Ocho vocales del CGPJ piden celebrar un Pleno para abordar la amnistía por suponer la "abolición del Estado de Derecho"

Afirman que amnistiar a los líderes del procés "supone generar una casta jurídicamente
irresponsable e impune por sus delitos".

Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial han solicitado al presidente Vicente
Guilarte la celebración de un Pleno extraordinario para pronunciarse sobre la amnistía a los
promotores y partícipes en el "procés".

Los consejeros Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán,
Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María
Ángeles Carmona, nombrados todos a propuesta del Partido Popular, han pedido la
celebración del Pleno para debatir sobre una declaración institucional donde se califica la
amnistía de ser una medida con efectos de "degradación" para el país y "cuando no de abolición del Estado de Derecho en España".

En la citada declaración institucional se sostiene que "el Consejo General del Poder Judicial, ejercitando y reafirmando sus funciones constitucionales para la defensa de la plena vigencia de la Constitución, del Estado de derecho y de la integridad de la potestad jurisdiccional, ha acordado aprobar la siguiente" y que "ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción".

De igual manera, añade que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sostuvo
el pasado sábado 28 de octubre que "efectivamente ha pactado una ley de amnistía con
partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se
beneficiará personalmente de la medida", en referencia al expresidente catalán Carles
Puigdemont y añaden que el jefe del Ejecutivo añadió que "la medida se adoptará en interés de España".

Los vocales del sector conservador afirman que "la declaración del Presidente del Gobierno en funciones justifica que el Consejo General del Poder Judicial emita su opinión mediante una declaración institucional, tanto más cuanto que también se ha hecho público que, pese a que el Gobierno de España se presenta como su promotor, la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención".

Por otro lado, los vocales subrayan que "no es compatible con el principio de Estado de
derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución, y ni tan siquiera con el principio
de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los
responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales,
cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a Presidente del
Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras
fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno".

"Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el
interés de España", añaden.

Asimismo , afirman que amnistiar a los líderes del procés "supone generar una casta
jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin
constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los
poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la
ley que proclama el artículo 14 de la Constitución". Por último, agregan los vocales que con la inminente Ley de Amnistía se "violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica, mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales".