Ley de la Segunda Oportunidad: Todo lo que debes saber

21 de mayo de 2024

La Ley de Segunda Oportunidad España es una ley que protege al deudor, persona física o
autónomo desde el año 2015. El objetivo principal es que aquellos que se encuentran en
En la vida, atravesar dificultades económicas puede llevar a una situación de endeudamiento insostenible. Para evitar que esto suponga un obstáculo permanente, en España se implementó la Ley de Segunda Oportunidad en 2015. Esta normativa busca ofrecer un alivio a particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus deudas, permitiéndoles reconstruir su situación financiera sin quedar atrapados en una carga económica interminable.
 
 
 

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?


La Ley de Segunda Oportunidad España es una ley que protege al deudor, persona física o
autónomo desde el año 2015. El objetivo principal es que aquellos que se encuentran en
estado de insolvencia no queden fuera del sistema. Es decir, que tengan la posibilidad de
volver a comenzar sin acumular sus deudas eternamente.

 

Se trata de un procedimiento que se equipara al conocido Concurso de Acreedores muy
utilizado en las empresas. Las personas físicas que se adhieran deberán transitar por las
diferentes fases: acuerdo extrajudicial, concurso de acreedores, fase de liquidación y solicitud
de la exoneración de sus deudas.

 

Una de las grandes ventajas de esta nueva ley es que, desde el momento de presentación, se
paralizan todas las medidas ejecutivas. Por lo tanto, se otorga a los deudores un tiempo en el
que no sumarán intereses y tendrán la tranquilidad de no ser embargados.

 

Las fases del proceso


El proceso consta de tres instancias. En la primera se intenta una renegociación de la deuda
por la vía extrajudicial. Si no hay acuerdo, se procede a la petición ante las autoridades
correspondientes, de la exoneración de la misma. En caso de ser aceptada la petición, hay un
período en el que se realiza un control económico y la medida puede estar sujeta a revisión.

 

Posibles beneficiarios de la Ley de la Segunda Oportunidad


La Ley de la Segunda Oportunidad está destinada a personas particulares y autónomos,
personas físicas, consumidores en general y familias con exceso de deudas. Hasta el año 2015

en que se puso en vigor, estas personas debían afrontar sus deudas con su patrimonio actual y
futuro. Afortunadamente, ya hay una solución muy efectiva para personas y familias.

 

A partir de la nueva Ley, estos colectivos tienen la misma oportunidad de las grandes empresas
cuando se presentan en concurso de acreedores. La Ley se aplica sobre las deudas ordinarias y
las subordinadas, lo que facilita a los deudores una salida airosa a su situación económica.

 

Como se puede observar, lo que esta Ley pretende es una especie de justicia social, poniendo
en condiciones de igualdad a la persona física con la persona jurídica (concurso de acreedores,
quita y espera, etc.). Siguiendo el principio de responsabilidad patrimonial del Código Civil, se
trata de que un deudor de buena fe que cae en una grave situación de insolvencia por factores
que le son ajenos, pueda comenzar de cero y tener una oportunidad de rehacer su situación.

 

¿Qué sucede con las hipotecas?


Aunque la totalidad de las hipotecas no reciben el amparo de esta norma, en el caso de que se
realice la ejecución hipotecaria y el dinero no sea suficiente para saldar la deuda, la deuda
restante sí será posible de exonerar. La consecuencia, si eres el deudor, es que, uniendo la
hipoteca y los beneficios de la Ley de segunda oportunidad, entregando la vivienda hipotecada
habrás saldado todas las deudas.

 

Como vemos, con la entrada en vigor de esta Ley de Segunda Oportunidad, la parte
proporcional de la hipoteca que no se cubre con la entrega del inmueble sí podría quedar
exonerada con los beneficios de dicha ley. Una de las cuestiones que se pretende potenciar es
la llamada ‘dación en pago’: se trata de un acuerdo de voluntades realizado entre la entidad
financiera acreedora y el deudor titular de un inmueble.

 

El deudor puede entregar la propiedad a la entidad financiera, tras un informe previo de
tasación; a su vez, la entidad lo acepta, extinguiéndose de esta forma la deuda. Como vemos,
se trata de una magnífica oportunidad para el deudor, y también una buena solución para la
entidad financiera; una solución muy positiva, donde ambas partes ganan.

 

Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad


Fuera del caso excepcional de las hipotecas, existen otras condiciones necesarias para solicitar
esta ayuda legal. Todos estos puntos son claves para que el juez correspondiente atienda esta
petición. En la práctica, son factores sencillos de cumplir para el deudor.

 

El Real Decreto 1/2015, de mecanismo de Segunda Oportunidad, reducción de cargas
financieras y otras medidas de orden social es la nueva ley para deudores. En su marco se

establecen los requisitos y condiciones para que miles de familias españolas puedan salir de
sus deudas:

 

  • Situación de insolvencia actual o inminente.
  • Deudas que no superen los 5 millones de euros.
  • Actuar de buena fe.
  • No ser declarado culpable en el concurso.
  • Haber intentado acuerdos extrajudiciales.
  • No haber recibido el beneficio de la Segunda Oportunidad en los últimos diez años anteriores a la solicitud.
  • No tener condenas por delitos económicos o de falsedad documental en los diez años previos a la presentación.

Ley de segunda oportunidad para trabajadores autónomos


En el caso de las deudas de los autónomos, si el acuerdo extrajudicial intentado no tiene éxito,
y siempre antes de solicitar la exoneración de deudas en base a la Ley de segunda
oportunidad, siempre lo procedente es acudirá un concurso de acreedores, de forma
voluntaria.

 

Cuando ya se haya liquidado todo el patrimonio del autónomo en el concurso de acreedores
(siempre exceptuando los activos que se consideren esenciales para desarrollar su actividad
profesional), y se haya abonado la mayor cantidad de deudas posibles a los deudores,
entonces será el momento de solicitar la exoneración de deudas y obtener los beneficios de la
Ley de segunda oportunidad.

 

También en el caso de los autónomos, como acabamos de ver, la Ley de segunda oportunidad
es un trámite sencillo y una solución ideal para determinadas situaciones. Una salida muy
positiva para el autónomo.

 

¿Cómo presentar la solicitud?


La solicitud de los beneficios de la Ley de segunda oportunidad debe presentarse ante el juez
que haya conocido el proceso de la exigencia de la deuda por el acreedor, o el concurso de
acreedores en su caso. Es imprescindible que en el proceso participe un abogado y un
procurador, y que además se haya intentado un acuerdo extrajudicial de pago con los
acreedores.

 

La solicitud de este beneficio debe ir acompañada, siempre atendiendo al caso particular, de
una propuesta del Plan de Pagos correspondiente. El horizonte temporal de este plan es de
cinco años; y a él se compromete a cumplir el deudor.

 

El proceso para la solicitud es muy sencillo, las solicitudes suelen ser admitidas y la Ley de
segunda oportunidad estará en marcha. Legalmente ningún acreedor podrá hacer embargo o
solicitud de cancelación de la deuda mientras te encuentres tramitando la Ley desde el
momento en el que se consignen los requisitos.

 

 

Actualizaciones en la Ley de Segunda Oportunidad en España 2022/23


La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta legal que permite a particulares y
autónomos liquidar sus deudas y empezar de cero. Desde su entrada en vigor en 2015, ha
ayudado a muchas personas a liberarse de la carga financiera que supone estar endeudado.
Sin embargo, la ley ha ido evolucionando y mejorando con el tiempo, y en 2022 en el Real
Decreto 16/2022 se han introducido algunas actualizaciones que la hacen aún más efectiva.

 

Ampliación del ámbito de aplicación


Una de las principales novedades de la ley es la ampliación de su ámbito de aplicación. Antes,
sólo podían acogerse a ella particulares y autónomos, pero ahora también pueden hacerlo las
empresas, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. De esta forma, la Ley de Segunda
Oportunidad se convierte en una herramienta útil para todo tipo de negocios que atraviesen
dificultades económicas.

 

Reducción de los plazos


Otra actualización importante es la reducción de los plazos para obtener la exoneración de
deudas. Antes, el proceso podía durar hasta cinco años, pero ahora al tramitarse únicamente
en los Juzgados Mercantiles ( expertos en la materia) se ha reducido el plazo y un
procedimiento sin bienes puede estar finalizado en el plazo de 3 meses. Esto significa que las
personas y empresas que se acojan a la ley podrán empezar a recuperarse financieramente en
un plazo mucho más corto.

 

Procedimiento más sencillo


La nueva Ley de Segunda Oportunidad también simplifica el procedimiento para acogerse a
ella. Ahora, los deudores sólo necesitan demostrar que se encuentran en situación de
insolvencia . Además, se ha eliminado la obligación de tener un mediador concursal y de hacer
una fase extrajudicial en Notario, lo que reduce, además del tiempo, los costes del proceso.

 

Acceso a financiación


La ley también contempla medidas para facilitar el acceso a la financiación a aquellos que se
han acogido a ella. Por ejemplo, se fomenta la creación de líneas de crédito específicas para
estos casos y se establecen incentivos fiscales para los inversores que apoyen a los deudores.
De esta forma, se busca incentivar la inversión y la creación de empleo.

 

Comunicación confidencial al Juzgado para superar la insolvencia


Una de las principales actualizaciones de la Ley de Segunda Oportunidad en España es la
incorporación de un mecanismo que permite a los deudores negociar con sus acreedores un
acuerdo con el objetivo de evitar la insolvencia. Es un proceso voluntario y confidencial que
permite al deudor evitar la declaración de concurso de acreedores y que puede ser solicitado
tanto por personas físicas como por empresas.

