasiva e igualmente eficaz para acreditar la infracción laboral.

En el supuesto de que el órgano jurisdiccional considere que se han cumplido los criterios
mencionados, la prueba practicada por la Empresa en el acto del juicio, esto es las grabaciones
obtenidas a través del sistema de videovigilancia, debe ser calificada como lícita.

En el caso contrario, se entendería que dicha prueba es ilícita y por tanto, nula, siendo la
consecuencia que no será aceptada ni tenida en consideración a la hora de determinar la
procedencia o improcedencia del despido.

En este sentido, resulta necesario precisar que, frecuentemente, la inadmisión de las
grabaciones de las cámaras puede conllevar directamente a la declaración de improcedencia
del despido, ya que éstas, en muchos supuestos, son las únicas pruebas de las que dispone la
Empresa para acreditar el incumplimiento cometido por los trabajadores.

Aspectos legales a tener en cuenta

Es necesario tener en consideración una serie de requisitos o pasos previos, de cara a
garantizar o aumentar las probabilidades de que la actuación empresarial es acorde a la
legalidad.

En este sentido, cabe indicar, tal y como se desprende de lo expuesto en la STC de 29 de
septiembre de 2022, que cada situación es única, por lo que, no se puede hablar de que haya
una fórmula mágica a la hora de instalar cámaras de videovigilancia que conlleve a la
procedencia de un despido.

Igualmente, tampoco nos encontramos ante una cuestión pacífica. Si bien el último criterio del
Tribunal Constitucional es el expuesto, cabe indicar que en la misma Sentencia se puede
encontrar un voto particular, al cual se adhirieron 5 de los 11 magistrados del pleno del TC,
que viene a reflejar una clara disconformidad con la decisión e interpretación reflejada por la
mayoría.

Es evidente que lo importante a tener en consideración es que, de cara a utilizar grabaciones
con fines disciplinarios, es necesario definir una estrategia previamente, y que esta haya sido
diseñada con el asesoramiento legal correspondiente.

El Tribunal Supremo exige respeto por la división de poderes en un comunicado donde elude mencionar la amnistía

Thu, 16 Nov 2023 16:41:00 GMT

El Alto Tribunal critica "a fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reunida en sesión ordinaria, ha emitido este lunes
dia 13 de Noviembre , un comunicado en el que, sin mencionar de forma expresa el acuerdo
entre PSOE y Junts para sacar adelante una ley de amnistía, ha exigido el "absoluto respeto a la división de poderes".

En texto, firmado por unanimidad, la Sala de Gobierno ha afirmado "que el ejercicio de la
función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la
salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad
en la aplicación de la ley".

Además, el Supremo ha enfatizado "la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones" y ha visto "incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".

Los últimos madrileños que pagan 100 euros de alquiler: "Vivo en el mejor barrio del mundo"

Sun, 05 Nov 2023 19:12:00 GMT

La renta antigua en Madrid se extingue lentamente mientras fallecen los titulares de unos pisos que, de codiciados que son, a veces incluso dejan de ser rentables,

Pascual Daureo, de 85 años, vive en el madrileño barrio de Lavapiés desde hace 60 años, a la altura de la calle Argumosa. Paga al mes 130 euros de alquiler con todos los gastos incluidos. En promedio sus vecinos pagan en un mes lo que Daureo paga al año. "Vivo en el mejor barrio del mundo. Disfruto mucho de la vida", asegura.

Daureo conoció a su mujer en la pastelería donde trabajaba como repostero y cuando se casaron se fueron a vivir al piso de los abuelos de ella. Cuando ellos fallecieron, el contrato de renta antigua quedó a su nombre. Como él, en el edificio todavía quedan cuatro personas más con este tipo de contratos: "A nosotros no nos pueden echar, tenemos contratos que están blindados", asegura Daureo que se plantea comprar el piso para dejárselo a sus hijos, ya que no les puede subrogar el acuerdo de renta antigua.

Al otro lado de la ciudad, el inversor en renta antigua Alejandro Bancalero, que dirige Bancalero Abogados, recibe por la mañana una llamada de una inmobiliaria que intenta venderle un piso por 400.000 euros en la zona del Retiro. Allí vive un hombre de 82 años que tiene un contrato de renta antigua. A Bancalero no le termina de convencer la propuesta: "Aunque nuestra manera de hacer negocios es tener paciencia, cada vez estamos aceptando menos este tipo de ofertas porque no son rentables". Los precios del mercado son cada vez más altos y los contratos de renta antigua son una pesadilla para los propietarios.

La llamada renta antigua se refiere a contratos anteriores al 9 de mayo de 1985 y que quedaron congelados. Son herencia de unas leyes franquistas que permiten a los inquilinos pagar cantidades muy pequeñas, de entre los 7 y 200 euros al mes, por el alquiler de pisos que se suelen ubicar en el codiciadísimo centro de ciudades como Madrid. Desde la aplicación de la ley, han pasado casi cuarenta años y estos inmuebles, más allá de no generar beneficios, cuestan dinero a unos propietarios que no pueden actualizar la renta a un valor que se acerque al del mercado. La media en la Comunidad de Madrid son 1.344 euros por alquilar un piso de 80 metros, según datos del portal inmobiliario Fotocasa.

En Madrid, estos contratos están extinguiéndose lentamente porque se están muriendo los titulares de esos viejos contratos. Como consecuencia, los grandes fondos de inversión se están haciendo con edificios enteros de la capital y están buscando la manera de quedarse con estos pisos para alquilarlos al precio del mercado.

Los locales comerciales que contaban con este tipo de contratos ya se extinguieron. Eventualmente, lo mismo pasará con estos pisos. Y aunque es imposible saber a ciencia cierta en qué momento pasará esto, Bancalero se atreve a predecir que en 20 años ya no quedará ninguno. Eso sí, aclara que aún existe la posibilidad de que algún familiar que conviva con el inquilino se subrogue el contrato en el momento en que este fallezca y se quede viviendo en el piso.

En este momento, Bancalero explica que está trabajando sobre unas 20 viviendas con renta antigua en barrios como Salamanca, Chamberí y Centro: "Son propiedades que hay que valorar muy bien antes de hacer una inversión", asegura. Ante este panorama, muchas inmobiliarias y fondos están contratando detectives privados para ver si el inquilino de renta antigua realmente está cumpliendo con el contrato, porque en caso de que no fuera así, el contrato podría extinguirse unilateralmente.

Desde el Sindicato de Inquilinas aseguran que han tenido casos en donde un fondo de inversión compra un edificio entero y dan por acabados los contratos de todos los inquilinos para poder reformar la finca y doblar el precio de los alquileres: "Al no poder hacer lo mismo con los inquilinos de rentas antiguas, los presionan para que se vayan haciendo obras insoportables en el inmueble".

El detective privado Daniel Fontanals, socio gerente de Fontanals Cabré Detectives, que trabaja en el sector desde 1990, está trabajando en este momento con la propiedad de un piso en Madrid, en el distrito centro. Este tiene una inquilina llamada Juana M., de 69 años, que tiene un contrato de renta antigua desde 1981. "La inquilina paga 300 euros por el piso, pero se calcula que su precio de mercado supera los 2.000 euros al mes", afirma Fontanals.

Juana tiene derecho a permanecer en su vivienda a ese precio con ligeras revisiones hasta su fallecimiento. Sin embargo, a la propiedad le ha llegado información de que, aunque ella paga religiosamente el alquiler, hace mucho tiempo nadie la ve por la finca. Si la inquilina no reside en el piso, según la ley, estaría incumplimiento el contrato.

Para poder probar que esto es así, la propiedad ha contratado a Fontanal. El detective ha descubierto que existen dos causas de resolución del contrato: "La primera, Juana, no reside efectivamente en la finca, sino en otro piso de su propiedad también en Madrid; y además descubrimos que Juana tiene cuatro propiedades más en Madrid, lo cual no permite la ley".

El negocio muere

El artículo 62 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 establece como causa de finalización de la prórroga de un contrato de renta antigua que el inquilino ocupe dos o más viviendas en la misma población y el uso de todas ellas no sea indispensable para atender a sus necesidades. Fontanals calcula que en los alquileres de renta antigua existe un fraude del 20% en ciudades como Madrid, algo que, dice, las propiedades suelen desconocer. Con esta información, el abogado negocia con la inquilina su salida del apartamento y la propiedad puede alquilar el piso al precio del mercado. Los servicios del detective han costado 1.800 euros.

Para el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, Miguel Ángel Gómez Huecas, muchos inquilinos se aprovechan de esta situación, ya que su renta está congelada y además tienen un derecho preferente sobre la propiedad. "Este problema siempre ha existido. Los propietarios siempre han preferido contratos largos para estar tranquilos y obtener una rentabilidad estable y segura por su inmueble, pero a esos precios es imposible. Ningún propietario quiere un contrato de renta antigua, porque la renta está muy por debajo de la renta de mercado actual". Sin embargo, ahora que los precios del alquiler están subiendo cada vez más, cada día es peor negocio: "Se deberían buscar las mejores condiciones para las dos partes", asegura Gómez.

Información de Confidencial

Ocho vocales del CGPJ piden celebrar un Pleno para abordar la amnistía por suponer la "abolición del Estado de Derecho"

Sun, 05 Nov 2023 18:44:00 GMT

Afirman que amnistiar a los líderes del procés "supone generar una casta jurídicamente
irresponsable e impune por sus delitos".

Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial han solicitado al presidente Vicente
Guilarte la celebración de un Pleno extraordinario para pronunciarse sobre la amnistía a los
promotores y partícipes en el "procés".

Los consejeros Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán,
Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María
Ángeles Carmona, nombrados todos a propuesta del Partido Popular, han pedido la
celebración del Pleno para debatir sobre una declaración institucional donde se califica la
amnistía de ser una medida con efectos de "degradación" para el país y "cuando no de abolición del Estado de Derecho en España".

En la citada declaración institucional se sostiene que "el Consejo General del Poder Judicial, ejercitando y reafirmando sus funciones constitucionales para la defensa de la plena vigencia de la Constitución, del Estado de derecho y de la integridad de la potestad jurisdiccional, ha acordado aprobar la siguiente" y que "ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción".

De igual manera, añade que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sostuvo
el pasado sábado 28 de octubre que "efectivamente ha pactado una ley de amnistía con
partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se
beneficiará personalmente de la medida", en referencia al expresidente catalán Carles
Puigdemont y añaden que el jefe del Ejecutivo añadió que "la medida se adoptará en interés de España".

Los vocales del sector conservador afirman que "la declaración del Presidente del Gobierno en funciones justifica que el Consejo General del Poder Judicial emita su opinión mediante una declaración institucional, tanto más cuanto que también se ha hecho público que, pese a que el Gobierno de España se presenta como su promotor, la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención".

Por otro lado, los vocales subrayan que "no es compatible con el principio de Estado de
derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución, y ni tan siquiera con el principio
de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los
responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales,
cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a Presidente del
Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras
fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno".

"Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el
interés de España", añaden.

Asimismo , afirman que amnistiar a los líderes del procés "supone generar una casta
jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin
constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los
poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la
ley que proclama el artículo 14 de la Constitución". Por último, agregan los vocales que con la inminente Ley de Amnistía se "violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica, mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales".

Acciones de nulidad del testamento por incapacidad del testador y derecho testamentario

Wed, 25 Oct 2023 17:40:00 GMT

Hoy día en España, se están autorizando testamentos de personas que no pueden testar.
Existe por tanto, una problemática en los testamentos

Además de la acción de nulidad está el Dolo Testamentario personas que inciden sobre el
testador por medio de maquinación insidiosa o fraudulenta . Se puede pedir a su vez, la
nulidad del testamento

Supuestos de prevención máxima notarial: Si la persona está ingresada, hospitalizada , si toma
medicación etc…..

El juicio de capacidad notarial es fundamental ( este apartado es clave)

Art 663 CC establece que las personas mayores de 14 años pueden testar con excepción del
testamento ológrafo , mayor de 18 años , aquél que está escrito a mano y firmado por el
propio testador , art 689 CC)

Se dan casos hoy día por ejemplo, de un testador ha firmado unos pagos aplazados , con un
hijo , el padre acreedor y en el momento de fallecimiento el padre se extingue la deuda

Cada día vemos más en los despachos acciones de este tipo, con lo que se busca, cuando se
entera el resto de familiares, interponer una demanda judicial y pedimos la nulidad del
testamento.

Se están dando situaciones muy complicadas entre familiares, entre hermanos , que hacen que
se dinamiten las relaciones familiares , nos enfrentamos a auténticas tragedias , personas que
no le han dejado absolutamente nada.

Por eso pedimos un ejercicio de unión y sobretodo de unificación de criterios por parte de la
Fiscalía, colegio de notarios, colegio de abogados para que se pongan en marcha unos
estándares, y unos protocolos de actuación para filtrar este tipo de situaciones de testamentos
en muy dudoso estado por parte del testador y que se pongan más filtros o mecanismos para
el notario para poder discernir o tener más claro el criterio sobre el estado mental del
testador en el momento de realizar un testamento en España

Cómo hacerse tutor legal de una persona mayor y qué implica

Thu, 05 Oct 2023 15:53:00 GMT

Persona mayor incapacitada sonriendo mientras la persona designada como su tutor legal la
coge de la mano.

Existen diferentes características o situaciones que pueden convertir a una persona en
incapacitada. Es decir, que no puede valerse por sí misma en el ejercicio de sus
responsabilidades y derechos ni velar por ella misma y su patrimonio.

En este contexto, las autoridades judiciales designarán a un tutor legal para que se encargue
de cubrir las necesidades básicas de esta persona, cuidarlo y garantizar su bienestar. En este
artículo encontrarás toda la información sobre cómo hacerse tutor legal de una persona
mayor.

¿Qué es ser tutor legal de una persona mayor?

Ser tutor de un mayor implica una serie de obligaciones que tienen como fin último velar por
el bienestar y la seguridad del tutelado. Para ello, es fundamental cubrir todas sus necesidades
básicas como vivienda, alimento, sanidad…

El tutor será también responsable de la administración de los bienes, así como de ciertos
procesos administrativos extraordinarios, habiendo de dar cuenta de ello ante las autoridades
judiciales.

¿Quiénes pueden ser tutores?

Para realizar según qué trámites, como hacerse tutor legal de una persona mayor, se ha
cumplir lo establecido por la ley. En este caso si un mayor es declarado incapacitado, se exige
que el juez le asigne un tutor de acuerdo a la prioridad establecida en el Código Civil :

Persona designada por el tutelado
Cónyuge que convive con él
Padres
Personas designadas por él en las disposiciones de última voluntad
Al descendiente, ascendiente o hermano asignado por el juez
Si la persona mayor incapacitada no tiene familiares ni ningún tipo de apoyo social, se puede
designar como tutor a una persona jurídica como una fundación tutelar.

En cualquier caso, el objetivo de este nombramiento es ofrecer el apoyo y protección que la
persona mayor necesita por lo que la decisión tomada dependerá no solo de este orden sino
también de la idoneidad de los candidatos.

¿Y quién no?

A pesar de esta jerarquía impuesta por la ley, las autoridades judiciales pueden modificar este
orden prioritario y otorgarle la tutela a otra persona en base a lo recogido por el Código Civil,
que establece que NO podrán ser tutores legales de una persona mayor aquellos que:

Por resolución judicial esté privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o total
o parcialmente de los derechos de guarda y educación
Hayan sido cesados legalmente de una tutela anterior
Hayan sido condenados con sentencia de pena privativa de libertad
Hayan sido condenados por algún delito que dé por supuesto que no ejercerán
adecuadamente su labor
Además, el juez también puede no conceder una tutela por otros supuestos como la
imposibilidad de hecho o por enemistad entre ellos, por ejemplo.

Obligaciones de un tutor legal

Tal y como indicábamos anteriormente, el principal objetivo a cumplir por el tutor ha de ser
velar por su bienestar e integridad. En este sentido el Código Civil establece unas obligaciones
de carácter patrimonial y personal, que el tutor legal de la persona de mayor ha de cumplir.

Económicas

En la esfera económica, el tutor tendrá las siguientes responsabilidades:

Administrar correctamente y sin negligencia los bienes del tutelado
Realizar procesos de administración extraordinarios sobre el patrimonio de la persona
tutelada. Para este tipo de acciones necesitará siempre la autorización judicial.
Personales
En el plano personal, el tutor ha de cumplir con lo siguiente:

Abastecerle de alimentos

Promover la capacitación del tutelado y mejorar su inserción social
Informar sobre la situación del tutelado y la gestión de sus bienes
Acompañar y velar por el tutelado

Para ser tutor legal de una persona mayor has de ser nombrado por un juez

Cómo hacerse tutor legal de una persona mayor

Para ser tutor legal de una persona mayor primero el juez ha de declarar su incapacitación.
Según el Código Civil, son causas de incapacitación aquellas deficiencias físicas o psíquicas que
impidan a la persona velar por sí misma y sus intereses y ejercer con responsabilidad sus
derechos y deberes sociales.

El procedimiento de incapacitación puede iniciarse por los familiares acudiendo a los Juzgados
de Primera Instancia, pero nadie puede ser declarado incapaz si no es en el marco de un
procedimiento judicial.

Una vez se declara a una persona como incapacitada, el juez pasa a dictaminar quién será su
tutor legal. Para ello obedecerá en primera instancia a lo que la persona haya decidido en caso
de haber sido previsor y haber dejado por escrito a quién designaba para este cargo. Si el
tutelado no ha designado a nadie, se realizará atendiendo a lo dictaminado por el Código Civil
en el orden y naturaleza de las relaciones personales del tutelado. En cualquier caso, y aunque
sea el juez el encargado de nombrar al tutor, este debe aceptar su cargo.

Preguntas frecuentes

Este cargo lleva asociadas, como hemos visto, una serie de responsabilidades y obligaciones a
la vez que tiene también ciertas limitaciones. Esto hace que a menudo aparezcan dudas sobre
qué es ser tutor legal de una persona mayor. Estas son algunas de las preguntas más
frecuentes:

¿El tutor legal puede recibir una remuneración económica?

Sí. El tutor legal puede solicitar una remuneración por su trabajo en pro del tutelado y esta
petición será evaluada en función de su desempeño y los rendimientos económicos de la
persona a tutelar.

¿Existe algún control sobre el tutor?

La tutela se realizará siempre bajo la supervisión del Ministerio Fiscal que podrá solicitar en
cualquier momento información sobre la situación del tutelado. En cualquier caso, y aunque el

Ministerio Fiscal no lo pida, el tutor legal de una persona mayor ha de informar anualmente
sobre el estado del tutelado y de sus bienes.

Una vez nombrado, ¿puede eludir su tutela?

Aunque el nombramiento como tutor lleva asociado el compromiso serio de su desempeño,
existe la excusa del cargo, que se puede esgrimir en los siguientes casos:

Edad, enfermedad u obligaciones profesionales o personales
No disponer de medios o recursos suficientes para ejercer correctamente la tutela
Falta de vínculos entre tutor y tutelado
Algún motivo para el que la tutela sea perjudicial
Existencia de otra persona con condiciones similares al tutor, que pueda desempeñar el cargo
y que el tutor actual esté en alguna de las situaciones arriba planteadas

¿Qué no puede hacer el tutor en nombre de la persona mayor sin autorización judicial?

Aunque el juez designe a alguien como tutor legal de una persona mayor, este deberá solicitar
autorización judicial para realizar las siguientes acciones:
Internar al tutelado en un centro de salud mental
Gravar bienes de la persona incapacitada
Renunciar a derechos o transigir en algunas cuestiones en las que el tutelado estuviese
interesado
Aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia
Derrochar dinero de forma extraordinaria en los bienes
Celebrar contratos o acciones que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de
inscripción
Contraer demandas en nombre del tutelado, salvo que sea algo urgente o de pequeña cuantía
Ceder a terceros los créditos que el tutelado disponga en su contra
Ceder bienes en alquiler por un periodo superior a seis años
Disponer gratuitamente de bienes o derechos de la persona tutelada
Dar o tomar dinero prestado

¿Se puede cesar a un tutor?

Sí. Esto se conoce como remoción del cargo y se produce cuando:
Se incurre en causa legal de inhabilidad
Se producen problemas de convivencia de carácter grave y continuo

Se realice incorrectamente el ejercicio de la tutela incumpliendo los deberes del cargo o por
ineptitud en el transcurso de su ejercicio
La solicitud de cesar a alguien como tutor puede realizarla el propio tutelado, el Ministerio
Fiscal o alguna persona cercana y será dictaminada por el juez, previa auditoría con el tutor.

¿Cuándo finaliza la tutela?

La tutela se dará por finalizada o por fallecimiento del tutelado, por existir una sentencia firme
que dé por finalizado el periodo de incapacitación o se sustituya por una curatela.

La curatela difiere de la tutela en que la persona es capaz, pero necesita un apoyo para un
correcto desempeño de las tareas diarias. Es decir, la curatela tiene un carácter asistencial.

En definitiva, debemos entender bien qué es ser tutor legal de una persona mayor puesto que
acarrea una serie de responsabilidades que se han de cumplir para garantizar al tutelado su
bienestar y protección en el día a día.

Ley de Segunda Oportunidad

Thu, 28 Sep 2023 17:36:00 GMT

La Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento legal que permite cancelar deudas a
personas físicas en situación de insolvencia. Esta ley está pensada para que particulares y
autónomos que no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago eliminen total o
parcialmente sus deudas y tengan la oportunidad de empezar de cero.

IDEAS CLAVE

La Ley de Segunda Oportunidad permite cancelar hasta el 100% de las deudas pendientes,
siempre que se cumpla con los requisitos para acogerse.

Es necesario tener deudas (aunque estén al corriente de pago) con al menos dos acreedores
diferentes: entidades financieras, proveedores, Hacienda, Seguridad Social...
Tras la reforma de 2022 de la Ley de Segunda Oportunidad se acortan los plazos (hasta un
máximo de 18 meses), se simplifica el procedimiento y se abaratan los costes.

El incumplimiento de este límite temporal de 18 meses puede llevar penalizaciones a los
intervinientes que causan el retraso (Administrador Concursal, principalmente).
Con la nueva Ley de Segunda Oportunidad es posible cancelar hasta un máximo de 10.000 € de
deuda con Hacienda y otros 10.000 € de deuda con la Seguridad Social.

Ya no es necesario intentar un acuerdo extrajudicial con los acreedores para acogerse a la Ley
de Segunda Oportunidad, siendo posible acudir a fase judicial directamente.

El solicitante podrá escoger entre sacrificar su patrimonio y cancelar todas sus deudas, o salvar
su vivienda y asumir un plan de pagos para saldar la parte de las deudas que no se cancelen.
Con la Ley de Segunda Oportunidad se paralizan los embargos y procesos de reclamación de
deudas, y una vez finalizado el proceso se consigue la salida de los ficheros de morosidad.

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a particulares y
autónomos en situación de insolvencia renegociar sus deudas o cancelarlas de forma total o
parcial. Es un procedimiento pensado para que las personas físicas, con o sin actividad
empresarial, que no puedan hacer frente a sus obligaciones de pago eliminen total o
parcialmente sus deudas y puedan empezar de cero.

El objetivo de este procedimiento es ayudar a quien se encuentra en una situación de
insolvencia o quiebra a superarla, sin que por ello se descuide los derechos de cobro de los
acreedores. El procedimientos de segunda oportunidad en España cumple una triple función,
social (regeneración de la economía ciudadana), de efectividad de cobro (transparencia y
disposición para los acreedores), y economía procesal (unificación de reclamaciones de
cantidad en un único proceso polivalente).

Hay que cumplir una serie de requisitos especificados en la ley para poder acogerse a la
segunda oportunidad, pero a cambio el deudor podrá excluir el principio de responsabilidad
patrimonial universal recogido en el artículo 1911 del Código Civil:

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y
futuros.

Artículo 1911 del Código Civil

La Ley de la Segunda Oportunidad está regulada en:

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga
financiera y otras medidas de orden social, que entró en vigor el 30 de julio de 2015.
La Ley Concursal, modificada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto
refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo,
para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Esta última reforma concursal entró en vigor el 26 de septiembre de 2022, a excepción del
libro tercero del TRLConc (LA LEY 6274/2020) sobre el nuevo procedimiento especial de
insolvencia de microempresas, y la DA 11ª , referida a los aplazamientos y fraccionamientos de
deudas tributarias por la AEAT, en vigor desde el 1 de enero de 2023.

[...]

En este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda
oportunidad. Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su
denominación: el que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o
personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a
nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá
satisfacer.

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se
producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el
circuito regular de la economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a
los acreedores ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda
oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura
empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo.

[...]

Además, muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del
deudor de buena fe, planteándose entonces el fundamento ético de que el ordenamiento
jurídico no ofrezca salidas razonables a este tipo de deudores que, por una alteración
totalmente sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no pueden cumplir los
compromisos contraídos. No puede olvidarse con ello que cualquier consideración ética a este
respecto debe cohonestarse siempre con la legítima protección que el ordenamiento jurídico
debe ofrecer a los derechos del acreedor, así como con una premisa que aparece como
difícilmente discutible: el deudor que cumple siempre debe ser de mejor condición que el que
no lo hace.

[...]

Exposición de motivos del Real Decreto-ley 25/2015

¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad es un recurso legal al que pueden acogerse las personas
físicas, tanto particulares como autónomos y empresarios, que no puedan pagar las deudas
contraídas por ser insolventes.

Es necesario tener deudas, aunque estén al corriente de pago, con al menos dos acreedores
diferentes. Los acreedores pueden ser entidades financieras, proveedores, Hacienda o
Seguridad Social, entre otros.

La segunda oportunidad aplica para las personas físicas residentes en España y también para
los deudores extranjeros (particulares o autónomos) si tienen su residencia legalizada en
España y toda su documentación en regla. También si al menos tienen en España el centro de
sus intereses principales (patrimonio, bienes, negocios, administración, financiación y
deuda…). Debe tenerse en cuenta que el procedimiento se tramitará en el Juzgado que
pertenezca por el domicilio de empadronamiento del deudor.

Para las empresas, en lugar de la Ley de Segunda Oportunidad existe el concurso de
acreedores.

¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad tiene en cuenta el historial crediticio del deudor insolvente,
ya que busca beneficiar a quien ha demostrado ser buen pagador pero atraviesa una mala
situación económica. No obstante, la reforma concursal ha modificado los requisitos a cumplir,
y en particular alguno de los preceptos que prueban que un deudor ha actuado de buena fe.

Como dicta el preámbulo de la citada Ley 16/2022, de 5 de septiembre:

[...]

Cuando el deudor insolvente es una persona física, el concurso pretende identificar a los
deudores de buena fe y ofrecerles una exoneración parcial de su pasivo insatisfecho que les
permita beneficiarse de una segunda oportunidad, evitando su paso a la economía sumergida
o a una situación de marginalidad.

[...]

Preámbulo de la Ley 16/2022

Tras la reforma concursal, los requisitos que deben probarse para acceder a la segunda
oportunidad son los siguientes:

Que el deudor sea insolvente y demuestre no tener patrimonio suficiente para hacer frente a
las deudas, sin ser válida una situación de simple sobreendeudamiento.
Que el deudor sea de buena fe para poder acceder a la exoneración, es decir, no puede haber
sido declarado persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un tercero,
calificado de culpable. Tampoco puede haber sido condenado por delitos económicos o
patrimoniales contra instituciones públicas como Hacienda o la Seguridad Social en los últimos
diez años.

Se deroga la norma que imponía al deudor haber intentado previamente un acuerdo
extrajudicial de pagos sin éxito.

Se suprime el requisito de que el deudor no haya rechazado una oferta de empleo en los
cuatro años anteriores a la declaración de concurso.

Se reduce el plazo mínimo de diez a cinco años, que debía mediar entre una solicitud de
exoneración y la exoneración anteriormente concedida al mismo deudor. Para los casos que se
obtenga una exoneración mediante plan de pagos el plazo será de dos años.

¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad?

Como se ha mencionado anteriormente, podrán solicitar la Ley de la Segunda Oportunidad
solo los deudores insolventes, y no aquellos en situación de sobreendeudamiento, que además
satisfagan el estándar de buena fe para acceder a la cancelación de todas sus deudas (salvo de
las legalmente no exonerables).

Actualmente, ya no es necesario que el deudor invierta todo su patrimonio en pagar sus
deudas, puesto que puede realizar un plan de pagos y conservar su vivienda habitual y activos
empresariales.

También se ha suprimido la exigencia de intentar un acuerdo extrajudicial de pagos previo
para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, por lo que el deudor puede solicitar este
recurso sin necesidad de perder tiempo o dinero en intentar una solución preconcursal en
cuyo éxito no confíe.

Solicitud dirigida al Juzgado de lo Mercantil

El proceso de segunda oportunidad comienza pues con la solicitud dirigida al Juzgado
Mercantil, sea el deudor autónomo o no. El contenido de la solicitud debe ser detallado y claro
sobre la situación personal del deudor, el cumplimiento de los requisitos, el tipo de insolvencia
y los ingresos disponibles.

Tramitada la solicitud con los documentos que acrediten la situación del deudor y sus
posibilidades, se inicia la fase judicial donde el deudor podrá elegir entre la exoneración con
liquidación de activo o sin liquidación pero con plan de pagos.

Ambas modalidades son intercambiables, ya que el deudor que haya obtenido una
exoneración provisional con plan de pagos puede dejarla en cualquier momento sin efecto y
solicitar la exoneración con liquidación.

Exoneración con plan de pagos

Con esta opción el deudor podrá proteger su vivienda familiar y activos empresariales, si los
hubiera, cancelando una parte de sus deudas y teniendo que hacer frente al resto de sus
deudas a través de un plan de pagos a 3 o 5 años.

Si se opta por el plan de pagos, el letrado de la Administración de Justicia trasladará la
propuesta a los acreedores personados para que, en el plazo de diez días, puedan hacer sus
alegaciones sobre la concurrencia de los presupuestos y requisitos legales.

Presentadas las alegaciones o bien pasados los diez días, el juez concederá en su caso
provisionalmente la exoneración del pasivo insatisfecho y aprobará el plan de pagos en los
términos de la propuesta o con las modificaciones que estime oportunas.

