El Gobierno abre la puerta a legalizar a más de un millón de inmigrantes

Sólo por la vía del arraigo, que se amplía y facilita, se calculan más de 900.000 en los próximos
tres años

Incluye una disposición transitoria que permitirá acceder a esa figura a quienes le hayan
rechazado su petición de asilo

La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobada ayer por el Consejo de Ministro
supondrá, en tres años, la regularización de más de un millón de personas en situación
irregular, según cálculos conservadores. La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, cifró ese dato en 900.000 regularizaciones, pero sólo tuvo en cuenta las que se
concederán por los diferentes tipos de arraigo previstos en la nueva norma, que además se
amplía y flexibiliza respecto a la situación actual al exigirse sólo dos años en España, en lugar
de los tres actuales.

El nuevo texto, sin embargo, recoge una disposición transitoria por la cual todos aquellos a los
que se haya rechazado el asilo por sentencia firme antes de la entrada en vigor de la reforma
del Reglamento de Extranjería pueden optar a regularizar su situación por cualquiera de las
cinco formas de arraigo ahora previstas. Y con una ventaja añadida, no menor: sólo con
acreditar seis meses de residencia en España podrán acceder a esa figura en lugar de los dos
años necesarios como norma general.

El ministro del Interior, viene advirtiendo de que muchos inmigrantes irregulares, asesorados
por las mafias que trafican con ellos, solicitan el asilo como forma de poder permanecer en
nuestro país. En 2023 hubo 160.000 peticiones y en lo que va de año ya hay otras 140.000. La
mayoría se rechaza, pero no se puede hacer un cálculo de cuántos podrán acogerse a esta
disposición transitoria.

Además, hay que tener en cuenta que el nuevo texto hace una ampliación de la figura de la
reagrupación familiar, de modo que los extranjeros residentes en nuestro país podrán traer a
más allegados y la edad de los hijos susceptibles de acogerse a esta figura se eleva hasta los 26
años. Por tanto, no sólo se regulariza la situación de los directamente implicados sino también
la de sus familias, lo que aumenta las cifras de forma considerable. Asimismo, ya no se exigirá
estar casado o ser pareja de hecho para acceder al reagrupamiento. Y se permitirá también
que personas víctimas de violencia de género, sexual o de trata puedan traer a sus hijos y
ascendentes.

Respecto al arraigo, una figura que dentro de la Unión Europea sólo está regulada en España
como forma de pasar de una situación irregular a otra regular, lo que hace el Gobierno es
facilitarlo. Se crea un arraigo de segunda oportunidad para personas que hayan tenido la

residencia y la hayan perdido por alguna razón, y también otro socio-laboral si se tiene una
oferta de empleo de 30 horas a la semana como norma general y 20 en algunos casos, o bien
contratos concatenados, y socio-formativo, pensado para aquellos que están matriculados en
cursos y que también se flexibiliza. Además de estos tres se mantienen el arraigo social y
familiar, prácticamente en los mismos términos que hasta ahora.

También se modifica la política de visados, que ahora ocupa un capítulo específico en el
reglamento, y se ordenan las competencias entre consulados y oficinas de Extranjería. Se
establece además que todos ellos tengan una vigencia máxima de un año y se modifica el
visado de empleo, que pasa a configurarse como visado de residencia durante doce meses. Y
además no será necesario abandonar nuestro país para obtener la residencia de larga duración
después de haber tenido una temporal. En general, se concederá un visado de un año y si se
prorroga lo será ya por cuatro.

Sobre los tipos de visado, el nuevo texto prevé que los habrá de corta y larga duración, de
residencia, de tránsito aeroportuario y también otros de carácter extraordinario y para la
búsqueda de empleo, que pasa de seis meses a un año.

Una de las cuestiones planteadas era cómo iba a quedar en esta reforma el silencio
administrativo, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pretendía que
operase a favor del demandante, lo que fue corregido por el Consejo de Estado en su informe
acerca de la reforma. El órgano consultivo advirtió de que una norma inferior no puede
corregir a una superior, en este caso la Ley de Extranjería.

El Gobierno lo va a solucionar con el cambio legal oportuno antes de la entrada en vigor del
reglamento, dentro de seis meses, aunque ya advierte de que el silencio administrativo no será
siempre positivo, sino que habrá casos tasados que se conocerán en su momento.

La gran duda que se plantea con esta reforma del Reglamento de Extranjería es qué ocurrirá
con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se aprobó el mes pasado en el Congreso con el
apoyo de todos los grupos salvo VOX y que busca la regularización extraordinaria de alrededor
de 500.000 extranjeros que residen en España, una propuesta respaldada por 611.821 firmas.
La medida, según sus promotores, acabará con la vulneración de los derechos fundamentales
de estos migrantes y las barreras que les impide contribuir económica y fiscalmente a la
sociedad, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.