 

Suspensión Temporal de las Ejecuciones


Otra actualización importante de la Ley de Segunda Oportunidad en España es la posibilidad de
solicitar la suspensión temporal de las ejecuciones hipotecarias o de otro tipo de créditos
mientras se está en el proceso de negociación de un acuerdo extrajudicial de pagos o en el
proceso de la declaración de concurso de acreedores. Esta medida se ha diseñado para evitar
que los deudores pierdan sus viviendas o bienes en el proceso de negociación de sus deudas.

 

Cancelación directa de hasta 10.000 euros en deudas de Hacienda y Seguridad Social
La nueva normativa permite la cancelación de hasta 10.000 euros de Hacienda y otros 10.000
euros de Seguridad Social.

 

De todas formas los Tribunales están permitiendo cancelar mayor importe y apostamos por
ello.

 

Preguntas Frecuentes sobre Ley de Segunda Oportunidad


¿Cuánto se demora el trámite de la Ley de Segunda Oportunidad?

 

Los tiempos son relativos y dependen de cada caso particular. En principio, el solo hecho de
presentar la solicitud paraliza las ejecuciones y embargos, los intereses no devengan y el
deudor gana tiempo y tranquilidad. La Ley prevé que la primera fase puede demorar entre dos
y cuatro meses, el resto es muy rápido en la mayoría de los casos.

 

¿Quiénes pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?


La Ley de Segunda Oportunidad está destinada para personas físicas o naturales y autónomos
que se encuentren en estado de insolvencia. Un recurso que se contrapone a la norma anterior
que obligaba a responder por las deudas con el patrimonio actual y futuro.

 

¿Qué deudas se pueden cancelar?


La Ley establece que se pueden cancelar todas las deudas ordinarias y subordinadas. En el caso
de las hipotecas, la masa deudora restante después de la liquidación del patrimonio, también
puede incluirse bajo la modalidad dación de pago.


Las deudas con la Administración como Seguridad Social y Hacienda quedan exceptuadas, sin
embargo, existen jueces que han realizado quitas y extensión en el plazo de pago. No se
cancelan las deudas por alimentos.

 

¿Puedo continuar mi actividad laboral?


La respuesta contundente es SI. El objetivo de la norma es facilitar la continuidad económica
de las personas. Por tal motivo, está previsto que las herramientas y elementos necesarios
para la actividad no son elementos posibles de ejecución. Asimismo, tu nombre figura en un
Registro Especial de personas que obtienen el beneficio, pero no en el fichero de morosos.

 

¿Es revocable la Ley de Segunda Oportunidad?


La exoneración de deudas determinada por el Juez se mantiene durante 5 años. Una vez
finalizado ese período las deudas desaparecen para siempre y no se puede realizar ninguna
reclamación. Durante el período de 5 años, cualquier modificación que demuestre un cambio
importante en la economía podría ser causa para solicitar la revocación del beneficio.

 

¿Qué es la ley de segunda oportunidad?


Es la herramienta legal que le permite a personas físicas o autónomas, en estado de
insolvencia actual o inminente, renegociar sus deudas u obtener una exoneración de las
mismas. Un mecanismo regulado legalmente que tiene por objetivo garantizar la paridad de
cobro entre acreedores, y la posibilidad de volver a empezar para los deudores.

 

¿Hace cuánto tiempo que está en vigencia la Ley de Segunda Oportunidad?

 

La Ley 25/2.015 del 28 de julio entró en vigencia en España el 30 de julio del año 2.015, hace
tan solo 4 años.

 

¿Cuáles son los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad?


La deuda no debe superar los 5 millones de euros.
La existencia de intentos de acuerdos prejudiciales de pago.
Actuar de buena fe por parte del deudor.
Justificar un estado de insolvencia actual o inminente.
No ser declarado culpable en el concurso de acreedores.
No ser condenado en los 10 años previos por delitos económicos ni haber hecho uso del
beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad en ese periodo.

 

¿Dónde puedo solicitar la Ley de Segunda Oportunidad?


Nuestros asesores expertos de Defensa del Deudor analizan tu caso y pueden asesorarte para
presentar la solicitud. Si necesitas acabar con tus deudas y reestructurar tu economía, contacta
con nuestro equipo mediante el teléfono o rellenando un sencillo formulario, y de inmediato
iniciaremos el procedimiento adecuado para tu situación.

 

¿Funciona la Ley de Segunda Oportunidad?


La Ley de Segunda Oportunidad puede ser muy positiva para el deudor, en la medida que es
gestionada por abogados expertos. Miles de familias y autónomos han disfrutado del beneficio
y gozan en la actualidad de una nueva vida. El problema es que, al ser relativamente nueva,
aún hay demasiada desinformación al respecto.

 

Nuestros servicios


Muchas personas acuden a nosotros, con la pregunta de si vale la pena
solicitar la Ley de segunda oportunidad. La respuesta es afirmativa, hemos gestionado casos
positivos de anulación de deudas a distintos deudores. Estamos aquí para guiarte durante todo
el proceso y para asesorarte después de él. Contamos con auditores y economistas
profesionales, altamente informados sobre la Ley Segunda Oportunidad y todos sus
pormenores.

Tenemos gran experiencia y sobretodo satisfacción al ver cómo te llama o aparece un cliente
cabizbajo/a y hundido anímicamente y 5-6 meses después dice que le hemos cambiado la
vida, al poderle exonerar (quitar deuda) deudas de 50.000-100.000-200.000 y hasta 300.000 euros.

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Por Alejandro Bancalero 15 de julio de 2026
Esta solución viene establecida en el artículo 1062 del Código Civil: Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero. Pero bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta, y con admisión Partimos de la base de que ningún heredero está obligado a vender la propiedad si no lo desea. Sin embargo, existen otras soluciones para llegar a un acuerdo y que, de este modo, el resto de herederos no resulten perjudicados. Si no es posible conseguir dicho acuerdo, siempre queda la posibilidad de acudir a la vía judicial. Pero existen otras opciones que se pueden intentar de forma previa. ¿Cuáles son las posibles soluciones si un heredero no quiere vender? Como acabamos de indicar, se puede intentar llegar a un consenso extrajudicial. Si ninguna opción de este tipo funciona, el siguiente paso será solicitar la división de la cosa común en sede judicial. 1. Vía extrajudicial Es posible intentar las siguientes vías de acuerdo con el heredero que no quiere vender la propiedad: Adjudicación de la propiedad La persona que ha heredado parte del inmueble y que no desea ponerlo a la venta puede pagar al resto de los herederos el valor de sus partes de la herencia, y quedarse la propiedad. Ahora bien, si alguno de los herederos solicita su venta en subasta pública, debe procederse así. Artículo 1062 del Código Civil El artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria establece lo siguiente: Se aplicarán las disposiciones de este título siempre que deba procederse, fuera de un procedimiento de apremio, a la enajenación en subasta de bienes o derechos determinados, a instancia del propio interesado. Artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria Por lo tanto, en este tipo de casos se estará a lo establecido en esta norma legal. Acto de conciliación Si no se ha podido acordar la adjudicación de la propiedad al heredero que no quiere venderla, otra posibilidad consiste en intentar una conciliación a través de un mediador. Un profesional con amplia experiencia en este ámbito puede conseguir que las partes lleguen a un acuerdo. Lo pactado a través de la conciliación es de obligado cumplimiento. De forma que si una de las partes no cumple con lo acordado, las demás podrán demandarla en el juzgado para que lo haga. Venta de proindiviso Los herederos que desean vender la vivienda pueden poner a la venta su porcentaje de la propiedad. Es difícil que un particular quiera comprar un inmueble solo en parte, pero hay empresas que lo hacen. Hay que tener en cuenta que estas empresas suelen comprar los proindivisos por un precio sustancialmente más bajo que su valor de mercado. Por otra parte, los demás propietarios tendrán derecho de tanteo, pudiendo comprar la parte de la propiedad al precio que la empresa está dispuesta a pagar. Por lo tanto, esta solución puede funcionar a modo de medida de presión frente al heredero que no quiere vender, si bien implicará una pérdida económica importante como hemos explicado. Así pues, no es una opción demasiado recomendable. 2. Vía judicial  Cuando no funciona ninguna de las soluciones anteriores, solo queda la posibilidad de recurrir a la justicia. De esta manera, el heredero que desea vender la casa podrá iniciar un procedimiento de división judicial de cosa común para que se extinga el condominio. Esto supone que la propiedad será sacada a subasta, y el dinero se repartirá entre las partes según su porcentaje de la herencia. No obstante, los herederos no podrán determinar el valor de la subasta, siendo un perito judicial el encargado de hacerlo. Es importante saber también que para acudir al juzgado y solicitar la división de cosa común hay que contar con la asistencia de un abogado y la representación de un procurador.
Por Alejandro Bancalero 15 de julio de 2026