Finalmente, transcurrido el plazo acordado para el plan de pagos sin que se haya revocado la
exoneración, el Juez procederá a la concesión de la exoneración definitiva del pasivo
insatisfecho mediante un auto.

Exoneración con liquidación

Con esta opción el deudor podrá cancelar todas sus deudas pendientes (salvo las legalmente
no exonerables) a cambio de sacrificar todo su patrimonio, si lo tuviera.

Si el deudor opta por la liquidación de su patrimonio, el siguiente paso será el concurso
consecutivo, en el cual se solicitará la cancelación de las deudas que tras la reforma se
extienden a todos los créditos concursales y contra la masa.

Las medidas introducidas por la reforma concursal

Hasta ahora, la Ley de Segunda Oportunidad se basaba en el acuerdo extrajudicial de pagos y
el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) por el que el juez competente, ante
un acuerdo fallido, determinaba qué porcentaje de la deuda podía ser exonerada.

Tras la reforma concursal se ha eliminado la exigencia de intentar un acuerdo extrajudicial de
pagos y se han ampliado las deudas exonerables a las concursales y contra la masa, además de
regular dos alternativas posibles para la cancelación de las deudas: la exoneración con
liquidación de patrimonio o bien con un plan de pagos sin liquidación.

No se exige la liquidación de activos del deudor para exonerar sus deudas
Si el deudor quiere la exoneración de deudas sin liquidación previa de su patrimonio, debe
comprometerse a un plan de pagos en el que destine sus rentas e ingresos futuros durante un
plazo general de tres años a la satisfacción de sus deudas.

Así, queda exonerada la parte que finalmente no atienda y no es necesaria la liquidación previa
de todos sus bienes o derechos.

Respecto al contenido del plan de pagos, además de la posible inclusión de cesiones de bienes
en pago de deudas, el artículo 496.2 de la Ley 16/2022 indica que «podrá establecer pagos de
cuantía determinada, pagos de cuantía determinable en función de la evolución de la renta y
recursos disponibles del deudor o combinaciones de unos y otros».

La reforma fija dos limitaciones: primero, que el plan de pagos no podrá consistir en la
liquidación total del patrimonio del deudor, y segundo, que no podrá alterar la jerarquía de

cobro de créditos establecida por ley, salvo que haya expreso consentimiento de los
acreedores postergados. No se establecen más límites en cuanto a la quita a aplicar.

Las causas de impugnación del plan de pagos están recogidas en el artículo 498 bis y resultan
imperativas para el juez, puesto que si concurren no podrá conceder la exoneración al deudor.
En caso de no aprobarse el plan de pagos, no se plantea alternativa más allá del paso directo a
la liquidación ordinaria, pudiendo presentarse un recurso en contra.

El deudor puede conservar su vivienda habitual

Gracias a la reforma, el deudor podrá mantener su vivienda siempre que se elabore un plan de
pagos para satisfacer parte de la deuda no exonerable, así como cierta parte de la exonerable.
Dicho plan de pagos podrá tener una espera de hasta cinco años sin intereses.

En caso de ejecutarse la hipoteca, la Ley de Segunda Oportunidad posibilita que el deudor que
no disponga de más patrimonio vea exoneradas el 100% de las deudas pendientes una vez
entregue la vivienda.

Es posible exonerar la deuda pública hasta 20.000 euros

Se excluyen expresamente de la exoneración determinadas deudas (como las deudas por
alimentos o deudas por costas y gastos judiciales), pero en cuanto a las deudas públicas, es
posible cancelar hasta un máximo de 10.000 euros de deuda con Hacienda y otros 10.000
euros de deuda con la Seguridad Social.

Se cancelan íntegramente los primeros 5.000 y a partir de dicha cifra el 50% hasta el límite
establecido. El resto de la deuda pública se someterá a un plan de pagos como sucedía antes.

¿Cuánto dura el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad?

La duración varía significativamente en función de cada caso concreto, pero como regla
general se puede hablar desde unos pocos meses hasta el máximo de 18 meses que
actualmente fija la ley para los casos más complejos o en localidades con juzgados más
saturados.

Esto supone un acortamiento de plazos significativo, que agiliza el procedimiento y abarata los
costes.

Eso sí, debe tenerse en cuenta que estos tiempos dependen, principalmente del Juzgado y el
Administrador Concursal, por lo que su retraso podrá ser motivo de queja por parte de la
defensa jurídica del deudor, y así conseguir agilizar el procedimiento.

Además, mientras dura el procedimiento de segunda oportunidad el deudor está protegido y
no pueden seguir reclamándole sus deudas ni tampoco embargar sus bienes, dándole una
tregua al deudor hasta que se soluciona su expediente.

Reunir la documentación y presentar la solicitud del proceso de segunda oportunidad no
debería tardar más de un mes. A diferencia de lo que ocurría antes, tras la reforma no
interviene Notaría, Registro Mercantil, Cámara de Comercio ni se nombra mediador concursal,
por lo que el procedimiento de segunda oportunidad pasa directamente al Juzgado Mercantil.

El proceso judicial tardará al menos seis meses, dependiendo fundamentalmente de tres
factores: la saturación de cada juzgado, la complejidad de cada caso, y el número de bienes a
liquidar del deudor en caso de optar por esta alternativa. Si en cambio elige comprometerse a
un plan de pagos, se dictará auto en consonancia y la duración del plan será de tres años por
norma general.

Te ponemos en contacto con abogados especialistas en la Ley de la Segunda Oportunidad para
que puedas consultar gratuitamente si puedes cancelar tus deudas.

CANCELAR DEUDAS

¿Qué pasa después de la Ley de Segunda Oportunidad?

Cancelación de deudas

Lo más significativo de este mecanismo legal es que permite a las personas físicas, con o sin
actividad empresarial, cancelar la totalidad de sus deudas para superar una situación de
insolvencia grave o quiebra sin que para lograrlo tengan que liquidar todo su patrimonio.

Posibilidad de revocar la cancelación durante cinco años

Las deudas desaparecen al obtenerse la cancelación con la Ley de la Segunda Oportunidad,
pero durante tres años el juzgado podría revisar el caso si los acreedores lo solicitan.

Esto ocurre si se sospecha que el deudor no ha obrado de buena fe o ha recibido una herencia
o un premio u otros ingresos imprevistos y no lo ha comunicado, por ejemplo. Si la situación
económica cambia durante tres años, es posible revocar la exoneración de las deudas.

Salida de ficheros de morosidad

Una vez se dicta el Auto que confirma la cancelación de deudas con la segunda oportunidad, la
normativa actual recoge expresamente otra de las consecuencias clave de acogerse con éxito a
este mecanismo: la salida inmediata de ficheros de morosidad e informes de riesgos
financieros (CIRBE).

Antes se exigía a los deudores solicitar la cancelación ellos mismos de sus datos de los registros
de insolvencia y morosidad, pero a partir de septiembre de 2022 los propios juzgados exigen
de oficio a los acreedores la eliminación de los datos de ficheros como ASNEF, Equifax, RAI y
otros.

Asimismo, también serán borrados los datos del deudor de la base de datos de la CIRBE
(Central de Información de Riesgos de España), un servicio público que gestiona la información
presentada por diversas entidades desde el año 1972 y que registra los riesgos que estas
entidades poseen con sus respectivos clientes (préstamos, avales, créditos…).

Solicitud de préstamos y productos financieros

Como resultado de la cancelación de deudas y salida de los ficheros de morosos, el antes
deudor podrá volver a solicitar tarjetas bancarias, préstamos o créditos con mayor
probabilidad una vez conseguida la exoneración de las deudas, pues la segunda oportunidad
restaura su reputación de cara a solicitar dinero o comenzar una nueva actividad empresarial.

Ventajas de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad

1. Hace posible cancelar las deudas y empezar de cero
La reforma concursal ha agilizado el proceso de segunda oportunidad y ha ampliado el rango
de deudas exonerables a los créditos concursales y contra la masa, pudiendo el deudor
cancelar total o parcialmente sus deudas para volver a empezar de nuevo.

2. Suspende el pago de deudas y cuotas mensuales a todos los acreedores
Una vez puesto en marcha el mecanismo de segunda oportunidad, deja de ser exigible el pago
de las deudas contraídas con acreedores.

3. Paraliza los intereses y recargos de las deudas
La paralización inmediata del pago de las deudas supone también la paralización de los
intereses y recargos devengados. En caso de que el proceso de segunda oportunidad no tenga
éxito, no se generarán intereses ni recargos sobre la deuda ni será posible reclamar
judicialmente su pago.

4. Interrumpe los embargos y ejecuciones
Cuando hay procedimientos judiciales de reclamación de deudas en marcha, ya sea en fase de
ejecución o de embargo de bienes, deben quedar suspendidos bien solicitando el
levantamiento de embargos o bien la devolución de las cantidades embargadas si procede.

5. Permite mantener los bienes y vivienda habitual del deudor
Tras la reforma no es necesario liquidar los bienes ni la vivienda habitual si el deudor se
compromete a un plan de pagos a tres años y con reducción de las deudas.

Será el deudor quien deba elegir entre liquidar los bienes existentes y cancelar todas las
deudas, o mantener sus bienes y aprobar un plan de pagos que cubra parte de las deudas.

6. Cancelar hasta 10.000 euros de deudas con Hacienda y otros 10.000 euros con la Seguridad
Social
Con la Ley de Segunda Oportunidad, es posible conseguir una exoneración de hasta 10.000
euros de las deudas con la Agencia Tributaria, y un plan de pagos de las cantidades restantes.

También se exoneran hasta 10.000 euros las deudas con la Seguridad Social, derivadas de la
cuota de autónomos o seguros sociales, estableciéndose un plan de pagos para las cantidades
restantes.

7. Posibilita salir de los ficheros de morosos
Con la exoneración de las deudas, los ficheros de morosos y los informes de riesgos financieros
(CIRBE) deben proceder automáticamente al borrado de los datos del deudor.

Desventajas de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad

1. Existen deudas legalmente no cancelables
Hay deudas que no pueden exonerarse, por ejemplo, las deudas de salario de los trabajadores,
la pensión de alimentos de los hijos, o la deuda pública por encima de los 10.000 euros de
Hacienda y otros 10.000 euros de la Seguridad Social.

2. La Segunda Oportunidad puede revocarse
Durante tres años, el juzgado podría revisar el caso a petición de uno de los acreedores y
revocarlo si se ha actuado de mala fe, ocultando bienes o ingresos, o si hay un cambio

sustancial en la situación económica del deudor. También si en el momento de la exoneración
estaba en un proceso penal o administrativo del que recayera sentencia condenatoria.

3. Puede desembocar en la suspensión de facultades para administrar el patrimonio
En el procedimiento de segunda oportunidad, es posible que se acuerde una limitación
temporal del deudor para disponer de su patrimonio. Esto implica que no podrá hacer ningún
acto patrimonial más allá de disponer de los gastos mensuales necesarios para vivir, salvo que
se justifiquen y los autorice el juez competente.

4. El pago de las deudas de créditos privilegiados continúa
Las deudas de créditos privilegiados, como la pensión de alimentos, los préstamos con garantía
hipotecaria, parte de las deudas con administraciones públicas y los créditos contra la masa
(costes generados una vez se declara el concurso) no son exonerables.

5. Es posible que se liquiden los bienes del deudor
Aunque ya no son exigibles ni el acuerdo extrajudicial de pagos ni la liquidación del patrimonio
del deudor, este puede optar, una vez iniciado el proceso de segunda oportunidad, por la
liquidación de parte de sus bienes o derechos para cancelar sus deudas.

6. Es posible comprometerse a un plan de pagos de tres o cinco años
Si se opta por el plan de pagos para no tener que liquidar el patrimonio, el deudor deberá
comprometerse a destinar durante tres o cinco años sus rentas e ingresos futuros a la
satisfacción de sus deudas pendientes.

7. Los datos del deudor van al Registro Público Concursal
Los datos del deudor aparecerán en el Registro Público Concursal junto con el Auto del plan de
pagos o del concurso según el caso, y cualquiera podrá consultarlo. En cualquiera de sus
secciones, los datos de carácter personal del Registro Público Concursal se cancelan al mes
siguiente de que finalicen sus efectos.

Novedades de la nueva Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de la Segunda Oportunidad se ha visto modificada por la Ley 16/2022, que ha agilizado
el proceso y reducido los costes de este mecanismo de cancelación de deudas.

En resumen, estos son los ámbitos más relevantes que se han actualizado para beneficiar al
deudor:

Conseguir la exoneración de las deudas ya no depende de su tipología ni del intento previo de
un acuerdo extrajudicial de pagos. Ahora se aplica la exoneración por mérito y cualquier
deudor, sea o no autónomo, podrá exonerar todas sus deudas (salvo las legalmente no
cancelables) si cumple el estándar de buena fe.

Se prescinde de la intervención del Notario, el Registro Mercantil, la Cámara de Comercio y el
mediador concursal, lo que supone un ahorro de costes y también de plazos, fijados en una
duración máxima del proceso de segunda oportunidad de 18 meses.

Cabe la posibilidad de que el deudor conserve su vivienda habitual siempre que haga una
propuesta de pago de la deuda no exonerable, así como de cierta parte de la exonerable. Este
plan de pagos podrá tener una espera de hasta cinco años sin intereses. En caso de realizarse
la ejecución hipotecaria y no disponer del dinero necesario para saldar las deudas, se puede
exonerar la deuda restante.

Se puede exonerar parte de la deuda pública, hasta un máximo 10.000 euros con Hacienda y
otros 10.000 euros con la Seguridad Social. Si quedase deuda pendiente, se realizaría un plan
de pago con la administración correspondiente sin contabilizar las deudas nuevas que se hayan
generado.

La Ley recoge explícitamente la salida inmediata de ficheros de morosidad e informes de
riesgos financieros (CIRBE) una vez el deudor queda exonerado. Serán los juzgados los que
exijan de oficio el borrado de los datos a los acreedores que los incluyeron en los registros de
insolvencia y morosidad.

Ley de Segunda Oportunidad: Tu Salvavidas Financiero

Sun, 17 Sep 2023 16:24:00 GMT

La Ley de Segunda Oportunidad (LSO), Ley 25/2015, es una herramienta legal diseñada para
ayudar a los autónomos a salir de la insolvencia y comenzar de nuevo. Esta ley proporciona un
marco legal que permite a los autónomos y particulares liberarse de sus deudas y obtener un
alivio financiero. Ahora, profundicemos en los detalles de esta ley y cómo puede beneficiarte.

La LSO es un recurso diseñado para brindar ayuda a quienes enfrentan deudas insostenibles y
carecen de los activos necesarios para afrontarlas. Uno de los requisitos fundamentales para
beneficiarse de esta ley es la declaración de insolvencia.

Para acogerse a la LSO, es esencial cumplir con ciertos criterios. En primer lugar, debes ser un
deudor de buena fe y haber liquidado dos o más obligaciones con dos o más acreedores en un
período de 90 días. La suma total de estas deudas canceladas debe alcanzar al menos la mitad
del total adeudado, sin exceder los 5 millones de euros.

Además, es necesario que enfrentes una o más demandas de ejecución o cobro judicial en tu
contra. Asimismo, no debes haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos
relacionados con el patrimonio, Hacienda, Seguridad Social, trabajadores o falsedad
documental.

En resumen, si te encuentras en una situación en la que tienes deudas impagables con uno o
varios acreedores debido a que tus pasivos superan tus activos y careces de liquidez, puedes
ser considerado insolvente.

Es importante destacar que tanto personas físicas como jurídicas en España tienen la
posibilidad de declararse insolventes, siempre que presenten la documentación requerida que
demuestre la imposibilidad de cubrir todas sus deudas.

Sin embargo, es relevante tener en cuenta que esta declaración conlleva consecuencias
negativas, ya que cedes el control sobre tus bienes y patrimonio a un administrador concursal,
quien tomará decisiones con el fin de saldar las deudas pendientes.

Dejar testamento no solo es recomendable para ti, independientemente de tu edad, sino útil para tus herederos

Sun, 17 Sep 2023 16:18:00 GMT

Vamos a desmontar algunos de los falsos mitos ya que es mucho más fácil, y barato, de lo que
piensas.

1. El precio: ¿es caro otorgar testamento?
El factor precio es uno de los primeros que nos invitan a pensar que otorgar testamento puede
esperar. Pero, ¿es realmente caro hacer un testamento?

Puede que te sorprenda pero el precio no es alto e incluso puede ser gratuito.

Según el Consejo General de Notariado, los aranceles notariales oscilan entre los 38 y los 50
euros. Si contiene mucha información o un patrimonio muy extenso puede subir algo más.

En cualquier caso, el precio no sirve de excusa, y además se tiene la seguridad de que se va a
cumplir el deseo del fallecido ya que su testamento quedará guardado en el Registro de Actos
de Últimas Voluntades.

Pero aún hay otro factor más, en lo económico, a favor de hacer testamento. Porque hay
varios tipos de testamentos, y si bien es verdad que los que se hacen ante notario confieren
más seguridad, existen otras opciones.

Es el caso del testamento ológrafo, el redactado y firmado de puño y letra por el testador, de
forma secreta, y sin que medie notario.

De esta forma una persona puede dejar por escrito quienes quiere que sean sus herederos,
siempre respetando la regla de los tercios (legítima, mejora y libre disposición) establecida por
Ley, y conservar ese documento en su poder.

La contra que tiene este tipo de texto es que es más fácil de impugnar en caso de que alguna
parte implicada no esté de acuerdo, ya que al ser un testamento que no pasa por notaría
existen más opciones de que sea falsificado.

También puede ocurrir que el difunto tuviera uno de estos testamentos y, si no lo sabe nadie,
nunca salga a la luz; por ello en caso de otorgar testamento ológrafo es recomendable
informar de su existencia a alguna persona de confianza.

2. El tabú de la muerte
Sí, es cierto, no nos gusta hablar de la muerte. Generalmente es un tema tabú, y ninguna
persona que goce de salud o juventud piensa en quien heredará sus bienes una vez fallecido,
más allá de reflexiones personales esporádicas o alguna conversación trascendente con
personas de confianza.

Pero el hecho de no hablar sobre la muerte no significa que esta desaparezca. Por ello, cuando
abordamos el tema del testamento, todas estas supersticiones deben quedar a un lado y tan
solo centrarnos en lo útil que puede ser este documento para llevar paz a tus seres queridos, o
para cumplir gracias a tu patrimonio algún objetivo que pudieras tener en vida -por ejemplo,
hacer una gran donación a alguna causa de tu interés, o ayudar a una persona concreta fuera
de la línea sucesoria establecida por Ley-.

3. El testamento, ¿para toda la vida?
Otro de los errores frecuentes cuando hablamos de hacer testamento es el relacionado con su
duración. ¿Piensas que no se pueden cambiar tus últimas voluntades?

Por supuesto que se puede, por lo que podrás adaptar tu testamento a lo que en cada
momento de tu vida estimes oportuno.

Es importante dejar claro que el testamento otorgado puede ser revocado en cualquier
momento, y que una persona puede hacer testamento las veces que quiera. El último
sustituirá al anterior, que queda sin validez. De esta forma el testador puede sentirse libre de
expresar sus intenciones tenga la edad que tenga, ya que cuando él lo decida, podrá rectificar.

Además, no hay que olvidar que prácticamente cualquier persona está capacitada para emitir
su propio testamento.

La Ley impone únicamente dos excepciones:

Menores de 14 años.
Personas que no se hallen en su cabal juicio, de forma accidental o habitual (por ejemplo, el
dictado durante una enajenación mental).
Por lo tanto, ya sea a través de un notario o mediante testamento ológrafo, vas a poder
cambiar las últimas voluntades siempre que lo estimes oportuno. Si optas por la opción
gratuita y privada, no olvides apuntar siempre la fecha en el documento, y destruir los textos
más antiguos para evitar posibles confusiones futuras.

4. Hacer un testamento es muy complejo
Este es otro de los grandes mitos que sobrevuelan sobre los testamentos. Pensamos que
tenemos que hacer una lista con nuestros bienes, derechos y obligaciones, y que tenemos que
asignar cada uno de nuestros objetos a cada persona concreta. Nada más lejos de la realidad.

En las últimas voluntades lo que se detallan son porcentajes. Por lo tanto, no tendrás que
pensar en todo lo que tienes ni en quién quieres que lo reciba, sino solo cuánto porcentaje de
tu patrimonio quieres dejar a cada persona u organización que consideres.

Hay una pequeña excepción en la que sí tendrías que hacer ese detalle. Dentro de un
testamento puedes (es opcional y nunca obligatorio) dejar un legado para alguien en concreto.

Se entiende mejor con un ejemplo:

Imagina que en tus cuentas bancarias acumulas 100.000 euros, y tus bienes inmuebles están
tasadas en 200.000 más. Además, tienes objetos valiosos como joyas y vehículos, por otros
100.000 euros.

En tu testamento solo tendrías que indicar qué porcentaje quieres que se lleve cada cual, pero
puedes indicar que cierta joya (o todas ellas), vayan a un heredero concreto, con nombre y
apellidos. Ese sería tu legado. Y tienes que tener en cuenta que cumpla con la regla de los
tercios.

5. Solo para personas con mucho patrimonio
¿Has escuchado alguna vez que el testamento es algo reservado para los 'ricos' y ajeno a todos los demás? Falso.

La cantidad de patrimonio no guarda relación con la necesidad ni la conveniencia de realizar
esta declaración de últimas voluntades, ya que incluso para una pequeña cantidad de dinero el
hecho de tener por escrito las intenciones y el reparto genera tranquilidad y ahuyentará
problemas en el futuro.

Obviamente, es innegable que cuando hay grandes fortunas es más probable que existan
disputas por ser heredero. Pero no es necesario llegar a ese punto. Casos prácticos sobran y es
probable que tú, que estás leyendo esto, conozcas de algún familiar o amistad a los que la
herencia haya dividido. Y es que, aunque resulte paradójico, el ser heredero en ocasiones
puede resultar contraproducente, y no en términos económicos, sino como consecuencia de
las disputas familiares abiertas por conseguir una propiedad o algo de dinero.

Con un testamento de por medio, las disputas serán menos para tranquilidad de los
herederos.

5 mitos erróneos en derecho sucesorio

Sun, 17 Sep 2023 16:08:00 GMT

Existen diversos mitos arraigados en el común de la población y también en los abogados,
referentes al derecho sucesorio, muchos de los cuales surgieron por fallos aislados o
simplemente sin una razón aparente.

Mito #1 : La jurisdicción es igual que la competencia local
En la práctica cotidiana, suele confundirse la jurisdicción en materia sucesoria con la
competencia local. Como sabemos, en materia de sucesiones, el último domicilio real del
causante determina la jurisdicción. La jurisdicción implica, entre muchas otras cuestiones
legales, el nacimiento del fuero de atracción.

Al mencionar jurisdicción, no se está refiriendo al departamento judicial o circunscripción
judicial correspondiente, sino a los jueces competentes de la provincia donde se encuentra
ubicado el último domicilio del causante.

Por ello, la famosa prórroga de jurisdicción mencionada en los códigos procesales locales tiene
eficacia únicamente dentro del ámbito de la provincia respectiva. No se puede hacer uso de
esta facultad cuando se pretende tramitar un proceso sucesorio en otra provincia distinta a
aquella donde el causante tuvo su último domicilio real.

En cuanto a la jurisdicción local, que en realidad se refiere a la competencia, puede ser
prorrogada en la mayoría de las jurisdicciones, pero únicamente dentro de la misma provincia,
ya que se trata de cuestiones patrimoniales. Nunca puede ser prorrogada a favor de una
provincia distinta a aquella donde se encuentra el último domicilio real del causante.

El cambio de jurisdicción provincial de un expediente sucesorio solo puede realizarse en la
medida en que exista conexión y razones de celeridad que ordenen la acumulación de los
mismos por el correspondiente juez competente al último domicilio real del causante.

Mito #2: Las cesiones de derechos y acciones hereditarias pueden ser revocadas
Todavía existe cierto mito acciones referentes a que las cesiones de derechos y acciones hereditarias
pueden ser revocadas por los continuadores del cedente. Sin embargo, esto es falso. Las
cesiones de derechos y acciones hereditarias no pueden ser revocadas, excepto en aquellos
casos donde dichas cesiones se otorguen a título gratuito (en tal caso, se aplican las reglas de
las donaciones al respecto), se pacte la revocabilidad en cesiones de carácter oneroso por
determinadas circunstancias, o se trate de una especie de legado.

La figura de las cesiones de derechos y acciones hereditarias se encuentra estudiada en mi
obra “Cesión de derechos hereditarios”, donde se pueden profundizar los conocimientos sobre
este instituto tan relevante del derecho sucesorio, incluyendo los sujetos, el objeto, las formas,
las cesiones. parciales y otras cuestiones relacionadas. Además, dicha obra contiene modelos
prácticos de cesiones particulares, contratos preliminares y ofertas de cesiones.

No obstante, se pueden aplicar las causas comunes a todos los actos jurídicos, como la nulidad
de la escritura por alguna de las causales previstas legalmente en el ordenamiento civil y
comercial, la ineficacia, la afectación de la legítima, etc. nos encontramos
ante un supuesto de revocación.

Mito #3: No existen formas simples para tramitar sucesiones
En la práctica, en innumerables ocasiones se han intentado sancionar leyes que teóricamente
tenían como objetivo simplificar el trámite sucesorio de carácter judicial. Más allá de las
disquisiciones al respecto, lo cierto es que la legislación actual ya prevé desde hace tiempo
procesos más simples para poder llevar a cabo los trámites sin excesiva burocracia, siempre y cuando
no haya controversias (los procesos administrativos propuestos en los proyectos de ley).
tampoco pueden aplicarse a sucesiones controvertidas).

Procesalmente, se admite en diversas jurisdicciones locales las denominadas sucesiones
extrajudiciales, donde el juez del sucesorio interviene únicamente al final de todos los pasos,
con el fin de dictar la declaratoria, aprobar el testamento, los acuerdos de partición si los
hubiere, honorarios regulares y ordenar las inscripciones, todo en un solo paso. Esto reduce en
gran medida la carga de tener que esperar los pasos procesales y los tiempos judiciales para la
aprobación de los diversos trámites pertinentes.

Mito #4 : No puede administrarse la sucesión por terceros o mediante poderes de
administración.
Existe la creencia de que la administración de la sucesión no puede ser realizada por terceros o
mediante poderes de administración. Sin embargo, lo cierto es que la comunidad indivisa de
bienes relictos puede ser administrada por terceros a quienes los coparticipes, o parte de ellos,
les otorguen un poder de administración sobre la misma.

Es cierto que existen normas de fondo que determinan un orden de prelación en la
designación de administradores en la comunidad. Sin embargo, esto no impide que, en caso de
conflictos entre las coparticipes, estos decidan solicitar al juez o acordar de manera conjunta la
designación de un tercero como administrador de la herencia, o incluso otorgar poderes para
la administración.

Recomiendo la lectura de mi obra “Administración (judicial y extrajudicial) de la sucesión” para
obtener un conocimiento profundo sobre esta figura, incluyendo las clases de administración,
los poderes que pueden ser otorgados, los contratos y las facultades de los administradores,
entre otros . aspectos. Además, se proporcionan modelos de escritos judiciales y extrajudiciales
relacionados con esta parte de los procesos sucesorios.

Mito #5: No es posible realizar una partición parcial de la comunidad hereditaria.
Es común creer que la comunidad indivisa hereditaria debe ser dividida en su totalidad, pero
esto es falso. La partición de una herencia puede llevarse a cabo de forma parcial, no solo
sobre un único bien, sino sobre varios, aunque no se realice sobre la totalidad de la herencia.

La partición parcial de una herencia a menudo facilita la venta de bienes para el pago de cargas
o deudas de la sucesión, y agiliza los trámites relacionados con el resto de los bienes.

Es importante tener en cuenta que las particiones parciales siempre deben respetar las
proporciones hereditarias y estar adecuadamente compensadas para evitar violar las
proporciones respectivas y, en consecuencia, la legítima.

¿Desahuciar? Primero demuestra que no eres gran tenedor

Mon, 04 Sep 2023 15:26:00 GMT

La disposición final 5ª de la manida nueva ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la
vivienda ha modificado el artículo 439 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
(LEC), al efecto de introducir nuevos requisitos de admisibilidad aplicable a las demandas de
desahucio.

A partir del 26 de mayo pasado, los tribunales sólo podrán admitir las demandas que
especifiquen, si el inmueble es la vivienda habitual del ocupante y si el arrendador ha de ser
calificado como gran tenedor o no.

Ocupándonos solo de las demandas en las que el arrendador declare no tener la condición de
gran tenedor puesto que si el arrendador tiene dicha condición, los requisitos de admisibilidad
se complican mucho más, si cabe y puesto que casi con seguridad, las demandas de pequeños
propietarios, suponen más del 90% de los desahucios que tramitan nuestros juzgados, la Ley
establece, un nuevo requisito, la necesidad de acreditar la condición que el actor no es gran
tenedor mediante una certificación registral en el que consten la relación de propiedades a
nombre de la éste.

Mas allá de entrar a valorar si la petición que formula el aparado b) del art. 439.6 de la Ley
Tributaria contraviene la inexigibilidad de la denominada probatio diabólica, dada la dificultad,
generalmente apreciable, de acreditar hechos negativos, lo cierto es que no existe hoy día un
documento registral que permita certificar los inmuebles de uso residencial porque han de
excluirse garajes y trasteros de un propietario.

Con el fin de suplir esta imposibilidad, y a los efectos de acreditar la situación patrimonial de
los arrendadores a los que venimos representando en los tribunales, el único documento que
hasta la fecha se asemeja a lo requerido por la Ley, es la consulta de localización de
titularidades registrales inmobiliarias que se puede solicitar a través de la web del Registro
Mercantil Central.

El único inconveniente es que dicho documento carece del valor de una certificación por lo
que, a la fecha de hoy, y dado el retraso que la admisión de las demandas lleva tras las
sucesivas huelgas, no podemos corroborar si será lo esperado por nuestros Letrados de la
Administración de Justicia.

La pregunta que nos hacemos los juristas es: ¿Cómo una norma de este calado puede exigir
que el propio perjudicado/propietario, no solo tenga que acreditar su condición de no ser un
gran tenedor, sino además tenga que hacerlo mediante un documento que, al día de la fecha y
verificado con los registros públicos, no existe?

