Los puntos clave de la nueva ley de la vivienda

1.-Tope a los precios del alquiler. Estos topes ya existían: entraron en vigor de forma
provisional en marzo del año pasado para la renovación de contratos de arrendamiento, como
parte del paquete de medidas anticrisis puesto en marcha tras el estallido del conflicto en
Ucrania.

Lo que hace esta ley es convertir en permanentes estos topes, pero con
modificaciones al límite actual del 2%. Durante todo este año, se mantendrá en el 2%, pero en
2024 será del 3%. A partir de 2025 regirá un nuevo índice, diseñado por el Instituto Nacional
de Estadística, con lo que se sustituirá de manera definitiva la referencia que solía aparecer en
la renovación de los contratos de alquiler, que era el IPC.

De esta forma, el Gobierno trata de evitar que las renovaciones del alquiler no dependan
de un índice que el año pasado mostró una gran volatilidad: cerró 2022 en un 8,4%, su
dato más alto en décadas.

2- Zonas tensionadas. Aquellas donde los costes necesarios para hacer frente a la compra o
alquiler de una vivienda son muy altos, por lo que se establecen medidas excepcionales para
controlar el precio. Por ejemplo, zonas importantes de grandes capitales españolas, en ellas
los topes no solo aplicarán a la renovación de contratos, sino también a los nuevos acuerdos.

3- Grandes tenedores. Aquellos propietarios con diez o más viviendas, o con cinco en caso de
que estas se encuentren en zonas tensionadas. Es una denominación importante, puesto que
para los grandes tenedores hay mayores exigencias que para los pequeños, como el hecho de
que los primeros estarán obligados a haber iniciado un procedimiento de intermediación con
el inquilino para poder desahuciarlo, en caso de que este sea vulnerable.

4- Otras medidas. Entre los otras actuaciones que introduce la ley destacan potenciar las
actuaciones en materia de vivienda social o modificar los beneficios fiscales para los
arrendadores.

La principal crítica que el sector inmobiliario ha puesto sobre la mesa frente a esta ley es que
va a mermar la oferta de pisos en alquiler disponibles, presionando aún más si cabe los
precios alza. De esta forma, la norma podría tener el efecto contrario al que aspira, que es
limitar y controlar los precios para facilitar el acceso a un piso de alquiler.