El usufructo vitalicio permite a una persona usar y disfrutar un bien toda su vida sin ser su propietaria, mientras la titularidad sigue en manos del nudo propietario.  Qué es el usufructo vitalicio El Código Civil regula el usufructo en los artículos 467 a 522. Concretamente, el artículo 467 lo define como «el derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa». Cuando el usufructo se califica como vitalicio, significa que se extiende durante toda la vida del usufructuario, extinguiéndose con su fallecimiento. Este derecho confiere al usufructuario el uso y disfrute del bien, mientras que la nuda propiedad pertenece a otra persona, el nudo propietario. Este equilibrio entre disfrute y propiedad convierte al usufructo vitalicio en una figura esencial en materia de herencias, donaciones y planificación patrimonial familiar. Cómo se constituye un usufructo vitalicio El usufructo vitalicio puede constituirse de distintas formas, siempre conforme al artículo 468 del Código Civil: Por ley, como ocurre en el usufructo del cónyuge viudo, que se otorga automáticamente, salvo disposición contraria del testador, de acuerdo al artículo 834 del Código Civil. Por voluntad de las partes, mediante contrato, testamento o donación, debidamente formalizado en escritura pública. Por prescripción, en casos muy excepcionales, cuando se ejercita durante el tiempo establecido por ley sin oposición del propietario. En la práctica, los dos supuestos más habituales son el usufructo testamentario y el usufructo constituido en una donación con reserva de usufructo, en la que el donante cede la propiedad, pero mantiene su derecho a usar el bien mientras viva. Derechos del usufructuario El usufructuario es quien disfruta del bien, pero no ostenta la propiedad. El artículo 471 del Código Civil dispone que el usufructuario tiene derecho a percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles que el bien produzca. Esto significa que puede: Habitar la vivienda objeto del usufructo. Alquilarla y percibir las rentas. Obtener rendimientos económicos, como los intereses de una cuenta bancaria o los dividendos de acciones usufructuadas. Realizar mejoras útiles o necesarias, sin alterar la forma del bien. Además, el usufructuario puede defender judicialmente su derecho, interponiendo acciones frente a terceros o incluso frente al nudo propietario, si este invade su uso o posesión. Obligaciones del usufructuario Como contrapartida a los derechos del usufructuario, la ley también impone varias obligaciones importantes en sus artículos 491 a 507 del Código Civil: Conservar la sustancia del bien y usarlo con diligencia. Hacer inventario de los bienes al constituirse el usufructo. Pagar los gastos ordinarios de mantenimiento, reparaciones menores y tributos anuales, como el IBI. Informar al nudo propietario de cualquier daño grave o necesidad de reparación importante. El usufructuario no puede vender ni hipotecar la propiedad, ya que esta pertenece al nudo propietario. Solo podría ceder su usufructo temporalmente, pero nunca más allá de su propia vida. El usufructo vitalicio garantiza el uso de un bien sin perder su esencia patrimonial. Saber cómo se constituye y se extingue es clave para evitar conflictos y planificar una herencia con seguridad jurídica. Derechos del nudo propietario El nudo propietario conserva la titularidad jurídica del bien, aunque no pueda disfrutarlo mientras dure el usufructo. Según se establece en el Código Civil, tiene derecho a: Inspeccionar el estado del bien, previa comunicación al usufructuario. Percibir la propiedad plena cuando se extinga el usufructo. Oponerse a usos indebidos o abusivos por parte del usufructuario. Recibir el bien en el mismo estado en que lo entregó, salvo el desgaste propio del uso. En definitiva, el nudo propietario «espera» a que el usufructo se extinga para adquirir la plena propiedad. Duración y extinción del usufructo vitalicio El usufructo vitalicio se extiende durante toda la vida del usufructuario y se extingue automáticamente con su fallecimiento, según el artículo 513.1 del Código Civil. También puede extinguirse por otras causas: Por renuncia expresa del usufructuario. Por pérdida total del bien usufructuado. Por consolidación, cuando el usufructuario y el nudo propietario pasan a ser la misma persona. Por prescripción, si el usufructuario no lo usa durante el tiempo legalmente establecido. Una vez extinguido, el nudo propietario recupera el pleno dominio y puede disponer libremente del bien. Usufructo vitalicio en herencias y donaciones El usufructo vitalicio es una herramienta muy utilizada en herencias y donaciones familiares. En los testamentos, es común que el cónyuge supérstite reciba el usufructo vitalicio sobre la vivienda familiar o sobre toda la herencia, mientras los hijos heredan la nuda propiedad. Esto garantiza que el viudo o viuda pueda seguir viviendo en su casa, aunque la propiedad pase a los herederos. En las donaciones con reserva de usufructo, el donante transmite la propiedad a un hijo u otra persona, pero se reserva el derecho a usar el bien mientras viva. Este mecanismo protege su seguridad económica y su vivienda, evitando el riesgo de quedarse sin recursos.
Por Alejandro Bancalero 13 de julio de 2026