La respuesta es clara, el legislador trata de limitar y poner trabas a la interposición de
demandas de desahucio, otorgando argumentos, de dudosa legalidad, a los inquilinos que no
cumplen con sus obligaciones y por ende, desincentivando un mercado del alquiler que cada
vez se encarece más, por las trabas legales que sufren los propietarios.

No cabe despedir al trabajador por el uso personal del ordenador de empresa si antes no se ha prohibido

Mon, 04 Sep 2023 15:17:00 GMT

La empresa despidió a la demandante al detectar un uso indebido del ordenador, con acceso a
páginas de Internet ajenas al trabajo y durante intervalos de tiempo muy prolongados

Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictaminado que no cabe despedir al
trabajador por el uso personal del ordenador de la empresa si antes no se ha prohibido.

Así lo ha sentenciado la Sala de lo Social en una resolución en la que estima íntegramente el
recurso de suplicación de una trabajadora y revoca la del Juzgado de lo Social número 5 de
Santa Cruz de Tenerife que en julio de 2022 había declarado procedente el despido llevado a
cabo por « una Sociedad Limitada» en noviembre de 2020.

Es improcedente, concluyen los magistrados en la sentencia número 347/2023, de 21 de abril.

El TSJ ha condenado a la empresa a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta
resolución y sin esperar a su firmeza, opte entre indemnizar a la demandante con 2.104,74
euros, teniéndose por extinguida la relación laboral a la fecha del despido sin abono de salarios
de tramitación; o bien por la readmisión.

En caso de readmitirla, que abone una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de
percibir, a razón de 42,52 euros diarios, desde la fecha de despido hasta la notificación de esta
sentencia o hasta que la demandante hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera
anterior y se probase por la parte demandada lo percibido, para su descuento de los salarios
de tramitación.

«Se trata de lograr un equilibrio razonable entre el interés del empleador a proteger los
activos de su organización y los derechos de los trabajadores a conocer el alcance de los usos
permitidos y prohibidos, y sobre todo al respeto de sus derechos fundamentales cuando el
empleador debe acceder a esos activos usados por el trabajador en el marco de una relación
laboral, para acreditar algún incumplimiento por parte del empleado».

LOS HECHOS PROBADOS

La demandante trabajaba como ordenanza para la mercantil….( empresa) la cual explota un
salón de juegos. Tenía contrato indefinido desde junio de 2019.

El 18 de noviembre de 2020 se le notificó su despido, con efectos desde ese mismo día, por la
comisión de una falta de carácter muy grave conforme al artículo 54.2d) del Estatuto de los
Trabajadores, en base a unos hechos constatados el 9 de octubre.

La empresa imputó a la trabajadora transgresión de la buena fe contractual “consistente en
haber accedido en varios días de los meses de septiembre y octubre de 2020, y durante varias
horas, a páginas de Internet usando el ordenador del salón de juegos, de manera reiterada y
sin autorización (durante varios de los días recogidos en la carta de despido la demandante
estuvo conectada unas cuatro horas)”.

La afectada no estaba conforme con el despido, al considerar que los hechos eran “inciertos,
injustificados e insuficientes”, que la carta de despido describía los hechos de manera
genérica, que ninguno de los hechos justificaría el despido, y que los mismos estarían
prescritos.

En noviembre de 2020 presentó una demanda contra la empresa.

Una primera sentencia, que declaró procedente el despido, fue anulada por no haber resuelto
la impugnación de la prueba que se decía obtenida con vulneración de la intimidad.

El Juzgado acordó diligencias finales, requiriendo a la empresa para que aportara el protocolo
de uso y control del ordenador, requerimiento que no fue atendido.

Tras ello, la juez volvió a dictar sentencia declarando procedente el despido, considerando
válido el registro del ordenador porque el mismo era accesible por cualquier persona, no
estaba protegido por contraseña o similar y la propia demandante no planteó nada sobre
nulidad de la prueba en su demanda, pese a que debía saber cómo accedió la empresa a la
información contenida en el ordenador.

Por ello, consideró probado que la demandante dedicaba la mayor parte del tiempo de trabajo
a otras cosas ajenas al trabajo, y que eso es incumplimiento muy grave que justifica el despido.

LA NORMATIVA APLICABLE

Toda la materia de uso de los equipos informáticos puestos a disposición del trabajador, en
qué términos se pueden emplear para fines no relacionados con el trabajo, y en qué
condiciones puede el empleador controlar el uso de tales equipos informáticos, se recoge en el
artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores.

Y reconoce el derecho “a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su
disposición por el empleador’ en los términos establecidos en la legislación vigente en materia
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”.

Este precepto remite, a su vez, al artículo 87 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

LA ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL

El TSJ de Canarias aclara en su sentencia en respuesta a lo dictaminado por el Juzgado que en
los términos en los que está redactado el artículo 87 de la Ley Orgánica de Protección de
Datos, resulta intrascendente que el equipo informático sea para uso exclusivo de una persona
trabajadora o compartido entre varias, o que su acceso a la totalidad de su contenido, o de
una parte del mismo, esté regido o no por el uso de contraseñas.

Destaca que lo relevante es que se trate de un dispositivo digital puesto a disposición de los
trabajadores por el empleador, y siendo así, para que el empleador pueda acceder a su
contenido, incluyendo los meros datos de navegación, a los fines previstos en el apartado 2 de
ese artículo 87, es necesario que, previamente, ese empleador haya establecido y comunicado
a sus trabajadores criterios de utilización de los dispositivos digitales, en los cuales se habrá de
especificar, por un lado, si se permite o no el uso para fines estrictamente particulares, y en
caso afirmativo, en qué términos (para qué usos privados, en qué periodos de tiempo, etc),

Y por otro lado, las garantías para preservar la intimidad de los trabajadores (como los casos o
periodicidad en los que se pueden hacer revisiones, el tipo de revisión que puede hacerse,
etc).

Explica que “si no existen criterios de utilización del ordenador oportunamente comunicados al
trabajador, difícilmente puede la empresa pretender que el uso privativo ha sido prohibido y
que el trabajador ha incurrido en infracción laboral por hacer ese tipo de uso”.

En cualquier caso, manifiesta que “no sería legítimo llevar a cabo un registro del equipo digital
para comprobar en qué forma ha sido usado por los trabajadores, con posible afectación del
derecho a la intimidad de la persona trabajadora, si no existe un protocolo de uso en los
términos previstos en el artículo 87.3”.

En este caso, la empresa demandada “no ha acreditado, pese a que fue requerida para ello,
que cuente con un protocolo de uso del ordenador en el que se restrinja su uso para fines
particulares, y en el que se advierta a los trabajadores de la posibilidad de revisar los archivos
informáticos de todo tipo que se puedan encontrar en el disco duro del ordenador”.

El alto tribunal de Canarias dictamina que “no habiendo tal protocolo de uso, ni la utilización
del ordenador para fines particulares por la demandante constituiría, por sí solo,
quebrantamiento de la buena fe contractual, ni, en cualquier caso, podía la empresa hacer un
registro del disco duro del ordenador para comprobar si la demandante había empleado el
ordenador para fines ajenos al trabajo, y durante cuánto tiempo”.

Ante ello, concluye que “no se pueden considerar acreditados los hechos imputados a la
demandante en la carta de despido desde el momento en que la comprobación de tales
hechos se hizo por medio de un volcado y examen de los datos de navegación del ordenador,
sin tener la empresa demandada un previo protocolo de utilización del equipo oportunamente
comunicado a la demandante”-

Pero incluso de estimarse ciertos los hechos descritos en la carta de despido, el TSJ señala que
“al no existir tampoco una previa prohibición expresa de uso del ordenador para fines
privados, la empresa no puede pretender que la demandante ha incurrido en una grave
transgresión de la buena fe contractual por haber llevado a cabo este tipo de uso”.

Siguiendo el principio general del derecho que establece que lo que no está prohibido está
permitido.

Es ilegal instalar cámaras de videovigilancia que enfoquen a la vía pública, pero hay excepciones

Tue, 18 Jul 2023 15:20:00 GMT

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pone un sinfín de multas a comunidades
de propietarios o empresas por instalar cámaras de videovigilancia que enfocan a la vía
pública. Llevar a cabo esta práctica infringe el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD).

Y es que, según el artículo 4.1 del RGPD, la imagen física de una persona es un dato personal y
su protección es objeto de dicho reglamento.

“La Instrucción 1/2006 ofrece la posibilidad de instalar cámaras para la protección y custodia
de los espacios privados en los que quizás la necesidad de grabar accesos a portales o garajes
se haga imprescindible o sea imposible evitar la captación de la vía pública”, como cajeros o
ministerios.

No obstante, “si existe la posibilidad de una instalación alternativa en la que no se capte la vía
pública no se podrá aplicar esta excepción. Además, estas cámaras deberán ser instaladas por
empresas de seguridad debidamente habilitadas”

EN ESPACIOS PÚBLICOS, SON VÁLIDAS LAS INSTALADAS POR LA POLICÍA

Y en lo que se refiere a espacios públicos, “la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que
se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares
públicos atribuye la competencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para instalar y usar
videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerrados, y su
posterior tratamiento”.

El objetivo de esta instalación es, en palabras de Andrés Robles, contribuir a asegurar la
convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y
espacios públicos para prevenir delitos, faltas o infracciones.

Ante esto, la AEPD añade que, «en todo caso, deberá evitarse cualquier tratamiento de datos
innecesario para la finalidad perseguida».

LAS COMUNIDADES DE VECINOS ESTÁN FUERA DE ESTAS EXCEPCIONES

Como se ha comentado, la AEPD sanciona económicamente estos hechos. Por ejemplo, hace
apenas dos meses un vecino tuvo que pagar una multa de 300 euros por instalar una cámara
que captaba imágenes de las zonas comunes de la urbanización. Además, tuvieron que
insistirle hasta en cuatro ocasiones para que la retirase.

En febrero, el Hotel Villa Soro situado en San Sebastián tuvo que abonar 1.000 euros por dos
cámaras situadas en una valla que enfocaban a la vía pública.

Colocar dos cámaras de vigilancia en un hotel con visión a la calle vulnera el RGPD
Colocar cámaras de vigilancia en un hotel con visión a la calle vulnera el Reglamento General
de Protección de Datos
Y hace escasos días, el propietario de una finca tuvo que pagar 300 euros por instalar una
cámara en un mástil que enfocaba a su vecino.

En 2021 hubo 147 sanciones por la instalación de cámaras enfocando a la vía pública

Según datos recogidos de la memoria anual de la AEPD, en el año 2021 se presentaron ante la
Agencia 1.736 denuncias relacionadas con el uso de videocámaras, de las cuales 147 se
convirtieron en procedimientos sancionadores, lo que supone el 25% de todos los
procedimientos sancionadores de 2021.

EL MOTIVO PRINCIPAL, EL DESCONOCIMIENTO

Aunque parezca difícil de creer, los principales motivos por los cuales instalan las cámaras «son
la necesidad de vigilar por protección determinados accesos y el desconocimiento de la
normativa, sin que el ciudadano medio pueda discernir cuales son los límites en la instalación
de estas cámaras y en el tratamiento de las imágenes».

Por ello, ha explicado que se deberían hacer formaciones en materia de protección de datos al
ciudadano de a pie para que conozca la normativa.

«Los administradores de fincas, que normalmente gestionan las comunidades de vecinos,
deberían ser los principales responsables en asesorar en esta materia a las comunidades de
vecinos».

Además, «no vendría nada mal alguna campaña por parte de los poderes públicos sobre la
importancia de preservar la intimidad de los demás, algo que cada vez se vulnera más debido a
la gran cantidad de dispositivos capaces de captar imágenes y subirlas a cualquier red social en
cuestión de segundos»

La madre que acepta una donación en nombre de su hijo para ocultar bienes del padre a Hacienda es responsable solidaria

Tue, 18 Jul 2023 15:14:00 GMT

Aunque en el momento de la operación no se hubiese declarado al progenitor responsable de
las deudas tributarias

El progenitor de un menor es responsable ante Hacienda si acepta una donación a su hijo que
vacía el patrimonio de la empresa familiar para esquivar las deudas tributarias del otro
progenitor, aunque en el momento de esta operación este último no hubiese sido declarado
responsable de las deudas tributarias de su sociedad, según establece el Tribunal Económico
Administrativo Central (TEAC), en una resolución de 19 de mayo, de 2023.

La Sala considera que, además, la donación de la cantidad correspondiente para el pago del
Impuesto sobre Donaciones pone de manifiesto la intención de impedir la acción de cobro de
la Administración Tributaria. No obstante, este criterio aún no ha sido reiterado, por lo que no
constituye doctrina vinculante.

La madre deberá responder con su patrimonio personal. La decisión parte de la sentencia del
TS de 25 de marzo de 2021, que prohíbe derivar la responsabilidad tributaria a un menor de
edad, mientras que las sentencias de 11 de marzo y de 12 de mayo relativas a actos de
ocultación anteriores al devengo de las deudas tributarias del obligado principal, determinan
que la Administración tributaria debe acreditar que el responsable ha actuado de forma
intencionada con la finalidad de impedir la actuación administrativa.

La doctrina del TEAC, en resolución de 16 de septiembre de 2021 establece que la presunción
del artículo 643 del Código Civil no puede ser desvirtuada en ningún caso, ya que siempre y en
todo caso, la donación que deje al donante sin bienes suficientes para hacer frente a su deuda
tributaria, constituye ocultación por parte del deudor.

Mientras que la sentencia de 12 de mayo de 2021 del TS concluye que la derivación de
responsabilidad por el artículo 42.2 a) de la Ley General Tributaria (LGT) pueda alcanzar a
deudas que se devenguen con posterioridad al acto de ocultación o transmisión de los bienes
del obligado principal, ahora bien, siempre que “resulte acreditado por la Administración
tributaria que ha existido unidad de propósito fraudulento, un diseño previo, una actuación
única”.

El artículo 42.2 de la LGT, que tiene su antecedente en el artículo 131.5 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, configura una responsabilidad del pago de las deudas
tributarias que tiene como fin el proteger la acción de cobro, que la doctrina ha perfilado como
de naturaleza indemnizatoria, con base en el artículo 1902 del Código Civil, es decir el resarcir
a la Hacienda Pública en la cuantía que se corresponda con la acción ilegítima del responsable,
que causa un daño mediando culpa o negligencia.

Dejar a un menor encerrado en un coche puede estar castigado con hasta 4 años de cárcel por imprudencia grave

Tue, 18 Jul 2023 15:08:00 GMT

Este fin de semana pasado , un niño de 3 años ha fallecido en O Porriño, un municipio de
Pontevedra, tras pasar varias horas olvidado en el interior de un vehículo en un día de sol a
temperaturas muy altas. Al parecer, la madre se despistó y se dirigió a su puesto de trabajo sin
dejar al niño en la guardería.

Sin embargo, este descuido trae consecuencias legales. el Código Penal, en su artículo 142.1
castiga con una pena de prisión de uno a cuatro años a quien, por imprudencia grave, cause la
muerte de otro.

Asimismo, “en el apartado segundo del mismo precepto se castiga la conducta de aquel que
causare la muerte de otro como consecuencia de imprudencia menos grave, en este caso con
la pena de multa de tres a dieciocho meses”.

Aunque eso sí, las consecuencias legales no serían las mismas para unos padres que han tenido
un descuido que para otros que han dejado a sus hijos en el coche para irse de fiesta, ha
manifestado.

“En el primer supuesto nos encontraremos ante una situación imprudente, mientras que en el
segundo, el escenario es el de una situación buscada de forma consciente, consentida por los
progenitores y cuyo desenlace se plantea como una posibilidad más que cierta por parte de los
padres”.

Por otro lado, las consecuencias pueden variar si la persona que se ha olvidado al menor en el
coche son sus padres, tíos, primos o amigos. Y es que “se puede aplicar la circunstancia mixta
de parentesco recogida en el artículo 23 del Código Penal al ser susceptible de atenuar o
agravar la responsabilidad según la naturaleza y los efectos del delito”.

Los parientes a los que se refiere el artículo 23 son cónyuges o persona que esté o haya estado
ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, así como ascendientes,
descendientes o hermanos (por naturaleza o adopción).

En el caso de que los niños sean rescatados a tiempo y no hayan fallecido, los progenitores
podrían ser autores de un delito de lesiones imprudentes que se encuentra tipificado en el
artículo 152 del Código Penal relacionado con el artículo 147 en adelante.

“Igualmente se podría establecer que la acción es constitutiva de un delito de abandono
temporal de un menor, previsto y tipificado por el artículo 230 del Código Penal que se castiga
con las penas inferiores en grados a las que prevé el artículo 229 del Código Penal para el
abandono de mayor duración”, ha destacado.

¿PUEDEN INTERVENIR LOS SERVICIOS SOCIALES SI TIENEN OTRO MENOR Y NO HA SIDO UN DESCUIDO?

En este supuesto, lo primero que ocurrirá es que se incoará un procedimiento penal ante el
Juzgado de Instrucción competente y, en el curso de esas diligencias previas, “el propio juez
instructor puede dictar una medida cautelar que consista en la suspensión de la patria
potestad a los progenitores respecto del otro menor.

“Asimismo, se dirigirá oficio a los Servicios de Protección del menor de la Comunidad
Autónoma y del Ayuntamiento correspondientes a fin de que pueda iniciarse expediente por si
un familiar del entorno del menor pudiera ser designado guardador o, en su defecto, declarar
el desamparo si fuera preciso”.

REALIZAR TAREAS AUTOMÁTICAS DÍA A DÍA PROVOCAN ESTOS DESCUIDOS

Delia Rodríguez ha relatado que los psicólogos que atendieron a la familia en el incidente de
Pontevedra consideraron que el suceso no consistió en que la madre se olvidase al niño en el
sentido estricto, sino que la realización de las diversas tareas automáticas que llevaba a cabo
en su día a día le hicieron pensar que lo había dejado en la guardería antes de ir a su lugar de
trabajo.

Y es que hay varios estudios científicos que analizan el córtex cerebral de las personas que
hablan de la memoria rutinaria, es decir, de las tareas que se llevan a cabo cada día de forma
reiterativa como pueden ser asearse, desayunar, vestir a los niños o dejarles en la guardería.

Los expertos aconsejan, para evitar estas tragedias, instalar un espejo retrovisor adicional en el
interior para percatarnos en todo momento de que el menor se encuentra en el asiento
trasero.

Otro “truco” es, por ejemplo, depositar las pertenencias del adulto en el asiento trasero, ya
sea un bolso, una cartera o un maletín de forma que, al ir a cogerlas, sea inevitable confirmar
la presencia del niño en su dispositivo de retención.

Prohibición llamadas Spam a partir 29 Junio 2023

Tue, 04 Jul 2023 14:41:00 GMT

La Ley General de Telecomunicaciones, publicada en el BOE mediante la Ley 11/2022, de 28 de
junio, introduce nuevas medidas en lo que se refiere a las llamadas comerciales no deseadas,
ampliamente conocidas como llamadas spam, que suponen una molestia para la gran mayoría
de los usuarios.

En concreto, el artículo 66 de la mencionada ley versa sobre el derecho a la protección de
datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los
datos de tráfico y de localización y con las guías de abonados.

Es en este punto donde se regula el derecho de los usuarios a "no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de comunicación comercial sin haber prestado su consentimiento previo para ello", así como a "no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo".

Esto quiere decir que quedan prohibidas las comunicaciones comerciales a través de
telecomunicaciones sin la previa autorización por parte del usuario.

Para sumar más detalles sobre esta nueva normativa, fuentes oficiales han informado a EFE la
prohibición de las llamadas spam se aplicará si el usuario que recibe las llamadas tiene una
numeración fija o móvil asignada en España.

Consecuencias de las llamadas "spam"

La normativa, que entra en vigor este mismo jueves 29 de junio de 2023, recoge que la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) podrá iniciar un expediente sancionador contra la
empresa que realice a partir de ahora este tipo de llamadas, independientemente del lugar
donde se ubique.

Por ejemplo, una empresa que ofrece productos y servicios en España y que efectúa una
llamada desde un centro de llamadas que se ubique en el extranjero también podrá ser
investigada por la AEPD.

Excepción a la norma

Como todas las normas, la ley recoge una excepción a la prohibición por parte de las empresas
de realizar llamadas sin consentimiento previo de los usuarios.

Esta excepción se aplicaría en los casos de que la llamada fuera necesaria para proteger
intereses vitales, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, entre
otros.

Condenada una empresa por aprovecharse de la situación irregular de una profesora extranjera

Tue, 20 Jun 2023 15:17:00 GMT

La trabajadora tenía autorización de residencia, pero no permiso de trabajo. La empresa se
comprometió a regularizar su situación, pero no lo hizo en los 6 meses que estuvo trabajando

El Juzgado de lo Social Nº5 de Málaga, en una reciente sentencia, ha fallado a favor de una
ciudadana extranjera que carecía de permiso de trabajo y trabajó de forma irregular como
profesora en una escuela de idiomas durante seis meses. El juez declara la nulidad de su
despido y condena a la academia a abonar una indemnización por vulneración del derecho a la
garantía de la indemnidad, al constar que el despido se produjo tras las quejas incesantes de la
trabajadora por la promesa de la empresa de regularizar su situación administrativa.

El fallo es novedoso "abre la vía para que aquellos trabajadores que estén en situación
irregular luchen por el reconocimiento de sus derechos y peleen por hacer justicia social, al
declararse el pago de todos los salarios de tramitación desde el despido al ser imposible la
readmisión de la trabajadora por carecer de permiso de trabajo conforme al art. 110. B) LRJS".

Hechos

Según recoge el fallo, el asunto se trataba de una ciudadana extranjera de nacionalidad china
que prestaba servicios como profesora adjunta en una academia. La trabajadora comenzó la
relación laboral sin contrato laboral, al carecer de permiso de trabajo, una circunstancia que
conocía perfectamente la empresa y que, aun así, no dudó en contratarla durante la
temporada estival.

Tras las insistencias de la trabajadora por tener un contrato, tres meses posteriores la empresa
le remitió un contrato temporal, cursando su alta en seguridad social, a pesar de que no había
sido autorizado por la Oficina de Extranjería el permiso de trabajo.

Vulneración principio de garantía

El despacho de abogados analizó el caso y pudo comprobar que la trabajadora había efectuado
varias reclamaciones internas que podrían dejar entrever que se estaba vulnerando el principio
a la garantía de indemnidad de la trabajadora (art. 24 CE). Para la justicia, queda claro que el
despido fue una represalia tras las insistentes reclamaciones, para evitarse un problema
posterior con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Se analizó toda la documentación entregada por la trabajadora, siendo relevante para la
resolución del caso que la trabajadora había grabado la discusión mantenida el día de su

despido, lo que pudo evidenciar tanto la antigüedad que llevaba trabajando como que había
sido despedida por insistir en regularizar su situación administrativa.

Por ello su defensa letrada exigió declaración de nulidad del despido acumulado a la acción de
vulneración de derechos fundamentales y el reconocimiento de la relación laboral.

Conducta abusiva

La empresa compareció al acto del juicio, manifestando la sorpresa por la reclamación
efectuada, al entender que la trabajadora había dimitido voluntariamente por manifestarle al
gestor “ya no trabajaremos más hasta que se arregle el permiso de trabajo”.

En el acto del juicio, el Ministerio Fiscal coincidió con la versión de que la manifestación de la
trabajadora no era una intención concluyente que revelara el elemento intencional decisivo de
romper la relación laboral. Así razonó la Magistrada de la Sala entendiendo que “se debe de
aceptar la retracción del actor porque con ello ningún perjuicio se le causa al patrono, y la
negativa de este adquiere viso de conducta abusiva (art. 7.2 C.c) y con mayor motivo
cuando.—como en el presente caso.—la declaración de voluntad extintiva se hizo en un
incuestionado contexto de estrés laboral y ansiedad, que si bien no llega a viciar el
consentimiento y a considerarlo nulo (art. 1.265 C.c.) no lo es menos que hace se emita en
desfavorables circunstancias, que aquel principio.—la buena fe.—obliga a tener presentes”. De
esta manera, al haber acudido a aclarar su situación y entender el contexto de esa
manifestación para la Sala, la carga de la prueba quedaba invertida a la empresa, considerando
la Magistrada que la intención de la actora no era desvincularse del contrato, sino obtener el
permiso de trabajo prometido por la empresa durante su relación laboral.

Por lo tanto, en caso de impugnarse el despido por un trabajador que carece de permiso de
trabajo la condena judicial no debe sólo limitarse al pago de la indemnización o la facultad de
optar por la readmisión por parte del empresario, ya que al ser imposible, de declararse la
nulidad por existir indicios sólidos de vulneración de derechos fundamentales la nulidad ha de
implicar el abono de todos los salarios de tramitación desde el despido hasta la fecha de la
sentencia, al ser imposible la readmisión para el ciudadano que carece de permiso de trabajo y
todo ello junto con el abono de una indemnización adicional por vulneración del derecho a la
garantía de la indemnidad de la trabajadora en la suma de 7.501 €.

Una juez ordena la devolución de 3.750 euros de una plusvalía municipal tras la sentencia del Constitucional

Tue, 20 Jun 2023 15:07:00 GMT

El fallo señala que cuando se impugnó la liquidación ésta no era todavía firme

Una juez de Sevilla ha ordenado la devolución de 3.750,44 euros que pagó una sevillana en
concepto de plusvalía municipal, tras haber presentado un recurso contencioso-administrativo
tras la histórica sentencia del Tribunal Constitucional dictada en octubre de 2021.

La sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Sevilla, a la que ha
tenido acceso este periódico, ha estimado el recurso de una sevillana que recurrió la
liquidación provisional efectuada por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU).

La liquidación del impuesto se produjo el 13 de octubre de 2021 y el recurso se presentó el día
29, tan sólo tres días después de que el Tribunal Constitucional dictara la sentencia que
declaró inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la ley de Haciendas Locales que
establecen un método objetivo para calcular la base imponible del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya
existido un aumento en su valor, con independencia de que haya sido así y de la cuantía real
de dicho incremento.

En su recurso, la ciudadana alegaba precisamente esa sentencia del Tribunal de Garantías y
señalaba que cuando fue impugnada la liquidación del impuesto la misma "no era firme", por
lo que entendía que era de aplicación el fallo del Constitucional.

En la sentencia, la juez reconoce que del expediente se acredita que el recurso de reposición
fue planteado el 29 de octubre de 2021 contra la liquidación del impuesto que le fue notificada
el día 13 de octubre de ese mismo año, por lo que "ha de entenderse que se procedió a
formular el recurso de reposición en tiempo y forma y conforme a lo dispuesto en el artículo
14.2 del texto refundido de la ley de Haciendas Locales, por lo que ha de estimarse que la
liquidación practicada a la fecha de la sentencia del TC no era firme".

La sentencia del TC del 26 de octubre de 2021 establecía que no podían considerarse
susceptibles de ser revisadas aquellas liquidaciones devengadas por el impuesto de plusvalía
municipal que, a la fecha de dictarse dicha sentencia, "hayan sido decididas definitivamente
mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme". Y
añadía que a estos efectos tendrán también la consideración de situaciones consolidadas "las
liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse
esta sentencia" y las "autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex artículo
120.3 LGT a dicha fecha". Y la sentencia tardó unos días hasta que se publicó en el Boletín

Oficial del Estado (BOE), algo que no se produjo hasta el 25 de noviembre de 2021, por lo que
hasta esa fecha no se considera firme y por tanto cabía la posibilidad de admitir los recursos
presentados hasta ese día.

La magistrada explica en la sentnecia que "aún cuando la cuestión pueda ser dudosa dado lo indicado en dicha sentencia y más concretamente" cuando se refiere a las liquidaciones que no hayan sido impugndadas a la fecha de dictarse la sentencia, "no puede obviarse que nos
encontramos ante una liquidación que no era firme y que a la fecha de la sentencia no había
transcurrido el plazo previsto legalmente para formular el recurso de reposición".

Esta interpretación, concluye la juez, es "más acorde a objeto de las situaciones consolidadas y
además teniendo en cuenta lo que se viene a establecer en relación a las autoliquidaciones",
por lo cual estima el recurso contencioso-administrativo, anula la liquidación y ordena la
devolución de los 3.750,44 euros "más los intereses de demora".

Los puntos clave de la nueva ley de la vivienda

Thu, 01 Jun 2023 15:15:00 GMT

1.-Tope a los precios del alquiler. Estos topes ya existían: entraron en vigor de forma
provisional en marzo del año pasado para la renovación de contratos de arrendamiento, como
parte del paquete de medidas anticrisis puesto en marcha tras el estallido del conflicto en
Ucrania.

Lo que hace esta ley es convertir en permanentes estos topes, pero con
modificaciones al límite actual del 2%. Durante todo este año, se mantendrá en el 2%, pero en
2024 será del 3%. A partir de 2025 regirá un nuevo índice, diseñado por el Instituto Nacional
de Estadística, con lo que se sustituirá de manera definitiva la referencia que solía aparecer en
la renovación de los contratos de alquiler, que era el IPC.

De esta forma, el Gobierno trata de evitar que las renovaciones del alquiler no dependan
de un índice que el año pasado mostró una gran volatilidad: cerró 2022 en un 8,4%, su
dato más alto en décadas.

2- Zonas tensionadas. Aquellas donde los costes necesarios para hacer frente a la compra o
alquiler de una vivienda son muy altos, por lo que se establecen medidas excepcionales para
controlar el precio. Por ejemplo, zonas importantes de grandes capitales españolas, en ellas
los topes no solo aplicarán a la renovación de contratos, sino también a los nuevos acuerdos.

3- Grandes tenedores. Aquellos propietarios con diez o más viviendas, o con cinco en caso de
que estas se encuentren en zonas tensionadas. Es una denominación importante, puesto que
para los grandes tenedores hay mayores exigencias que para los pequeños, como el hecho de
que los primeros estarán obligados a haber iniciado un procedimiento de intermediación con
el inquilino para poder desahuciarlo, en caso de que este sea vulnerable.

4- Otras medidas. Entre los otras actuaciones que introduce la ley destacan potenciar las
actuaciones en materia de vivienda social o modificar los beneficios fiscales para los
arrendadores.

