España extinguió dos millones de empleos por despido o no superar el periodo de prueba en 2024

Los despidos disciplinarios se disparan como alternativa al contrato temporal

Los datos revelan un abuso del periodo de prueba en los indefinidos

El enero más destructivo para el empleo desde 2020 se cobra 242.148 afiliados y suma 38.725
parados

Ver extinguido un contrato por despido o por no superar el periodo de prueba fue más
habitual que nunca en 2024, según confirman las estadísticas de Seguridad Social a cierre de
año. En el pasado ejercicio se alcanzaron 1,06 millones de bajas de afiliación por despido y
otras 999.550 por no pasar el filtro de las primeras semanas en el puesto. La suma supone un
récord de 2,06 millones que supera en un 87,9% los niveles previos a la reforma laboral. Y es
que el cambio legal ha tenido un efecto claro: los ceses por estas causas entre los indefinidos
suponen un 82,5% del total y se han disparado un 251,2% desde 2021.

¿Más empleo fijo implica más despidos? Este es uno de los argumentos más utilizados por el
Gobierno para minimizar el impacto de esta evolución. Las cifras, además, son inferiores a las
causas asociadas a la volatilidad del empleo, que además son las más frecuentes: el fin de un
contrato temporal y el pase a la inactividad de un fijo discontinuo, que acumularon la friolera
de 9,7 y 4,9 millones, respectivamente, en el conjunto del año. Conviene recalcar que el fin de
un despido temporal por cumplirse su fecha límite no cuenta como despido a efectos de baja
de afiliación a la Seguridad Social.

Lo que ocurre es que esta tesis reconoce implícitamente la precarización de los empleos
supuestamente más estables y que muchas empresas utilizan estas fórmulas para utilizar a
trabajadores con un contrato indefinido ordinario para cubrir un puesto temporal.

Y es que, aunque la legislación reduzca las posibilidades de hacer un contrato temporal,
eliminando los de obra y servicio, no ha corregido la dependencia del tejido productivo de
estos empleos, sobre todo en sectores con un marcado componente estacional, como la
hostelería, o sujetos a picos de actividad como el comercio o la logística y la industria.

Un problema que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convertido en una de las
razones para plantear un encarecimiento de las indemnizaciones por despido improcedente y
alanzar una campaña de la inspección contra el abuso en el periodo de prueba, para, según sus
propias palabras, evitar que estos trabajadores se conviertan en "indefinidos de usar y tirar".

Todas las sospechas se dirigen a los ceses por no superar el periodo de prueba, ya que no
conllevan indemnización (ni siquiera se clasifican como despidos). Pero, paradójicamente, esta

no es la causa más habitual de cese. Supone el 48,6% del total, dos puntos porcentuales menos
que en 2021 y 4,5 menos que en 2019. Los límites a esta figura hacen que sean propicios para
empleos de corta duración.

La legislación limita la duración del periodo de prueba a un máximo de 6 meses para los
técnicos titulados y dos para el resto (salvo para las pymes de menos de 25 trabajadores,
donde se sitúa en 3 meses). Pero los convenios pueden modificar estos límites: un 11,51% de
los firmados en 2024 lo hizo para reducirla, pero otro 6,58% la incrementó.

El Gobierno quiere eliminar esta última potestad, fijando que estos acuerdos nunca podrán
superar el tope legal, una idea introducida en la transposición de la directiva europea de
transparencia en las condiciones laborales que lleva casi un año atascada en el Congreso
(aunque el acuerdo con los sindicatos para la reducción de jornada incluye su reactivación). A
esto se suma la mencionada campaña de inspección, si bien a la luz de los datos la eficacia de
la medida parece cuestionable

Contando solo los indefinidos, el porcentaje es aún menor que en el general y 'solo' llega al
41,9% del total de las bajas de estos contratos, con 713.414 registradas frente al 986.196
despidos. Aun así, esta cifra se ha disparado un 851,2% respecto a 2021, mientras los despidos
han crecido un 141,2%. Lo que apunta a que, al menos en el caso de los fijos, sí se está
produciendo un abuso de la figura. Sin embargo, los despidos siguen siendo la primera opción.

¿Por qué las empresas prefieren arriesgarse a unos ceses que conllevan mayor coste? La razón
es que son mucho más flexibles, hasta el punto de que muchas empresas los ven como una
alternativa práctica a los desparecidos temporales por obra y servicio. En primer lugar, supera
la limitación temporal del periodo de prueba (que para estos puestos menos cualificados sería
la de entre 2 y 3 meses, según el tamaño de la empresa).

Por otro lado, la indemnización oscila entre 20 días (si el despido está justificado por causas
económicas, técnicas organizativas o de producción (lo que se denomina despido ETOP) o 33
días por año si se declara improcedente. Entre ambos márgenes se sitúan los contratos
indefinidos ligados a obra, que operan en la construcción con una indemnización media de 25
días por año.

En todo caso, despedir a un trabajador que lleve entre dos o tres meses y un año en el puesto
es relativamente barato y permite cubrir 'huecos' que la legislación contractual de finales de
2021 no contempla (solo se hicieron excepciones para la construcción y los contratos de
artistas).

Aunque a la hora de la verdad, la mayoría de los despidos, al menos al momento de registrar la
baja en la Seguridad Social, son 'gratis'. Y es que el 54,5 del total de las bajas de afiliación por
despido son disciplinarias. ¿Significa que las empresas no pagan nada por esos 564.196 ceses?

No exactamente.

Los datos de Seguridad Social recopilan las causas de baja de afiliación que registra la empresa,
aunque a veces esto se hace tras un proceso de conciliación, lo que explica el escaso
porcentaje de "despidos declarados improcedentes";. Algo que era mucho más habitual antes
de la reforma laboral de 2012, que derogó el despido exprés por el que una empresa podía
reconocer la improcedencia del despido en el mismo momento del cese, pagando la
indemnización máxima (entonces 45 días por año).

Pero, aunque la Seguridad Social no recoge datos anteriores a 2012, la evolución de las
estadísticas confirma que las empresas han encontrado una alternativa en los despidos
disciplinarios, que han duplicado su peso sobre el total desde 2013. La fórmula es sencilla, se
declara el ese disciplinario, el trabajador reclama y tras un acuerdo de conciliación o una
sentencia judical se abona la indemnización por despido improcedente.

Esto explica el interés de Trabajo y los sindicatos por encarecer selectivamente las
indemnizaciones para evitar estos abusos. A ello ayudan varias sentencias que consideran que
el tope legal de 33 días no es suficientemente compensatorio ni disuasorio como establecen
los convenios de la OIT y la Carta Social Europea.

Una situación que ha disparado las demandas por despido en los últimos dos años, aunque el
Tribunal Supremo empieza a cerrar esta vía. Esto hace que el Gobierno ve cada vez más claro
que tendrá que cambiar la ley si quiere introducir esta idea. Algo que no figura, por ahora, en
las prioridades de la agenda laboral, marcadas por la reducción de jornada.

Aun así, encarecer el despido puede tener efecto en trabajadores que acumulan antigüedad en
la empresa, pero no tendría mucho efecto en los trabajadores que se acaban de incorporar. A
no ser que se implante una indemnización mínima (que hoy en día no existe) para estos casos,
como pide UGT.

Aunque esta es una fórmula que el Gobierno no contempla, ya que podría empeorar las
estadísticas de contratación, sino reducir de facto las indemnizaciones. Y es que el despido
improcedente siempre supone una indemnización mayor que uno justificado, aunque reste
estabilidad real a los trabajadores.