Los contratos de renta antigua , son a quellos firmados antes del 9 de ma yo de 1985. Los contratos de renta antigua, se caracterizan por su precio muy bajo y duración indefinida. Siguen vigentes hoy, pero su número se reduce cada año debido a sus estrictas reglas de extinción y herencia (subrogación): Extinción: Finalizan cuando el inquilino original fallece y solo permiten una o dos transmisiones (herencias) adicionales a familiares directos (como el cónyuge o hijos). Duración tras la herencia: Si el contrato pasa a un hijo, este suele finalizar a los dos años de la muerte del titular anterior o cuando el hijo cumple 25 años, salvo que tenga una discapacidad grave. Actualizaciones de renta: El propietario solo puede subir el alquiler legalmente según el Índice de Precios de Consumo (IPC), manteniendo las cuotas muy por debajo del precio actual del mercado. Otras causas de fin: El propietario puede pedir el piso si lo necesita para uso propio o de un familiar directo (con ciertas condiciones), si hay impagos, o si el inquilino subalquila la vivienda. Los alquileres anteriores a 1995 están protegidos y no se les aplica la nueva Ley de Vivienda para evitar subidas abusivas, pero su desaparición es progresiva conforme los titulares originales o sus familiares sucesores van falleciendo En definitiva, son unos tipos de contratos cada vez más reducidos y que irá menguando ostensiblemente con el paso de los años ya que al fallecer el inquilino/a de renta antigua , los herederos hijos tiene el plazo de dos años para permanecer en la vivienda siempre que acrediten que estaban empadronados con el titular anterior o cuando el hijo cumple 25 años , salvo que tenga una discapacidad grave
Por Alejandro Bancalero 10 de julio de 2026
REQUISITOS Y CLAVES: La Ley de Segunda Oportunidad permite a particulares y autónomos en España cancelar deudas si no pueden pagarlas y actúan de buena fe. La ley elimina préstamos personales, tarjetas y microcréditos, y permite cancelar hasta 10.000€ con Hacienda y otros 10.000 € con la Seguridad Social. Beneficios principales Cancelación de deudas: Libera al deudor del pago de gran parte de sus obligaciones financieras. Límite público ampliado: El Tribunal Supremo permite cancelar los créditos públicos clasificados como subordinados en su totalidad. Protección de bienes: Los jueces ya no exigen vender todo el patrimonio antes de pedir la ayuda. Puedes conservar tu vivienda habitual y tu vehículo de trabajo si pagas tus otras deudas poco a poco. Fin del acoso: Detiene las llamadas de cobradores, los embargos y la presión constante de los bancos. Supresión de trámites: Ya no es obligatorio perder el tiempo negociando fuera de los juzgados; el proceso es más rápido y directo. Requisitos clave Buena fe: El deudor no debe haber ocultado información ni mentido sobre el origen de sus problemas. Sin delitos graves: No haber cometido delitos económicos o sociales en los últimos diez años. Transparencia: Es necesario explicar con detalle por qué no puedes pagar y en qué gastaste el dinero. Deudas que no se pueden cancelar: Pensiones de alimentos. Multas o sanciones penales. Deudas por salarios de empleados. Cantidades que superen el límite público de 10.000 € mencionado anteriormente.
Por Alejandro Bancalero 10 de julio de 2026
Un legado es un regalo especial en el testamento don de se deja un bien concreto a una persona. El principal beneficio es que el receptor no hereda deudas. Además, te permite proteger bienes exactos (como una casa o joya) y evitar peleas entre familiares. Beneficios clave de los legados No pagas las deudas del difunto: El heredero responde de las deudas con sus propios bienes si la herencia no alcanza. El legatario (quien recibe el legado) no tiene esta obligación. Solo recibe el bien específico. Evitas disputas familiares: Repartir todo en partes iguales puede causar problemas si un hermano quiere un objeto específico. El legado asegura que el artículo vaya directo a la persona deseada. Control total del testador: Permite dar un bien exacto a alguien de confianza. El resto de la herencia se reparte entre los herederos forzosos (como los hijos).Sin trámites complicados: Los bienes legados de adjudicación directa permiten al legatario tomar el objeto sin pedir permiso a los herederos. Puntos importantes a tener en cuenta La ley exige la "legítima". El legado no puede dañar la parte mínima obligatoria que por ley corresponde a los hijos u otros herederos forzosos. Protección fiscal: Al recibir un legado, solo pagas impuestos por el valor de ese bien específico. En España, el Impuesto de Sucesiones varía según la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Andalucía o la Comunidad Valenciana existen grandes descuentos para familiares directos, y recientemente se han sumado bonificaciones del 25% para hermanos y sobrinos.
21 de junio de 2026
Tener informes médicos detallados no solo es conveniente, sino imprescindible.
21 de junio de 2026
Presentación y Plazo para liquidar los impuestos de una herencia en España
1 de junio de 2026