La principal crítica que el sector inmobiliario ha puesto sobre la mesa frente a esta ley es que
va a mermar la oferta de pisos en alquiler disponibles, presionando aún más si cabe los
precios alza. De esta forma, la norma podría tener el efecto contrario al que aspira, que es
limitar y controlar los precios para facilitar el acceso a un piso de alquiler.

Responsabilidad del Banco por las cantidades defraudadas mediante transferencias realizadas con el sistema de pago bizum

Wed, 24 May 2023 15:53:00 GMT

Falta de prueba de la recepción por el cliente de los mensajes enviados por el Banco a su
teléfono móvil con la clave de seguridad que debía introducir para autorizar las operaciones.

El Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Pamplona, en su sentencia 172/2023, de 3 de abril,
declara la responsabilidad de la entidad bancaria demandada por la incorrecta ejecución de
operaciones de cargo no autorizadas realizadas mediante bizum, lo que supone un
incumplimiento del contrato de cuenta corriente suscrito con el demandante.

Señala la sentencia que, de conformidad con la normativa sectorial aplicable, existe
responsabilidad bancaria por los defectos de seguridad del sistema que determina la ejecución
de órdenes de pago no autorizadas por su cliente, con la única excepción de que el Banco
acredite la culpa o negligencia de la víctima.

Por tanto, es obligación esencial de las entidades prestadoras del servicio de banca online
dotarse de medidas suficientes que garanticen al usuario la seguridad de las operaciones por lo
que, en el supuesto de insuficiencia o mal funcionamiento de las adoptadas, deben ser las
entidades bancarias las que asuman las consecuencias derivadas de los fallos de seguridad del
sistema.

En el presente supuesto, si bien el Banco demandado aporta un listado de los SMS enviados al
teléfono móvil del titular de la cuenta con la clave de seguridad necesaria para realizar las
operaciones, no acredita la recepción por el cliente de dichos mensajes. En todo caso, incluso
si se hubiese probado la recepción de los mensajes en el teléfono móvil, no se habría
acreditado su validación o introducción por el cliente, teniendo la carga de probar este hecho
la parte demandada por cuanto es la entidad bancaria la que se entiende que posee los
documentos y registros necesarios para ello.

Por otro lado, solo 9 de los 25 SMS enviados se refieren a los días en que se realizaron las
operaciones enjuiciadas, y de esos 9 solo 7 contienen claves de seguridad y son por cantidades
diferentes a los bizums enviados.

En definitiva, la realización de operaciones de bizum no autorizadas suponen un deficiente
funcionamiento de la normativa sobre seguridad en el pago, debiendo declararse la

responsabilidad del Banco por la cantidad defraudada, que debe abonar a su cliente con los
intereses legales desde la fecha de cargo.

El Supremo rechaza que un padre desherede a su hija porque no consigue probar que haya existido maltrato

Tue, 09 May 2023 15:11:00 GMT

El tribunal no ve indicios de que la falta de relación de la desheredada con su padre causase un
daño físico o psíquico.

Un padre no puede desheredar a su hija por falta de relación sin pruebas suficientes. Así lo ha
dictado el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, donde los magistrados no ven
probado que haya una causa entre la falta de relación de la hija con su padre y el posible daño
que esta ausencia le pudiese causar. En definitiva, para el tribunal no encaja con la figura de
maltrato de obra que prevé el art 853 del Código Civil.

Serán también justas causas para desheredar a los hijos y descendientes, además de las
señaladas en el artículo 756 con los números 2, 3, 5 y 6, las siguientes:

1.ª Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda.

2.ª Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.

art 853 cc. El artículo 853 del Código Civil español hace referencia a la desheredación de los
hijos y descendientes.

Art 756 cc…. Artículo 756 del Código Civil

Código Civil

Son incapaces de suceder por causa de indignidad:

2.º El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad
moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cónyuge, la persona a
la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o
ascendientes.

Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra
los derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la persona agraviada.

También el privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del ejercicio de la
tutela o acogimiento familiar de un menor o del ejercicio de la curatela de una persona con
discapacidad por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo.

3.º El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena grave, si es
condenado por denuncia falsa.

5.º El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a
cambiarlo.

6.º El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese
hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior.

art 756 cc

En el asunto del que hablamos hoy , el recurso se plantea en un procedimiento iniciado por
demanda interpuesta por la hija desheredada por su padre.

Según los hechos, la hija demandó a su padre al intentar desheredarla alegando falta de
relación y maltrato de obra. Tanto el juzgado como el TSJ rechazaron darle la razón, pero el
Tribunal Supremo estima su recurso de casación y declara que el padre no tiene razones
suficientes para excluir a su hija de su derecho a la legítima.

Ausencia de causa

El Alto Tribunal declara que la falta de relación entre el padre y la hija no es suficiente para
afirmar la existencia de un maltrato psicológico. Tampoco de un abandono injustificado. Ni
uno ni lo otros son probado ante la justicia.

El tribunal expone, para excluir a la hija del derecho a la legítima, el “el testador debe expresar
alguna de las causas que de manera tasada ha fijado el legislador en los arts. 852 y ss. CC y al
legitimario le basta negar su veracidad para que se desplace la carga de la prueba al heredero
(art. 850 CC)”.

Así, los magistrados concluyen que no resultado probado que el distanciamiento y la falta de
relación fueran imputables a la legitimaria demandante y que, además, hayan causado un
menoscabo físico o psíquico al testador con entidad como para poder reconducirlos a la causa
legal del “maltrato de obra” prevista en el art. 853.2.ª CC.

El TS concluye: “… la aplicación del sistema vigente no permite configurar por vía interpretativa
una nueva causa autónoma de desheredación basada exclusivamente, sin más requisitos, en la
indiferencia y en la falta de relación familiar, puesto que el legislador no la contempla. Lo
contrario, en la práctica, equivaldría a dejar en manos del testador la exigibilidad de la
legítima, privando de ella a los legitimarios con los que hubiera perdido la relación con
independencia del origen y los motivos de esa situación y de la influencia que la misma hubiera
provocado en la salud física o psicológica del causante”.

Las cuestiones que ha resuelto la Justicia sobre el teletrabajo

Tue, 09 May 2023 15:06:00 GMT

La pandemia normalizó en muchas empresas el trabajo a distancia o teletrabajo, utilizando
medios telemáticos o informáticos para trabajar con normalidad desde casa, como si
estuviéramos en la oficina. Desde entonces han surgido muchas dudas, derivadas de
situaciones diversas, que han debido de ser respondidas por los tribunales.

Cuando comenzó la pandemia del Covid-19 solo una ínfima parte de los trabajadores,
normalmente en circunstancias especiales y con acuerdos individuales con la empresa, podían
trabajar desde casa. Con el confinamiento, buena parte de los empleados estuvo más de un
año trabajando exclusivamente desde sus domicilios, y pasada la crisis, se ha instaurado el
régimen híbrido como algo normal.

Hasta entonces, dejando a salvo lo indicado en el artículo 13 del ET sobre la modalidad del
trabajo a distancia, no existía una ley específica que regulara esta forma de prestar servicios,
por lo que fue necesario aprobar una norma que contemplara esta nueva forma de trabajar: la
Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.

Trabajo a distancia y teletrabajo no es exactamente lo mismo. El primero, según se define en el
artículo 2 de la Ley 10/2021, es una forma de organización del trabajo o de realización de la
actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o
en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular; el
teletrabajo sería una subespecie de trabajo a distancia, que se lleva a cabo usando
exclusivamente o de forma prevalente medios informáticos, telemáticos y de
telecomunicación.

Esta nueva ley vino a regular los derechos y obligaciones que existen para trabajador y
empresario en esta modalidad de trabajo.

Los tribunales han venido a dar respuesta a numerosas preguntas que se nos plantean sobre
esta nueva forma de trabajar: ¿Qué ocurre si tengo un accidente en casa durante la jornada
laboral? ¿Qué ocurre con las dietas y pluses que venía percibiendo cuando me trasladaba al
centro de trabajo?¿Puede la empresa negarse sistemáticamente a conceder el teletrabajo a un
empleado? Éstas son algunas de las incógnitas que se han planteado, y estas las respuestas
que han dado los tribunales:

Plus por transporte

El Plus de transporte obviamente viene a compensar al trabajador de los gastos de
desplazamiento a la empresa para prestar servicios. Si el trabajador ya no se mueve para ir al

trabajo, lógicamente el plus deja de tener sentido. Así lo entendió la Audiencia Nacional en
una sentencia dictada el 30 de abril de 2021, luego confirmada por el Tribunal Supremo el 1 de
junio de 2022. El Alto tribunal entendió que el plus de transporte tiene carácter extrasalarial,
por lo que no puede abonarse a los empleados que no prestan servicio en el centro de trabajo
de la empresa y que no tienen que desplazarse a ella.

También la Audiencia Nacional, en esta sentencia dictada el 30 de junio de 2021 negó la
posibilidad de abonar plus transporte a los trabajadores de call center que realizaban el
trabajo en su domicilio. En este caso se trataba de empleados que realizaban tareas en turno
de noche. La Sala indica que este plus no retribuye la penosidad de trabajar a esas horas, y
aunque en los contratos individuales firmados no se excluía el plus durante el trabajo a
distancia, lo cierto es que contenían referencias genéricas al convenio y a la ley.

Igualmente el mismo tribunal, en otra sentencia de 13 de septiembre de 2021 consideró que
no existía modificación sustancial de las condiciones laborales cuando, durante la pandemia, se
envió a los trabajadores a casa y se les dejó de abonar el plus transporte. Insiste en que crece
de sentido mantener su abono cuando desaparece la condición que lo justifica.

Compensación por comidas

En esta sentencia (Audiencia Nacional, Sala de lo Social, Sentencia 196/2021 ) se planteó por
los sindicatos demanda de conflicto colectivo, al considerar que se había producido una
modificación sustancial de las condiciones laborales cuando a los trabajadores presenciales
que pasaron a teletrabajar se les suprimió la compensación de comida por jornada partida. El
tribunal niega que exista tal modificación sustancial y desestima la demanda. Señala que
obviamente esa compensación estaba pensada cuando el trabajo es presencial, pues el
empresario podía dar dinero o facilitar un comedor en el centro de trabajo. Añade que antes
de la pandemia tampoco se pagaban las comidas a los que trabajaban de forma excepcional, y
que no existe discriminación entre unos y otros pues las situaciones no son las mismas.

Gastos de uso de herramientas y equipos propios para teletrabajar

Otra de las cuestiones que se han suscitado es si la empresa debe abonar una cantidad, como
derecho una compensación por los gastos derivados de la utilización de los equipos,
herramientas y medios particulares, además de un derecho a la sustitución de los equipos,
medios o instrumentos propios por dotaciones titularidad de la empresa. La Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional, en sentencia de 4 de junio de 2021 dió la respuesta: los trabajadores
pueden reclamar individualmente, pero no cabe reconocer un derecho a una compensación de
gastos genéricos. Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción social de acuerdo con lo que
dispongan los acuerdos de trabajo a distancia y con los términos establecidos, en su caso, en el
acuerdo individual, convenio o acuerdo colectivo de aplicación.

Despido disciplinario por ausencias (en este caso desconexión)

Cuando hay que acudir a la oficina, las faltas de asistencia injustificadas o la falta de
puntualidad pueden ser causa de despido disciplinario, y así lo señala el Estatuto de los
Trabajadores. ¿Y qué ocurre cuando se trabaja desde casa? Pues en este caso se deberán tener
en cuenta las desconexiones sin justificar. Y así lo entendió el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en una sentencia dictada el pasado 24 de enero de 2022. La Sala confirma el despido al
haberse acreditado "amplios" periodos de inactividad que no estaban justificados que no
podían tratarse de pausas durante la jornada. Es decir, no se trató de una desconexión
puntual.

A la misma conclusión llegó el TSJ de Madrid en esta sentencia dictada el 16 de diciembre de
2021. Se trataba de un trabajador que estuvo desconectado durante 20 días de los sistemas
informáticos de la empresa. Señala que esto es equivalente a faltas de asistencia al trabajo y
por lo tanto es sancionable con el despido. Es un fraude en la realización del teletrabajo.

Accidentes ocurridos en casa durante la jornada

Una de las incógnitas que surgieron a raíz de implantarse el teletrabajo, es si cualquier
accidente que sufren los trabajadores cuando cumplen su función puede calificarse o no de
accidente laboral, y la casuística es enorme.

Un ejemplo sería el caso resuelto por el Juzgado de lo Social de Cáceres, de 26 de octubre de
2022, que consideró como accidente laboral el tropiezo de una trabajadora que, durante su
horario laboral en casa, va al baño, tropieza y se cae. Según el juzgado, se daban todos los
requisitos para su apreciación (lesión, trabajo y relación entre ambos). La defensa alega que no
estaba en su lugar de trabajo, esto es, sentada delante del ordenador, pero es innegable se
trata de una necesidad fisiológica que no puede eludirse y que esta misma situación, en un
centro de trabajo corriente, no daría lugar a dudas.

También el TSJ de Madrid, en sentencia de 11 de noviembre de 2022 conoció de otro caso: un
accidente sufrido por el empleado en el horario de trabajo, en la cocina de su casa al caérsele
una botella de agua, sufriendo lesiones en su mano izquierda. Según el tribunal, que consideró
la situación de IT derivada de accidente de trabajo, no puede considerarse exclusivamente
como lugar de trabajo el constituido, básicamente, por una mesa, una silla y un ordenador en
su domicilio particular, no es pues un compartimiento estanco y aislado de todo lo que le
rodea como se nos quiere hacer ver.

¿Está obligada la empresa a conceder el teletrabajo en todo caso?

La justicia se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta cuestión, sobre si en aras de
la conciliación o de otros condicionamientos, debe acceder a la solicitud del trabajador de
prestar servicios en su casa durante varios días a la semana, o incluso la semana entera.

Así por ejemplo, el Juzgado de lo Social 31 de Madrid, en esta sentencia de 20 de diciembre de
2021, considero que no podía exigirse a la empresa la concesión del teletrabajo a una
empleada en aras del principio de conciliación, que lo había solicitado para toda la semana,
cuando la empresa tenía un acuerdo que concedía como máximo 3 días semanales. Se había
trasladado a vivir a otra localidad porque su pareja ha encontrado trabajo como piloto en otra
compañía, pero no se aprecian circunstancias extraordinarias y urgentes para conceder todos
los días de teletrabajo, máxime cuando no tiene hijos. Por el contrario, se ha probado que la
productividad era inferior cuando estaba en su casa.

Por contra, en esta sentencia del TSJ de Madrid, de 9 de febrero de 2022, se consideró
vulnerado el derecho a la igualdad a una trabajadora a la que se le negó sistemáticamente el
teletrabajo cuando el 95% de la plantilla se encontraba teletrabajando en la misma campaña
de contact center en la que estaba adscrita ella. La empleada necesita conciliar porque es
madre de un menor con un grado de discapacidad del 37% y ni siquiera le fue ofrecida la
posibilidad de adscripción temporal por circunstancias COVID.

En esta otra, dictada por el TSJ Galicia de 5 de febrero de 2021 también se confirma el derecho
de una trabajadora al trabajo a distancia. La empleada, directora de una residencia geriátrica,
lo había solicitado por el 60% de la jornada y el 40% restante de la jornada completa, mediante
asistencia al centro de trabajo dos días a la semana durante 8 horas hasta que su hijo menor
tuviera 12 años. La Sala consideró que era la empresa quien debía probar de forma clara e
indubitada la causa que permite excepcionar la concreción horaria consecuencia de la
flexibilización propuesta por el trabajador. Añade que no impide el trabajo a distancia el
puesto de la trabajadora, que puede utilizar los medios telemáticos a su disposición en el
despacho como directora, usándolos desde su casa, y haciendo el mismo trabajo que hace en
su despacho.

Acuerdos de teletrabajo declarados nulos por la Justicia

En algunas ocasiones las cláusulas de los acuerdos firmados por la empresa son denunciadas
por los trabajadores, por ser contrarias a la Ley del Trabajo a Distancia. Un ejemplo sería el
conocido por la Audiencia Nacional, en sentencia de 10 de noviembre de 2022. La cláusula en
cuestión permitía compensar o sustituir los días que se acude al trabajo presencial a
requerimiento del empresario, cuando se debió teletrabajar. La Sala entiende que se trataba
de una modificación unilateral del porcentaje de presencialidad previamente pactado.
También la cláusula que establecía que el teletrabajo no originaba ningún gasto al trabajador
se consideró nula. La empresa está obligada imperativamente a asumir dichos gastos, sin que
ello comporte que el trabajador tenga derecho a una compensación genérica, por lo que se
debe acreditar y contabilizar los gastos producidos para así poder reclamarlos a la empleadora.

También la Audiencia Nacional (sentencia 22 marzo 2022) anuló determinadas cláusulas del
contrato tipo de trabajo a distancia ofertado por el empresario a quienes desean teletrabajar
por considerarse contrarias a la LTD y LOPD. No es admisible el establecimiento de una
cláusula general de previa renuncia a derechos para el caso en que el empresario ejerciera la
reversibilidad. Tampoco se podía incluir en el contrato una autorización previa, genérica e
incondicional, que le faculte a la entrada en el domicilio del trabajador.

Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo

Trasladar a otro centro de trabajo a un trabajador, auxiliar administrativo, que podía prestar
sus servicios desde cualquier sitio en la modalidad de teletrabajo, fue considerado como
modificación sustancial por el TSJ Galicia, en sentencia de 8 de junio de 2021. Con las nuevas
tecnologías, las tareas propias de esta profesión (elaborar facturas, recibos, cartas, archivar,
recibir y editar mails) se pueden realizar en cualquier oficina o domicilio. Por tanto, el
desplazamiento a otra oficina de otra localidad no está justificado máxime en una empresa
donde ya existe un protocolo de teletrabajo.

Jornada de trabajo

En el caso de averías o incidencias cuando el trabajador a distancia no puede prestar el servicio
(causas no imputables al trabajador), dicho tiempo debe considerarse tiempo efectivo de
trabajo, por lo que una cláusula que establezca lo contrario puede resultar nula, tal y como
consideró la Audiencia Nacional en esta sentencia de 12 de septiembre de 2022.

En esta otra también de la Audiencia Nacional se indicó que las desconexiones que impidan la
prestación, tales como cortes en el suministro de luz o internet, producidos dentro de la
jornada prestada en teletrabajo y que impidan la prestación computan el tiempo que dure
aquél como tiempo efectivo de trabajo, sin que deban recuperar ese tiempo ni sufrir
descuento alguno en sus retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de la empresa
suministradora del servicio de que se trate sobre la existencia y duración de la incidencia.
También las pausas para uso del lavabo.

Un paseo legal por las ferias

Mon, 24 Apr 2023 14:47:00 GMT

Comienza la primavera y, con ella, llegan las ferias de muchas ciudades y pueblos españoles.
Dependiendo del lugar y las tradiciones, en algunas fiestas se podrán encontrar casetas,
atracciones, venta ambulante de comida, entre otras más opciones. Te explicamos algunas
curiosidades legales que se pueden dar durante estas celebraciones.

¿Puedo poner una caseta sin pedir permiso?

En el caso concreto de las casetas de feria no se puede poner una sin ningún tipo de permiso.
Cada ayuntamiento a finales de año, publica entre los meses de noviembre y diciembre las
ordenanzas que regulan la instalación de las casetas, barracas, caseta de espectáculos,
atracciones, etc., todas ellas instaladas en terrenos habitualmente de uso público, lo que se
suele conocer como el Real de la Feria o el recinto ferial.

Estas Ordenanzas regulan las condiciones de las instalaciones de las casetas, la adjudicación de
los terrenos, las normas que van a regular espectáculos, circulación, carruaje con animales,
control de ruidos, seguridad, y también las sanciones en el caso de cometer alguna infracción.

Dentro del recinto se distinguen dos zonas que por seguridad suelen estar separadas, uno es la
zona de casetas y la otra una zona de atracciones.

Las casetas pueden ser privadas o públicas, pero en ambos casos, suelen tener unas medidas
que vienen determinadas en la ordenanza. Además, por la ocupación e instalación de ellas se
debe pagar unas tasas al ayuntamiento de la localidad.

Por tanto, si la intención es montar una caseta de feria, deberás esperar a la Ordenanza y
presentar tú solicitud adecuándote a la normativa existente en cada municipio.

¿Puedo entrar en todas las casetas?

Muchas son las personas que se preguntan cuándo llega una feria, como la “Feria de abril” en
Sevilla, si pueden acceder a cualquier caseta que haya en el Real. En principio, sólo se podrá
entrar en aquellas casetas que son públicas o comerciales que suelen ser de entrada libre. Sin
embargo, en las casetas particulares, bien de asociaciones, colegios profesionales, entidades
financieras, empresariales, etc., la entrada queda reservada sólo para los asociados o
invitados. Es decir, te pueden restringir el acceso, si no eres socio o invitado.

¿Qué ocurre si tienes una caída en el recinto?

Si ocurriese una caída, la responsabilidad variará dependiendo del lugar donde haya sucedido.
Es decir, la responsabilidad inicial será del ayuntamiento salvo que hubiese sido dentro de
alguna caseta privada, en cuyo caso será esta quien responda por los daños.

En cualquier caso, debes saber que en caso de accidente debido a deficiencias en las
instalaciones puedes interponer la reclamación correspondiente dentro del plazo de 1 año
desde el momento del accidente, o la estabilización de las lesiones.

Es muy importante aportar cuantas pruebas se dispongan para acreditar lo que se reclama:
fotografías, informes médicos, actas policiales, testimonios de testigos etc. Para que esa
reclamación y posterior indemnización prosperen por la responsabilidad del accidente hay que
tener en cuenta que es necesario que se produzca un daño o lesión, y que estos sean
evaluables económicamente.

La reclamación se hará por la vía de la responsabilidad patrimonial de la administración si se
produce en una caseta pública, o bien por la vía civil si se tratara de una caseta privada, siendo
conveniente en este último caso no acudir directamente al Juzgado sino hacer una reclamación
extrajudicial previa fehaciente, (burofax) por si se pudiera llegar a un acuerdo de
indemnización sin necesidad de tener que emprender acciones judiciales.

¿A quién reclamar si se sufre una intoxicación alimentaria?

En el recinto de las casetas se puede disfrutar de bebida y comida hoy en día. Se contratan
catering que sirven en las instalaciones, y todos ellos, deben estar regulados por la normativa
sanitaria.

En caso de sufrir una intoxicación, los responsables del establecimiento, ya sea el
ayuntamiento o particulares, deben responder frente a los consumidores si éstos ingirieren un
alimento en mal estado. No obstante, cuando se trate de un alimento en envase cerrado en
adecuadas condiciones de conservación, la responsabilidad corresponde al fabricante o al
elaborador del producto.

En consecuencia, si has sufrido una intoxicación por haber ingerido una comida en mal estado,
puedes reclamar, siempre que acredites mediante el correspondiente informe médico la

intoxicación y el origen de esta. Para ello, hay que dirigirse al establecimiento,
cumplimentando la correspondiente hoja de reclamaciones o presentando un escrito enviado
de forma fehaciente. Se podrá denunciar además ante el Organismo competente en materia
de Sanidad y exigir, en casos graves, responsabilidades civiles ante los Tribunales de Justicia.

Riñas en casetas, el rebujito de pleitos de la Feria de Abril

Mon, 24 Apr 2023 14:40:00 GMT

Rebujito, manzanilla y traje de gitana. Tras el parón por la pandemia, Sevilla vive su feria de
abril más esperada en años.

Pero, más allá del taconeo y la celebración, no es raro que surjan entre los socios de las
archiconocidas casetas roces y problemas, choques que pueden tomar derroteros legales y
acabar en los despachos de los abogados, y en los casos más extremos, incluso en tribunales.

Sin ir más lejos, en 2019, el Tribunal Supremo se vio obligado a intervenir en el conflicto entre
los socios de una caseta familiar de la feria sevillana. Los magistrados reconocieron, contra la
voluntad de los titulares administrativos, la condición de pleno derecho de cuatro socios que
habían pagado año tras año las cuotas y habían participado en las actividades de la sociedad.

En la feria de Sevilla cada caseta privada “es un mundo aparte”, con sus propias reglas y su
forma de hacer las cosas. Contar con unos estatutos facilita la convivencia; sin embargo, no
todos los recintos cuentan con normas escritas. “Hay casetas que tienen normas de
reglamento interno y otras que no, que se basan en la costumbre o en la decisión de sus
socios”, explica el abogado.

Titulares

Para entrar en estos círculos, lo normal es que los socios paguen una cuota, dinero destinado a
costear gastos como la licencia, la decoración del recinto o el sueldo de los empleados. Cada
caseta cuenta con su propia jerarquía: hay invitados, socios de temporada, socios oficiales y
socios ‘sin papeles’.

Los titulares administrativos son aquellos que, oficialmente, son propietarios de la licencia del
recinto y se relacionan con el ayuntamiento para la burocracia.

Un conflicto común surge cuando el titular quiere expulsar a un socio con el que surge algún
roce, en su creencia de que es el dueño y señor de la caseta.

Craso error, ya que ser titular de la licencia no te permite expulsar a un socio antipático. En
situaciones así, “si efectivamente esta persona es capaz de demostrar esa participación en la
caseta durante un tiempo prolongado, con los mismos derechos y obligaciones de un socio,

puede que le sea reconocida esa condición de socio, aunque se le haya venido denominando o
se haya utilizado otra nomenclatura”. La Audiencia Provincial de Sevilla así lo ha recordado en
varias sentencias.

En otro pleito, que llevamos, un juez tuvo que dirimir la controversia entre el único titular de
una caseta contra unos miembros que reclamaban la condición de titulares en igualdad de
condiciones que el fundador. “Pudimos demostrar que la caseta surgió porque el cliente la
solicitó para sí y permitió a otros ser socios participar, pero dejando claro que sólo habría un
único titular administrativo”. Por ello el juez dio la razón al fundador y dejó claro que ser socio
no otorga un derecho a ser “ser titular de la licencia”.

Roces con la Administración

Corroboramos, a su vez, que las casetas en la Feria de Abril de Sevilla son “fuente de
conflictos” especialmente en dos ámbitos. Por un lado, por los roces entre socios, ya que las
casetas funcionan “como pequeñas empresas”, donde los juzgados y tribunales han analizado
con lupa “quién ostenta la condición de socio a falta de norma de regulación interna o
estatuto”. Otro punto de conflicto, añade, es delimitar “cuáles son los derechos, obligaciones y
limitaciones que implican esta condición [la de socio]”.

Por otro flanco, las desavenencias pueden venir con la relación con el ayuntamiento. En
concreto, en lo que atañe a “controversias sobre las concesiones administraciones, las
renovaciones, el pago de las tasas, los motivos de exclusión o las listas de espera”, enumera el
abogado. Una actividad, agrega Cano, que “ha exigido una especial labor de transparencia por
parte de la Administración para evitar la litigiosidad”.

Traspaso de propiedades

Tue, 18 Apr 2023 15:16:00 GMT

¿Qué es un traspaso de propiedades?

El traspaso de una propiedad se da cuando se vende tu casa, que cuenta con el gravamen o
deuda de un crédito hipotecario. Existen diversos motivos por lo cual se puede ofrecer
traspaso de propiedades.

Como el de querer liberarse de un crédito que ya no te es posible financiar, al hacer válido un
testamento en vida, o al buscar una casa más grande o en otra ciudad, siempre y cuando
cumplas con todos los lineamientos para realizar un trámite legal y correcto.

Por lo que te vamos a dar a conocer todo lo necesario para el traspaso o adquirir alguna en
esta condición sin dificultades, ya que existen maneras de realizar el traspaso de casa,
dependiendo de los objetivos de quien compra y quien vende.

Es muy importante conocer todas las características, definiciones y requisitos para el traspaso
de propiedades.

¿Qué tipos de traspaso de propiedades existen?

Un traspaso de propiedades es aquella cesión de una posesión a favor de una persona, y la
deuda de dicha propiedad se convierte en responsabilidad del nuevo comprador.

Existen distintos tipos de traspaso, estos son:

Traspaso de hipoteca
El traspaso de propiedades por hipoteca se realiza por medio de instituciones bancarias o
interés social, en las que la deuda activa se pasa a otra persona que tenga la capacidad de
solventarla para saldarla y así obtener la misma.

En este tipo de traspaso de propiedades, la actividad debe ser autorizada por la institución
financiera que otorgó el crédito hipotecario, para que pueda surtir efectos legales válidos, es
necesario que para el traspaso de propiedades se realice un contrato de traspaso de
propiedades con notario público y un representante de la institución bancaria.

Los requisitos para el traspaso de propiedades son:

Contar con un crédito vigente con mínimo 2 años de pagos cumplidos
El crédito deberá ser individual, no conyugal
No tener deudas moratorias
Los documentos de la propiedad deberán estar inscritos ante el Registro Público de la
Propiedad de tu localidad.

Los documentos también del traspaso de propiedades deberán estar notariados y el
comprador deberá pagar mensualmente de manera puntual. Es importante considerar que el
precio de la vivienda será determinado a partir del valor real de la propiedad.

Traspaso de compraventa
El traspaso de propiedades por compraventa es la operación más común, ya que en este caso
el propietario del inmueble ofrece su casa para la transmisión total de la deuda y los derechos
a cambio de una cantidad de dinero única.

El traspaso de propiedades, exactamente de una casa, puede ser un proceso sencillo si se
definen aspectos de la propiedad que ayuden a determinar un precio de venta adecuado,
cuando se realiza esta acción el vendedor es quien debe cerrar el trato.

Por lo cual tiene que realizar un contrato de compraventa validado por un notario público, en
donde se establezcan las condiciones, el precio de venta, datos personales y la fecha estimada
en que la deuda deberá ser saldada, así como los derechos y obligaciones del comprador.

Los requisitos que se solicitan para el traspaso de propiedades por compraventa son:

Operación del contrato de compraventa validada por un notario público
El inmueble debe estar en condiciones adecuadas al momento de la venta
El vendedor deberá entregar las escrituras de la propiedad y también tendrá que registrarlas
en el Registro Público de la Propiedad.

