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Pensión compensatoria




La pensión compensatoria es la que se debe pagar a uno de los cónyuges si, tras la separación o el divorcio, queda en situación de desequilibrio económico en comparación con el otro cónyuge. El Código Civil regula la pensión compensatoria en su artículo 97.

Cuando uno de los cónyuges queda en situación de desequilibrio económico tras el divorcio o la separación, el otro debe pagarle una pensión compensatoria.

Aunque suele ser habitual, no se debe confundir la pensión compensatoria con la denominada pensión de alimentos, que es la que paga el progenitor no custodio para el mantenimiento de su hijo.

Requisitos para el derecho a la pensión compensatoria

Para que exista el derecho a recibir una pensión compensatoria se deben cumplir los siguientes supuestos:

El desequilibrio económico sea ocasionado solamente en uno de los cónyuges.

Se haya producido un empeoramiento claro en la situación económica del cónyuge en comparación con la que tenía durante el matrimonio.

La pensión debe solicitarse propiamente por el cónyuge afectado por el desequilibrio económico, nunca por un juez.

¿Cómo se calcula la pensión compensatoria?

Una vez valorado el desequilibrio económico del cónyuge que ha solicitado la pensión compensatoria por un juez (que se realiza en función de diversos criterios), se tendrá que determinar la cuantía de la pensión compensatoria.

El importe de esta pensión podrá determinarse de mutuo acuerdo entre los cónyuges a través del convenio regulador de divorcio, o bien en caso de no existir acuerdo por un juez en sentencia. En caso de establecerse de común acuerdo entre las partes, podrá modificarse la cuantía de la pensión compensatoria en cualquier otro momento.

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez tendrá que determinar el importe de esta pensión en función de ciertas circunstancias establecidas en el artículo 97 del Código Civil:

Los acuerdos a los que hubieran llegado los cónyuges.

La edad y el estado de salud.

La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

La dedicación pasada y futura a la familia.

La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

La pérdida eventual de un derecho de pensión.

El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

Cualquier otra circunstancia relevante.

Por último, en relación al pago de la pensión compensatoria existen varias opciones:

Un pago único o una cantidad periódica de dinero.

Una cantidad específica o un porcentaje que dependa de los ingresos del cónyuge obligado a pagar.

Temporal (por un tiempo limitado) o vitalicia (por tiempo indefinido).

Extinción de la pensión compensatoria

El derecho a recibir la pensión compensatoria podrá extinguirse si surgiera alguna de las siguientes situaciones:

El cese de la causa que originó el pago de la pensión

Un nuevo matrimonio del cónyuge que recibe la pensión

La convivencia marital del obligado a pagar con otra persona diferente.

Como se puede ver, el fallecimiento del cónyuge obligado a pagar no es una de las causas de extinción de la pensión compensatoria, si bien los herederos de este podrán solicitar al Juez que sea suprimida.


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Vishing o Nueva estafa informática






El vishing es un tipo de estafa informática, muy similar al phishing, en el que el
ciberdelincuente, valiéndose de la telefonía o el correo electrónico, se hace pasar por una
fuente fiable y alegando supuestas razones de seguridad, intenta engañar a sus víctimas para
hacerse con sus datos personales. La finalidad que persigue es robarles la identidad, o bien
hacerse con su información bancaria.


Aunque los ciberdelincuentes inventan cada vez más y mejores métodos para llevar a cabo
este tipo de prácticas delictivas, el vishing todavía sigue siendo una de las más comunes. Pese
a que la gente cada vez está más concienciada del peligro de facilitar sus datos bancarios por
teléfono o a través de Internet, el vishing es un delito que sigue afectando a miles de personas
en nuestro país.


Este tipo de estafa opera de la siguiente forma: el usuario recibe un mensaje de texto enviado
supuestamente por una institución financiera, en donde le informa que tiene cargos en una de
sus cuentas, promociones del banco, aviso de que su tarjeta está siendo utilizada
fraudulentamente o simplemente resolver algún problema con la cuenta.


Posteriormente, se recibe una llamada en la que una supuesta operadora con una grabación
idéntica a la de cualquier servicio telefónico de atención al cliente, pide al usuario el número
móvil, email, número de tarjeta bancaria y código de seguridad. Esto se hace con la promesa
de que los datos que proporciones están protegidos y que la información enviada sólo la
conocerá el banco, pero en realidad, se transfiere a una base de datos de los delincuentes que
usarán la información para realizar compras y/o disposición de efectivo en su nombre.


Consejos para no ser víctima de este tipo de fraude


– Nunca entregue información o responda a requerimientos sobre tu tarjeta de crédito. Si
tiene dudas, debe llamar al banco y notificar que te han solicitado información financiera a
nombre de la entidad.

– Jamás debe hacer click en enlaces sospechosos que hayas recibido en tu correo. Cuando
vayas a iniciar la sesión en tu banco fíjate que la barra de direcciones web tenga la dirección
formal del banco y busca la aparición de un “candado” que indica que la conexión con el sitio
es privada.

Alejandro Bancalero

Abogado.-





                  ¿Es posible a fecha actual que un condenado por Violencia de Género,
disponga de un régimen de custodia compartida?







Como especialistas, entre otras cosas, de variedad de casos de divorcio en España, hemos
dicho muchas veces que lo que prima en el sistema es el bienestar de los menores. En esta
línea, la doctrina jurisprudencial ha evolucionado desde una guarda y custodia
mayoritariamente materna, a la custodia compartida que se fija en la mayor parte de los
casos.