¿Cuánto cuesta darse de alta como autónomo en 2026? Actualizado a 2026 Aviso importante: La información contenida en este artículo tiene carácter meramente orientativo y ha sido elaborada conforme a la normativa y datos disponibles en el momento de su redacción. Las cuotas, bases de cotización, bonificaciones, obligaciones fiscales y criterios administrativos pueden variar por cambios legales o interpretativos, por lo que siempre es recomendable revisar cada caso concreto con un profesional antes de tramitar el alta como autónomo. Seguro que alguna vez te has preguntado cuánto cuesta darse de alta como autónomo. ¿Cuál es el coste real de empezar a trabajar por cuenta propia en España? En este artículo veremos cuáles son los principales gastos que debe asumir un trabajador autónomo en 2026, cómo se calcula la cuota mensual y qué bonificaciones pueden reducir el coste durante los primeros meses de actividad. Antes de entrar en cifras, conviene aclarar una idea importante: darse de alta como autónomo no tiene una “tasa de alta” general. El coste real aparece después, con la cuota mensual a la Seguridad Social, las obligaciones fiscales y, en su caso, otros gastos asociados a la actividad, como gestoría, seguros, licencias, alquiler de local, herramientas de trabajo o protección de datos. Trámites necesarios para darse de alta como autónomo Para iniciar una actividad por cuenta propia, el autónomo debe realizar dos trámites principales: Alta en la Seguridad Social, dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos —RETA—. Alta en Hacienda, mediante la declaración censal correspondiente, normalmente a través de los modelos 036 o 037. El alta debe realizarse antes de iniciar la actividad o, como máximo, el mismo día de comienzo. Presentarla fuera de plazo puede provocar recargos, pérdida de bonificaciones o problemas en la regularización posterior. Para tramitar el alta, normalmente será necesario indicar los datos personales, número de la Seguridad Social, fecha de inicio de actividad, actividad económica, epígrafe correspondiente, domicilio de la actividad, previsión de rendimientos netos y cuenta bancaria para domiciliar la cuota. La cuota de autónomos en 2026 La cuota de autónomos es el pago mensual que realiza el trabajador por cuenta propia a la Seguridad Social. Esta cotización permite acceder a determinadas prestaciones, como asistencia sanitaria, incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, incapacidad permanente, jubilación o cese de actividad, siempre que se cumplan los requisitos legales. Desde 2023, los autónomos cotizan en función de sus rendimientos netos. Esto significa que la cuota ya no depende simplemente de una base mínima elegida libremente, sino de la previsión de ingresos reales del trabajador autónomo. Al darse de alta, el autónomo debe comunicar una previsión de rendimientos netos mensuales y elegir una base de cotización dentro del tramo que le corresponda. Esa base tiene carácter provisional, ya que posteriormente la Tesorería General de la Seguridad Social regulariza las cuotas cuando recibe la información definitiva de la Administración tributaria. Si el autónomo ha cotizado por debajo de lo que le correspondía según sus rendimientos reales, deberá abonar la diferencia. Si ha cotizado de más, la Seguridad Social deberá devolver el exceso.  ¿Cómo se calculan los rendimientos netos? Para calcular los rendimientos netos hay que tener en cuenta los ingresos y gastos derivados de la actividad económica, conforme a las reglas fiscales aplicables. En términos generales, se parte de los rendimientos obtenidos por la actividad, se suman las cuotas abonadas a la Seguridad Social y se aplica una deducción por gastos genéricos. En autónomos personas físicas, esa deducción general es del 7%. En determinados autónomos societarios o socios trabajadores, la deducción aplicable puede ser del 3%, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes. Por tanto, no basta con mirar la facturación. Hay que analizar los ingresos, los gastos deducibles, las cuotas de Seguridad Social y la situación concreta del autónomo. Bases y cuotas de autónomos en 2026 En 2026, la cuota ordinaria de autónomos se calcula aplicando el 31,40% sobre la base de cotización elegida. Ese porcentaje incluye contingencias comunes, contingencias profesionales, cese de actividad, formación profesional y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional —MEI—. La Seguridad Social indica para 2026 una base mínima general de 950,98 euros mensuales , una base mínima reducida de 653,59 euros mensuales para rendimientos inferiores al SMI anual y una base máxima de 5.101,20 euros mensuales . Tipos de cotización aplicables en 2026 En 2026, el tipo total de cotización aplicable con carácter general a los autónomos es del 31,40%, desglosado del siguiente modo: Contingencias comunes: 28,30%. Contingencias profesionales: 1,30%. Cese de actividad: 0,90%. Formación profesional: 0,10%. Mecanismo de Equidad Intergeneracional —MEI—: 0,90%. Estos conceptos permiten al trabajador autónomo cotizar para distintas situaciones protegidas por la Seguridad Social, como enfermedad común, accidente laboral, cese de actividad, formación o sostenibilidad del sistema de pensiones. Ejemplos prácticos Un autónomo que prevea rendimientos netos mensuales inferiores a 670 euros podrá escoger una base entre 653,59 euros y 718,94 euros. Si opta por la base mínima, su cuota aproximada será de 205,23 euros mensuales . Un autónomo con rendimientos