Traspaso por herencia

En este caso de traspaso de propiedades se valida por medio de un testamento en donde una
persona estipula su voluntad, con esto el nuevo propietario cederá los derechos del inmueble.

La manera en que se debe realizar el traspaso de propiedades otorga un nivel mayor de
seguridad para quien la adquiere y para quien deja su testamento. Los requisitos para el
traspaso de propiedades por herencia son:

El testamento debe estar validado por un notario público
Es necesario pagar ciertas cuotas con el notario
Quien realiza el testamento debe ser el propietario
Quien hereda debe ser mayor de edad, en caso de que no sea así se designa una albacea.
Una vez que se adjudica la propiedad es necesario realizar un juicio de sucesión testamentaria,
el proceso de 1 a 2 años y se dictamina por documentos si es que el testamento es válido.

Traspaso por donación

El traspaso de propiedades por donación es un proceso algo parecido al traspaso de
propiedades por herencia, pero en este caso se realiza cuando el actual dueño de la propiedad
continúa vivo.

El traspaso de propiedades es una opción común y útil para verificar que los procesos sean
adecuados, en caso de que el dueño quiera permanecer más tiempo en la propiedad, se puede
recurrir al “usufructo vitalicio” en donde el donante tiene la capacidad de seguir viviendo en la
casa hasta su fallecimiento.

Los requisitos para el traspaso de propiedades por donación son:

Ser validado por un notario público
La donación puede ser a familiares, en caso de ser así no se pagará el ISR (Impuesto Sobre la
Renta) y de ser a una persona ajena, este será del 20 %.
El traspaso de propiedades puede ser total o parcial, reversible y quien haga la donación debe
ser el propietario.

Pensiones no contributivas 2023: ¿Cuáles son y cuánto suben este año?

Tue, 11 Apr 2023 15:10:00 GMT

En 2023, las pensiones no contributivas suben, de forma extraordinaria, un 15%. Pero, ¿qué
son las pensiones no contributivas? ¿Cuáles son los importes de estas pensiones actualmente?
Descubre en este artículo qué son las pensiones no contributivas, cuáles son los requisitos y
cuáles son sus cuantías en 2023.

¿Cuáles son las pensiones no contributivas?

En España, para jubilarte a los 65 años con la totalidad de la prestación en 2023 debes haber
cotizado un mínimo de 37 años y 9 meses a la Seguridad Social. A esto se le conoce como
pensión contributiva. ¿Qué pasa con los mayores que apenas tienen ingresos y que no llegan al
mínimo de 15 años cotizados? Si no llegas al mínimo, y para otras situaciones excepcionales,
existe lo que se conoce como pensiones no contributivas, que son aquellas destinadas a gente
sin recursos suficientes.

Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones siguientes:

Invalidez

Jubilación

Se financian con cargo al presupuesto del Estado, mediante transferencias de crédito al de la
Seguridad Social.

¿Quién puede pedir una pensión no contributiva?

Pueden solicitar la pensión no contributiva aquellos ciudadanos con residencia legal en España
que cumplen los siguientes requisitos:

1. Requisito de ingresos anuales
¿Cómo se calcula? Cuando las rentas o ingresos de que se disponga, en cómputo anual, sean
inferiores a 6.784,54 euros anuales. Para cumplirse este requisito también se tendrá en cuenta
si convive con familiares. Así, solo se cumplirá cuando la suma de los ingresos de todos los
miembros sea inferior a las siguientes cuantías:

Número de convivientes Suma de ingresos al año

Convivencia solo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado (padres,
abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante)

2 11.533,72

3 16.282,90

4 21.032,08

Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus padres o
hijos

2 28.834,30

3 40.707,25

4 52.580,20

Fuente: Imserso.es

2. Requisitos según el tipo de pensión:

Jubilación: Tener 65 o más años y residir actualmente en territorio español, y haberlo hecho
durante 10 años, en el período que media entre los 16 años y la de devengo de la pensión, de
los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Invalidez: Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65% y tener entre 18 y 65 años de
edad. Además, será necesario residir actualmente en territorio español y haberlo hecho
durante un período de 5 años, de los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente
anteriores a la solicitud.

Cuantía de las Pensiones no Contributivas para el año 2023

La cuantía individual de la pensión se calcula en función de las rentas personales y/o de las de
su unidad económica de convivencia, pero no pueden ser inferior a la mínima del 25%, ni
superior a la íntegra.

Los pensionistas de invalidez no contributiva cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al
75% y acrediten la necesidad de la ayuda de otra persona para realizar los actos esenciales de
la vida, percibirán, además, un complemento del 50%.

Para el año 2022 la cuantía de las pensiones no contributivas ya se incrementó un 3% respecto
a las cuantías de 2021. Las cuantías de las pensiones no contributivas en 2023 suben un 15%.
En la siguiente tabla pueden verse las cuantías mensuales:

Cuantía Pensión mensual Pensión anual 2023

Integra 484,61 euros 6.784,54 euros

Mínima 25% 121,15 euros 1.696,14 euros

Si dentro de una misma familia conviven varios beneficiarios de una pensión contributiva, la
cuantía individual es la siguiente: 411,92 euros (5.766,86 anuales) si hay 2 beneficiarios y
387,69 euros (5.427,63 anuales) si hay 3 beneficiarios.

Para el año 2023, habrá un complemento de pensión de 525 euros anuales para aquellas
personas pensionistas que acrediten no tener vivienda en propiedad y residir en una vivienda
alquilada que no pertenezca a ningún familiar. Este complemento solo lo podrá recibir la
persona titular del contrato de alquiler.

Quién gestiona las pensiones no contributivas

La competencia es del Estado, pero la gestión de estas pensiones no contributivas está
atribuida a los órganos competentes de cada comunidad autónoma y a las Direcciones
provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Incompatibilidades de las pensiones no contributivas

Las pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas son incompatibles con las pensiones
asistenciales (PAS) y con los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera
persona.

La pensión de invalidez no contributiva es compatible con el salario por trabajo hasta un límite
de 12.847,84 euros anuales. Este límite es la suma de la cuantía de la pensión no contributiva,
más el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM). Si se supera dicha cantidad,
la pensión se minora para no sobrepasar el límite establecido.

Cancelar la hipoteca: Requisitos, proceso y coste

Tue, 28 Mar 2023 15:48:00 GMT

Pagar la última cuota o recibir una cantidad de dinero importante que permita cancelar la
hipoteca, suele suponer un respiro económico para cualquier cliente. Eliminar las cargas de tu
vivienda requiere seguir una serie de pasos. Te contamos cuáles son.

¿En qué consiste la cancelación de la hipoteca?

La cancelación de la hipoteca tiene como eje central poder saldar definitivamente la hipoteca
después de haber recaudado el dinero necesario para abonárselo a la entidad financiera que
ha concedido el préstamo. Las opciones de cancelación de hipoteca son:

Amortización anticipada de la hipoteca: consiste en el pago, antes de la finalización del plazo
del préstamo, de la cuantía que queda pendiente para que se pueda dar como liquidada.
Pago de la última cuota de la hipoteca: saldar la deuda abonando el último pago del préstamo.
Liberación de las cargas de la vivienda: una vez pagada la hipoteca, se debe proceder a dejar
constancia en el Registro de la Propiedad que el pago se ha completado para que la vivienda
no tenga ningún tipo de cargas, en especial, si lo que se pretende es venderla.

Cancelación de hipoteca por caducidad

La cancelación del préstamo hipotecario solo es necesario si se pretende vender la vivienda o
solicitar una nueva hipoteca. Si no es así, el Registro de la Propiedad eliminará la carga de la
vivienda de manera automática en un plazo de 20 años desde que se ha terminado de pagar.
Aunque es recomendable hacerlo nada más abonar la última cuota para evitarse problemas en
caso de mudanzas o cambios en las entidades bancarias.

Más información

La herramienta gratuita que te ayuda a controlar tu consumo y optimizar la potencia.
Cómo cancelar la hipoteca
Diversos motivos son los que pueden llevar a la cancelación de una hipoteca fija o una
hipoteca variable, como el dinero del que se disponga o se pretenda pagar, la eliminación de
cargas de la vivienda… Independientemente de la razón, hay distintos caminos que se pueden
coger:

Cancelar hipoteca con una gestoría

En muchas ocasiones es recomendable poner todo este papeleo en manos de una gestoría que
no tenga relación con el banco. Generalmente una gestoría independiente cobrará menos que
la que proporcione la entidad y se encargará de hacer todos los trámites.

Cancelar hipoteca con la gestoría de la entidad bancaria

Una posibilidad es permitir que la gestoría que colabora con la entidad bancaria se ocupe de
todo el proceso. De igual manera pasa si la queremos vender, se puede dejar que lo asuma el
banco del comprador. Aunque es la opción más confortable también puede ser la más cara, ya
que estas gestorías suelen ser costosas y la entidad podría pedir un pago por la
intermediación.

Cancelar la hipoteca nosotros mismos

Si se dispone del tiempo necesario, por nuestra cuenta podemos cancelar la hipoteca para
ahorrarnos costes, como el de la gestoría. Los pasos a seguir son:

Solicitar el certificado de deuda cero: es un documento que demuestra que se ha terminado de
pagar la hipoteca. Se pide en el banco y no nos deben cobrar nada por él puesto que su
emisión es gratuita.

Entregar el certificado en una notaría: se debe contactar con cualquier notario, no
necesariamente el mismo de la contratación, y pedirle que prepare la escritura de cancelación
de la hipoteca.

Recoger la escritura del notario: se deberá recoger la escritura del notario y que el apoderado
del banco la firme para posteriormente pagarla.

Cumplimentar el modelo 600 del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados: será
necesario acudir a Hacienda con la escritura para rellenar y sellar el modelo del IAJD. Es posible
que surjan dudas en el momento de completar el formulario, para ello es recomendable
solicitar hora en Hacienda para que nos ayuden, siempre quedándonos con una copia del
documento presentado.

Entregar la documentación en el Registro: se debe presentar en el Registro de la Propiedad la
escritura de cancelación y una copia del IAJD que ha emitido Hacienda. En unos quince días se
pondrán en contacto para recoger los documentos y pagar la correspondiente factura. De esta
forma no existirán cargas sobre la vivienda.

Si la intención es vender el inmueble, en el Registro se debe pedir una nota simple que
acredite que la casa está libre de cargas.

Cuánto cuesta cancelar la hipoteca

Los gastos de la hipoteca comienzan desde que el cliente se dispone a contratarla
independientemente de la entidad bancaria y, por supuesto, cancelar la hipoteca supone unos
costes añadidos que se pueden situar sobre los 500€ si se contrata una gestoría y unos 400€ si
se hace de manera independiente:

Resumen de gastos de formalización de la hipoteca
Gestión Coste
Comisión por amortización de la hipoteca Muchas entidades cobran una comisión por
realizar esta operación. Dependerá del tipo de amortización y de cuándo se haya firmado la
hipoteca.

Gastos notariales Los gastos notariales pueden rondar como mínimo los 100€.
Emisión del certificado de deuda cero Gratuita. El banco no debe cobrar por él.
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados Tasa exenta de pago salvo en El País Vasco para
vivienda no habitual.

Gastos de Registro Se puede estimar que el gasto del registro será de mínimo de unos
24€. Se calcula en base a un porcentaje (arancel) que se aplica sobre el capital original de la
hipoteca que se ha cancelado.

Honorarios de la gestoría Si se contrata una gestoría el coste dependerá de sus tarifas ya
que no está regulado por ley. Si lo gestiona el banco puede superar los 1.000€.
Algunos bancos cobrarán o lo intentarán por emitir el certificado de deuda cero, desplazarse
hasta el notario o por la firma de la escritura de cancelación. Esto es ilegal así que debes
reclamar para que no te cobren por ello.

Previsión de fondos para la cancelación de la hipoteca

La contratación de un gestor o el acuerdo con la entidad bancaria para que tramite el proceso
de cancelación supondrá que nos pidan una provisión de fondos para los gastos asociados a las
gestiones. Es una acción habitual pero es muy conveniente que el gestor, una vez finalizado el
proceso, entregue las facturas de los gastos y devuelva el dinero que no ha utilizado.

Cuándo se puede cancelar la hipoteca

Para poder cancelar la hipoteca es necesario haber completado todos los pagos del préstamo
hipotecario. Hay algunas situaciones en las que se debe cancelar la hipoteca en el Registro:

Venta del inmueble: es uno de los motivos más frecuentes. Se ha terminado de pagar el
préstamo y se quiere vender la casa. El comprador requerirá el justificante de que la casa no
tiene ninguna deuda.

Con el pago de la última cuota al banco: este es otro ejemplo muy habitual. Si se ha
amortizado antes la deuda o ha finalizado el plazo pactado con el banco, se puede comenzar el
trámite para cancelar el préstamo hipotecario en el Registro.

Mejora de las condiciones con una hipoteca nueva: si se ha pedido una subrogación de la
hipoteca o novación de la hipoteca y la entidad bancaria no las ha concedido, una opción es
firmar un nuevo préstamo aunque esta operación es bastante cara. Para contratar una nueva
será necesario cancelar la hipoteca en el registro, acto que hará el nuevo gestor del banco en
el momento de solicitar la nueva.

Utilizar la vivienda como garantía de una nueva hipoteca: si lo que se pretende es la compra de
otro inmueble y se quiere poner la vivienda ya pagada como garantía, la entidad bancaria
pedirá que esté libre de cargas, por lo que será imprescindible cancelarla en el Registro.

Qué ocurre con la vinculación con el banco

Una duda que nos puede surgir es qué pasa con los productos vinculados que teníamos
contratados con la entidad bancaria y que nos ofrecían una rebaja en los intereses, si
cancelamos nuestra hipoteca.

Tarjetas y cuentas bancarias: en el momento de cancelar la hipoteca se puede cambiar la
cuenta de entidad bancaria si se desea, así como, anular tarjetas que no interesen seguir
utilizando. Cabe mencionar que las comisiones que haya tenido la tarjeta durante el plazo de
pago del préstamo no serán devueltas.

Seguros de hogar, salud, vida: son los productos que se contratan más habitualmente cuando
se suscribe una hipoteca. Si cancelamos la hipoteca pero hemos firmado una renovación por
cinco años y no se ha cumplido el plazo, tenemos derecho a que devuelvan la parte de la prima
que no se ha consumido. Además, podremos contratar los seguros con la aseguradora que
prefiramos.

Planes de pensiones: el plan de pensiones que tengamos suscrito con la entidad se puede
trasladar a otro banco que nos guste más o rescatar el dinero del plan de pensiones en el caso
de que se cumplieran los requisitos para ello.

¿Puedo cancelar una hipoteca antes de tiempo?

Sí. Este procedimiento se llama amortización de la hipoteca y puede ser parcial, solo de una
parte, o total, de la totalidad del préstamo restante.

¿Es posible cancelar una hipoteca en el momento de la venta?

Sí. Para ello el vendedor debe acudir a por el certificado bancario que acredite que el inmueble
no tiene ninguna deuda así como la nota simple que justifique que la vivienda está libre de
cargas. Igualmente, el vendedor puede entregar un cheque bancario con el importe de la
deuda que queda pendiente para que el comprador lo entregue a la entidad bancaria.

¿Cuál es el coste de cancelar una hipoteca en el registro?

El coste de cancelar una hipoteca en el Registro de la Propiedad es de unos 24€ como mínimo.
Al estar regulado su cálculo se puede hacer basándose en el porcentaje que se aplica sobre el
capital original del préstamo hipotecario que se ha cancelado.

¿Quién debe hacerse cargo de los gastos de cancelación?

De los gastos de cancelación debe pagarlos el titular o titulares de la hipoteca ya que es el
principal interesado en liberar el inmueble de cargas. No obstante, si se pretende vender la
vivienda, se puede acordar que sea otra persona, el comprador, el que se encargue del
desembolso de la cancelación. El comprador no tiene obligación de aceptarlo.

Un tribunal declara el suicidio de un trabajador como accidente laboral, pese a ocurrir fuera de la empresa

Tue, 28 Mar 2023 15:41:00 GMT

Aunque no estaba trabajando ni en horario laboral en ese momento, el motivo sí estaba
relacionado con el trabajo

ACCIDENTE DE TRABAJO . Suicidio del trabajador fuera de la jornada laboral y fuera de la
empresa. Responsable de tienda declarado responsable de acoso laboral a una empleada. La
empresa le sancionó con suspensión de empleo y sueldo durante 4 días y le ordenó el traslado
a otra tienda en localidad distinta a su residencia. En estos casos no es posible la presunción de
laboralidad, pero es clara la conexión laboral. Se quitó la vida tres días antes de la
reincorporación en el otro centro que él consideraba que era peor y tras haber estado
buscando en internet qué condenas le podían imponer si su compañera le denunciaba en el
ámbito penal. Inexistencia de antecedentes psiquiátricos. La consideración como contingencia
profesional no se desvirtúa por el hecho de que la sanción impuesta fuese en un ambiente
distendido. Las pensiones de viudedad y orfandad deben aumentar teniendo en cuenta la
profesionalidad del suceso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condena al Instituto de la Seguridad Social y a la
Mutua de una empresa a abonar las pensiones de viudedad y orfandad derivadas de
contingencia profesional a una mujer y su hija por el suicido del padre. Aunque el hecho
ocurrió fuera de la empresa, los magistrados consideran que estaba vinculado con su trabajo.

La resolución explica que, aunque es cierto que la presunción de laboralidad de un accidente
decae con un acto suicida (por la naturaleza voluntaria que tiene el acto de quitarse la vida),
no es menos verdad que el suicidio se produce a veces por una situación de estrés o de
trastorno mental que puede derivar tanto de factores relacionados con el trabajo, como de
factores extraños al mismo.

Por tanto, lo relevante para fijar si un siniestro es común o profesional es la conexión entre el
hecho que desencadena el óbito y el trabajo y en este caso la Sala estima que, aunque el
suicidio tuviera lugar fuera del lugar y del tiempo de trabajo, si existió una relación de
causalidad con el trabajo.

Problema laboral

No constan antecedentes psiquiátricos o patologías psíquicas previas, pero sin embargo sí
hubo una importante problemática laboral que fue la que le llevó a tomar la decisión de
quitarse la vida. Fue un suicidio acaecido fuera de tiempo y fuera del lugar de trabajo pero

vinculado de forma directa con su trabajo pues había sido acusado de acoso laboral, su
empresa le había sancionado con suspensión de empleo y traslado a otro centro y, además,
era previsible que la compañera que había sufrido el acoso interpusiese una denuncia
individual penal contra él. También es muy relevante que tres días antes del suicidio tenía que
incorporarse al nuevo centro de trabajo fuera del lugar de su residencia. Por tanto, según
consideran los magistrados, todo ello son aspectos que incidieron en su estado de ánimo y en
la posterior decisión de acabar con su vida.

Parece ser que el empleado tenía problemas conyugales, pero carecían de la entidad necesaria
para poner fin a la relación entre los cónyuges, pues consta que, pese a los hechos imputados
al trabajador, su pareja ni quería poner fin a la relación, por lo que esta problemática familiar
no supone una ruptura del nexo causal, al contrario, la Sala entiende que fue la problemática
laboral lo que interfirió en su vida familiar y no a la inversa.

En definitiva, la jurisprudencia viene admitiendo restrictivamente el acto suicida como
accidente profesional, pero ha de analizarse la relación de causalidad. Y a pesar de que el
suicidio ocurre cuando el empleado estaba de vacaciones (por lo que no se puede apreciar la
presunción de laboralidad), la vinculación es rotunda: la problemática laboral tiene una clara
conexión temporal con el acto suicida ya que se inicia apenas tres meses antes del fatal
desenlace y está muy presente los días previos a la toma de la decisión de quitarse la vida por
dos motivos fundamentales: por la preocupación por las posibles consecuencias penales
derivadas de una posible denuncia por acoso (un día antes del suicidio busca información en
internet de las penas que imponen por delitos de acoso laboral) y por la sanción de traslado a
una tienda diferente, fuera del lugar en donde reside su familia más cercana, que además fue
adoptada como consecuencia de la denuncia por acoso.

Por todo ello, la Sala, atendida la secuencia temporal de los hechos y sus connotaciones
laborales, estima el recurso y declara que las pensiones de viudedad y orfandad derivadas del
fallecimiento derivan de contingencia profesional de accidente de trabajo y han de
aumentarse las cuantías.

El suicidio de un trabajador fuera de la empresa y fuera de su jornada es accidente laboral si
está vinculado con el trabajo

Delito abandono tras provocar un accidente y huir del lugar hechos

Wed, 22 Mar 2023 16:08:00 GMT

El Tribuna Supremo condena, a través de una reciente sentencia, a un hombre por abandono
del lugar del accidente causado por él mismo y que huyó al ser perseguido por la policía. Los
magistrados entienden que el delito de abandono está consumado ya que existe una voluntad
de abandonarlo por parte del condenado.

El acusado conducía bajos los efectos del alcohol y, al percatarse de la presencia de un
vehículo policial que circulaba detrás de él, emprendió la huida a gran velocidad, circulando en
sentido contrario, en zigzag, sin respetar los semáforos en rojo, teniendo que frenar
bruscamente el resto de los vehículos de la vía para evitar colisionar, hasta que giró
bruscamente invadiendo el sentido contrario y colisionó frontalmente con una motocicleta
falleciendo sus dos pasajeros como consecuencia del impacto.

Tras la colisión con la motocicleta el acusado y su acompañante salieron precipitadamente del
vehículo, corriendo cada uno en una dirección hasta que el acusado fue interceptado por los
agentes de los Mossos d'Esquadra, que habían llevado a cabo la persecución del vehículo.

El TSJ confirmó la condena dictada por la Audiencia por delito de conducción temeraria en
concurso ideal con dos delitos de homicidio cometidos por imprudencia grave y un delito de
lesiones cometido por imprudencia grave y por delito de abandono del lugar del accidente en
grado de tentativa inidónea, con la atenuante de toxicomanía.

Abandono del lugar de los hechos

En cambio, para el Alto Tribunal lo relevante es el abandono físico del lugar, efectuado de
manera que el sujeto se sitúe en la imposibilidad material de ayudar y colaborar a atenuar el
mal causado con el accidente.

Explica la sentencia que el intento de abandonar el lugar de los hechos cuando es impedido
por la acción de terceros, antes de que se produzca el alejamiento físico efectivo, daría lugar a
una tentativa, solo relativamente inidónea y, por lo tanto, punible; pero ¿qué sucede si el
sujeto se aleja del lugar o se oculta en sus cercanías de manera que se sitúe en la imposibilidad
real de cumplir los deberes establecidos legalmente en protección de los bienes jurídicos
afectados?

El Código Penal exige que el causante del accidente abandone el lugar de los hechos, y a priori
requiere, al menos, un alejamiento físico de dicho lugar. No obstante, no puede establecerse
con carácter general una distancia concreta, pero la ocultación o supresión de la presencia del
causante del accidente en el lugar, debería ser equivalente a no permanecer en el mismo en

condiciones de cumplir los deberes impuestos por el citado artículo 51 de la Ley de Seguridad
vial.

Además, desde el punto de vista subjetivo, es necesaria la voluntad de abandonarlo, y, por lo
tanto, de incumplir, como consecuencia necesaria, los deberes de auxiliar o solicitar auxilio
para las víctimas que pueda haber, prestar su colaboración, evitar mayores peligros o daños,
restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación y esclarecer los hechos.

En este caso, según explica la sentencia, el acusado tras la colisión salió precipitadamente del
vehículo que conducía, comenzó a correr, siendo perseguido por los agentes que ya seguían al
vehículo dada su conducción temeraria, sin perderlo de vista, procediendo a su detención a
unos 80 o 90 metros del lugar, por tanto, la Sala entiende que cuando se inicia la persecución
ya se había alejado efectivamente del lugar de los hechos, con la clara intención de no
permanecer en él, incumpliendo sus deberes legalmente impuestos, y cuando es detenido, ya
había abandonado físicamente el lugar del accidente y, por tanto ya había lesionado los bienes
jurídicos protegidos, y de esa forma desatendió su deber de solidaridad cívica establecido en la
ley de seguridad vial, tanto en relación con el peligro causado a las víctimas, como respecto de
su deber de evitar peligros para otros usuarios de la vía, así como de cooperar en la adecuada
resolución de la situación creada al causar el accidente.

Por ello, la Sala entiende que se le debe condenar como autor de un delito consumado, y no
en grado de tentativa.

LA VIVIENDA FAMILIAR PRIVATIVA

Tue, 14 Mar 2023 17:46:00 GMT

La vivienda familiar privativa comprada antes del matrimonio pero que es pagada en parte
durante el mismo es una cuestión frecuente que provoca muchas preguntas y situaciones
dudosas sobre todo cuando se produce la separación o divorcio del matrimonio.

Vamos a intentar con este artículo definir y fijar algunas cuestiones que nos servirán si se
produce esta situación:

¿En qué supuestos se considera vivienda familiar privativa?

En los siguientes supuestos, a modo de ejemplo, se considera privativa a favor de uno de los
cónyuges la vivienda familiar:

1º.- Cuando la vivienda le pertenecía a uno de los cónyuges antes de contraer matrimonio, y
por tanto antes de constituir la sociedad de gananciales. (artículo 1346.1º Código Civil) y que
se dedica a domicilio o residencia habitual de la familia.

2º.- Si la vivienda, que posteriormente va a constituir en domicilio familiar, se hubiese
comprado y pagado en documento privado por uno de los cónyuges antes de contraer
matrimonio, aunque después del matrimonio se otorgue escritura pública.

3º.- La vivienda adquirida por herencia, será privativa de aquél que la hubiese heredado.

4º.- Si la vivienda familiar privativa ha sido adquirida con dinero obtenido por la venta de un
bien privativo, será considerada la vivienda como bien privativo de aquél de los cónyuges del
que procediese el dinero.

¿Qué consideración tiene la vivienda familiar privativa que ha sido pagada en parte con dinero ganancial?

En los casos en los que la vivienda familiar haya sido adquirida por uno de los cónyuges antes
de casarse en gananciales pero el pago de la misma se ha producido en parte durante el
matrimonio, el artículo 1.357.2º Código Civil establece expresamente que, en estos supuestos
no opera la regla general de considerar el bien privativo, sino que se le aplicará lo dispuesto en
el artículo 1.354 del Código Civil, esto es:

“los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación, en parte ganancial y en parte
privativo, corresponderán proindiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en
proporción al valor de las aportaciones respectivas“.

Este último apartado del artículo 1.354 es de suma importancia, pues si bien el Código Civil
considera que serán privativos los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes
de comenzar la sociedad de gananciales, aunque todo o parte del precio aplazado se abone
con dinero ganancial, exceptúa de esta consideración a la vivienda y al ajuar familiar.

La vivienda comprada antes del matrimonio que finalmente se constituye en el domicilio
familiar y cuya hipoteca es pagada con dinero ganancial es un supuesto encuadrado en el
citado artículo 1.354 del Código Civil.

En todos estos casos la norma establece que la vivienda familiar tendrá una doble naturaleza:

Por un lado será privativa en el porcentaje del dinero pagado antes de contraer matrimonio.
Y de otro lado será ganancial en el porcentaje del dinero abonado por el matrimonio.
Ejemplo sobre la vivienda familiar privativa:

PREGUNTA:

¿Será la vivienda familiar privativa si el esposo antes de la sociedad de gananciales abonó el
30% del precio de la vivienda y después de contraer matrimonio, se abonó con dinero
ganancial el restante 70%?

RESPUESTA:

La vivienda pertenece al esposo con carácter privativo en un 30%, y al matrimonio en
proindiviso con carácter ganancial en un 70%.

Sentencia sobre la vivienda familiar privativa

Audiencia Provincial de La Coruña (Sección 5ª), sentencia 31.03.2017:

“En el presente caso las partes litigantes estuvieron conformes en que durante la vigencia del
matrimonio se habían pagado 50 cuotas gananciales del préstamo hipotecario. Y también se conoce el precio de adquisición, que es el de la escritura de compraventa de la vivienda. Pero
no la concreta cuantía del capital amortizado de dichas 50 cuotas (o sea con exclusión de otros
conceptos, singularmente los intereses).

Por todo ello debe incluirse en el activo del inventario la copropiedad ganancial de la vivienda
familiar que corresponda al porcentaje del principal (capital amortizado) de las 50 cuotas del
préstamo hipotecario abonadas durante la vida de la sociedad de gananciales , en relación al
precio de adquisición de la vivienda , todo ello en pro indiviso con el resto de la copropiedad
privativa de los ex cónyuges.”

¿Qué consideración tiene la vivienda familiar construida por el matrimonio en terreno
privativo?

El artículo 1.359 del Código Civil dice que será privativa la edificación que se realice en los
bienes privativos, sin perjuicio del reembolso del valor satisfecho.

Lo anterior significa que la vivienda, aunque sea la familiar, si se edifica en terreno privativo,
tendrá ese carácter de privativo. Ahora bien, el titular de la misma cuando se proceda a la
liquidación de la sociedad de gananciales, deberá de reintegrar a los gananciales el importe del
valor de la mejora del terreno por la edificación que se ha hecho.

¿Qué consideración tiene el dinero invertido en reformas de la vivienda familiar privativa?

En cuanto a las obras de acondicionamiento de la vivienda familiar.

Si durante la sociedad de gananciales se ha invertido dinero en obras sobre una vivienda
privativa de uno de los cónyuges, aunque esta constituya el domicilio familiar, habrá que tener
en cuenta si el dinero invertido por el matrimonio era para reparaciones o acondicionamiento
ordinario de la vivienda (en cuyo caso no existe derecho de reembolso por la sociedad de
gananciales) o se trataba de mejoras extraordinarias que han aumentado considerablemente
el valor de la vivienda familiar privativa, en cuyo caso será acreedora la sociedad de
gananciales cuando proceda la liquidación de dicho régimen económico matrimonial.

Uso de la vivienda familiar cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad

Tue, 14 Mar 2023 17:41:00 GMT

El Tribunal Supremo declara que el uso de la vivienda familiar cuando los hijos alcanzan la
mayoría de edad corresponderá al más necesitado.

Analizamos la doctrina del Tribunal Supremo sobre el uso de la vivienda familiar cuando los
hijos alcanzan la mayoría de edad.