El marco legislativo actual entiende que ambos progenitores son aptos y tienen la misma
capacidad y aptitud para asumir la guarda y custodia de los hijos. Eso sí, una de las
excepciones, la encontramos en el apartado 7º del artículo 92 del Código Civil para los
supuestos de violencia de género.

¿Qué interpretación hace el Tribunal Supremo sobre la guarda y custodia compartida en casos
en los que haya una sentencia firme por violencia de género?

Hace pocos años que el Tribunal Supremo empezó a considerar que el sistema “normal” de
custodia de los hijos menores en los casos de crisis entre cónyuges o parejas de hecho es el de
custodia compartida, salvo excepciones como la que nos ocupa en este artículo.

Esto representa un importante cambio en el sistema de custodia. Hasta hace unos años, lo más
común era atribuir la custodia de los hijos menores a uno solo de los cónyuges (normalmente a
la madre). Se establecía un régimen de visitas a favor del otro cónyuge. Esto redundaba en
ocasiones en la pérdida de vinculación entre el padre y sus hijos menores. Actualmente esta
tendencia ha cambiado hacia la custodia compartida.

De todos modos, en este escenario, una condena por un delito de violencia de género que
aparte al padre del entorno familiar y de la comunicación con la madre imposibilita, como es
lógico, el ejercicio de la custodia compartida.

Hace unos años, la Audiencia Provincial de Cantabria dictaba la sentencia número 153/2016
revocando la decisión de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer que había otorgado la
custodia compartida a un hombre condenado por un delito de malos tratos. En estos casos,
cuando el Código Civil impide otorgar la custodia compartida, si existe violencia de género, lo
que hace es evitar que una persona con personalidad agresiva esté con sus hijos de una
manera continuada, lo que podría perjudicar su desarrollo psicológico y emocional. Tanto esta
como otras sentencias, han ido sentando jurisprudencia hasta el momento actual, donde a día
de hoy, es casi imposible que un condenado por violencia de género, consiga la custodia
compartida de sus hijos.


Alejandro Bancalero
Abogado.-

           ¿Puede reclamar una indemnización si el causante del accidente se dio a la fuga?




El hecho de que el conductor del vehículo que ha provocado el accidente de tráfico se dé a la fuga no debe suponernos en ningún caso un obstáculo para denunciarle, independientemente de que tengamos o no la matrícula de su vehículo y otros datos para poder llevar a cabo las diligencias de averiguación oportunas.

Las denuncias a conductores fugados no revisten mayor problema si reclamamos a través de un despacho de abogados especializado. El problema es contra quién se reclama y si es posible hacerlo sin pruebas suficientes (por eso es tan importante contar con asesoramiento y asistencia legal), podemos encontrarnos ante dos tipos de situaciones:

El Consorcio de Compensación de Seguros

Es a quien debemos dirigirnos en el supuesto de no localizar al vehículo contrario. En este caso, quien paga la indemnización por lesiones es el propio Consorcio de Compensación de Seguros, aunque quedan exentos todos los daños materiales.

Lo más recomendable para reclamar ante el Consorcio,  es hacerlo a través de la propia compañía aseguradora o de un abogado especializado, sin perjuicio de que puedas hacerlo por cuenta propia, claro está.

Tratar el siniestro con su  aseguradora

En caso de haber daños materiales derivados del accidente, debes dar parte a su propia aseguradora para reclamar al conductor contrario, salvo en los casos muy graves como muerte, incapacidad permanente o temporal que requiera más de siete días de hospitalización, en cuyo caso indemnizará también por los eventuales perjuicios causados al coche u otros bienes. Eso sí, el Consorcio fija una franquicia de 500 euros.

La aseguradora

A nuestra propia compañía debemos dirigirnos para reclamar los daños materiales derivados del accidente, ya que como hemos visto el Consorcio no se hace responsable de los mismos (salvo alguna excepción).

Por otra parte, debemos acudir a ella cuando, habiendo demostrado que el accidente no es culpa nuestra, además se han recabado pruebas suficientes para responsabilizar a un tercero concreto (por vía policial, gracias a testigos…). Será la aseguradora del conductor fugado quien deba responder por los daños causados por el mismo.

Si el otro vehículo no aparece en el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) porque no tiene seguro, tendremos que acudir al nuevamente al Consorcio, quien debe indemnizar tanto por los daños a las personas como al vehículo. La cobertura vale también para peatones y ciclistas, e incluso si el otro vehículo era robado.

¿Y si  aparece el conductor fugado?

Puede darse el caso de que hayamos presentado toda la documentación ante el Consorcio y ante nuestra aseguradora y finalmente aparezca el conductor responsable del accidente. En este caso, puedes demandarle, existiendo diversas opciones al respecto:

-Si hay daños materiales, puedes demandarle por la vía civil. El plazo para interponer la demanda civil por daños materiales es de un año desde que tuvo lugar el siniestro. En este caso hablamos de cualquier perjuicio económico que sufras como consecuencia del accidente: daños del vehículo, gastos, lucro cesante, daño emergente…

-Si hay daños personales, puedes demandarle por la vía civil o por la vía penal. Esta segunda vía solo es para aquellos casos en los que hay un ilícito penal, es decir, alcoholemia, drogas, conducción temeraria… El plazo para interponer la demanda es de seis meses desde que tuvo lugar el siniestro. Aquí hablamos de cualquier lesión física y/o psicológica derivada del accidente, cuya valoración corresponde a un perito médico especialista en daños corporales.

Alejandro Bancalero

Abogado.-

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