netos entre 1.300 y 1.500 euros mensuales podrá escoger una base entre 960,78 euros y 1.500 euros. Si opta por la base mínima del tramo, su cuota aproximada será de 301,68 euros mensuales . Un autónomo con rendimientos superiores a 6.000 euros mensuales podrá escoger una base entre 1.928,10 euros y 5.101,20 euros. Si opta por la base mínima del tramo, la cuota aproximada será de 605,42 euros mensuales . Tarifa plana o cuota reducida para nuevos autónomos en 2026 La conocida como “tarifa plana” continúa vigente en 2026, aunque actualmente se configura como una cuota reducida para nuevos autónomos. Con carácter general, la tarifa plana consiste en una cuota de 80 euros mensuales durante los primeros 12 meses para quienes se den de alta por primera vez en el RETA. No obstante, en 2026 debe añadirse la cotización correspondiente al MEI, por lo que el total indicado por la Seguridad Social asciende a 88,64 euros mensuales . Para poder beneficiarse de esta cuota reducida, el autónomo no debe haber estado incluido en el RETA en los dos años anteriores, o en los tres años anteriores si ya disfrutó anteriormente de este beneficio. La tarifa plana puede prorrogarse durante otros 12 meses si los rendimientos económicos previstos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. En 2026, el SMI se fija en 17.094 euros anuales , según el Real Decreto 126/2026. Existen particularidades para personas con discapacidad igual o superior al 33%, víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo. En estos casos, la cuota reducida puede tener una duración inicial de 24 meses y una posible prórroga adicional de 36 meses si se cumplen los requisitos exigidos. Autónomos societarios y familiares colaboradores Los autónomos societarios y familiares colaboradores tienen reglas específicas que conviene revisar antes de tramitar el alta. En 2026, si han estado de alta al menos 90 días en el RETA como familiar colaborador o autónomo societario de una sociedad de capital o laboral, pueden mantener una base provisional no inferior a 1.000 euros. No obstante, en la regularización anual de cuotas se aplicará, en todo caso, una base mínima de 1.424,40 euros . Por ello, si vas a darte de alta como administrador de una sociedad, socio trabajador o familiar colaborador, es recomendable revisar el caso concreto antes de calcular la cuota. ¿Qué impuestos paga un autónomo en 2026? Además de la cuota mensual a la Seguridad Social, el autónomo debe cumplir con sus obligaciones fiscales. En materia de IVA, muchos autónomos deben presentar el modelo 303. Para las autoliquidaciones trimestrales, el plazo general de presentación es del 1 al 20 de abril, julio y octubre. El cuarto trimestre se presenta del 1 al 30 de enero. En materia de IRPF, los autónomos en estimación directa suelen presentar pagos fraccionados mediante el modelo 130, salvo que no estén obligados por aplicar retenciones suficientes en sus facturas o por encontrarse en otro supuesto específico. También puede haber otras obligaciones fiscales, como declaraciones informativas, retenciones a trabajadores o profesionales, operaciones intracomunitarias, libros registro o declaraciones anuales, dependiendo de la actividad concreta. Respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas —IAE—, las personas físicas están generalmente exentas de pago, aunque deben comunicar el alta de la actividad correspondiente. En sociedades y otras entidades, también existen exenciones en determinados supuestos, por ejemplo cuando el importe neto de la cifra de negocios es inferior a un millón de euros. Entonces, ¿cuánto cuesta hacerse autónomo en 2026? Depende de cada caso, pero podemos resumirlo así: El trámite de alta no implica una tasa general. Con tarifa plana, la cuota puede ser de 88,64 euros mensuales durante los primeros 12 meses. Sin tarifa plana, la cuota mínima ordinaria puede comenzar aproximadamente en 205,23 euros mensuales , si los rendimientos previstos están en el tramo más bajo. Si los rendimientos son superiores, la cuota aumenta según el tramo de rendimientos netos y la base elegida. A la cuota hay que sumar las obligaciones fiscales que correspondan: IVA, IRPF, retenciones u otras declaraciones. También pueden existir otros gastos: gestoría, seguros, licencias, alquiler, suministros, herramientas, protección de datos o prevención de riesgos, según la actividad. ¿Merece la pena contar con asesoramiento? El sistema de autónomos en 2026 exige prever correctamente los rendimientos, elegir bien la base de cotización, revisar posibles bonificaciones y cumplir con las obligaciones fiscales desde el primer día. Un error en el alta, en la previsión de ingresos o en la elección de la base puede provocar recargos, pérdida de bonificaciones o regularizaciones posteriores. Si tienes intención de darte de alta como autónomo y deseas contar con apoyo profesional, contáctanos . En Bancalero Abogados podemos ayudarte a revisar tu situación, tramitar el alta y resolver tus dudas fiscales, laborales y jurídicas antes de iniciar tu actividad.
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