Este supuesto está relacionado con el siguiente caso habitual.

EJEMPLO:

Se produce la ruptura del matrimonio o pareja con hijos menores de edad.

El Juez dicta sentencia en la que al amparo del artículo 96.1 del Código Civil, decide que el uso
de la vivienda quede a favor de los hijos menores y del progenitor al que le otorga la guarda y
custodia.

Con el tiempo los hijos se hacen mayores de edad y el otro progenitor solicita la modificación
de la sentencia y que se le atribuya el uso de la vivienda total o por tiempo compartido
mientras que se liquida.

Como veremos más adelante, en el anterior supuesto se declara que la mayoría de edad
alcanzada por los hijos, a quienes se atribuyó el uso de la vivienda familiar, deja en situación de
igualdad a marido y mujer, debiendo ser atribuido el uso de la vivienda familiar atendiendo al
interés superior de protección y por un tiempo determinado.

La sentencia que nos sirve de referencia es la dictada por el Tribunal Supremo en fecha
23.01.2017.

Uso de la vivienda familiar cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad
Supuesto analizado por el Tribunal Supremo

1.- En 2014 el esposo formuló demanda de divorcio contencioso frente a su mujer.

2.- La sentencia dictada en primera instancia, con estimación parcial de la demanda, acuerda
la disolución del matrimonio por divorcio, atribuye la guarda y custodia de la hija menor
común a la madre con patria potestad compartida, el uso de la vivienda familiar a la madre hasta la mayoría de edad de la hija, régimen de visitas flexible y pensión de alimentos a favor
de la menor y a cargo del padre de 400 euros mensuales con gastos extraordinarios por mitad,
y manteniéndose las obligaciones hasta la independencia económica de la hija.

3.- La esposa recurre la sentencia porque quiere que el uso de la vivienda familiar se extienda
hasta que la hija tenga independencia económica.

4.- La Audiencia Provincial estima el recurso y decide atribuirle a la madre el uso de la vivienda
hasta la independencia económica de la hija, siempre y cuando ésta lógicamente se produzca
dentro del término lógico de acceder al mercado laboral, con un aprovechamiento normal que
dura el proceso de formación universitaria o de estudios que realice la menor y un tiempo
lógico propio para acceder a ese mercado.

5.- El esposo recurre en casación ante el Tribunal Supremo.

Fundamentos jurídicos

1.- Cuando existen hijos menores de edad el interés de éstos es el que determina la atribución
del uso de la vivienda familiar, que corresponderá a ellos y al progenitor custodio (artículo 96.1
Código Civil).

2.- Sólo existen dos factores que eliminan el rigor de la anterior norma:
Cuando la vivienda no tenga el carácter de familiar; cuando el hijo no precise de la vivienda por encontrarse satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios.

3.- Por tanto la sentencia dictada por el Juez de primera instancia fue correcta atribuyendo el
uso de la vivienda familiar a la menor y a la madre por ser esta última la progenitora custodia.

4.- La doctrina de este Tribunal Supremo sobre el uso de la vivienda familiar cuando los hijos
alcanzan la mayoría de edad viene recogida en la Sentencia de 29.05.2015, que a modo de
resumen establece:

“La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso, deja en situación de
igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y otro a una nueva situación
que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho preferente que resulta de la medida
complementaria de guarda y custodia, sino el interés de superior protección, que a partir de
entonces justifiquen, y por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de edad por
los hijos, tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la
vivienda que el artículo 96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, y cabe plantearse
de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar un régimen distinto del que fue asignación inicialmente fijado por la minoría de edad de los hijos, en concurrencia con
otras circunstancias sobrevenidas”.

5.- En el presente caso, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial decidió
prematuramente, como si la hija ya fuese mayor de edad, y teniendo en cuenta sólo las
circunstancias de ella y no la del progenitor más necesitado de protección en atención a las
circunstancias fácticas que la propia sentencia recoge.

6.- Por lo anterior, se estima el recurso de casación interpuesto por el marido, confirmando
que la atribución del uso de la vivienda a la esposa lo será hasta que la hija alcance la mayoría
de edad y en ese momento habrá que tener en cuenta el interés superior de protección.
El uso de la vivienda familiar a favor de los hijos menores acordado en convenio regulador por
los cónyuges Planteamos el siguiente supuesto, que también es habitual que figure en un convenio regulador presentado para su aprobación ante el Juez

EJEMPLO

Se produce la ruptura del matrimonio o pareja con hijos menores de edad.
Ambos progenitores acuerdan en convenio regulador que el uso de la vivienda familiar sea a
favor de la “madre y de los hijos menores, hasta que estos alcancen su independencia
económica”.

El juez aprueba en sentencia dicho convenio regulador.

Con el tiempo el padre presenta demanda de modificación de medidas para que se extinga el
uso de la vivienda a favor de los hijos cuando se alcance la mayoría de edad.

¿Cabe la extinción del uso de la vivienda a favor de los hijos cuando alcancen la mayoría de
edad?

El Tribunal Supremo, entre otras, en sentencia de fecha 20.04.2022 dice que no cabe la
modificación presentada por lo siguiente:

“Sin embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 96 del Código Civil, para decidir a quien
corresponde el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella procede
estar, en primer lugar (“en defecto de” dice la norma), al acuerdo de los cónyuges, que será
aprobado por la autoridad judicial salvo que sea dañoso para los hijos o gravemente perjudicial
para uno de los cónyuges (art. 90 C. Civil).

Por lo tanto, en el presente caso, habiendo acordado la sentencia de divorcio, en base al
consenso de los cónyuges sobre el particular, la atribución del uso y disfrute de la vivienda
familiar a la madre y a los hijos menores de edad, hasta la independencia económica, a lo
acordado por consenso se habrá de estar, a no ser que las nuevas necesidades de los hijos o el
cambio de las circunstancias de los cónyuges aconsejen la modificación (art. 90.3 Código Civil),
lo que no es el caso, dado que nada se acredita en relación con ello.“

Conclusión

Se declara que el uso de la vivienda familiar cuando los hijos alcancen la mayoría de edad
podrá de nuevo ser revisable atendiendo al interés superior de protección del marido o la
mujer (al más necesitado de protección) y por un tiempo determinado.

El Supremo aclarará quiénes podrán recuperar la plusvalía municipal tras su inconstitucionalidad

Wed, 22 Feb 2023 15:56:00 GMT

Y es que se ha publicado el auto de admisión del recurso de casación, planteado por la
Diputado de Pontevedra, que, en el marco de la inconstitucionalidad de este impuesto, se
pronunciará sobre la fecha de efectos, fecha de dictado o la de publicación de la sentencia en
el BOE, de cara a fijar cuándo una situación puede ser considerada como consolidada. La clave
es saber si se limita a la fecha del dictado de la sentencia (26 de octubre de 2021) o la fecha de
publicación de dicha sentencia (25 de noviembre de 2021). Muchos han sido los
contribuyentes que han solicitado la devolución de la plusvalía tras conocerse su
inconstitucionalidad y que se encuentran en un limbo.

¿Qué pasa con los que reclamaron la devolución del impuesto, después del 26 de octubre?

Es el escenario de aquellos que recibieron una liquidación.

Son muchos que recurrieron las liquidaciones del impuesto que se les habían notificado o
solicitaron la rectificación de las autoliquidaciones presentadas en su día. El problema es que,
si lo hicieron una vez conocida la declaración de inconstitucionalidad (a partir del 26 de
octubre de 2021), los Ayuntamientos están considerando que ya no es aplicable tal
inconstitucionalidad, por estar ante una situación consolidada. Ello, aunque todos estas
reclamaciones se hubieran presentado antes de que se publicara la sentencia del
Constitucional en el BOE, publicación que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2021.

Hay algunos juzgados, como el Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, de fecha 5-
4-2022 (abreviado 31/2022), que considera que la liquidación de aquellos contribuyentes que
la presentaron antes de que la famosa sentencia del Constitucional se publicara en el BOE (25
de noviembre de 2021) es contraria a derecho, es decir, estima que estos contribuyentes
pueden recurrir dicha liquidación y recuperar lo pagado por la plusvalía municipal.

Pues bien, esta misma cuestión va a ser decidida por el Tribunal Supremo. Y es que, el Alto
Tribunal tendrá que resolver un recurso de casación planteado contra una sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, que dio la razón a un
contribuyente que recurrió una liquidación de plusvalía municipal el 5-11-2021. Es decir,
después de la fecha en que se dictó la sentencia del Constitucional (26-10-2021), pero antes de
que la misma se publicara en el BOE (25-11-2021).

En concreto, el Auto admitido a trámite ha acordado "determinar los efectos de la
inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada
en la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, dictada el 26 de octubre de 2021, en relación con las liquidaciones que, a pesar de no haber adquirido firmeza, a esta fecha no
habían sido impugnadas".

Además, el Tribunal Supremo también ha acordado "Precisar si ha de estarse a la fecha del
dictado o de la publicación de la citada sentencia para discernir si se trata una situación
consolidada o no y si procede su impugnación con fundamento en la declaración de
inconstitucionalidad que realiza.".

Qué pasa con los que solicitaron la devolución de la plusvalía tras la publicación de la sentencia del Constitucional en el BOE

Además, la sentencia que dicte el Tribunal Supremo podría dar las claves para saber cómo se
resolverá otro supuesto que también está planteando mucha litigiosidad. Y éste es el de los
contribuyentes que recurrieron en plazo una liquidación o autoliquidación de plusvalía
municipal, pero lo hicieron después del 25-11-2021. Es decir, una vez publicada en el BOE la
sentencia.

En efecto, muchos han sido los contribuyentes que han solicitado la devolución de la plusvalía
municipal tras la publicación de la sentencia del Constitucional en el BOE el pasado 25 de
noviembre de 2021. Y muchos lo siguen haciendo actualmente. Son contribuyentes que
presentan su reclamación en plazo, asegura el experto en procedimientos tributarios, pero que
sin embargo ven cómo su recurso es desestimado por culpa de la limitación de efectos de la
sentencia 182/2021 del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo en una sentencia del pasado 17 de marzo de 2022 (recurso 34/2021) dio
ciertas esperanzas a estos contribuyentes. Consideró que no debe haber limitación alguna a la
hora de solicitar la rectificación de la autoliquidación. Ni tampoco, obstáculo alguno, para que,
en dicha solicitud, se puedan invocar las anteriores declaraciones de inconstitucionalidad del
impuesto (STC 59/2017 y STC 126/2019). Y basa su argumento en el “error judicial” en materia
de plusvalía municipal.

Así, el Supremo fue muy claro al declarar que "una autoliquidación es una declaración del
ciudadano y no un acto administrativo, por lo que no se le pueden extender sin más las reglas
de la firmeza de los actos administrativos, y así lo ha declarado la jurisprudencia consolidada".

Y considera que, en el caso concreto, existe el error judicial que se denunció "pues ni puede decirse que la autoliquidación aquí concernida fuera firme por no impugnada (como si se
tratara de una liquidación administrativa), ni había prescrito el plazo para instar su
rectificación, atendidas las respectivas fechas de la autoliquidación (2014) y de la solicitud de
rectificación (2017); no habiendo transcurrido en el ínterin el plazo de cuatro años de
prescripción extintiva establecido a tal efecto.".

La sentencia que dicte el Supremo podría dar pistas o aclarar cómo deben resolverse estas
situaciones. No en vano, en el Auto se afirma que es conveniente "un pronunciamiento del
Tribunal Supremo que, cumpliendo su función uniformadora, sirva para dar respuesta a la
cuestión nuclear que suscita este recurso de casación a fin de precisar cuáles son las
situaciones consolidadas que no son susceptibles de impugnación con fundamento en la
inconstitucionalidad declarada en la sentencia de 26 de octubre de 2021 que, téngase en
cuenta, si bien excluye de la posibilidad de revisión no solo las obligaciones tributarias
devengadas por el IIVTNU que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas
definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución
administrativa firme, sino también las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan
sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación
no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha, explicita que la declaración de
inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL
supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la
determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y
revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. La difícil conciliación de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad declarados en la sentencia y de las limitaciones a su alcance, hacen imprescindible un pronunciamiento de esta Sala en orden a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma en sus estrictos términos".

Aunque el caso resuelto por el Tribunal Supremo se refiere a un recurso presentado antes de
la publicación de la sentencia 182/2021 en el BOE, sería deseable que el Tribunal Supremo se
refiriera también a los efectos que las declaraciones de inconstitucionalidad tienen sobre la
posibilidad de reclamar una devolución tributaria. Y a si es de recibo que el Tribunal
Constitucional pueda decidir por su cuenta y riesgo lo que es una situación consolidada,
obviando lo que dicen las leyes que regulan el procedimiento tributario.

La importancia de recurrir

Recalcamos la conveniencia de recurrir y de que los contribuyentes mantengan vivos esos
recursos. Es decir, "no dejar sin recurrir ninguna resolución administrativa o económico-
administrativa que haya denegado su recurso o solicitud"con el objetivo de "poder
beneficiarse de una hipotética sentencia favorable, algo que no será posible si consienten la
resolución recibida y no la recurren, adquiriendo esta firmeza".

Este consejo va destinado tanto a quienes recurrieron la plusvalía municipal o solicitaron la
rectificación de una autoliquidación antes de que se publicara la sentencia del Constitucional
como a quienes lo hicieron después, con el fin de " cerrarse opciones de defensa".

Por último, aconsejamos a los contribuyentes solicitar la rectificación de las autoliquidaciones
presentadas en los últimos cuatro año, en caso de que no se haya hecho, para evitar que una potencial prescripción les impida beneficiarse a futuro de un pronunciamiento favorable del
Supremo que también les permitiera recuperar el dinero pagado.

El TS analiza diversas cuestiones relacionadas con la vulneración del derecho al honor por la inclusión de los datos personales en un fichero de morosos

Tue, 14 Feb 2023 16:32:00 GMT

Cabecera

DERECHO AL HONOR. Inclusión de los datos personales en un fichero de morosos. Inexistencia de intromisión ilegítima. El carácter usurario del préstamo no determina la ilicitud de la comunicación al fichero de morosos de los datos personales del prestatario que no ha
devuelto el capital del préstamo y que no ha promovido controversia respecto del préstamo ni
ha intentado pagar el capital prestado. La inclusión de los datos en el fichero de morosos
asociados a una deuda por una cantidad superior a la adeudada no basta para considerar que
existe una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Subsistencia del requisito del
requerimiento previo de pago tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, si bien la
advertencia de inclusión en el fichero puede haberse realizado al contratar.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda de vulneración ilegítima del derecho al
honor. La AP Asturias revocó la sentencia de instancia y estimó en parte la demanda. El
Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la demandada, casa la
sentencia recurrida y, en su lugar, desestima el recurso de apelación interpuesto por el
demandante.

Esta Sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación
respecto de la sentencia 73/2022, de 28 de febrero, dictada en grado de apelación por la
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo (LA LEY 77258/2022), como consecuencia
de autos de juicio ordinario núm. 35/2021 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Oviedo,
sobre derecho al honor.

Es parte recurrente Wenance Lending de España S.A., representada por la procuradora D.ª
Pilar Lana Alvarez y bajo la dirección letrada de D. Javier Feito Pérez.

Es parte recurrida D. Luis María, representado por el procurador D. Antonio Sastre Quirós y
bajo la dirección letrada de D. Alberto Zurrón Rodríguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia.

1.- El procurador D. Antonio Sastre Quirós, en nombre y representación de D. Luis María,
interpuso demanda de juicio ordinario contra Wenance Lending de España S.A., en la que
solicitaba se dictara sentencia:

" a) por la cual, estimando íntegramente la demanda, se la condene:

" a) A estar y pasar por la declaración de que la inclusión del actor en el fichero Asnef ha
supuesto una vulneración de su derecho al honor, por irregular.

" b) A abonar a la actora el importe de 5.000 € por daños morales.

" c) A cancelar los datos del actor en Asnef si persistieran en la fecha de esta interposición.

" d) Al pago de los intereses y las costas".

2.- La demanda fue presentada el 13 de enero de 2021 y, repartida al Juzgado de Primera
Instancia núm. 1 de Oviedo, fue registrada con el núm. 35/2021. Una vez fue admitida a
trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- El Ministerio Fiscal emitió informe contestando a la demanda.

La procuradora D.ª Pilar Lana Álvarez, en representación de Wenance Lending de España S.A.,
contestó a la demanda, solicitando su desestimación y la expresa condena en costas a la parte
actora.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. 1 de Oviedo, dictó sentencia 298/2021, de 9 de julio, que desestimó la
demanda, con imposición de costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia.

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D.
Luis María y la representación de Wenance Lending de España S.A. se opuso al recurso.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de
Oviedo, que lo tramitó con el número de rollo 513/2021, y tras seguir los correspondientes
trámites dictó sentencia 73/2022 de 28 de febrero (LA LEY 77258/2022), cuyo fallo dispone:

" Que estimando en parte el recurso interpuesto por D. Luis María contra la sentencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Oviedo en los autos de que este rollo dimana
condenamos a Wenance Lending de España S.A. al pago de tres mil euros (3.000 €), que
devengarán el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda, y dicho
interés incrementado en dos puntos desde la sentencia de instancia; no se hace especial
pronunciamiento sobre las costas devengadas en ambas instancias y devuélvase al apelante el
depósito constituido para recurrir".

TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación

1.- La procuradora D.ª Pilar Lana Álvarez, en representación de Wenance Lending de España
S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

"Se interpone el presente recurso con fundamento en la vulneración de la norma procesal del
artículo 218.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) en relación con el art. 24 y el art. 120.3 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978), al amparo del motivo segundo previsto en el apartado primero del art. 469 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000). La infracción se produce debido a que la sentencia recurrida no respeta las normas reguladoras
de la misma, concretamente la falta de motivación de ésta respecto de la efectiva realización
del requerimiento de pago previo. Dicha vulneración fue oportunamente denunciada en los
momentos procesales en que se tuvo ocasión para ello".

El motivo del recurso de casación fue:

"Se interpone el presente recurso por infracción del artículo 20, apartados 1.b) y 1.c) de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales (LA LEY 19303/2018), en relación con el art. 18.1 (LA LEY 2500/1978) y 4 de la CE y del art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 (LA LEY 1139/1982), sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contradiciendo la
Sentencia recurrida la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los desarrolla".

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron
emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y
personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el
encabezamiento, se dictó auto de fecha 20 de julio de 2022, que admitió los recursos y acordó
dar traslado a la parte recurrida personada y al Ministerio Fiscal para que formalizara su
oposición.

3.- D. Luis María se opuso a los recursos.

El Ministerio Fiscal solicitó la estimación del recurso de casación y la desestimación del recurso
extraordinario por infracción procesal.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación
y fallo el día 30 de noviembre de 2022, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Como hechos más relevantes a tomar en consideración en la resolución del recurso pueden
destacarse los siguientes:

(i) El 5 de junio de 2019, D. Luis María concertó con Wenance Lending de España S.A. (en lo
sucesivo, Wenance) un contrato de préstamo. El capital prestado fue de 500 euros, a devolver
en tres meses, en tres cuotas de 250 euros cada una. La TAE era del 1138'69%. En el contrato se establecía que, en caso de impago de la deuda, "os datos del cliente podrán ser
comunicados por el Prestamista a entidades de solvencia patrimonial y de crédito";.

(ii) El prestatario solo pagó la primera cuota de 250 euros.

(ii) Wenance comunicó los datos personales de D. Luis María, asociados al impago del
préstamo, al fichero Asnef-Equifax, y el 3 de diciembre de 2019 los datos se incluyeron en
dicho fichero, con una deuda de 934,77 euros que fue incrementándose hasta quedar fijada en
1.499,69 euros en julio de 2020.

(iii) D. Luis María dirigió a Wenance un correo electrónico el 26 de octubre de 2020 en el que
interesaba el reconocimiento de que el préstamo era nulo por usurario.

(iv) El 11 de enero de 2021 D. Luis María interpuso una demanda contra Wenance en la que
solicitó que se declarara la nulidad del préstamo por ser usurario. Tal demanda fue estimada
en la sentencia de 16 de julio de 2021 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de
Oviedo, en el juicio ordinario 26/2021, que declaró la nulidad del contrato de préstamo, por
usurario, "con la consecuencia de que únicamente ha lugar por la parte actora a la devolución de la parte de capital entregada y no devuelta".

(v) El 13 de enero de 2021 D. Luis María interpuso contra Wenance la demanda origen de este
litigio, en la que solicitó que se declarara que la inclusión de sus datos personales en el fichero
Asnef constituía una vulneración ilegítima de su derecho al honor, se condenara a Wenance a
indemnizarle en cinco mil euros por daños morales y se cancelara el tratamiento de sus datos.

(vi) Inmediatamente después de ser emplazada Wenance en estos litigios, el tratamiento de
los datos del demandante en el fichero Asnef-Equifax fue cancelado.

2.- El Juzgado de Primera Instancia al que correspondió el conocimiento de esta última
demanda dictó una sentencia desestimatoria. Consideró que "al tiempo en el que se produce la inscripción de los datos del actor en el fichero de morosos la deuda no era incierta con base a una discusión sobre su carácter usurario" pues la comunicación en la que el prestatario manifestaba su disconformidad a la prestamista y la posterior interposición de la demanda por usura tuvieron lugar varios meses después de la inclusión de los datos en el fichero de morosos, y la prestamista canceló el tratamiento de los datos cuando fue emplazada en este
litigio. Además, el prestatario había sido advertido al celebrar el contrato de la posibilidad de
que sus datos fueran incluidos en un fichero sobre solvencia patrimonial, y la prestamista le
requirió de pago antes de comunicar los datos al fichero de Asnef.

3.-El demandante apeló la sentencia y la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación.
La sentencia declaró que la cuantía de la deuda por la que se incluyó al demandante en el
fichero de morosos fue incorrecta pues el préstamo era usurario, por lo que el prestatario solo
adeudaba el importe del capital prestado, no los elevados intereses que también fueron
incluidos en el fichero, sin que fuera óbice el hecho de que el demandante aún no hubiera
protestado. Además, la Audiencia Provincial consideró que el art. 20 de la nueva Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre (LA LEY 19303/2018), no había derogado el art. 38.1.c del Real
Decreto 1720/2007 (LA LEY 13934/2007) y que, en consecuencia, el tratamiento de los datos
fue ilícito porque al requerir de pago al deudor no se le advirtió de que sus datos podían ser
comunicados a un fichero sobre solvencia patrimonial. Además, la advertencia sobre este
particular hecha al contratar el préstamo no se ajustó a lo exigido en dicho art. 20 de la nueva
Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018) porque no mencionaba los sistemas comunes de
información crediticia en los que participaba el acreedor.

4.- Wenance ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de
casación, ambos basados en un motivo, que han sido admitidos.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Formulación del recurso extraordinario por infracción procesal

1.- En el encabezamiento del único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal
se denuncia la infracción del artículo 218.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) en relación con el art. 24 y el art. 120.3 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978), por falta de motivación respecto de la efectiva realización del requerimiento de pago previo.

2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente razona extensamente por qué sí debe
considerarse probado que, al tiempo de contratar el préstamo, informó al prestatario de los
sistemas comunes de información crediticia en los que participaba el acreedor, así como que la
sentencia de la Audiencia Provincial yerra al afirmar que no se ha acreditado que el deudor
hubiera recibido el anuncio de inclusión previo al tratamiento de los datos de solvencia
patrimonial.

TERCERO.- Decisión del tribunal: inexistencia de la infracción

1.- La exigencia de motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y
pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la
cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas
resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los
criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que
ha determinado aquella ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo (LA LEY 64398/2012),
736/2013, de 3 de diciembre (LA LEY 199091/2013), 43/2021, de 2 de febrero (LA LEY
30548/2021), y 170/2021, de 25 de marzo (LA LEY 14138/2021), entre otras).

2.- La sentencia de la Audiencia Provincial, al revisar la valoración de la única prueba
practicada en el proceso, que es la prueba documental, ha considerado que no ha resultado
probado que, al tiempo de contratar el préstamo, la demandada hubiera informado al
prestatario de los sistemas comunes de información crediticia en los que participaba el
acreedor.

3.- La ratio decidendi de dicha conclusión es evidente, a la vista de que solo se ha practicado
prueba documental y que los documentos contractuales y precontractuales eran solo una
pequeña parte de los documentos aportados, por lo que ese razonamiento se refería
necesariamente a esos concretos documentos. La motivación ha de considerarse sumaria pero
suficiente.

4.- Cuestión distinta es que la recurrente pretenda de modo improcedente convertir el recurso
extraordinario por infracción procesal en una nueva instancia y realizar una extensa
argumentación sobre la valoración de la prueba que entiende más correcta, para que esta sala,
convertida en una tercera instancia, realice una valoración de la prueba distinta a la de la
Audiencia Provincial y revoque su sentencia.

5.- Tampoco puede basarse la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal en
la denuncia que hace la recurrente de que la sentencia de la Audiencia Provincial yerra al
afirmar que no se ha acreditado que el deudor hubiera recibido el anuncio de inclusión previo
al tratamiento de los datos de solvencia patrimonial, que parece referirse al requerimiento
previo a la inclusión de los datos en el fichero de morosos, que corresponde hacer al acreedor,
no a la notificación prevista en el párrafo segundo del art. 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018 (LA
LEY 19303/2018), que corresponde hacer al responsable del fichero, que no ha sido
demandado.

6.- En primer lugar, porque lo que se denuncia en el encabezamiento del motivo no es el error
patente o la arbitrariedad en la valoración de la prueba sino la falta de motivación, que es
cuestión distinta. Por tanto, en el desarrollo del motivo está argumentando sobre una
infracción que no es la denunciada en el encabezamiento del motivo y que, en consecuencia,
no puede servir para estimar la existencia de la infracción denunciada.

7.- En segundo lugar, porque lo que en realidad pretende la recurrente con la extensa
argumentación sobre cómo debe valorarse la prueba es que esta sala se convierta en un nuevo
tribunal de apelación que pueda revisar con total amplitud la valoración de la prueba hecha
por la Audiencia Provincial, que otorgue mayor valor a las conclusiones probatorias de la
sentencia del Juzgado de Primera Instancia que a las conclusiones de la sentencia de la
Audiencia Provincial, y que se le otorgue la consideración de prueba a determinado contenido
de su escrito de oposición al recurso de apelación, que es un escrito de alegaciones pero no un
medio probatorio. Estas pretensiones no tienen cabida en un recurso extraordinario por
infracción procesal, que no permite la revisión de la valoración de la prueba, y menos aún
cuando lo denunciado es la falta de motivación.

8.- Por último, lo que afirma la sentencia de la Audiencia Provincial no es que no se hubiera
producido el requerimiento de pago previo a la comunicación de los datos al fichero de
morosos, sino que a la inexistencia de una deuda cierta, líquida y exigible "se suma la falta del requisito de existencia de requerimiento previo de pago con apercibimiento de inclusión [en el fichero de morosos]". La Audiencia Provincial no contradice en realidad la valoración de la prueba hecha por el Juzgado de Primera Instancia en el apartado ii) de su fundamento segundo (el juzgado concluyó que la demandada practicó varios requerimientos de pago al
demandante). Lo que afirma es que en esos requerimientos de pago no se incluyó una
advertencia de comunicación de los datos al fichero de morosos, lo que por otra parte
reconoce la recurrente en su recurso.

9.- En conclusión, no debe confundirse la ausencia de motivación con que la Audiencia
Provincial no haya aceptado la valoración de la prueba y fijación de los hechos probados que
pretende la recurrente, o que la recurrente no haya calibrado correctamente lo afirmado por
la Audiencia Provincial sobre la práctica del requerimiento de pago previo a la comunicación
de los datos al fichero de morosos.

10.- Por las razones expuestas, el recurso extraordinario por infracción procesal debe ser
desestimado.

Recurso de casación

CUARTO.- Formulación del recurso de casación

1.- El epígrafe que encabeza el único motivo del recurso de casación denuncia la infracción del
artículo 20, apartados 1.b) y 1.c) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales (LA LEY 19303/2018), en relación con
el art. 18.1 (LA LEY 2500/1978) y 4 de la CE y del art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 (LA LEY
1139/1982), sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.

2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente cuestiona que la Audiencia Provincial haya
considerado que el carácter usurario del préstamo supone que la deuda no fuera cierta,
vencida y exigible. La recurrente argumenta que cuando los datos del demandante se
comunicaron al sistema de información crediticia no se había iniciado el litigio en el que se
dictó la sentencia que declaró que el préstamo era usurario ni el deudor le había dirigido
comunicación alguna, por lo que la deuda era pacífica.

3.- A continuación, la recurrente afirma que el Real Decreto 1720/2007 (LA LEY 13934/2007),
que aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (LA LEY 4633/1999), fue
derogado por la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LA LEY 19303/2018), pues esta
derogó la Ley Orgánica 15/1999 (LA LEY 4633/1999), que era desarrollada por aquel
reglamento. Por tal razón, el requisito del requerimiento previo de pago de los arts. 38 y 39 de
dicho reglamento no es exigible.

QUINTO.- Decisión del tribunal (I): el requisito de existencia de una deuda cierta, vencida,
líquida y exigible

1.- El art. 20.1.b de la nueva Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018) exige, como requisito
para la licitud de la comunicación de los datos personales a uno de estos ficheros sobre
solvencia patrimonial que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles,
añadiendo la exigencia de que su existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación
administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución
de disputas vinculante entre las partes.

2.- En las sentencias de esta sala 13/2013, de 29 de enero (LA LEY 5156/2013), 672/2014, de
19 de noviembre (LA LEY 175700/2014), 740/2015, de 22 de diciembre (LA LEY 196612/2015), 114/2016, de 1 de marzo (LA LEY 9912/2016), y 174/2018, de 23 de marzo (LA LEY 14851/2018), hemos realizado algunas consideraciones generales sobre esta cuestión: para la inclusión de los datos del deudor en ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones
dinerarias la deuda debe ser, además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca,
indudable. Por tal razón, no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de
deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio.

3.- Por lo general, hemos vinculado el cumplimiento de estos requisitos a la inexistencia de
controversia sobre la deuda cuando se produce la comunicación de los datos al fichero de
morosos, porque si el titular de los datos considera razonable y legítimamente que no debe lo
que se le reclama, y así se lo ha hecho saber al acreedor, la falta de pago no es indicativa de la
insolvencia del afectado y por tanto el tratamiento de sus datos en uno de estos ficheros no es
pertinente. Tampoco puede utilizarse la inclusión en el fichero de morosos como una medida
de presión para zanjar disputas con el cliente sobre la existencia o cuantía de la deuda.

4.-En el caso objeto del recurso, el deudor formuló su primera reclamación sobre la
pertinencia de la deuda con posterioridad a la inclusión de sus datos en el fichero de morosos.
Antes de ese momento no había ofrecido siquiera restituir el capital del préstamo, a lo que el
prestatario está obligado cuando el préstamo es usurario. Por tal razón, en el momento en que
el acreedor comunicó sus datos personales al registro de morosos, no existía controversia
entre las partes sobre la existencia de la deuda. Inmediatamente después de ser emplazada
Wenance en el litigio en el que el demandante ejercitó la acción basada en la Ley de 23 de julio
de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (LA LEY 3/1908), que fue
prácticamente simultáneo al emplazamiento en el litigio origen de este recurso pues las
demandas se interpusieron en un intervalo de apenas dos días, el tratamiento de los datos del
demandante en el fichero Asnef-Equifax fue cancelado.

5.- Sobre esta cuestión, en la sentencia 832/2021, de 1 de diciembre (LA LEY 226231/2021),
declaramos que, a efectos de considerar que la deuda no era cierta, no es relevante el
cuestionamiento de la deuda hecho con posterioridad a su inclusión en el registro de morosos.

6.- Además de lo anterior, cuando el demandante obtuvo una sentencia favorable que declaró
el carácter usurario del préstamo, tal declaración no le eximió de restituir a la prestamista la parte de capital pendiente de pago, pues de los 500 euros que le fueron prestados solo había
restituido 250 euros. El demandante no ha objetado la afirmación de la prestamista de que,
una vez fijada la cuantía de la deuda por la declaración de nulidad del préstamo por usurario
(la restitución del capital, una vez deducido lo ya pagado), el prestatario sigue sin pagar lo que
adeuda a la prestamista.

7.- Por lo cual, que sus datos fueran objeto de tratamiento en un fichero sobre solvencia
patrimonial no vulnera su derecho al honor, por más que la cantidad comunicada al fichero no
fuera la correcta, pues lo que vulnera el honor del afectado no es que la cuantía de la deuda
que consta en el registro sea incorrecta, sino que se dé al afectado el tratamiento de moroso,
incumplidor de sus obligaciones dinerarias, sin serlo.

8.- Sobre esta cuestión, en la sentencia 671/2021, de 5 de octubre (LA LEY 171909/2021),
declaramos que "lo verdaderamente relevante para que pudiera considerarse infringido el
derecho al honor de los demandantes [...] no es tanto la corrección de la concreta cantidad en
que el banco cifró la deuda, sino que se hubiera comunicado a la CIRBE sus datos personales
asociados a datos económicos de los que resultara su condición de morosos, sin serlo
realmente"

9.- Por tal razón, la incorrección del dato relativo a la cuantía de la deuda que constaba en el
fichero de morosos no supone una vulneración del derecho al honor pues no añade un
desvalor relevante respecto de la protección de dicho derecho fundamental al que ya supone
ser tratado, justificadamente, como moroso.

10.- Asimismo, el desvalor que para el ordenamiento jurídico supone la usura trae consigo la
consecuencia de la nulidad prevista en la Ley de 23 de julio de 1908 (LA LEY 3/1908): que el
prestatario solo ha de restituir la suma recibida, esto es, el capital del préstamo. Pero no tiene
como consecuencia que la comunicación a un fichero de morosos de los datos del deudor que
no ha restituido la suma que le fue entregada constituya una intromisión ilegítima en el
derecho al honor de este, cuando en ese momento el deudor no había planteado controversia
sobre la existencia de la deuda ni había intentado restituir siquiera el capital recibido.

11.- Como conclusión a lo expuesto, la argumentación de la Audiencia Provincial sobre este
extremo, al considerar que, en las circunstancias expresadas, la comunicación al fichero de
morosos de una deuda por una cuantía incorrecta, determina la existencia de la intromisión
ilegítima en el honor del demandante, no es correcta.

SEXTO.- Decisión del tribunal (II): trascendencia deart. 20.1 c) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre (LA LEY 19303/2018), de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales, respecto del requisito del requerimiento previo de pago

1.- La otra cuestión que se plantea en el recurso es si los arts. 38 y 39 del reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (LA LEY 4633/1999), aprobado por el Real Decreto
1720/2007 (LA LEY 13934/2007), han sido derogados por la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre (LA LEY 19303/2018).

2.- En primer lugar, que la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018) derogue expresamente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA
LEY 4633/1999) (con excepciones referidas a ciertas materias que aquí no son relevantes) no
significa necesariamente que haya quedado derogado el reglamento aprobado por el Real
Decreto 1720/2007 (LA LEY 13934/2007).

3.- A falta de un reglamento que desarrolle la nueva ley orgánica, el Real Decreto 1720/2007
(LA LEY 13934/2007) sirve de desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY
19303/2018), necesario para la plena eficacia de esta, sin perjuicio de que hayan quedado
derogadas aquellas normas del citado reglamento que "contradigan, se opongan, o resulten
incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 (LA LEY 6637/2016) y en la
presente ley orgánica", según prevé expresamente el apartado 3.º de la disposición
derogatoria única de la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018) en relación con las
disposiciones de igual o inferior rango.

4.- Por tanto, ha de determinarse si los citados arts. 38 y 39 del reglamento aprobado por el
Real Decreto 1720/2007 (LA LEY 13934/2007) son compatibles con la regulación contenida en
el art. 20 de la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018), en concreto con su apartado 1.c).

5.- El art. 20.1.c) de la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018), bajo el título "sistemas de información crediticia", establece los siguiente:

"1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos
al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes
de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos: [...]

" c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el
pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los
que participe.

"La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al
afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos
establecidos en los artículos 15 a (LA LEY 6637/2016)22 del Reglamento (UE) 2016/679 (LA LEY 6637/2016) dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema,
permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo".

6.- El art. 38.1.c del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 (LA LEY 13934/2007), bajo el título "requisitos para la inclusión de los datos", establece:

"1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean
determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los
siguientes requisitos: [...]

" c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación";.

7.- El art. 39 del mismo reglamento, bajo el título "nformación previa a la inclusión",
establece:

"El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en
todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del
artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y
cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser
comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones
dinerarias".

8.- Este último precepto, es decir, el art. 39 del citado reglamento, ha de entenderse derogado
por el nuevo art. 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018), porque una y otra
norma son incompatibles. Mientras que este art. 39 del reglamento exige que la información
sobre la posibilidad de comunicar a estos ficheros los datos relativos al impago se realice "en el
momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el
requerimiento", el nuevo art. 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018) permite
que tal información se realice "en el contrato o en el momento de requerir el pago".

9.- Por tanto, no es preciso realizar la información (más bien una advertencia) sobre la
posibilidad de comunicar los datos al fichero de morosos en caso de impago en el contrato y,
"en todo caso", en el momento de requerir de pago, sino que puede realizarse en cualquiera de estos momentos, no necesariamente en ambos.

10.-Respecto del requerimiento de pago, el art. 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999), que regulaba este
tipo de ficheros sobre solvencia patrimonial y, en concreto, sobre incumplimiento de
obligaciones dinerarias, no establecía el requisito del requerimiento de pago pues solo establecía que "se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de
carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia
de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la
totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley". El desarrollo
reglamentario de esta obligación de notificación por parte del responsable del fichero se hacía
en el art. 40 del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 (LA LEY 13934/2007) y
hoy se encuentra recogida en el segundo párrafo del art. 20.1.c) de la Ley Orgánica 3/2018 (LA
LEY 19303/2018).

11.- Sin embargo, el hecho de que el requisito del requerimiento de pago previo a la
comunicación de los datos por el acreedor al fichero de solvencia patrimonial no estuviera
previsto expresamente en la Ley Orgánica 15/1999 (LA LEY 4633/1999), no determinó que la
regulación del art. 38.1.c) del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 (LA LEY
13934/2007) fuera considerado un exceso reglamentario.

12.- Por tanto, el hecho de que el actual art. 20.1.c) de la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY
19303/2018) no establezca expresamente el requisito del requerimiento previo de pago no
supone que la regulación del art. 38.1.c del reglamento aprobado por el Real Decreto
1720/2007 (LA LEY 13934/2007) se oponga o sea incompatible con la nueva norma legal y
deba considerarse, por tanto, derogado. Es más, la nueva norma legal contiene la mención a la
existencia de dicho requerimiento previo al prever que la advertencia de comunicación de los
datos al fichero debe hacerse bien en ese requerimiento previo, bien al celebrarse el contrato.
Esa mención, que no existía en la anterior ley, implica que el nuevo precepto legal presupone
la existencia necesaria de tal requerimiento previo, que es uno de los momentos, junto con el
de celebración del contrato, en los que el acreedor puede hacer al deudor la advertencia de
comunicación de sus datos al fichero de morosos en caso de impago de la deuda.

13.-La conclusión de lo anterior es que sigue siendo exigible el requerimiento previo de pago,
previsto en el propio art. 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018), cuya función y justificación han sido expresadas por esta sala en numerosas sentencias (entre las últimas, la
sentencia 604/2022, de 14 de septiembre (LA LEY 199018/2022)): impide que sean incluidas en
estos registros los datos de personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que
son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente
a una obligación dineraria vencida y exigible, por lo que el dato del impago no es pertinente
para enjuiciar su solvencia. Lo que no es imprescindible con la nueva regulación es que en ese
requerimiento de pago se advierta de la posibilidad de incluir sus datos en un fichero de
morosos en caso de impago pues esa advertencia puede haber sido realizada al contratar.

14.- La exigencia de que el responsable del fichero notifique al afectado la inclusión de tales
datos y le informe sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15
a (LA LEY 6637/2016)22 del Reglamento (UE) 2016/679 (LA LEY 6637/2016) dentro de los
treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, que se contenía tanto en el art.
29 de la anterior ley orgánica como en el párrafo segundo del art. 20.1.c) de la actual, no suple el requisito del requerimiento previo sino que se añade a él, al igual que ocurría en el régimen
anterior.

15.- Además, si solo fuera exigible la notificación posterior a la inclusión por parte del
responsable del fichero, ya se habría producido un primer tratamiento de esos datos
personales por la comunicación de los datos por el acreedor al responsable del fichero, sin
asegurarse de su pertinencia, al poder ser tratados los datos de los deudores que por
inadvertencia hubieran dejado de pagar alguna deuda sin que esto fuera significativo de su
insolvencia.

16.- Como conclusión, podemos afirmar que en el nuevo régimen legal existen tres
obligaciones diferenciables:

i) El acreedor debe informar al afectado, en el contrato o en el momento de requerir el pago,
acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que
participe ( art. 20.1.c], párrafo primero, de la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018), que
deroga el art. 39 del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 (LA LEY
13934/2007), en tanto que este exigía que la información se hiciera cumulativamente en
ambos momentos)

ii) El acreedor, o quien actúe por su cuenta o interés, debe requerir de pago al deudor con
carácter previo a la comunicación de sus datos al fichero de morosos ( art. 38.1.c del
reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 (LA LEY 13934/2007)) y estará obligado a
conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de
Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de tal requisito y
de los demás exigidos por la normativa aplicable, conforme al art 38.3 de dicho reglamento.

iii) La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al
afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos
establecidos en los artículos 15 a (LA LEY 6637/2016)22 del Reglamento (UE) 2016/679 (LA LEY 6637/2016) dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema,
permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo ( art. 20.1.c], párrafo segundo, de la
Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018)). La notificación deberá efectuarse a través de un
medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que le permita acreditar la
efectiva realización de los envíos (art. 40.3 de dicho reglamento).

17.- En el presente caso, dado que antes de comunicar los datos personales del demandante al
fichero de morosos la demandada requirió de pago al demandante, el requisito del
requerimiento previo de pago se cumplió. Que en los requerimientos de pago no se advirtiera
al deudor de la posibilidad de comunicar sus datos al fichero de morosos no determina la ilicitud de tal comunicación porque esa advertencia ya se efectuó al contratar, como permite
actualmente el art. 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018).

18.- Asimismo, que en aquel momento no se informara al afectado de los sistemas de
información crediticia en los que participaba la demandada no supone que se haya vulnerado
el derecho al honor del demandante puesto que no es un hecho que coadyuve a la producción
de un daño ilegítimo en ese bien jurídico, sin perjuicio de que pueda ser tomado en
consideración para fijar la cuantía de la indemnización si tal circunstancia agravara las
consecuencias de una intromisión ilegítima en el derecho al honor efectivamente producida,
por haber dificultado el ejercicio por el afectado de sus derechos de acceso, rectificación o
cancelación.

19.- En consecuencia, la argumentación de la sentencia recurrida sobre la insuficiencia tanto
del requerimiento practicado como de la advertencia sobre la inclusión de los datos en un
fichero de morosos en caso de impago, que habrían determinado también la existencia de una
intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, tampoco es correcta.

SÉPTIMO.- Decisión del tribunal (III): conclusión

1.- No existiendo duda alguna de que el demandante era un deudor moroso, pues no restituyó
la totalidad del capital prestado; constando que en el contrato de préstamo se le había
advertido de la posibilidad de incluir sus datos en un fichero de morosos en caso de impago de
la deuda; y constando que fue requerido de pago con carácter previo a la comunicación de sus
datos al registro de morosos, la inclusión de sus datos en un sistema de información crediticia
(fichero o registro de morosos) no constituyó una intromisión ilegítima en su derecho al honor.

2.- El hecho de que el importe de la deuda que se comunicó a dicho fichero fuera superior al
realmente adeudado no basta para considerar que la inclusión de sus datos en el fichero
vulneró su honor, pues hasta ese momento el deudor no había intentado restituir el capital
recibido ni había manifestado a la acreedora su disconformidad con la cantidad reclamada por
la demandada, por lo que no había duda de que existía una deuda y el demandante había
incurrido en mora. Y, habida cuenta de las circunstancias expresadas, no puede considerarse
que la comunicación de sus datos al fichero supusiera una presión ilegítima del acreedor para
zanjar una disputa sobre la existencia o cuantía de la deuda.

3.- El desvalor que para el ordenamiento jurídico supone la usura, que lleva aparejado las
consecuencias previstas en la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de
préstamos usurarios (LA LEY 3/1908), no supone que el tratamiento de datos en un fichero de
morosos del deudor que no ha podido restituir ni siquiera la suma recibida en préstamo
constituya una intromisión ilegítima en su derecho al honor.

4.- El requisito del requerimiento previo de pago establecido en el art. 38.1.c del reglamento
aprobado por el Real Decreto 1720/2007 (LA LEY 13934/2007) sigue siendo exigible tras la
entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LA LEY 19303/2018), que no ha
derogado aquel precepto reglamentario puesto que no existe incompatibilidad entre uno y
otro. Pero ya no es indispensable que en ese requerimiento se advierta al deudor de la
posibilidad de comunicar sus datos al fichero de morosos si tal advertencia se ha hecho al
celebrar el contrato, como ocurrió en el caso objeto del recurso.

5.- Que en esa advertencia no se informara al deudor de los sistemas de información crediticia
en los que participa el acreedor no determina, por sí solo, que la comunicación de los datos a
uno de esos sistemas constituya una vulneración del derecho al honor del deudor.

6.- Por todas estas razones, el recurso de casación debe ser estimado, la sentencia de la
Audiencia Provincial, revocada, y debe confirmarse la sentencia del Juzgado de Primera
Instancia.

OCTAVO.- Costas y depósitos

1.- No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido
estimado y procede condenar a la recurrente al pago de las costas del recurso extraordinario
por infracción procesal que ha sido desestimado, de conformidad con los artículos 394 (LA LEY
58/2000) y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000). Respecto de las
costas del recurso de apelación, procede condenar al apelante al pago de las costas.

2.- Procédase a la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de
casación y se acuerda la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso
extraordinario por infracción procesal, de conformidad con la disposición adicional 15.ª,
apartados 8 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985).

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución,
esta sala ha decidido

1.º- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y estimar el recurso de
casación interpuesto por Wenance Lending de España S.A. contra la sentencia 73/2022 de 28
de febrero, dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo, en el recurso de
apelación núm. 513/2021 (LA LEY 77258/2022)

2.º- Casar la expresada sentencia y, en su lugar, desestimamos el recurso de apelación
interpuesto por D. Luis María contra la sentencia 298/2021, de 9 de julio, del Juzgado de
Primera Instancia núm. 1 de Oviedo y condenamos al apelante al pago de las costas del recurso
de apelación.

3.º- No imponer las costas del recurso de casación y condenar a Wenance Lending de España
S.A. al pago de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal.

4.º- Devolver a la recurrente el depósito constituido para interponer el recurso de casación y
acordar la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso extraordinario por
infracción procesal.

La compensación que puede pedir un arrendador ante la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables

Wed, 08 Feb 2023 16:00:00 GMT

La vara de medir entre los derechos y las obligaciones que hay en una relación contractual no
siempre es fácil de fijar. En el caso de un contrato de alquiler son muchas las cláusulas que
afectan a la relación entre arrendador e inquilino, pero la premisa obligatoria es que el
inquilino debe estar al día de los pagos de la renta fijada por el arrendador. Esto hay veces que
no se puede cumplir y el arrendador tiene la facultad de pedir el desahucio de un inquilino
moroso.

Sin embargo, existen personas cuyo impago de las cuotas del alquiler está protegido por la ley,
y son aquellos denominados inquilinos vulnerables, que no pueden ser desahuciados debido a
esta exención que sigue vigente hasta el 30 de junio de 2023.

Entonces, surge la pregunta de qué puede hacer el arrendador de un inmueble ante el impago
de un inquilino que no puede cobrar y al que, además, no puede desahuciar. Existe una vía de
actuación para el propietario del inmueble que es acreedor de una deuda por parte de su
inquilino, que puede recibir una compensación por seguir alojando a un inquilino que no le
paga, pero dichas compensaciones las debe tramitar cada comunidad autónoma.

¿Cómo solicitar la compensación?

De forma general, las compensaciones económicas por impago de un inquilino vulnerable
deben solicitarse en el departamento competente de cada comunidad autónoma, y el plazo
para presentar las mismas dura hasta el verano. Para poder solicitar esta cantidad
compensatoria es necesario reunir una documentación que se resume en los siguientes
puntos:

- DNI del interesado o representante.
- La solicitud firmada.
- Identificación del medio electrónico (o en su defecto, lugar físico) en que desea que se
practique la notificación.
- Contrato de arrendamiento que acredite fehacientemente la renta pactada.
- Exposición razonada y justificada de la compensación que se solicita.
- Las facturas de los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador
o propietario.
- Auto judicial de suspensión del desahucio o lanzamiento (y auto judicial de levantamiento de
la suspensión).

- Una cuenta bancaria para el abono de la compensación.

El apartado de la exposición y la justificación de la compensación que se solicita se realiza a
través de un documento que debe tener unos criterios coherentes que se explican en los
siguientes apartados.

-El valor medio de un alquiler de vivienda en el entorno del inmueble, determinado a partir de
los índices de referencia del precio del alquiler u otras referencias objetivas representativas del
mercado de arrendamiento. Si la renta que se venía percibiendo fuera menos, la
compensación consistirá en la renta dejada de percibir.
- Los gastos corrientes de la vivienda que el arrendador o propietario pueda demostrar.

Para mayor información se puede poner en contacto con nuestro despacho de abogados,
donde estaremos encantados de poderle ayudar .

Orden de expulsión y Prohibición de entrada

Thu, 02 Feb 2023 15:54:00 GMT

En este artículo trataré de explicar cómo los extranjeros pueden enfrentarse tanto a una
situación como a otra, es decir, qué hacer si nos encontramos en España con una orden de
expulsión y queremos revocarla/recurrila, y las posibilidades que existen de retornar a España,
una vez nos hayan expulsado del territorio.

La situación de los extranjeros en España se regula fundamentalmente en la L.O. 4/2000, de 11
de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
(conocida como "Ley de Extranjería"), reformada por la L.O. 8/2000, de 22 de Diciembre, L.O.11/2003, de 29 de Septiembre, L.O. 14/2003, de 20 de Noviembre y L.O. 2/2009, de 11 de Diciembre, siendo su Reglamento de desarrollo vigente el aprobado por R.D. 557/2011, de 20 de Abril, todo ello sin perjuicio de la incidencia que al efecto opera sobre la misma la L.O. 1/2015, de 30 de Marzo, de Reforma del Código Penal.

Lo primero, es distinguir que nos encontramos en dos situaciones diferentes. Por un lado, un
extranjero en España que, por diferentes motivos, le han notificado una ORDEN DE
EXPULSIÓN; y la otra que, una vez que dicha orden de expulsión haya sido ejecutada y nos han
expulsado ya de España, y nos encontramos por lo tanto, en nuestros países de origen, pero
necesitamos o queremos regresar a territorio Español.

Asimismo, adelantar que existen en España dos vías de expulsión del territorio nacional: la
administrativa y la judicial.

Una expulsión administrativa se puede abrir por dos motivos: estancia irregular en España o
por tener una sentencia firme de prisión (por la comisión de un determinado delito) superior a
1 año, en este caso te expulsarán aunque seas residente legal. Al respecto, aprovecho para
señalar que, la Sección V de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha
establecido como doctrina jurisprudencial que la expulsión de España de un ciudadano
extranjero por vía administrativa como consecuencia de una condena penal solo es procedente cuando la pena mínima prevista en el Código Penal para el delito por el que ha sido condenado sea superior a 1 año de prisión.

Las expulsiones administrativas nunca sustituyen la condena por lo tanto se ejecutan al
alcanzar la libertad definitiva.

Las expulsiones judiciales, por otro lado, son aquellas que las impone un "juez" y son sustitutivas de la pena de prisión que se impone a un extranjero en situación irregular, siempre que la pena de prisión sea inferior a 6 años. Vienen impuestas en la sentencia y la policía tiene un plazo de un mes para ejecutar esa expulsión.

A pesar de que pueda parecer que todo está perdido, es importante que sepas que existen
recursos y mecanismos para evitar ser expulsado, o, según el caso, de regresar a España
cuando nos hayan prohibido la entrada.

Antes de explicar esos mecanismos y recursos, me gustaría aclarar algunas cuestiones
relevantes, que considero pueden ayudar a ilustrar mejor de lo que estamos tratando aquí.

Es importante saber que: - La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, distingue dos vías de expulsión del
territorio nacional: administrativa y judicial.

- Las salidas del territorio español de los extranjeros que se encuentren en España podrán
realizarse libremente, excepto en los casos previstos en el Código Penal y en la Ley de
extranjería, en que dicha salida será obligatoria y comporta una expulsión de extranjeros.
¿Cuándo nos encontramos con salidas de España obligatorias?:

* Expulsión de extranjeros del territorio español por orden judicial, en los casos previstos en el
Código Penal.

* Expulsión de extranjeros o devoluciones acordadas por resolución administrativa en los casos
previstos en la ley de extranjería.

- Una ORDEN DE EXPULSIÓN conlleva, la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado.

- Igualmente, conlleva una sanción de prohibición de entrada a España por determinado
tiempo. La duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias que
concurran en cada caso y su vigencia no excederá de cinco años.

- Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público,
la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse un período
de prohibición de entrada de hasta diez años, previo informe de la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras.

- La expulsión llevará consigo la prohibición de entrada al territorio español y a los territorios
de los Estados con los que España haya suscrito acuerdo en ese sentido.

- Cabe la opción de que no se impongan junto con la sanción de expulsión, la prohibición de
entrada cuando el extranjero hubiera abandonado el territorio nacional durante la tramitación
del expediente administrativo sancionador por alguno de los supuestos contemplados en las
letras a) y b) del artículo 53.1 de la Ley de extranjería, es decir, por estar en situación irregular
o haber sido sancionado por trabajar sin tener autorización de residencia y trabajo.

- También cabe la posibilidad de que se revoque la prohibición de entrada impuesta por las
mismas causas, cuando el extranjero abandonara el territorio nacional en el

plazo de cumplimiento voluntario (solo en procedimiento ordinario) previsto en la orden de
expulsión.

- El Código Penal establece que las penas de prisión de más de un año impuestas a un
ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español.

- La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá, en principio,
cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en
atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y
circunstancias personales.

- En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa, la
elección entre ambas sanciones se encuentra sujeta al principio de proporcionalidad entre la
gravedad de la infracción cometida y la sanción impuesta, propio del ámbito sancionador.

- La expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no devolución, o
afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la
gestación o la salud de la madre.

- La resolución de expulsión deberá ser notificada al interesado, con indicación de los Recursos
que contra la misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de presentarse y
plazo para presentarlos.

- La sanción de expulsión no podrá ser impuesta a los extranjeros que se encuentren en los
siguientes supuestos:

* Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años.

* Los que tengan reconocida la residencia permanente.

* Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española.

* Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo
como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España,
así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de
una prestación económica

asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral.

Aclarado lo que significa una orden de expulsión, en qué casos se produce la salida del país de
forma voluntaria y cuándo obligatoriamente, así como, diferencia entre la orden de expulsión
por la comisión de un determinado delito, conforme al Código Penal, y la orden de expulsión
que deviene en el seno de un procedimiento administrativo (Denegación administrativa de las
solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o
falta de autorización para encontrarse en España), y sobre este último punto, saber que no
toda situación de estancia irregular conlleva una orden de expulsión necesariamente.

Ahora al punto que nos interesa. Nos encontramos con la ORDEN DE EXPULSIÓN notificada,
que puedo hacer ?

I. SI SE TRATA DE UNA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA:

De acuerdo a la normativa, la expulsión administrativa que, al igual que la penal, solo puede
acordarse respecto de ciudadanos extranjeros, puede venir determinada por la comisión de
infracciones muy graves. Así pues dispone la Ley Orgánica 4/2000, que cuando los autores de
las infracciones muy graves y de las infracciones graves tipificadas en los apartados a), b), c), d)
y f) del artículo 53 sean extranjeros, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la
expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente
administrativo (artículo 57.1 de dicha Ley Orgánica).

La expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un periodo que
no excederá de cinco años salvo que el extranjero suponga una amenaza grave para el orden
público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública en cuyo caso podrá
imponerse un periodo de prohibición de entrada de hasta diez años.

Reza la ley citada, que la resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el
procedimiento ordinario incluirá un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio nacional. La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días y comenzará a contar desde el momento de la notificación de la citada resolución.

De igual manera, es importante saber que dicho plazo de cumplimiento voluntario de la orden
de expulsión podrá prorrogarse durante un tiempo prudencial en atención a las circunstancias
que concurran en cada caso concreto, como pueden ser, la duración de la estancia, estar a
cargo de niños escolarizados o la existencia de otros vínculos familiares y sociales.

Una vez notificada la resolución de expulsión, el extranjero vendrá obligado a abandonar el
territorio español en el plazo que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior a las setenta y
dos horas, excepto en los casos en que se aplique el procedimiento preferente.

Si el extranjero no cumple, señala la normativa que se procederá a su detención y conducción
hasta el puesto de salida por el que se haya de hacer efectiva la expulsión. Si la expulsión no se
pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, podrá solicitarse la medida de
internamiento, que no podrá exceder de cuarenta días.

De acuerdo a la normativa, la ejecución de la resolución de expulsión se efectuará a costa del
extranjero si tuviere medios económicos para ello, en caso contrario, se comunicará al
representante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.

En aquellos supuestos en los que el extranjero sea detenido en territorio español y se constate
que contra él se ha dictado una resolución de expulsión por un Estado miembro de la Unión
Europea, se procederá a ejecutar inmediatamente la resolución, sin necesidad de incoar nuevo
expediente de expulsión. Se podrá solicitar la autorización del Juez de Instrucción para su
ingreso en el centro de internamiento, con el fin de asegurar la ejecución de la sanción de
expulsión, de acuerdo con lo previsto en la Ley.

Se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión cuando se formalice una petición de
protección internacional (asilo, refugio, protección internacional

subsidiaria), hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la
normativa de protección internacional.

Las resoluciones administrativas sancionadoras serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en
las leyes, y que a continuación paso a explicar, después de haber reseñado cuáles son las
medidas cautelares que se pueden adoptar.

En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre en España, podrá cursar los Recursos
procedentes, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a través de las representaciones
diplomáticas o consulares correspondientes, quienes los remitirán al organismo competente.

Tanto en los supuestos de prórroga del plazo de cumplimiento voluntario como de
aplazamiento o suspensión de la ejecución de la expulsión, lo que se acreditará en documento
debidamente notificado al interesado, se tendrá en cuenta la garantía para el extranjero
afectado de:

a) El mantenimiento de la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio
español.

b) La prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfermedades.

c) El acceso para los menores, en función de la duración de su estancia, al sistema de
enseñanza básica.

d) Las necesidades especiales de personas vulnerables.

Salvo para los supuestos previstos en el Art. 63 L.O.E. (Procedimiento Preferente en que la
ejecución de la orden de expulsión se efectuará de forma inmediata), el procedimiento de
expulsión será el "Procedimiento Ordinario".

La resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el procedimiento ordinario
incluirá un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio
nacional.

La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días y comenzará a contar desde el
momento de la notificación de la citada resolución.

Tanto en la fase de tramitación del procedimiento como durante el plazo de cumplimiento
voluntario, podrá adoptarse alguna o algunas de las medidas cautelares establecidas, excepto
la de internamiento.

MEDIDAS CAUTELARES

Desde el momento en que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda
proponerse la expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer,
podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares:

a) Presentación periódica ante las autoridades competentes.

b) Residencia obligatoria en determinado lugar.

c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de nacionalidad, previa entrega al
interesado del resguardo acreditativo de tal medida.

d) Detención cautelar, por la Autoridad gubernativa o sus Agentes, por un período máximo de
72 horas previas a la solicitud de internamiento. En cualquier otro supuesto de detención, la
puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superior a 72 horas.

e) Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los Centros de Internamiento.

f) Cualquier otra medida cautelar que el Juez estime adecuada y suficiente.

RECURSOS:

Cuando se dicta una resolución en que impone una sanción por el hecho de encontrarse en
situación irregular, el extranjero tiene dos posibilidades de recurrirla:

* presentando un recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución. Se
dispone de un plazo de un mes desde la fecha de la comunicación del decreto para presentar
el Recurso de Reposición. En el caso

que sea dictada la sanción de multa o expulsión, deberás cancelar la sanción o multa. En este
caso, deberás `presentar un "recurso de reposición". Si estas fuera del territorio y quieres
volver entrar, deberás solicitar su cancelación por escrito para asegurarte y evitar una
devolución.

* presentando un recurso contencioso-administrativo ante la Tribunal Contencioso-
Administrativo.

También cabe, como mencioné anteriormente, la adopción de medidas cautelares, entre ellas
la SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE EXPULSIÓN POR ARRAIGO:

Así pues, en el ámbito cautelar y respecto de la materia que estamos tratando, señalar que
DICHA SUSPENSIÓN RESULTA PROCEDENTE CUANDO LA PERSONA AFECTADA TIENE ARRAIGO
EN ESPAÑA POR RAZÓN DE SUS INTERESES FAMILIARES, SOCIALES O ECONÓMICOS, por lo que
la ejecución de la orden de expulsión -directamente adoptada o que puede adoptarse como
consecuencia del deber de abandonar el territorio nacional que en la resolución administrativa
se impone habría de producirle unos perjuicios de difícil reparación, que en parte afectarían a
su esfera personal.

REVOCACIÓN DE LA ORDEN DE EXPULSIÓN:

Además de los recursos mencionados, y de la medida cautelar de suspensión de la ejecución
de esa orden de expulsión por concurrir circunstancias de arraigo en el extranjero, o se prevea
que dicha expulsión pueda ocasionar un daño de difícil reparación, nos encontramos con la
posibilidad de REVOCAR dicha orden de expulsión, y esto, cómo procede dicha revocación?

Una orden de expulsión puede ser revocada de oficio por la Subdelegación del Gobierno si se
cumplen los requisitos para obtener una autorización de residencia en España.

La revocación supone dejar sin efecto la resolución de expulsión, pero la misma es un acto
discrecional de la administración, de manera que aunque se recoja tanto en la Ley de la
Jurisdicción Administrativa como en la de Extranjería, la Administración no está obligada a
realizarla y sólo revocará la resolución de expulsión en aquellos supuestos en los que se
justifique documentalmente a través del escrito presentado que se dan esas especiales
circunstancias, de ahí la necesidad de realizar el escrito asesorado por un especialista en la
materia.

Generalmente, la Revocación, procede en los siguientes supuestos, que son los que
reglamentariamente se regulan:

1.- Si se inicia un expediente por el procedimiento preferente y por la infracción de estancia
irregular y el extranjero acredita que tiene solicitada una autorización de residencia temporal
por circunstancias excepcionales, arraigo, el instructor comprobará el estado de tramitación de
dicha solicitud, y si cumple los requisitos para que se le conceda la residencia por
circunstancias excepcionales procederá al archivo del procedimiento sancionador, y en caso
contrario continuará con el mismo, pero se podrá acordar que se continúe en vez de por el
procedimiento preferente por el ordinario.

2.- Cuando se solicite una autorización de residencia por circunstancias excepcionales de las
previstas para mujeres extranjeras víctima de malos tratos, colaboración contra redes
organizadas, víctima de trata de seres y se comprueba que contra el solicitante ya existe una
sanción de expulsión no ejecutada y que proviene de una infracción por estar en situación
irregular o haber sido sancionado por trabajar sin tener autorización de residencia y trabajo.

En estos casos que he mencionado, la sanción de expulsión será revocada, una vez que
estudiada la solicitud se entienda que concurren todos los requisitos para la concesión de la
autorización.

3.- También cuando se vaya a solicitar la autorización de residencia por circunstancias
excepción

comprobase que contra el solicitante existe una sanción de expulsión no ejecutada y que
proviene de una infracción por estar en situación irregular o haber sido sancionado por
trabajar sin tener autorización de residencia y trabajo también será revocada, si ya desde un
análisis inicial de la solicitud por parte de la Administración se viesen indicios claros para la
concesión de la misma.

II. SI SE TRATA DE UNA ORDEN DE EXPULSIÓN JUDICIAL:

Primero, es saber que si a un extranjero, aunque esté residiendo en España de forma legal con
su permiso de trabajo, es condenado por un Juez a una pena de más de UN AÑO de prisión, se
procederá en la mayoría de los casos a la expulsión del extranjero del territorio nacional. El
artículo 89 del actual Código Penal, en su apartado primero, establece: "Las penas de prisión
de MÁS DE UN AÑO impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión
del territorio español."

¿En qué supuestos cabe la orden de expulsión judicial?

Para que el JUEZ acuerde la expulsión del extranjero, tiene que haber cometido un DELITO y
haber sido condenado en sentencia firme a una pena SUPERIOR a UN AÑO de PRISIÓN.

Si la pena impuesta de prisión es inferior o de distinta clase como multa, retiradas permiso
conducir, etc, no procederá la aplicación de este precepto.

No obstante, se le impone al Juez la OBLIGACIÓN DE SUSTITUIR la pena de PRISIÓN impuesta
superior al AÑO por la EXPULSIÓN. Por tanto no es potestativo, sino que es obligatoria para el
Juez la sustitución de la pena de prisión por la expulsión, es decir, procederá la expulsión en
estos casos.

Es importante señalar que, si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el
período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo
que, excepcionalmente, el Juez o Tribunal, reduzca su

duración cuando su cumplimiento resulte innecesario para asegurar la defensa del Orden
Jurídico y restablecer la confianza en la norma jurídica infringida por el delito, en atención al
tiempo transcurrido desde la expulsión y las circunstancias en las que se haya producido su
incumplimiento. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente
por la Autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de
entrada en su integridad.

¿Hay alguna excepción para no acordar la expulsión de un extranjero cuando comete un
delito?

Se excluirá la sustitución de la prisión por la expulsión y por tanto NO PROCEDERÁ, cuando el
Juez, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su
arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada.

Por tanto para que pueda ser sustituida la pena de prisión por la expulsión, el extranjero no
deberá tener ningún tipo de arraigo (familiar, social o laboral). En estos casos, cuando el
extranjero sí tenga arraigo, el Juez deberá valorar entre la pena impuesta y las circunstancias
personales del autor del hecho para poder acordar la expulsión.

La situación de los extranjeros en España se regula fundamentalmente en la L.O. 4/2000, de 11
de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
(conocida como "Ley de Extranjería"), reformada por la L.O. 8/2000, de 22 de Diciembre,
L.O.11/2003, de 29 de Septiembre, L.O. 14/2003, de 20 de Noviembre y L.O. 2/2009, de 11 de
Diciembre, siendo su Reglamento de desarrollo vigente el aprobado por R.D. 557/2011, de 20
de Abril, todo ello sin perjuicio de la incidencia que al efecto opera sobre la misma la L.O.
1/2015, de 30 de Marzo, de Reforma del Código Penal

En este artículo trataré de explicar cómo los extranjeros pueden enfrentarse tanto a una
situación como a otra, es decir, qué hacer si nos encontramos en España con una orden de
expulsión y queremos revocarla/recurrirla, y las posibilidades que existen de retornar a
España, una vez nos hayan expulsado del territorio.

Asimismo, adelantar que existen en España dos vías de expulsión del territorio nacional: la
administrativa y la judicial.

consecuencia de una condena penal solo es procedente cuando la pena mínima prevista en el
Código Penal para el delito por el que ha sido condenado sea superior a 1 año de prisión.

Las expulsiones administrativas nunca sustituyen la condena por lo tanto se ejecutan al
alcanzar la libertad definitiva.

Las expulsiones judiciales, por otro lado, son aquellas que las impone un "juez" y son
sustitutivas de la pena de prisión que se impone a un extranjero en situación irregular, siempre
que la pena de prisión sea inferior a 6 años. Vienen impuestas en la sentencia y la policía tiene
un plazo de un mes para ejecutar esa expulsión.

Antes de explicar esos mecanismos y recursos, me gustaría aclarar algunas cuestiones
relevantes, que considero pueden ayudar a ilustrar mejor de lo que estamos tratando aquí.

* Expulsión de extranjeros del territorio español por orden judicial, en los casos previstos en el
Código Penal.

* Expulsión de extranjeros o devoluciones acordadas por resolución administrativa en los casos
previstos en la ley de extranjería.

* Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar
permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en España.

- No obstante, aunque una de las razones de expulsión sea el encontrarse irregular en España,
cabe señalar que existe jurisprudencia favorable en la que se explica que la existencia de una
orden de expulsión por estancia irregular no es razón grave de orden público para denegar la

autorización de residencia por arraigo. De este tema estaré hablando en otro artículo más
adelante.

- Una ORDEN DE EXPULSIÓN conlleva, la extinción de cualquier autorización para permanecer
legalmente en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto
la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado.

- La expulsión llevará consigo la prohibición de entrada al territorio español y a los territorios
de los Estados con los que España haya suscrito acuerdo en ese sentido.

- También cabe la posibilidad de que se revoque la prohibición de entrada impuesta por las
mismas causas, cuando el extranjero abandonara el territorio nacional en el

plazo de cumplimiento voluntario (solo en procedimiento ordinario) previsto en la orden de
expulsión.

- El Código Penal establece que las penas de prisión de más de un año impuestas a un
ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español.

- La sanción de expulsión no podrá ser impuesta a los extranjeros que se encuentren en los
siguientes supuestos:

* Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años.

* Los que tengan reconocida la residencia permanente.

* Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española.

asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral.

Ahora al punto que nos interesa. Nos encontramos con la ORDEN DE EXPULSIÓN notificada,
que puedo hacer al respecto?

I. SI SE TRATA DE UNA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA:

Reza la ley citada, que la resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el
procedimiento ordinario incluirá un plazo de cumplimiento voluntario para que el

interesado abandone el territorio nacional. La duración de dicho plazo oscilará entre siete y
treinta días y comenzará a contar desde el momento de la notificación de la citada resolución.

Se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión cuando se formalice una petición de
protección internacional (asilo, refugio, protección internacional

subsidiaria), hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la
normativa de protección internacional.

a) El mantenimiento de la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio
español.

b) La prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfermedades.

c) El acceso para los menores, en función de la duración de su estancia, al sistema de
enseñanza básica.

d) Las necesidades especiales de personas vulnerables.

La resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el procedimiento ordinario
incluirá un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio
nacional.

La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días y comenzará a contar desde el
momento de la notificación de la citada resolución.

MEDIDAS CAUTELARES

a) Presentación periódica ante las autoridades competentes.

b) Residencia obligatoria en determinado lugar.

c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de nacionalidad, previa entrega al
interesado del resguardo acreditativo de tal medida.

e) Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los Centros de Internamiento.

f) Cualquier otra medida cautelar que el Juez estime adecuada y suficiente.

RECURSOS:

Cuando se dicta una resolución en que impone una sanción por el hecho de encontrarse en
situación irregular, el extranjero tiene dos posibilidades de recurrirla:

* presentando un recurso contencioso-administrativo ante la Tribunal Contencioso-
Administrativo.

También cabe, como mencioné anteriormente, la adopción de medidas cautelares, entre ellas
la SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE EXPULSIÓN POR ARRAIGO:

REVOCACIÓN DE LA ORDEN DE EXPULSIÓN:

Una orden de expulsión puede ser revocada de oficio por la Subdelegación del Gobierno si se
cumplen los requisitos para obtener una autorización de residencia en España.

Generalmente, la Revocación, procede en los siguientes supuestos, que son los que
reglamentariamente se regulan:

En estos casos que he mencionado, la sanción de expulsión será revocada, una vez que
estudiada la solicitud se entienda que concurren todos los requisitos para la concesión de la
autorización.

3.- También cuando se vaya a solicitar la autorización de residencia por circunstancias
excepcion

II. SI SE TRATA DE UNA ORDEN DE EXPULSIÓN JUDICIAL:

¿En qué supuestos cabe la orden de expulsión judicial?

Para que el JUEZ acuerde la expulsión del extranjero, tiene que haber cometido un DELITO y
haber sido condenado en sentencia firme a una pena SUPERIOR a UN AÑO de PRISIÓN.

Si la pena impuesta de prisión es inferior o de distinta clase como multa, retiradas permiso
conducir, etc, no procederá la aplicación de este precepto.

¿Hay alguna excepción para no acordar la expulsión de un extranjero cuando comete un
delito?

Indemnizado con 7.000 euros tras ser despedido por no vacunarse contra la COVID

Tue, 24 Jan 2023 16:20:00 GMT

El Tribunal considera que no ha habido desobediencia porque el empleado ha ejercido una
legítima opción de no vacunarse dentro del derecho a la autonomía del paciente.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia declara la nulidad del despido de un trabajador
por negarse a vacunarse contra la Covid-19 y condena a la empresa a su readmisión y a
indemnizarle con 7.000 € por vulnerar su derecho a la intimidad, ya que no está obligado a
proporcionar datos acerca de su salud al empresario. Los magistrados consideran la negativa
del trabajador a vacunarse no equivale a indisciplina o desobediencia en el trabajo, ya que la
vacunación es un derecho del ciudadano, pero ninguna norma la impone.

Para el TSJ la situación que resuelve va más allá del derecho a la intimidad del trabajador,
porque no está obligado a proporcionar datos acerca de su salud a su empleador y es
totalmente legítima su elección por no vacunarse – sea equivocada o no, puntualiza, lo que no
se debe valorar-.

Y es que, según explica la sentencia, no está justificada la orden empresarial de vacunarse y,
por ende, tampoco la orden de aportar certificado de vacunación. Cuando el empresario emite
órdenes e instrucciones rige la presunción "iuris tantum" de que son legítimas y de ahí la regla general que obliga a obedecerlas sin perjuicio de impugnarlas cuando se estimen lesivas o abusivas o salvo que concurran determinadas circunstancias de peligrosidad, ilegalidad y ofensa a la dignidad del trabajador u otras análogas que justifiquen la negativa, pero esta regla
cede cuando se trata de cuestiones que afectan al ámbito exclusivo de la vida personal.

Riesgo de contagio

En este asunto en particular el trabajador se encargaba de repartir agua a domicilio en una
furgoneta, es decir, no tenía contacto estrecho y duradero con colectivos vulnerables.

Tampoco existía por aquel entonces normativa alguna que exigiera la necesidad de vacunación
para acceder a empresas o instalaciones y el solo hecho de que otras empresas y clientes
particulares comunicaran que para entrar en sus centros de trabajo y domicilios exigirían
"pasaporte covid", no justifica imponer la vacunación al trabajador que, pese a su negativa a vacunarse, sí cumplía con el resto de medidas de seguridad, como por ejemplo el uso de la mascarilla o geles hidro-alcohólicos.

No hay constancia de que se recibieran quejas de clientes en las rutas que llevaba a cabo el
trabajador y, de haberlas habido, se podían modificar las rutas y enviar al operario a realizar
aquellas otras en las que los clientes no expresaran la exigencia.

Desobediencia

Por tanto, explican los magistrados, la negativa del trabajador a vacunarse no equivale a
indisciplina o desobediencia en el trabajo pues la vacunación es un derecho del ciudadano,
pero ninguna norma la impone; de hecho, la autonomía del paciente es un principio
informador de las actuaciones en el ámbito de la sanidad.

Tampoco cabe identificar esta conducta con el quebranto de la buena fe contractual, matiza la
resolución, ya que se está ejerciendo una opción legítima como es la de no vacunarse,
vacunación que el empresario no puede imponerle al ser una decisión propia de su ámbito
personal.

Por todo ello, la sala declara la nulidad del despido y condena a la empresa a indemnizar al
trabajar con 7.000 euros por la vulneración del derecho a la intimidad del demandante, quien
no está obligado a proporcionar datos acerca de su salud al empresario.

Se exime al trabajador de aportar el parte médico a la empresa en los procedimientos incapacidad temporal

Tue, 17 Jan 2023 19:49:00 GMT

Esta simplificación en la gestión se concreta en tres puntos:

1. El facultativo solo entregará una copia del parte de baja a la persona trabajadora,
eliminando la segunda copia y evitando, así, que sea ella la que tenga que entregar el parte a
la empresa, entidad gestora o mutua.

2. Todas las notificaciones serán vía telemática.

El servicio público de salud o, en su caso, la mutua o la empresa colaboradora, remitirá los
datos contenidos en los partes médicos de baja, confirmación y alta al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, por vía telemática, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día
hábil siguiente al de su expedición.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a su vez, comunicará a las empresas los datos
identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes médicos de baja,
confirmación y alta emitidos por los facultativos del servicio público de salud o de la mutua,
referidos a sus personas trabajadoras, como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su
recepción en dicho Instituto, para su conocimiento y cumplimiento, en su caso, de lo previsto en
el párrafo siguiente.

Las empresas tienen la obligación de transmitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social a
través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), con carácter inmediato y, en todo
caso, en el plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la
comunicación de la baja médica, los datos que se determinen mediante orden ministerial. La
citada transmisión no será obligatoria cuando la persona trabajadora pertenezca a algún
colectivo respecto del cual la empresa o empleador no tenga obligación de incorporarse al
sistema RED.

El incumplimiento de la citada obligación podrá constituir, en su caso, una infracción de las
tipificadas en el artículo 21.4 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

3. Con este RD queda claro que en los procesos de IT, los facultativos del Servicio Público de
Salud, de la empresa colaboradora o de la mutua, podrán fijar plazos de revisión médica
inferiores a los indicados, en función de la evolución del proceso; punto que hasta ahora daba
lugar a distintas interpretaciones.

Vigor

Estos cambios entrarán en vigor a partir del 1 de abril, incluyendo los procesos que estén en
curso que no hayan superado los 365 días de duración.

Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control
de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de
su duración

INTRODUCCION

Artículo único Modificación del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los
primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria única Procesos en curso

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final única Entrada en vigor

El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la
gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta
y cinco días de su duración, adaptó la regulación vigente hasta entonces en dicha materia a
una serie de reformas legales, así como a los avances que se habían ido produciendo en la
coordinación de actuaciones por parte de los servicios públicos de salud, de las entidades
gestoras de la Seguridad Social y de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Al margen de otras modificaciones, ese real decreto incidía en los mecanismos de gestión de la
incapacidad temporal ya existentes, a la vez que introducía otros nuevos, con el fin de aligerar
trámites y obligaciones burocráticas. Para ello, además de flexibilizar los plazos de emisión de
los partes médicos de confirmación, potenciaba la utilización de las nuevas tecnologías para el
intercambio de datos, así como la coordinación y la colaboración entre los distintos actores
implicados.

Con posterioridad, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, ha previsto el uso generalizado de medios electrónicos en la
gestión pública y el progresivo desarrollo de la administración electrónica.

Teniendo en cuenta lo anterior, procede seguir avanzando en la utilización de los citados
medios, cuyo progreso permite superar determinados esquemas que han presidido hasta la
fecha la actuación administrativa, y alcanzar así un mayor grado de eficacia y eficiencia.

En este sentido, cabe indicar que en el diseño de gestión regulado en el citado Real Decreto
625/2014, de 18 de julio, se mantuvo el modus operandi tradicional conforme al cual el
facultativo entrega a la persona trabajadora, además del parte médico destinado a la misma,
una copia en papel de los partes médicos de baja, confirmación y alta médica para que la
presente, en un plazo determinado, en la empresa, la cual, a su vez, ha de cumplimentar
ciertos datos requeridos en los mismos y remitirlos a la entidad gestora.

Sin embargo, el grado de desarrollo actual de los sistemas informáticos permite prescindir de
la entrega a la persona trabajadora de la copia en papel del parte médico destinada a la
empresa y de su presentación por aquella en esta. Efectivamente, los actuales medios
electrónicos permiten la puntual comunicación a la empresa, directamente por la
administración, de la expedición de los partes médicos. Igualmente resulta posible que aquella
comunique a la administración los datos adicionales que esta precise para la gestión y control
de la situación de incapacidad temporal y de la prestación correspondiente a la misma, así
como de la compensación en la cotización, en su caso, de lo abonado en pago delegado, sin
necesidad de la previa presentación del parte por la persona trabajadora.

De este modo, además, se evitan a la persona trabajadora obligaciones burocráticas que,
precisamente por estar en incapacidad temporal, pueden resultarle gravosas. La situación
acaecida con motivo de la pandemia derivada del COVID-19 aporta más razones para dicho
cambio, al haber evidenciado las limitaciones del referido esquema, provocando diferentes
incidencias y poniendo de manifiesto la necesidad de modificar los actuales modos de gestión
de los procesos de incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su
duración.

Precisamente el referido cambio es el objeto principal de este real decreto, a cuyo fin se
modifica el artículo 7 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio.

Junto a ello se introducen en el citado real decreto otras modificaciones de menor alcance. Por
una parte, se introduce un nuevo párrafo al final del artículo 2.3 en el cual se explicita que, en
cualquiera de los procesos contemplados en ese apartado, el facultativo podrá fijar la
correspondiente revisión médica en un período inferior al indicado en cada caso. Con ello, se
trata de evitar eventuales dudas interpretativas. Por otra parte, en la nueva redacción del
artículo 7 no se incorpora una previsión similar a la recogida, hasta la fecha, en su apartado 4,
respecto a la posibilidad de suspender la colaboración obligatoria de las empresas en el pago
de las prestaciones económicas por incapacidad temporal en caso de la no transmisión de los
datos a que vienen obligadas conforme a ese mismo artículo. Y ello porque el citado
incumplimiento ya constituye una infracción sancionable a través del correspondiente
procedimiento.

La norma se atiene a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Así, en cuanto a los principios de necesidad y eficacia, esta iniciativa está justificada por una
razón de interés general, como es la consecución de una gestión más eficaz y eficiente de las
situaciones de incapacidad temporal y de la prestación correspondiente a las mismas, que
redunda en la mejora del acceso a esta por parte de las personas trabajadoras.

En virtud del principio de proporcionalidad, el real decreto contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma.

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejerce de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en concreto con lo previsto en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para generar un marco
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento
y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y
empresas. También resulta congruente con la normativa reguladora de la prestación de
incapacidad temporal, a cuya gestión se refiere, contenida primordialmente en el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre.

En materia de procedimiento administrativo, la iniciativa normativa no establece trámites
adicionales o distintos a los contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, consistiendo
precisamente su objeto en una simplificación procedimental. En aplicación del principio de
eficiencia, la iniciativa normativa evita obligaciones administrativas innecesarias o accesorias y
racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos, puesto que los cambios que
contiene no suponen la imposición de ningún tipo de obligaciones o cargas administrativas
para los ciudadanos ni ninguna utilización de recursos públicos, bien al contrario, evita ciertas
obligaciones a las personas trabajadoras y a las empresas.

En aplicación del principio de transparencia, se definen claramente los objetivos del real
decreto y se justifican en este preámbulo. Además, de conformidad con lo previsto en el
artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha sometido al trámite
de audiencia e información pública mediante la publicación en el portal web del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como mediante la consulta directa a los agentes
sociales y a la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

En el proceso de su tramitación, el real decreto ha sido sometido a consulta de las
comunidades autónomas y también ha sido informado por el Ministerio de Sanidad, por el
Ministerio de Política Territorial y por la Agencia Española de Protección de Datos.

Este real decreto se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.a) y en la
disposición final octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la
aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre
de 2022

DISPONGO:

Uno. El apartado 3 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«3. Los partes de baja y de confirmación de la baja se extenderán en función del periodo de
duración que estime el médico que los emite. A estos efectos se establecen cuatro grupos de
procesos:

a) En los procesos de duración estimada inferior a cinco días naturales, el facultativo del
servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja
y el parte de alta en el mismo acto médico.

El facultativo, en función de cuando prevea que la persona trabajadora va a recuperar su
capacidad laboral, consignará en el parte la fecha del alta, que podrá ser la misma que la de la
baja o cualquiera de los tres días naturales siguientes a esta.
No obstante, la persona trabajadora podrá solicitar que se le realice un reconocimiento
médico el día que se haya fijado como fecha de alta, y el facultativo podrá emitir el parte de
confirmación de la baja si considerase que la persona trabajadora no ha recuperado su
capacidad laboral.

b) En los procesos de duración estimada de entre cinco y treinta días naturales, el facultativo
del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de
baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso,
excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial. En la fecha de revisión se
extenderá el parte de alta o, en caso de permanecer la incapacidad, el parte de confirmación
de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean
necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de catorce días naturales entre sí.

c) En los procesos de duración estimada de entre treinta y uno y sesenta días naturales, el
facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá
el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en
ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose
entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja.
Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no
podrán emitirse con una diferencia de más de veintiocho días naturales entre sí.

d) En los procesos de duración estimada de sesenta y uno o más días naturales, el facultativo
del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de
baja, en el que fijará la fecha de la revisión médica prevista, la cual en ningún caso excederá en
más de catorce días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta
o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer
parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una
diferencia de más de treinta y cinco días naturales entre sí.

En cualquiera de los procesos contemplados en este apartado, el facultativo del servicio
público de salud, de la empresa colaboradora o de la mutua podrá fijar la correspondiente
revisión médica en un período inferior al indicado en cada caso.»

Dos. El apartado 3 del artículo 6 queda redactado del siguiente modo:

«3. Cuando la propuesta de alta formulada por una mutua no fuese resuelta y notificada en el
plazo de cinco días establecido en el apartado anterior, la mutua podrá solicitar el alta al
Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, de
acuerdo con las competencias previstas en el artículo 170.1 y en el apartado 4 de la disposición
adicional primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. La entidad gestora resolverá en el plazo de
cuatro días siguientes a su recepción, efectuando las comunicaciones previstas en el artículo
7.4.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social y, en su caso, el Instituto Social de la Marina,
realizarán el seguimiento del comportamiento del nuevo procedimiento de gestión y control
de los procesos por incapacidad temporal. Asimismo, ambas entidades realizarán el
seguimiento del grado de motivación clínica de las propuestas de alta de las mutuas y de
respuesta de la inspección médica de los servicios públicos de salud o del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, así como el grado de cumplimiento de los plazos de las distintas entidades
en lo que se refiere a las propuestas de alta. En caso de que se detectasen retrasos
significativos, se propondrán medidas adicionales que aseguren que el procedimiento se
desarrolle con el necesario grado de celeridad.»

Tres. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 7 Tramitación de los partes médicos y expedición de altas médicas por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina

1. El facultativo que expida el parte médico de baja, confirmación o alta entregará a la persona
trabajadora una copia de este.

El servicio público de salud o, en su caso, la mutua o la empresa colaboradora remitirá los
datos contenidos en los partes médicos de baja, confirmación y alta al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, por vía telemática, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día
hábil siguiente al de su expedición.

2. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a su vez, comunicará a las empresas los datos
identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes médicos de baja,
confirmación y alta emitidos por los facultativos del servicio público de salud o de la mutua,
referidos a sus personas trabajadoras, como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su
recepción en dicho Instituto, para su conocimiento y cumplimiento, en su caso, de lo previsto
en el párrafo siguiente.

3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social dará el trámite que corresponda a los partes
médicos y a los datos comunicados por las empresas que vayan destinados a él mismo y, a su
vez, también mediante los medios informáticos previstos en el artículo 2.5, distribuirá y
reenviará de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su
recepción, los datos destinados al Instituto Social de la Marina y a las mutuas, según la entidad
a quien corresponda la gestión de la prestación.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social facilitará a la Tesorería General de la Seguridad
Social, siempre que se precise, los datos de las personas trabajadoras que se encuentran en
situación de incapacidad temporal con o sin derecho a prestación económica durante cada
período de liquidación de cuotas, con el fin de que dicho servicio común lleve a cabo las
actuaciones necesarias para que en la liquidación de cuotas de la Seguridad Social se
compensen, en su caso, las cantidades satisfechas a las personas trabajadoras en el pago por
delegación de dicha prestación. Esta comunicación entre entidades será necesaria, en todo
caso, para que la Tesorería General de la Seguridad Social aplique las citadas compensaciones
en la liquidación de cuotas.

Cuando el empresario hubiese abonado a una persona trabajadora una prestación de
incapacidad temporal en pago delegado, sin haberse compensado dicho importe mediante su
deducción de las liquidaciones para el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social, podrá
solicitar ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ante el Instituto Social de la Marina o
ante la mutua, según cuál sea la entidad competente para la gestión de la prestación, el
reintegro de las cantidades abonadas a la persona trabajadora por tal concepto y no
deducidas.

4. Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 170.1 y en el apartado 4 de la
disposición adicional primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el
parte médico de alta sea expedido por el inspector médico del Instituto Nacional de la
Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, estas entidades trasladarán los
datos contenidos en el parte de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil
siguiente al de dicha expedición, al correspondiente servicio público de salud para su
conocimiento y también a la mutua, en el caso de personas trabajadoras protegidas por la
misma, con la finalidad de que esta dicte acuerdo declarando extinguido el derecho por causa
del alta, sus motivos y efectos, y notifique el acuerdo a la empresa. Asimismo, el inspector
médico entregará una copia del parte a la persona trabajadora, para su conocimiento,
expresándole la obligación de incorporarse al trabajo el día siguiente al de la expedición.

La entidad gestora comunicará a la empresa, para su conocimiento, los datos meramente
administrativos de los partes de alta médica de sus personas trabajadoras, como máximo, en el
primer día hábil siguiente al de su expedición.

5. Cuando en un proceso de incapacidad temporal se haya expedido el parte médico de alta
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, por el Instituto Social de la
Marina, a través de los inspectores médicos de dichas entidades, durante los ciento ochenta
días naturales siguientes a la fecha en que se expidió el alta, serán estas entidades las únicas
competentes, a través de sus propios médicos, para emitir una nueva baja médica por la
misma o similar patología.»

Disposición transitoria única Procesos en curso

Las previsiones introducidas por este real decreto serán de aplicación, a partir de su entrada
en vigor, a los procesos que en ese momento se encuentren en curso y no hayan superado los
365 días de duración.

Disposición final única Entrada en vigor

El presente real decreto entrará en vigor el día primero del tercer mes siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».